SCP 0604_2018-S4

Jurisprudencia Boliviana

La activación de la acción de libertad para conocer presuntas vulneraciones del derecho al debido proceso, debe evaluarse en cada caso concreto, así por ejemplo, este Tribunal Constitucional Plurinacional, determinó que no podía ingresarse al fondo de la problemática, por no ser causa directa de la privación de libertad ni existir absoluto estado de indefensión, acciones de libertad en las que se denunció: i) La denegatoria de proposición de diligencias ante el representante del Ministerio Público (SCP 0189/2014-S3 de 25 de noviembre); ii) La competencia del Juez cautelar respecto a los delitos -acción pública y acción privada- (SCP 0165/2014-S3 de 21 de noviembre); y, iii) Solicitud de extinción de la acción penal [SCP 0322/2012 de 18 de junio (con la aclaración realizada en la SCP 1045/2013 de 27 de junio, en la que sí se concedió la tutela)], entre otras” (énfasis añadido) (SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril).

 

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0604/2018-S4

Sucre, 2 de octubre de 2018

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    René Yván Espada Navía

Acción de libertad

Expediente:                  24769-2018-50-AL

Departamento:            La Paz

En revisión la Resolución 15/2018 de 13 de julio, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Hugo Rodrigo Machicado Choque en representación sin mandado de Iván Pedro Cachi Huanca contra; Víctor Luís Guaqui Condori y Ana María Villa Gómez Oña, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de julio de 2018, cursante de fs. 1 a 2 vta., el accionante a través de su representante sin mandato expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Que el 12 de mayo de 2017, a raíz de la audiencia de medidas cautelares se emitió el Auto Interlocutorio 150/2017 disponiéndose su detención preventiva, por lo que, habiendo cumplido desde esa fecha más de un año y “once meses” guardando detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, solicitó la cesación a la detención preventiva al amparo de lo determinado en el art. 239."3" del Código de Procedimiento Penal (CPP) (modificado por la Ley 586 –Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal de 30 de agosto de 2014–); sin embargo, el Juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo –ahora Juez demandado–, no cumplió con lo establecido en dicha norma, pues el procedimiento para esa causal señala que una vez interpuesta la solicitud, dentro de las veinticuatro horas siguientes debe correrse traslado a las partes procesales para que respondan en el plazo de tres días y con su contestación o sin ella se debe emitir resolución a los cinco días siguientes sin necesidad de fijar audiencia. Extremos que no fueron considerados, pues al contrario se fijó día y hora de audiencia, misma que se realizó el 18 de junio de 2018, en la que se hizo notar el defecto incurrido y en el fondo se reiteró de manera oral el tiempo de permanencia en el referido Centro Penitenciario sin que se hubiera emitido requerimiento acusatorio, además presentar las pruebas que acreditaban su buena conducta, concluyendo que el delito por el que se encontraba procesado era el de violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP) aclarando que esta tipificación se mantuvo desde el inició de la investigación y no así por el delito de violación a infante, niña, niño adolescente, así se acreditaría de la imputación fiscal y el Auto Interlocutorio 150/2017, en la que se aclaró el delito sindicado, pero pese a ello por su similar 259/2018 de 18 de junio, se rechazó su pretensión.

El último fallo precitado fue impugnado ante el Tribunal de alzada, recayendo en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de  La Paz, conformada por los Vocales ahora demandados, a los que de igual manera se les hizo conocer los antecedentes que generaron su recurso, y que si bien aceptaron que se encontraba evidentemente detenido preventivamente más de un año y once meses; sin embargo, alegaron que no se especificó claramente el tipo de delito imputado, por lo que, mediante Auto de Vista 209/2018 de 4 de julio, rechazaron también su petición.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, igualdad y debido proceso previstos en los arts. 22, 23, 115 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se ordene su inmediata libertad.

I.2.  Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 13 de julio de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 40 vta., presente la parte accionante y ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, ratificó de manera íntegra los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Ana María Villa Gómez Oña y Víctor Luís Guaqui Condori, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe de 13 de julio de 2018, cursante de fs. 37 a 38, manifestaron que; a) Respecto al incumplimiento de procedimiento previsto en el art. 239.3 del CPP, si bien se evidencio que la autoridad inferior no obró de manera correcta, sin embargo, debía considerarse que la solicitud de cesación a la detención preventiva era del 11 de junio del citado años mereciendo providencia de 12 del mismo mes y año, señalándose audiencia para el 18 de igual mes y año, no advirtiéndose una demora injustificada tomando en cuenta que en el caso de los numerales 2 y 3 del citado artículo 239 de la referida norma, es para evitar suspensiones de audiencias por inasistencia de alguna de las parte procesales, por lo que, no se constató agravio alguno; b) En cuanto a la observación del tipo penal y la supuesta procedencia de la cesación a la detención preventiva, la parte accionante de manera por demás formalista pretendería hacer ver que su imputación era por el delito de violación y no el de violación a niña, niño o adolescente; sin embargo, debe considerarse el argumento expuesto en el Auto de Vista 209/2018, emitido por sus autoridades, pues respecto el art. 239.3 del CPP, señalaron que no se consigna de manera taxativa un sistema de números clausus de los tipos penales, es decir, no precisa si se refiere al art. 308 o al art. 308 Bis del CP, además si se toma en cuenta que la víctima dentro del presente proceso es una adolescente menor de edad (17 años), en consecuencia se encuentra fuera de los casos de excepción previstos en la norma pertinente a la cesación; c) Debía considerarse que al tratarse de víctimas mujeres y menores de edad no solamente corresponde realizar la interpretación legal, sino también una interpretación convencional y constitucional, toda vez que, los menores de edad y las mujeres se encuentran protegidos por normas especiales como la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 –Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia– y el Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) –Ley 548 de 17 de julio de 2014–, además de contar con una protección constitucional y en el caso de las mujeres, por la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); d) Cuando existe colisión de derechos debe darse aplicación preferente a los de las mujeres conforme prevé el art. 47 de la Ley 348; e) Asimismo, el accionante señaló de forma genérica e imprecisa que se le hubiera vulnerado la presunción de inocencia y el indubio pro reo, sin precisar cómo el Auto de Vista motivo de análisis vulneró esos derechos, en consecuencia dichas aseveraciones no pueden ser tomadas en cuenta; y, f) Finalmente la jurisdicción constitucional no se constituye en jurisdicción ordinaria o una tercera instancia, tal como pretende erróneamente el impetrante de tutela.

Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción tutelar, tampoco presentó informe, pese a su legal citación cursante a fs. 6.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituidos en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 15/2018 de 13 de julio, cursante de fs. 41 a 44, concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto los actuados desde el decreto de 12 de junio de 2018, es decir el señalamiento de audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva, como consecuencia de ello el Auto de Vista 209/2018, bajo los siguientes fundamentos: 1) Cursa en obrados el acta y el Auto Interlocutorio 259/2018, evidenciándose que se convocó a la audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva, cuando el procedimiento penal de manera clara establece que una vez presentada la solicitud conforme el art. 239.3 de la citada norma adjetiva penal, se debe correr en traslado en el plazo de veinticuatro horas, para que las partes dentro de los tres días siguientes contesten a dicho pedido y que, con o sin respuesta se debe dictar resolución de escritorio, es decir, sin necesidad de audiencia en el plazo de los cinco días siguientes; sin embargo, la autoridad a quo, no obró de esa manera, ello a pesar del reclamo realizado en la audiencia de cesación a la detención preventiva y pese al reclamo expresado ante el Tribunal de alzada, las autoridades también demandadas, mediante Auto de Vista 209/2018, si bien reconocieron el incorrecto procedimiento empero ingresaron al fondo de la causa con relación al análisis del tipo penal atribuido al hoy accionante, elemento que debería considerarse para la emisión de una resolución debidamente fundamentada, conforme a procedimiento y en cumplimiento del art. 124 del CPP, al ser un elemento de la garantía del debido proceso; y, 2) Tomando en cuenta la ausencia del Juez codemandado y su falta de presentación de informe, asumiendo lo establecido en la SC 0038/2011-R de 07 de febrero, que señala la obligación de los demandados de presentar informe, correspondía otorga veracidad a los hechos o vulneraciones denunciadas, incumbiendo aceptar lo solicitado a  efectos de que aún se le conceda o deniegue la libertad, debe actuarse conforme a procedimiento y a la Constitución Política del Estado 

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente:

II.1. Trámite procesal de la solicitud de cesación a la detención preventiva; i) Por memorial presentado el 11 de junio de 2018, Iván Pedro Cacho Huanca –ahora accionante–, formuló cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239.3 del CPP, alegando que se encontraba detenido preventivamente ya un año y once días, es decir, más del tiempo previsto en el Código de Procedimiento Penal (fs. 16 a 18); ii) El planteamiento fue providenciado el 12 del mismo mes y año, señalando audiencia para el lunes 18 de igual mes y años a las 16:00 (fs. 19); iii) De acuerdo al acta de audiencia pública de consideración de cesación a la detención preventiva, el abogado del impetrante de tutela hizo notar que de acuerdo a la norma legal en la que se sustentaba su solicitud, no correspondía fijar audiencia; sin embargo, procedieron a fundamentar el fondo de su planteamiento (fs. 23 a 24); y, iv) La cesación fue rechazada por Auto Interlocutorio 259/2018 de 18 de junio (fs. 25 y vta.), fallo que fue apelado en la misma audiencia.

II.2.  Cursa Auto de Vista 209/2018 de 4 de julio, en la que, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaran la improcedencia de los fundamentos expuestos por el accionante y confirman el Auto Interlocutorio 259/2018 de 18 de junio, conforme a los siguientes argumentos: a) En cuanto al trámite dispuesto por el Juez inferior, particularmente el hecho del incorrecto señalamiento de audiencia para la consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva, resultó evidente, pues existe un trámite distinto para los numerales 2 y "3" del art. 239 del CPP, en mérito a la modificación impuesta por la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 –Ley Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal–, pues bajo dicha norma una vez presentada la solicitud el juez debe correr traslado y resolver sin audiencia la pretensión de la defensa, ello a efectos de dar mayor celeridad puesto que muchas veces las audiencias son suspendidas. Si bien se incumplió el citado trámite; sin embargo, no encontraron motivos para declarar la nulidad de la resolución apelada, al no haberse evidenciado la suspensión de audiencia o incumplido plazos, debiendo considerarse que el legislador previene en todo caso que se resuelva la situación del imputado a la brevedad posible y al haberse convocado a audiencia bajo el principio de oralidad habiéndose llevado a cabo el acto como tal se cumplió con dicho precepto, procediendo a exhortar al Juez inferior, en lo posterior cuando se solicite la cesación a la detención preventiva en base a los numerales antes indicados del art 239 del CPP, no  convoque a audiencia; b) Respecto de que estaba detenido más de doce meses y correspondía su cesación a la detención preventiva, señalaron que, de la revisión de antecedentes resultaba evidente lo alegado por el recurrente, pues se cumplió el primer presupuesto del numeral 3 del referido art. 239 del Código adjetivo penal, advirtiéndose además que pese al tiempo transcurrido no se contaría con un pliego acusatorio; sin embargo, en cuanto al segundo supuesto relativo a la excepcionalidad de improcedencia a la cesación de la detención preventiva establecida en el artículo antes mencionado, prevé que no se aplica en los delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante niña, niño y adolescente, e infanticidio. Presupuesto legal que a criterio de esa Sala no consigna de forma taxativa el sistema de números clausus de los tipos penales consignados en el Código Penal, es decir, no se realiza una disgregación de los ilícitos penales como tal, pues el “252 del CP” (sic) no  señala si se refiere a los arts. 308 o 308 Bis, en ese entendido correspondía realizar una interpretación de la norma para verificar si en los casos que se presenta este tópico se aplica o no la indicada excepción.

Consiguientemente concluyeron que debía tenerse presente que si bien en primera instancia se imputó por el delito de violación, de acuerdo a los hechos narrados en la imputación formal el supuesto delito se cometió contra una menor de edad, es decir, una adolescente de 17 años, por lo tanto, atendiendo a lo previsto por el legislador para sustraer estos tipos penales por el transcurso del tiempo (cesación a la detención preventiva) entendieron que los ilícitos concretamente consignados en la Ley 348, el Juez debe efectuar una ponderación diferenciada, infiriéndose que si es un delito de violación contra una menor previamente debe mitigarse los riesgos procesales, en consecuencia en el presente caso al ser el delito imputado el de  violación, el Estado tenía el deber de resguardar los derechos no solo del imputado, sino también de la supuesta víctima quien a la fecha de la comisión del supuesto ilícito era menor de edad, por ende en condición de vulnerabilidad, concluyéndose que este tipo de delitos establece que aun con el transcurso del tiempo no se puede disponer la cesación a la detención preventiva, porque la configuración de éstos es diferente, correspondiendo un control de convencionalidad recurriendo a la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer –Convención de Belem do Pará, que obliga al juez a que brinde una protección especial a la víctima–, sin perjuicio de considerar los lineamiento del Código Niña, Niño y Adolescente y art. 47 de la Ley 348 que establece la aplicación preferente de derechos en favor de una mujer, reiterando que además a la fecha de los supuestos hechos era menor de edad, concluyendo qué el juez especializado en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, actuó dentro de los márgenes de razonabilidad, teniendo en cuenta que el numeral 3 del    art. 239 de la norma adjetiva penal, no consigna de forma específica los artículos del Código Penal que se encuentra excluidos.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, igualdad y debido proceso, en virtud a que las autoridades demandadas incurrieron en los siguientes defectos; 1) No corrigieron el incumplimiento con el procedimiento establecido para la tramitación de la cesación a la detención preventiva, cuando se invoca el numeral 3 del art. 239 del CPP; y, 2) Rechazaron de manera incorrecta su solicitud de cesación a la detención preventiva, pues el fundamentó de que la norma que resuelve su pretensión no precisa de manera expresa los artículos de los delitos que quedan excluidos para la procedencia de lo impetrado, no resulta evidente. 

III.1. Relevancia constitucional

Debe considerarse que conforme la uniforme jurisprudencia constitucional se tiene que todo defecto procesal en la tramitación de procesos judiciales o administrativos impugnados en las acciones constitucionales, deben tener relevancia constitucional, es decir: “…el error o defecto denunciado en el amparo constitucional debe provocar lesión al debido proceso, causar indefensión material y dar lugar a que la decisión impugnada -en caso de subsanarse el error- tenga diferente resultado…” (SC 0419/2010-R de 28 de junio),

Asimismo conforme a la SC 0995/2004-R de 29 de junio, se señala: “…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”.

De lo citado precedentemente se advierte que en atención a los derechos que tutela la acción de libertad, el principio de informalismo que rige la tramitación de esta acción, el principio de celeridad y la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo, corresponde que éste Tribunal Constitucional Plurinacional en la revisión de estas acciones de defensa únicamente considere una nulidad cuando la misma tenga relevancia constitucional, pues lo contrario provocaría que ésta instancia de revisión se ordinarice desviándose de la finalidad protectora de derechos que busca realizar, en este caso la acción de libertad.

III.2.La tutela del debido proceso vía acción de libertad. Jurisprudencia reiterada

“La  SC  0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo lo establecido en la                SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional.

(…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’.

A partir de lo anterior, corresponde señalar que la activación de la acción de libertad para conocer presuntas vulneraciones del derecho al debido proceso, debe evaluarse en cada caso concreto, así por ejemplo, este Tribunal Constitucional Plurinacional, determinó que no podía ingresarse al fondo de la problemática, por no ser causa directa de la privación de libertad ni existir absoluto estado de indefensión, acciones de libertad en las que se denunció: i) La denegatoria de proposición de diligencias ante el representante del Ministerio Público (SCP 0189/2014-S3 de 25 de noviembre); ii) La competencia del Juez cautelar respecto a los delitos -acción pública y acción privada- (SCP 0165/2014-S3 de 21 de noviembre); y, iii) Solicitud de extinción de la acción penal [SCP 0322/2012 de 18 de junio (con la aclaración realizada en la SCP 1045/2013 de 27 de junio, en la que sí se concedió la tutela)], entre otras” (énfasis añadido)    (SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril).

III.3. Análisis del caso concreto

Previo a ingresar al análisis del caso concreto, se aclara que si bien en la presente acción de libertad, el impetrante de tutela interpone la actual acción de defensa tanto contra Alan Mauricio Zarate Hinojos, –Juez ahora demandado– como Víctor Luís Guaqui Condori y Ana María Villa Gómez Oña,     –Vocales codemandados–; corresponde explicar que este Tribunal no emitirá pronunciamiento sobre la actuación de la primera autoridad, puesto que esta instancia no se constituye en una etapa recursiva adicional de revisión del proceso penal; dado que, el análisis sobre los aspectos reclamados sobre la participación del referido Juez se hubiera materializado en la decisión asumida por los Vocales también demandados, emergente justamente de la interposición del recurso de apelación incidental del accionante, correspondiendo en consecuencia su revisión, única, exclusiva y privativamente a las autoridades judiciales llamadas por ley; que en el caso concreto, vendrían a ser, el merituado Tribunal de alzada; por lo tanto la labor a desarrollarse a continuación estará enmarcada únicamente al análisis del fallo emitido por la última instancia recursiva, como es el Auto de Vista 209/2018, toda vez que, éste sería el que confirmó o ratificó las presuntas vulneraciones denunciadas.

Al existir dos problemáticas denunciadas en la presente acción de libertad, una de forma y otra de fondo, corresponde realizar el análisis de manera independiente, pues dependiendo del resultado de la primera corresponderá el pronunciamiento respecto de la segunda.

En consecuencia, en cuanto a la primera problemática, en el que se alega que no se cumplió con el procedimiento establecido para la tramitación de la cesación a la detención preventiva, cuando se invoca el numeral 3 del     art. 239 del CPP, particularmente al señalamiento de audiencia para la consideración y resolución. Como antecedentes, los detallados en el acápite II.1 del presente fallo constitucional, es decir, que efectivamente por memorial presentado el 11 de junio de 2018, el accionante formuló cesación a la detención preventiva, alegando que se encontraba detenido preventivamente ya un año y once días, es decir, más del tiempo previsto en la norma de procedimiento penal, memorial que fue providenciado el 12 del mismo mes y año, fijando audiencia para el 18 de igual mes y año a las  16:00 ante dicho actuado en la realización de audiencia pública para que se considere su pretensión, su abogado hizo notar que de acuerdo al precepto legal en el que se sustentaba su solicitud, no correspondía fijar audiencia; sin embargo, procedieron a fundamentar el fondo de su planteamiento.

Ahora bien tomando en cuenta lo establecido en el fundamento III.1 de la actual Sentencia Constitucional Plurinacional, para que la pretensión del peticionante de tutela pueda ser atendida de manera favorable, el error o defecto procesal denunciado –en este caso el señalamiento de una audiencia– debe ser calificado como lesivo del derecho al debido proceso, y solo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión final adoptada, lo que en el caso de autos no se advierte, pues la realización de la audiencia no le causo indefensión al impetrante de tutela, toda vez que, como se señaló precedentemente, éste estuvo presente en el referido acto procesal asumiendo defensa, es más tuvo la posibilidad de fundamentar de manera oral el fondo de su pretensión, garantizándose en todo caso oralidad e inmediatez como elementos importantes del derecho penal, y en su caso, tampoco se advierte por qué este defecto hubiere influido en la decisión final, es decir, si con la realización o no de la audiencia haya cambiado el resultado final, consecuentemente al respecto corresponde denegar la tutela impetrada.

En cuanto a la segunda problemática, en el que se denuncia que los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, autoridades hoy demandadas rechazaron de manera incorrecta su solicitud de cesación a la detención preventiva, al indicar que la norma que resuelve su pretensión art. 239.3 del CPP, no precisa de manera expresa los artículos de los delitos que quedan excluidos para la procedencia de lo solicitado.

Consiguientemente, verificado el Auto de Vista 209/2018, en su Considerando III segundo (Desarrollado en el acápite II.2 de esta Sentencia constitucional Plurinacional), las autoridades demandadas sustentaron su decisión en los siguientes aspectos: i) Se tuvo presente que el accionante se encontraba detenido más de doce meses, cumpliéndose el primer presupuesto de la norma en la que se sustentaba su solicitud, advirtiéndose además que pese al tiempo transcurrido no se contaba con un pliego acusatorio; ii) En cuanto al segundo supuesto, relativo a la excepcionalidad de improcedencia a la cesación de la detención preventiva establecida en el art. 239.3 del Código adjetivo penal, que prevé que no se aplica en los delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante niña, niño y adolescente, e infanticidio, correspondía efectuar la ponderación en la aplicación de la excepción para el rechazo de la cesación a la detención preventiva, concluyendo que si bien en primera instancia se imputó al impetrante de tutela por el delito de violación, de acuerdo a los hechos narrados en la imputación formal el supuesto delito se cometió contra una menor de edad, es decir, una adolescente de 17 años, por lo tanto, entendieron que a fin de asumir una decisión correspondía además efectuar un análisis de la Ley 348, realizando una ponderación diferenciada por las circunstancias ya señaladas; iii) Asumieron el control de convencionalidad recurriendo a la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer –Convención de Belem do Pará, que obliga al juez a que brinde una protección especial a la víctima–; y,               iv) Finalmente consideraron los lineamientos del Código Niña, Niño y Adolescente; y el art. 47 de la Ley 348, que establece la aplicación preferente de derechos en favor de una mujer.

Efectuado el análisis y consideración de los argumentos expuestos por las autoridades demandadas, contrastados éstos con la Constitución Política del Estados, los instrumentos internacionales y la norma interna, se advierte una fundamentación por demás racional en cuanto a la decisión asumida, pues corresponde tener presente que el art. 60 de la Norma Suprema, sostiene: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, pues conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes deben gozar de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, es decir con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros. Asimismo, el art. 15 de la Ley Fundamental señala: I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…) II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado.

Ahora bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niñas, niños y adolescentes se encuentra en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado (suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhirió mediante Decreto Supremo    (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993).  Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro. Un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad y en el caso concreto según los datos cursantes en el expediente la victima de la presunta agresión sexual contaba con 17 años a la fecha del hecho.

De igual manera la Convención de Belém do Pará –citada por las autoridades demandadas– de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los Estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención de Belém do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género.

En la normativa interna se tiene el Código Niña, Niño y Adolescente, cuyo objeto principal es el de garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad, pues en su Capítulo VIII, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; pues así dispone su art. 145.I, señalando que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el          art. 148.II inc. a) también expresa que, se constituye en vulneración a la integridad de este grupo vulnerable: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”.

Finalmente el art. 15 de la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999 –Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual–, indica que: La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…) 10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias; En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia.

En consecuencia los argumentos expuestos por las autoridades demandadas, y contrastados con la Constitución Política del Estado, los instrumentos internacionales de derechos humanos con relación a niñas, niños y adolescentes; y normativa interna desarrollada supra, encuentra sustento de la aplicación de excepcionalidad de rechazo a la cesación a la detención preventiva dispuesta en el art. 239.3 del CPP, es decir, asumió el rol de protección a una víctima de agresión sexual, con la particularidad que ésta además era adolescente, y se encontraba en situación de vulnerabilidad.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, efectuó una incorrecta compulsa de los antecedentes del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 15/2018 de 13 de julio, cursante de fs. 41 a 44, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Auto Supremo: 491/2012 14 de diciembre de 2012.

se concluye que respecto al bien inmueble que alude el actor en su demanda, no existe necesidad de determinar el carácter común del mismo, toda vez que el registro en Derechos Reales invocado por el actor, demuestra que el inmueble se encontraba registrado tanto a nombre suyo como el de su ex cónyuge, razón por la que en el caso de autos la "nulidad" demandada por el actor no dependen de la previa determinación del carácter común que revestiría el inmueble objeto de la litis, consiguientemente la competencia para el conocimiento de la misma corresponde al Juez de materia Civil y o no al de materia Familia.,

CONTENIDO:

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 491/2012

Sucre: 14 de diciembre de 2012

- Expediente: SC-91-12-A.

- Partes: Manuel Iván Navarrete Gahona c/ Irma Torres Díaz de Navarrete y la Cooperativa de Crédito Comunal 1ro. De Septiembre Ltda., representada legalmente por su presidente Juan Alberto Caballero.

- Proceso: Nulidad de contrato de transferencia con pacto de rescate, nulidad y cancelación de registros e inscripciones y, reposición de partidas computarizadas o registro de propiedad.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y de fondo, cursante de fs. 328 a 336 vlta., interpuestos por Manuel Ivan Navarrete Gahona, contra el Auto de Vista cursante de fs. 321 y vlta., emitido el 2 de abril de 2012 por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia, en el proceso ordinario sobre Nulidad de contrato de transferencia con pacto de rescate, nulidad y cancelación de registros e inscripciones y, reposición de partidas computarizadas o registro de propiedad, seguido por el recurrente en contra de Irma Torres Díaz de Navarrete y la Cooperativa de Crédito Comunal 1ro. De Septiembre Ltda.., representada legalmente por su presidente Juan Alberto Caballero; la respuesta de fs. 345 a 347; la concesión de fs. 348; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez de Partido Primero de Familia de la ciudad de Santa Cruz, el 3 de agosto de 2011 pronunció el Auto de Vista de fs. 281 a 282 vlta., declinando competencia en el conocimiento de la causa por considerar que la misma resultaría ser una cuestión netamente civil que no dependería en nada de otra cuestión familiar. Disponiendo en consecuencia se remita el proceso a conocimiento del Juez de turno en materia Civil y Comercial.

Por Auto de fecha 3 de septiembre de 2011, atendiendo la solicitud de complementación formulada por la Cooperativa de Crédito Comunal 1ro. De Septiembre Ltda.., la Juez de la causa anuló obrados hasta fs. 53 inclusive y mantuvo la determinación de remitir el expediente ante el Juez competente en materia Civil.

Contra esa determinación de primera instancia el actor interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en fecha 2 de abril de 2012 emitió el Auto de Vista cursante a fs. 321 y vlta., confirmando los Autos de fecha 3 de agosto y de 3 de septiembre, ambos del año 2011, con costas.

Resolución de alzada recurrida en casación por el demandante.

CONSIDERANDO II: DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

El recurrente Manuel Iván Navarrete Gahona, señaló que la Juez A quo desde que radicó la demanda en su despacho avaló y aceptó su competencia, y que a tiempo de admitir la misma debió analizar su competencia y en aplicación del art. 3 del Código de Procedimiento Civil le correspondía excusarse en el primer instante y no esperar que el proceso avance hasta el estado de dictar Sentencia, causando grave perjuicio a la parte. Manifestó que una vez admitida la demanda, los demandados fueron citados y éstos no observaron la incompetencia de la Juez A quo, por lo que consideró que al contestar la demanda éstos aceptaron la competencia de la juzgadora.

Señaló también que el Auto de Sala Plena de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitido en fecha 23 de agosto de 2010, en base al cual la Juez de primera instancia sustentó su decisión de declinar competencia, resultaría impertinente y que en todo caso el Tribunal de alzada a resolver su recurso de apelación debió considerar los Autos Supremos que invocó en calidad de jurisprudencia.

Consideró contradictorio el hecho de que la Juez A quo hubiera emitido el Auto de 3 de septiembre de 2011 anulando obrados, cuando por resolución de 3 de agosto del mismo año declinó competencia, razón por la que, en su criterio, la Juez ya no tenía competencia para emitir ninguna otra resolución.

Manifestó que la declinatoria de competencia dispuesta por la Juez de primera instancia, es contraria al principio de preclusión, toda vez que al haberse admitido la demanda, citado a los demandados, y al no haber éstos opuesto excepción de incompetencia, consintieron en la misma, por lo que la Juez A quo no podía declarar de oficio su incompetencia por haber precluido el momento para hacerlo.

En el fondo:

Cuestionó que el Tribunal de Alzada cometió un error al confirmar los Aautos apelados, toda vez que de la revisión de obrados se podría advertir que el mismo no versa sobre una cuestión netamente civil, sino más bien, sobre un aspecto familiar, por lo que los Señores Vocales al haber confirmado las resoluciones de primera instancia habrían interpretado erróneamente la Ley Nº 1760, en sus arts. 3, 4, 7, 8, 9, 14 y 15 y los arts. 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado, generando de esa forma su indefensión. Al respecto reiteró que la Juez A quo tomó la decisión de declinar competencia cuando ya había precluido la oportunidad para hacerlo.

Por las razones expuestas solicitó se case el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO III: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma:

Habiendo el recurrente interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde a éste Tribunal absolver en principio los agravios de forma, porque de ser evidentes los mismos, ameritaría la nulidad de obrados decisión que imposibilitaría la consideración del recurso de casación en el fondo.

Establecido lo anterior corresponde precisar que en consideración al carácter de orden público que revisten las reglas de competencia, cualquier vulneración al respecto debe ser observada aun de oficio y en cualquier estado del proceso, a fin de imponer la sanción que corresponda, no pudiendo la actuación de las partes o de los propios administradores de justicia, convalidar las infracciones referidas a la competencia de los jueces, salvo que se trate del elemento territorio, en cuyo casó la actuación de las partes, sea en forma expresa o tácita, puede generar la llamada prórroga de la competencia, figura que en ningún caso opera respecto al elemento materia, cuya inobservancia, dará lugar a la declaración de incompetencia en cualquier estado del proceso, incluso la nulidad de las actuaciones y determinaciones asumidas por un Juez incompetente puede ser dispuesta fuera del proceso, conforme dispone el art. 122 de la Constitución Política del Estado que determina que "son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley".

Al respecto, resulta pertinente señalar que por determinación del art. 12 de la Ley Nº 025, "la competencia es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto". En ese sentido, el art. 13 de la ley citada establece que: "la competencia en razón del territorio se ampliará únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes. Es expreso cuando convienen en someterse a un juez, que para una o ambas partes no es competente. Es tácito cuando el demandado contesta ante un juez incompetente, sin oponer esta excepción. Se exceptúa lo dispuesto en leyes especiales.".

Las normas señaladas precedentemente orientan, como se estableció anteriormente, que sólo en razón del territorio la competencia de un Juez puede ampliarse, por lo que los razonamientos expuestos por el recurrente en sentido de que, las partes al no haber observado oportunamente la competencia de la Juez A quo, convalidaron o consintieron en la misma, resulta errado, toda vez que la competencia de un juez en virtud a la materia no es susceptible de convalidación.

Respecto a que la Juez A quo debió excusarse en su primera actuación, y no permitir que la causa se desarrolle hasta el estado de dictarse sentencia para observar recién su incompetencia, corresponde aclarar que el recurrente confunde dos institutos procesales distintos, como son el de la excusa y el de la declinatoria de competencia. El primero de ellos constituye un medio que la Ley reconoce al Juez para apartarse del conocimiento de una causa en la que, por razones objetivas o subjetivas razonadas y comprobables, estaría en duda su imparcialidad; el segundo, nos referimos a la declinatoria, es el mecanismo a través del cual de oficio o a pedido de parte se observa la competencia -no la imparcialidad- de un juez. Consiguientemente cuando el recurrente manifiesta que a la Juez A quo le correspondía excusarse del conocimiento de la causa antes de admitir la demanda, yerra en su argumentación, porque, como manifestamos, la excusa no tiene relación alguna con la competencia del juzgador. Sin embargo es oportuno recordar que los Jueces de instancia a tiempo de admitir una demanda deben, de inicio, revisar su propia competencia y en su caso adoptar la decisión pertinente en su primera actuación, empero si eso no sucede e incluso las partes no deducen la excepción de incompetencia, nada obsta a que el Juez de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado del proceso repare en su incompetencia y emita la determinación correspondiente a fin de no proseguir con la sustanciación de un proceso viciado de nulidad.

Finalmente respecto al reclamo efectuado por el recurrente en sentido de que la Juez A quo al haber declinado competencia por auto de 3 de agosto de 2011 se encontraba impedida de emitir posteriormente el auto de 3 de septiembre del mismo año, debemos señalar que la segunda resolución es solo consecuencia de la primera, es decir que la Juez de primera instancia al haber reconocido su incompetencia, advertida de una omisión, reparó la misma y completó su inicial determinación anulando todo lo obrado por considerar que dichas actuaciones se desarrollaron bajo su dirección sin tener competencia para ello.

Por las razones expuestas los agravios de forma deducidos por el recurrente resultan infundados.

En el fondo:

De la revisión de antecedentes en función del recurso interpuesto, se llega a las siguientes conclusiones:

1.- Por memorial de fs. 47 a 51, de fecha 9 de noviembre de 2009, Manuel Ivan Navarrete Gahona, argumentó que en fecha 9 de octubre de 1978 contrajo matrimonio con Irma Torrez Díaz, unión conyugal que fue disuelta por sentencia de divorcio de fecha 4 de octubre de 1999. Manifestó que durante la vigencia de su matrimonio, conjuntamente su esposa, adquirieron una serie de bienes muebles e inmuebles, los cuales al momento de producirse el divorcio, de común acuerdo se fueron "liberando", quedando únicamente sin definición el inmueble ubicado en la calle Cuevo Nº 321, de 422.50 m.², registrado en Derechos Reales bajo la Ptda. Computarizada Nº 010269602 de fecha 13 de noviembre de 1996, actualmente registrado bajo la Matrícula Nº 7.01.199.0055713, de fecha 23 de septiembre de 1994 a nombre de la Cooperativa 1ro. de Septiembre Ltda., por venta con pacto de rescate efectuada por Irma Torrez Díaz de Navarrete en fecha 31 de marzo de 1994, transferencia de la que tuvo conocimiento a la finalización del proceso de divorcio en oportunidad de pretender la división y partición del indicado inmueble.

2.- En mérito a los hechos expuestos, sostuvo que la transferencia efectuada por su esposa en favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 1ro. de Septiembre Ltda.., afectó el derecho ganancialicio que le correspondía sobre el inmueble (50%), toda vez que el actor no dio su anuencia o consentimiento para dicha transferencia, por lo que al amparo de los arts. 101, 102, 111, 113 y 116 del Código de Familia, entre otras disposiciones legales, demandó la nulidad del referido documento de transferencia, la nulidad del registro de propiedad a favor de la Cooperativa 1ro. De Septiembre Ltda. y, la reposición de la Ptda., computarizada Nº 010269602 de fecha 13 de noviembre de 1996.

3.- La Juez A quo admitió la demanda y sustanció la causa hasta la conclusión de período probatorio, momento en el que por Auto de fs. 281 a 282 vlta., de fecha 3 de agosto 2011, declinó competencia y dispuso que el proceso sea remitido ante el Juez de turno en materia Civil y comercial por considerar que la causa se trataría de una netamente Civil que no depende de ninguna cuestión familiar.

4.- La juez A quo basó su decisión en los siguientes fundamentos: 1) que el presente caso, aún tratándose de ex esposos, se trata de una causa de naturaleza patrimonial, por lo que la competencia correspondería a un Juez Civil de acuerdo a lo previsto por los arts. 64 y 70 de la Ley del Órgano Judicial; 2) que en ninguna de las atribuciones reconocidas por la Ley del Órgano Judicial se establece la facultad del Juez de Partido de Familia para conocer las causas de nulidad de venta con pacto de rescate que se argumenta ganancial; que la disposición del art. 380 del Código de Familia, fuese clara respecto a la cuestión civil de la que dependa otra familiar, en cuyo caso recién sería competente el Juez de familia, que no fuera el caso porque los cónyuges ya se encontrarían divorciados.

5.- El Tribunal de alzada a tiempo de confirmar la resolución de primera instancia, fundamentó que la causa sería una cuestión eminentemente civil al existir ya un divorcio, por lo que correspondería que la misma sea conocida y resuelta por el Juez en materia Civil.

Que en mérito a los antecedentes descritos corresponde precisar que el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial, dispone que "la competencia es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un Juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto."

En ese sentido, es por demás conocido que la atribución de competencia se origina en la Ley, es decir que la competencia emana únicamente de la Ley, al respecto llama la atención que la Juez A quo hubiese analizado su competencia en base a las previsiones contenidas en los arts. 64 y 70 de la Ley del Órgano Judicial, sin considerar que dichas previsiones no se encuentran aún vigentes por expresa determinación de la Disposición Transitoria Segunda de la referida Ley que determina que: "Una vez posesionadas las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, con excepción del Capítulo IV del Título II; Sección II y III del Capítulo II, y Capítulo III del Título III, entrarán en vigencia todas las demás normas de la presente Ley." (el subrayado no corresponde al texto original). Precisamente la excepción contemplada en el Capítilo II del Título II, se refiere a las disposiciones relativas a los Tribunales y Juzgados Públicos cuyas normas están contempladas desde el art. 60 hasta el 81 de la cita Ley; resultando por ello inadecuada la base legal en que la Juez A quo basó su entendimiento.

Por otro lado, corresponde precisar que el hecho de que una cuestión en litigio reviste en esencia carácter patrimonial no es determinante para negar la competencia del Juez de Familia y remitir por ese aspecto la causa a conocimiento del Juez en materia Civil. Al respecto la norma contenida en el segundo párrafo del art. 380 del Código de Familia, dispone que: "En caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar será competente para conocer de ella el juez de familia".

La norma en cuestión hace referencia a la posibilidad de que un Juez de Familia conozca de una cuestión civil, siempre que ésta dependa de la determinación previa de otra cuestión de índole familiar. En el caso de autos, la demanda de "nulidad" de un contrato de venta con pacto de rescate interpuesta por el actor, resulta ciertamente una cuestión civil, empero su consideración y resultado depende de otra cuestión de naturaleza familiar como es la determinación del carácter ganancialicio del bien inmueble objeto de la transferencia impugnada. En otras palabras para determinar si es o no procedente la invalidez de la transferencia efectuada por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro -aún éstos ya no se encuentren unidos en matrimonio-, previamente deberá establecer si el inmueble objeto de esa transferencia reviste o revestía carácter ganancialicio, aspecto que conforme el cabal entendimiento del párrafo segundo del art. 380 del Código de Familia corresponde al Juez de esa materia, consiguientemente será también él el Juez competente para conocer y resolver la cuestión civil de fondo.

De lo manifestado precedentemente se establece que, siempre que exista una cuestión familiar de la cual dependa la cuestión civil, la competencia debe ser reconocida al Juez de Familia. En el caso de demandas que buscan invalidar actos de disposición de bienes comunes de uno de los cónyuges, sin el consentimiento del otro, será competente el Juez de Familia, siempre que previamente resulte necesaria la determinación del carácter común del bien objeto de la disposición, pues, es posible que en algunos casos particulares tal determinación ya éste dada, como por ejemplo a través de una sentencia de divorcio ejecutoriada que, con carácter previo a la demanda de invalidez, hubiese reconocido el carácter ganancialicio del inmueble en cuestión, o cuando el título de adquisición del inmueble se encuentra registrado a nombre de ambos cónyuges, en cuyos casos no es necesario que previamente la jurisdicción familiar defina el carácter común del bien, razón por la que el Juez competente para conocer y resolver la demanda de invalidez resultará ser el Juez de materia Civil.

Precisado lo anterior corresponde analizar el caso concreto y al respecto diremos que de los hechos expuestos en la demanda, se establece que el actor alega que su ex esposa Irma Torrez de Navarrete transfirió a título de compraventa con pacto de rescate el inmueble ubicado en la calle Cuevo Nº 321, de 422.50 m.², que según refiere se encontraba registrado en Derechos Reales bajo la Ptda. Computarizada Nº 010269602 de fecha 13 de noviembre de 1996, actualmente registrado bajo la Matrícula Nº 7.01.199.0055713, de fecha 23 de septiembre de 1994 a nombre de la Cooperativa 1ro. de Septiembre Ltda., por considerar que dicho inmueble fue adquirido en la vigencia de su matrimonio y dispuesto por su cónyuge sin su consentimiento.

Siendo ese el hecho expuesto por el actor y tomando en cuenta que en reiterados memoriales afirma que el inmueble transferido por su ex cónyuge es el que ambos adquirieron y que se encontraba registrado en Derechos Reales bajo la Ptda. Computarizada Nº 010269602 de fecha 13 de noviembre de 1996, y respecto al cual pretende invalidar la disposición unilateral realizada por su ex esposa, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes sale a fs. 11 certificación emanada del Registrador de Derechos Reales de Santa Cruz de fecha 7 de marzo de 1998 que acredita que el inmueble registrado bajo la Ptda. Nº 010269602 de fecha 13 de noviembre de 1996, se encontraba registrado a nombre de Manuel Iván Navarrete Gahona y de Irma Torrez de Navarrete; siendo así se concluye que respecto al bien inmueble que alude el actor en su demanda, no existe necesidad de determinar el carácter común del mismo, toda vez que el registro en Derechos Reales invocado por el actor, demuestra que el inmueble se encontraba registrado tanto a nombre suyo como el de su ex cónyuge, razón por la que en el caso de autos la "nulidad" demandada por el actor no dependen de la previa determinación del carácter común que revestiría el inmueble objeto de la litis, consiguientemente la competencia para el conocimiento de la misma corresponde al Juez de materia Civil y o no al de materia Familiar, como así lo establecieron los Tribunales de instancia, aunque con otra fundamentación.

Por las razones expuestas, corresponde a éste Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO:

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los artículos 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 328 a 336 vlta., interpuestos por Manuel Ivan Navarrete Gahona, contra el Auto de Vista cursante de fs. 321 y vlta. Con costas.

Se regula el honorario del abogado de la parte que contestó el recurso de casación en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán

AUTORIZACIÓN DE SALIDA JUDICIAL

CONTENIDO:

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S1

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

I.1.1. Hechos que motivan la acción

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

I.2.1.Ratificación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demanda

I.2.3. Resolución

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

II. CONCLUSIONES

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre los principios ético-morales de la sociedad plural y los  valores que sustenta el Estado boliviano

III.2.  De la acción de libertad

III.3. El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad

III.4.  Análisis del caso concreto

POR TANTO

DATOS DEL EXPEDIENTE

Resoluciones

Partes

Documentos.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S1

     Sucre, 19 de octubre de 2016

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    Tata Efren Choque Capuma

Acción de libertad

Expediente:                 15324-2016-31-AL

Departamento:            La Paz

En revisión la Resolución 362/16 de 28 de mayo de 2016, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gregorio Soto Calle contra Gustavo Estrada, Gobernador del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de mayo de 2016, cursante de fs. 4 a 5 vta, el accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido en su contra, proceso que se encuentra en el “Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1° Localidad Caranavi” (sic) del departamento de La Paz, solicitó una autorización de salida judicial por encontrarse delicado de salud, la misma fue prevista para el 27 de mayo de 2016, a horas 9:00; sin embargo, cuando sus familiares se dirigieron al Recinto Penitenciario de San Pedro del referido departamento, donde se encuentra detenido preventivamente, el Gobernador no quiso recibir dicha orden aduciendo que estaba fuera de tiempo, además indicaron que cuando es de provincia debe entregarse con setenta y dos horas de anticipación, no se tomó en cuenta que la orden de salida fue recogida el 24 del mismo mes y año señalado, y la demora se debió por el traslado desde la provincia. Habiendo insistido en su propósito el 26 de igual mes y año, señalaron que no podían atenderlos porque ese día era el feriado de Corpus Cristi; en ese sentido, al haberle negado su salida considera que se lesionó su derecho a la salud.   

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alegó la lesión de su derecho a la salud y a la dignidad humana, citando al efecto los arts. 15, 35, 37 y 73.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenándose su salida judicial del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, a efectos de constituirse en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para su valoración médica. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de mayo de 2016, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1.Ratificación de la acción

El accionante ratificó el memorial inextenso de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demanda

Nelson Mora Valencia, Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, mediante informe cursante fs. 17 y vta. manifestó que: De acuerdo al informe verbal de Verónica Zacari Siñani, responsable de recepción, indicó que no se apersonaron con ninguna orden de salida médica judicial a nombre de Gregorio Soto Calle; el 26 de mayo de 2015, era feriado, razón por la cual el personal administrativo no asistió ese día a su fuente laboral. Finalmente señaló que no sostuvo entrevista con persona alguna en representación del ahora accionante como se mencionó en el memorial de la acción de libertad, menos haberme negado a recibir dicho pedido. Por ello, solicitó se deniegue la tutela.

La aludida autoridad en audiencia señaló que la acción de libertad fue dirigida contra el anterior Gobernador del Recinto Penitenciario de San Pedro. “El art. 110 de la Ley 2298 señala que las órdenes judiciales sean para salida médica o judicial, estas deben ser presentadas con veinticuatro horas de anticipación” (sic). Podría haber sido atendida oportunamente esa solicitud, empero, el notificador visitó el aludido Recinto Penitenciario a horas 17:45 de ese día, sin esperar su turno, dejó la nota en el escritorio y salió, por ello no tiene el sello de recepción. Reiteró que no tomó contacto con nadie a nombre del accionante.     

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 362/16 de 28 de mayo de 2016, cursante de fs. 20 a 21 vta., concedió en parte la tutela respecto al derecho a la vida, más aun al tratarse de una persona privada de su libertad que necesita la salida custodiada por el régimen penitenciario, sea en el día, y se deniega en el entendido de cumplirse los formalismos previos y preliminares de ley para que la autoridad –en este caso el Gobernador del Recinto Penitenciario– pueda cumplir las órdenes dispuestas por el Juez de Caranavi de igual departamento, bajo los siguientes fundamentos: a) En el presente caso se trata de la autorización para la salida del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, se observó que no se cumplió con el trámite adecuado, dado que, en la  documentación presentada no consigna sello o cargo de recepción; por ello, no es posible verificar si se obstaculizó la orden de salida; b) Se tiene el “informe del Juez Público de Caranavi enviado vía fax” (sic) al Recinto Penitenciario aludido; exhortó que es responsabilidad de los jueces cautelares el cumplimiento de las disposiciones que emiten, no pudiendo delegar esa función a personas o familiares del detenido preventivamente, quienes no tienen conocimiento de los trámites judiciales, esa tarea debió delegarse a un funcionario judicial; c) Aclaró que la acción de libertad fue dirigida a Gustavo Estrada, quien dejó el cargo hace dos años atrás; empero, consideró que la acción de defensa fue dirigida al Gobernador del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz; d) Si bien, se dice que hubo el feriado de Corpus Cristi, sin embargo, en el Régimen Penitenciario siempre existe el personal de turno; donde las salidas médicas no pueden estar supeditadas a un feriado o al pretexto de que el sistema no estaría funcionando, cuando ese aspecto puede ser regularizado al día siguiente hábil de trabajo; y, e) Podría existir el riesgo de la vida o la integridad física del imputado, siendo de vital importancia la salud, ordenó se cumpla con la orden de salida al IDIF, dispuesto por el Juez de la causa y sea en el día.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 20 de septiembre de 2016, se suspendió el cómputo de plazo, por solicitud de documentación requerida; reanudándose por Decreto de 19 de octubre del mismo año, siendo notificadas las partes en idéntica fecha, a cuyo efecto la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del plazo legal.

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se establecen las  siguientes conclusiones:

II.1.  Cursa nota de 24 de mayo de 2016, emitida por Javier Vargas Arancibia, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de  Caranavi del departamento de La Paz, por la cual, ordenó al Director del Recinto Penitenciario de San Pedro del mismo departamento la salida o traslado al IDIF en favor del impetrante de tutela, para el día 27 del mismo mes y año a horas 9:00 (fs. 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera que fue lesionado su derecho a la salud; toda vez que, al encontrase delicado de salud, solicitó al Juez de la causa autorice su salida ante el IDIF, a cuyo efecto se emitió la orden respectiva para el día 27 de mayo de 2016, a horas 9:00; sin embargo, cuando sus familiares se dirigieron al Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, donde se encuentra detenido preventivamente, el Gobernador no quiso recibir dicha orden aduciendo que estaba fuera de tiempo, además les indicaron que cuando es de provincia debe entregarse con setenta y dos horas de anticipación. El 26 de igual mes y año, habiendo insistido en su propósito, indicaron que no podían atenderlos porque ese día era el feriado de Corpus Cristi.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela.

III.1. Sobre los principios ético-morales de la sociedad plural y los  valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe en base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente en el Órgano Judicial que, a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, aseguran que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales sean efectivos para vivir bien, como señala el art. 8.II de la CPE.

Al efecto, resulta necesario señalar que la Norma Suprema, en su art. 8.I señala que los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos constituyen mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos.

Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional, que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respecto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria están, también entre otros, la verdad material y el debido proceso.

En torno a la administración de justicia, o expresado desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho de sustentar las decisiones en el análisis e interpretación, no solo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté al lado del Estado y la población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad como lo es la corrupción, que lastima nuestras instituciones.

III.2.  De la acción de libertad

La Constitución Política del Estado, en la Sección I, del Capítulo Segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - derechos, deberes y garantías) ha instituido la acción de libertad. En ese marco, el art. 125 establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

La acción de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último caso, siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida, pues, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste.

Al respecto, el Código Procesal Constitucional tiene por objeto regular los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa ante juezas, jueces y tribunales competentes. La referida Ley, en su Disposición Final Tercera establece que a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, quedará derogada la parte segunda de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional relativa a los procedimientos constitucionales, vigencia establecida en su Disposición Transitoria Primera a partir del 6 de agosto de 2012.

El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece como objeto de esta acción tutelar el “…garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. Por otra parte, el art. 47 del citado Código establece que: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal”.

III.3. El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad

Con relación al derecho a la vida y su vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud, tutelables a través de la acción de libertad, la SCP 0435/2016-S2 de 9 de mayo en armonía con la SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero, señala que:“III.1.1. La Constitución Política del Estado consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental en el art. 15.I. indicando que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida…’, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad. Por ello, su titularidad corresponde a todos los seres humanos y es en este sentido, que el Estado está obligado no solamente a su respeto, sino a su protección, creando condiciones indispensables para su observación y cumplimiento.

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, reiterando los entendimientos contenidos en las SSCC 0653/2010-R y 1294/2004-R, señaló que: ‘El derecho a la vida es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento’.

Por otro lado, es importante mencionar el desarrollo jurisprudencial contenido en la SCP 0033/2013 de 4 de enero, que tomando como base lo previsto en nuestra Constitución Política del Estado, así como los instrumentos de protección de Derechos Humanos que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, estableció como principios esenciales de toda decisión legislativa, judicial y administrativa: ‘i) el principio de primacía de protección del derecho a la vida; y, ii) El principio de duda favorable de la protección exhaustiva del derecho a la vida’.

En este marco, dicho fallo abordó las diferentes dimensiones de protección del derecho a la vida, que derivan de la obligación de respetar y garantizar los Derechos Humanos que tiene el Estado, vinculándolas con el valor y principio del ‘vivir bien’ previsto en el art. 8 de la CPE, siendo esas dimensiones: 1) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); 2) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, 3) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).

(…)

III.1.2. Sobre el derecho a la integridad física, el artículo 15.I de nuestra Norma Suprema establece que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes’. El segundo parágrafo señala que: ‘Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad’, y finalmente el parágrafo tercero: ‘El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado’, delimitando así la Norma Suprema que el derecho a la integridad personal, está compuesto por tres vertientes: física, psicológica y sexual.

Estas vertientes fueron desarrolladas por el Tribunal Constitucional en la SC 1891/2011-R del 7 de noviembre, expresando que la integridad personal es un derecho inherente a la persona; implica su preservación física, psíquica y sexual, e incluye el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, y, por lo tanto, se traduce en el derecho a no ser víctima de ningún dolor o sufrimiento físico, psicológico o agresión sexual; Así concretamente señalo:

‘La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo, por ello toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan provocar lesiones en su cuerpo, causándole dolor físico o daño a su salud.

La integridad psicológica ésta referida al conjunto de facultades intelectuales y emocionales; su inviolabilidad se relaciona con el derecho a no ser obligado o manipulado mentalmente contra su voluntad.

Finalmente, la integridad sexual está referida a la protección al derecho de las personas a tener capacidad para expresarse válidamente, a tener un libre y consciente trato sexual o a no tenerlo contra su voluntad…’.

III.1.3. Es necesario tener presente que este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, estableció que el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: ‘Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud’ (las negrillas son nuestras).

En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales”.

III.4.  Análisis del caso concreto

El accionante alegó que al encontrarse en calidad de detenido preventivamente en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, y delicado de salud, solicitó autorización de salida judicial al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del mismo departamento, dicha autoridad ordenó al Gobernador demandado, su traslado al IDIF a objeto de su valoración médica, para el 27 de mayo de 2016, a horas 9:00; sin embargo, la aludida autoridad no quiso recibir dicha orden, aduciendo que estaba fuera de tiempo, al tratarse de una solicitud de provincia esta debía ser presentada con setenta y dos horas de anticipación, además el sistema no estaba funcionando, inclusive ese día era el feriado de Corpus Cristi; por esos aspectos considera que se vulneró su derecho a la salud.

Ahora bien, de antecedentes se evidencia que el 24 de mayo de 2016,  el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, autorizó al Director del Recinto Penitenciario San Pedro del mismo departamento la salida o traslado al IDIF al ahora accionante, diligencia que debía cumplirse el 27 del mismo mes y año a horas 9:00; sin embargo, por una serie de argumentos y excusas como el no funcionamiento del sistema computarizado administrativo, la ausencia del personal administrativo por el feriado, además, la nota habría sido traído a horas 17:45 de ese mismo día, la cual, fue dejada en el escritorio sin que nadie reclame, no son argumentos valederos para justificar la no atención de una solicitud que fue traída desde Caranavi y emitida por la autoridad jurisdiccional de ese mismo municipio.

Asimismo, si bien es cierto que ante una orden judicial de salida médica con custodio debe cumplirse con los trámites previos; sin embargo, cuando se trata de la salud de una persona que se encuentra circunstancialmente en calidad de detenido preventivamente, corresponde su atención de la manera más diligente posible, el no hacerlo se pondría en riesgo la vida o la integridad física de quien requiere la atención de un profesional en el área de medicina, dado que la salud se constituye en un derecho humano inalienable; dicho de otro modo, al ser la vida un derecho primario del ser humano que se encuentra vinculado a otros elementos que la conforman como son la integridad física y la salud, goza de protección constitucional, así la jurisprudencia constitucional precisó que: “…a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad…” conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo.

Por consiguiente, se evidencia que la autoridad demandada lesionó el derecho a la vida que está vinculados con otros elementos como la integridad física y la salud; resaltando que, si bien el privado de libertad sufre temporalmente la limitaciones de la ley, no se convierte en un ser sin derechos, así el art. 73 de la CPE, establece que toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada como el debido respeto a la dignidad humana. Por lo que, corresponde otorgar la tutela en los mismo términos del Juez de garantías. 

Por todo lo expuesto, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela solicitada obró correctamente, por lo que, corresponde aplicar el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve, CONFIRMAR la Resolución 362/16 de 28 de mayo de 2016, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos del Juez de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Tata Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo.  Dr. Macario Lahor Cortez Chavez

MAGISTRADO

DATOS DEL EXPEDIENTE

Expediente:

15324-2016-31-AL

Referencia:

Gregorio Soto Calle c/ Gustavo Estrada, Director del Recinto Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz

Fecha de Ingreso:

viernes, 3 de junio de 2016

Distrito:

El Alto

Recurso:

Acción de Libertad

Juzgado:

Juzgado de Instrucción en lo penal

Numero de Juzgado:

2

Oficina:

En Archivo

Resoluciones

Número de Resolución

Fecha

Resumen

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1

0961/2016-S1

19-10-2016

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S1 Sucre, 19 de octubre de 2016 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Tata Efren Choque Capuma Acción de libertad Expediente: 15324-2016-31-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 362/16 de 28 de mayo de 2016, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gregorio Soto Calle contra Gustavo Estrada, Gobernador del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz.

 

Partes

Nombre

Calidad

Cargo

1

Gregorio Soto Calle

Accionante

 

2

Roger Abel Bustillos Loza

Abogado Apoderado

 

3

Gustavo Estrada

Demandado

Otras Autoridades

Documentos.

Fecha

Fojas

Documento

Referencia

1

07-06-2016

3

Prueba Preconstituida

IMPRESIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL BOLIVIANO Nº 201401201606154. -DOCUMENTACIÓN DE FOJAS 2 A 3. FOJAS 1 A 3.

2

07-06-2016

5

Memorial

DE ACCIÓN DE LIBERTAD, PRESENTADO POR GREGORIO SOTO CALLE CONTRA CORONEL GUSTAVO ESTRADA, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN DEL PENAL DE SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, SOLICITA SE CONCEDA LA ACCIÓN DE LIBERTA, DISPONIENDO LA SALIDA JUDICIAL DEL PENAL DE SAN PEDRO. -CARGO DE RECEPCIÓN DE 27 DE MAYO DE 2016, POR EL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL PRIMERO DE EL ALTO. -.AUTO DE 27 DE MAYO DE 2016, POR EL QUE SE ADMITE Y SE SEÑALA DIA Y HORA DE AUDIENCIA PÚBLICA A FOJA 6. -NOTIFICACIÓN A FOJA 7 A 8. FOJAS 4 A 8.

3

07-06-2016

1

Oficio

Nº 305/2016, DE 27 DE MAYO DE 2016, REF.. REMISIÓN DE OBRADOS ORIGINALES, REMITIDO POR DR. HENRY SANCHEZ CAMACHO, JUEZ PRIMERO DE SENTENCIA PENAL DE EL ALTO. -CARGO DE RECEPCIÓN DE 27 DE MAYO DE 2016, POR EL JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE EL ALTO. -DECRETO DE 28 DE MAYO DE 2016. FOJA 9.

4

07-06-2016

9

Acta de audiencia

DE ACCIÓN DE LIBERTAD, DE 28 DE MAYO DE 2016, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE EL ALTO, SE INFORMA QUE SE ENCUENTRAN EN SALA LA PARTE ACCIONANTE, AUSENTE SU ABOGADO, PRESENTE EL DEMANDADO, ES CUANTO S EINFORMA. -INFORME, DE 27 DE MAYO DE 2016, PRESENTADO POR VÍCTOR HUGO CONDORI CONDORI, CLASE DE SERVICIO DE RECEPCIÓN, A FOJA 10. -DOCUMENTACIÓN DE FOJAS 11 A 16. -INFORME, DE 27 DE MAYO DE 2014, PRESENTADO POR NELSON MORA VALENCIA, DIRECTORDEL RECINTO PENITENCIARIO DE SANPEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, A FOJA 17. -CARGO DE RECEPCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2016, POR EL JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE EL ALTO. -DECRETO DE 28 DE MAYO DE 2016. FOJAS 10 A 19.

5

07-06-2016

3

Resolución o sentencia

Nº 362/16, DE 28 DE MAYO DE 2016, POR EL QUE EL JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CONCEDEN EN PARTE LA PRESENTE ACCIÓN DE LIBERTAD, SE CONCEDE EN REFERENCIA A QUE ES NECESARIO PRECUTELAR EL DERECHO A LA VIDA QUE TIENE TODO CIUDADANO BOLIVIANO Y MAS AÚN SI SE TRATA DE UNA PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD, QUE NECESITA LA SALIDA CUSTODIA POR RÉGIMEN PENITENCIARIO PARA QUE SE PUEDA PROCESAR EN EL DIA Y SE DENIEGA EN EL ENTENDIDO QUE TIENEN QUE CUMPLIRSE LOS FORMALISMOS PREVIOS Y PRELIMINARES DE LEY PARA QUE LA AUTORIDAD PUEDA CUMPLIR A LA VEZ LAS ORDENES DISPUESTAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN ESTE CASO EL JUEZ DE LA LOCALIDAD DE CARANAVI. -NOTIFICACIÓN A FOJA 22. FOJAS 20 A 22.

6

07-06-2016

1

Oficio

Nº 473716, DE 1 DE JUNIO DE 2016, REF.: REMITE CUADERNO DE ACCIÓN DE LIBERTAD, REMITIDO POR MILENKA GUTIERREZ, JUEZA SEGUNDA DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE EL ALTO DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ. -CARGO DE RECEPCIÓN POR LA UNIDAD DE REGISTRO DE INGRESO DE CAUSAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 3 DE JUNIO DE 2016, A HORAS 10:06, RECIBIDO VÍA COURRIER, DE PROCEDENCIA LA PAZ, A FOJA 23 VTA. FOJA 23 Y VTA.

7

20-10-2016

2

Oficio

CITE 721/2016 DE 18 DE OCTUBRE, REF.: REMITE NOTIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 15324, REMITIDO POR MARÍA LAURA CALLE MAMANI, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL - NOTIFICACION A GUSTAVO ESTRADA, GOBERNADOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ - CARGO DE RECEPCIÓN POR LA UNIDAD DE REGISTRO DE INGRESO DE CAUSAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 19 DE OCTUBRE DE 2016 A HORAS 18:00, RECIBIDO VÍA COURIER PROCEDENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ FOJAS 1 A 2 Y VTA.

8

08-11-2016

2

Oficio

CITE 777/2016 DE 3 DE NOVIEMBRE, REF.: REMITE NOTIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 15324, REMITIDO POR MARÍA LAURA CALLE MAMANI, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL - OFICIO DE 28 DE OCTUBRE DE 2016 A FS. 1 - CARGO DE RECEPCIÓN POR LA UNIDAD DE REGISTRO DE INGRESO DE CAUSAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2016 A HORAS 11:30, RECIBIDO VÍA COURIER PROCEDENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ FOJAS 1 A 2 VTA.

El art. 72 de la ley adjetiva penal, regula el principio de objetividad que debe normar al Ministerio Público en sus actuaciones, al indicar que: “Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes. En sus investigaciones tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; formulando sus requerimiento conforme a este criterio”, lo cual está en directa relación con lo que regula la Ley Orgánica del Ministerio Público su art. 5.1.; y, f) Si bien es labor del Ministerio Público seguir con la persecución penal en los delitos de acción penal pública bajo el principio de objetividad, la misma se la realiza bajo criterios de justicia, transparencia, eficacia y eficiencia, bajo ese contexto legal encontrándose claros los argumentos del presente proceso investigativo, ya no existe la necesidad de seguir prolongando el tiempo de la investigación, que aplicando los criterios antes mencionados, como también el propio principio de objetividad, principio básico que efectúa los lineamientos a la actuación fiscal, puesto que debe actuar de manera imparcial y objetiva, no puede ni debe orientar sus investigaciones como lo pide el denunciante, el querellante, sino simplemente basado en los hechos, en las pruebas y en el contenido de todo lo actuado y acumulado en el cuaderno de investigaciones, con todos los elementos de convicción emitirá la resolución que corresponda, de imputación cuando existan suficientes indicios de la existencia de hechos y de la participación del imputado en dichos hechos, o en su caso, rechazar la denuncia o querella por la insuficiencia de indicios o elementos que puedan sustentar la investigación y en su caso demostrar la preexistencia del hecho y la presunta o probable participación del imputado en los hechos que motivan una investigación.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1292/2016-S2

Sucre, 5 de diciembre de 2016

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora:  Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de amparo constitucional

Expediente:                  16863-2016-34-AAC

Departamento:            Santa Cruz

En revisión la Resolución 49 de 4 de octubre de 2016, cursante de fs. 417 vta., a 420, pronunciada dentro de la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por María Paz Warnes contra Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.       Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 4 de agosto de 2016, cursante de fs. 307 a 311,  la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Emergente de un proceso penal a denuncia de su persona, contra Edil Sandoval Barrancos por la presunta comisión del delito de violencia económica, patrimonial y sustracción de utilidades económicas familiares; el Fiscal Departamental, ahora demandado, dictó Resolución 614/15 de 5 de noviembre de 2015, sin considerar ni valorar elementos de prueba; evaluando algunas alejándose del marco de la razonabilidad y objetividad, sin realizar una sistemática aplicación del adjetivo penal y la Ley 348 del 9 de marzo de 2013, que en el presente caso resulta obligatoria; asimismo, no consideró todos los delitos denunciados siendo una Resolución carente de fundamento y finalmente confirmando la resolución objetada.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Denuncia como lesionado su derecho al debido proceso, en sus vertientes interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y fundamentación de las resoluciones, citando al efecto, el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela declarando nula la Resolución “103/2015” de 5 de noviembre y se disponga emitir una nueva conforme a los fundamentos de la sentencia del Tribunal de garantías.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

En la audiencia pública efectuada el 30 de septiembre 2016, según consta en el acta cursante de fs. 398 a 417 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La abogada de la parte accionante, manifestó: a) La denuncia que se hizo fue por la presunta comisión del delito de violencia económica, violencia patrimonial y sustracción de utilidad de actividad económica familiar, establecidos en el art. 250 bis. 250 ter, 250 quarter del Código Penal (CP), delitos que provienen de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013; para lo cual, se presentó prueba como el reconocimiento de la unión conyugal libre y partición de bienes, informes periciales que dan cuenta de lo que la pareja tenía; b) El denunciado empezó a disponer los bienes en su beneficio propio, como animales vacunos, porcinos; asimismo, el producto de las dos agropecuarias que son bienes gananciales, aprovechando los recursos en forma personal en el proceso, lo que hizo fue, adjuntar documentación que acredita tener un domicilio, un trabajo desvirtuando los peligros de fuga y además presentó la “Sentencia Constitucional 33/2015” en la que el Juez de garantías le concedió la tutela en un caso similar, pero dicha autoridad anuló la unión conyugal libre y de hecho y también la división y partición de bienes que se había realizado en proceso ordinario; es decir, anuló todo; c) La accionante presentó más prueba, como fotocopias legalizadas de denuncia donde con fotografías se evidencia la existencia del ganado porcino pero después ya no había, así como documentación de bienes muebles, de vehículos, de moto, que luego el denunciado hizo desaparecer; d) La Fiscal de materia que estaba investigando el caso rechazó la denuncia por lo que, se presentó objeción; el Fiscal Departamental la revocó pero nuevamente la Fiscal referida la rechazó, mediante Resolución 614/15 de 5 de noviembre de 2015, el Fiscal Departamental de Santa Cruz violando derechos fundamentales, realizando una errónea interpretación de la legalidad ordinaria porque no se interpretó conforme a los arts. 6.I y 7.10 de la Ley 348, porque todos estos delitos, modifican el Código Penal y tienen todo un andamiaje en su fundamentación debido a que nacen justamente preservando los derechos de género que tiene las mujeres y que están establecidos en la Constitución Política del Estado y Tratados y Convenios Internacionales; e) La violencia constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta que causa la muerte sufrimiento, daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio o en su economía o en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer; así debe interpretarse; f) Con las pruebas presentadas, quedaba claro que el denunciado, cometió esos delitos haciendo desaparecer los bienes gananciales y aprovechándose del producto de lo que generan las dos agropecuarias pasando por violencia patrimonial y económica que es “..toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y gananciales de la mujer, ocasionan daño o menoscabo de su patrimonio, valores, recursos, controla, limita su ingreso económico y la disposición de los mismos o la priva de los medios indispensables para vivir”; por eso, afirman que hay una errónea interpretación de la legalidad ordinaria por parte de los Fiscales de Materia; g) Tampoco se valoró correctamente la prueba presentada, no se dijo absolutamente nada de la misma, si es verdad o mentira, simplemente se la mencionó, valorarla no es simplemente relatarla; de las declaraciones testificales se tiene que Edil Sandoval Barrancos, es quien se encuentra administrando los bienes y negocios que tienen; con eso ya se demostró el delito de sustracción de utilidades de actividad económica familiar prevista en el art. 250 del CP que establece: “La persona que disponga unilateralmente de las ganancias derivadas de una actividad económica familiar”; pero la autoridad demandada no le dio valor a toda esa prueba; consistiendo esa actuación en el acto ilegal denunciado mediante la presente acción; h) La Resolución del Fiscal Departamental, admite que el denunciado vendió el ganado porcino; el 1 de julio de 2015, se presentó más prueba donde se demostraban esos extremos; sin embargo, la autoridad ahora demandada, no se manifestó sobre las mismas; es así que, se hizo mención a pruebas sin evaluarlas, otras que eran testificales tampoco se les otorgó ningún tipo de valoración y otras ni siquiera fueron mencionadas y concluyó haciendo referencia a la Sentencia que emitió el Juez de garantías dentro de una acción de amparo constitucional, en la que concedió la tutela, pero en cuanto al derecho al debido proceso se refiere, en su componente de falta de motivación, pertinencia y congruencia de las resoluciones pero excediendo su competencia y en total desconocimiento de su rol y atribuciones como Juez de garantías, anuló obrados hasta la solicitud de división y partición de bienes gananciales; cuando lo que correspondía era que, si concedió la tutela anule simplemente la Resolución por falta de fundamentación; y debido a esto, el Tribunal Constitucional Plurinacional expresó: “…llamar la atención al Juez de Garantías por haber excedido sus facultades…”; todo esto en la SCP 1088/2015-S3 de 5 de noviembre; i) La Resolución impugnada mediante la presente acción lesiona el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones; porque, hace referencia a los delitos y manifiesta “no ha probado” o “no ha demostrado”, es este caso debió referirse justamente a los elementos de prueba punto por punto, explicar el por qué se llegó a determinar la resolución; y; j) La jurisprudencia constitucional refiere que las autoridades al momento de fallar, no solo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes, sino también a citar las pruebas aportadas, poner en su criterio sobre el valor que le da la misma, luego del contraste y valoración que hagan de ellas, dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.

Haciendo uso del derecho a la réplica señaló: 1) ¿Cómo no van a ser importantes y pertinentes algunas pruebas?, las pruebas que dieron inicio al proceso, como el informe pericial donde se dice que es lo que tienen, dónde constan todos bienes, el ganado vacuno, etc., para eso había un perito en el proceso, mismo que fue nombrado por orden del Juez; 2) El solo reconocimiento de la unión conyugal, le da derecho a la ahora accionante a la repartición de los bienes gananciales; si en esa tarea se comete un delito, aun estando en trámite la repartición y división de bienes, debe intervenir la justicia penal; 3) Los hechos surgen después de la demanda de reconocimiento de unión libre y de hecho y división de bienes;       4) Reiterando que la resolución del Fiscal demandado, no se encuentra debidamente fundamentada, pues simplemente mencionó sin valorar y en la supuesta fundamentación transcribió los artículos, nada más.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 365 a 370 vta., en audiencia a través de su abogado expresó que: i) La Resolución que se impugna mediante la presente acción tutelar no es la “103” como se menciona sino la 614/2015; ii) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, para que se realice la interpretación de la legalidad ordinaria, el accionante debe cumplir ciertos requisitos necesarios si se siente agraviado con los resultados de la interpretación; no basta con señalar cual ley o artículo, la mera relación de los hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; iii) Sobre la falta de valoración de la prueba, es difícil establecer en audiencia una por una las pruebas cursante en el cuaderno de investigación, se deben considerar las útiles y pertinentes que conduzcan a la averiguación de la verdad y no las impertinentes, todo esto en virtud a los      arts. 171, 172, 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP); iv) Los elementos de prueba reunidos en la fase de la investigación que fueron estimados tanto por la Fiscal de Materia como el Fiscal demandado, al pronunciar las resoluciones, no pueden ser analizadas por el Tribunal, no se puede entrar a valorar la prueba en sí, porque esa facultad es del Ministerio Público, y en virtud a ello emitir una resolución conclusiva, ya sea de imputación o de rechazo como ha sido en el presente caso; v) Se permiten presentar el cuaderno de investigaciones para que vean por cual tipo penal fue admitido, el Ministerio Público investiga hechos, no delitos, pueden denunciar diez tipos penales pero el Ministerio Público ve a cuál de los tipos penales se circunscriben los hechos denunciados; por tanto, solamente fueron admitidos por dos tipos penales, violencia patrimonial y violencia económica, no estando contemplado el delito de sustracción de utilidades de actividad económica, demostrado por el inicio de investigaciones y por la admisión de querella; por lo que no se puede decir, que se vulneró el derecho al debido proceso al no mencionar más delitos; vi) La Resolución impugnada, cumplió a cabalidad con la fundamentación jurídica, fundamentación probatoria, descriptiva, en lo que se han analizado no todos, sino los elementos que vienen al caso, se hizo una correcta valoración, una interpretación de la parte intelectiva; es decir, porque se le dio valor a cada prueba; vii) Es una facultad del Ministerio Público, de acuerdo al art. “301”, imputar si los elementos de convicción son suficientes, o rechazar si no lo son; y la del Fiscal Departamental, confirmar, ratificar o revocar; en el presente caso se ratificó la Resolución Fiscal por insuficiencia de elementos probatorios; y, viii) El Tribunal de garantías no está facultado para valorar pruebas, sino para determinar cómo se vulneraron los derechos; sobre que no se mencionó un tercer delito; pues, no fue informado, se habla de que se valoraron todos los elementos de prueba, pero no era pertinente; se habla de una Sentencia Constitucional que fue adjuntada, que es contradictoria con la Resolución Fiscal Departamental; misma que establece claramente que la “Sentencia Constitucional 1088/2015”, dispuso la nulidad de obrados y la solicitud de “edición” (sic) y partición de bienes gananciales; es decir, confirmó la Resolución del Juez de garantías; actualmente están dilucidando problemas netamente familiares, división y partición de bienes o un delito que no está sancionado; no se debe olvidar que la vía penal es de ultima ratio, no se puede usar indiscriminadamente para beneficios personales, existen las vías correspondientes para hacer valer estos derechos.

Haciendo uso del derecho a la dúplica, manifestó que el informe pericial es de 10 de noviembre de 2014, la denuncia fue el 10 de junio de 2015, se supone que todo dictamen pericial para que sea incorporado a un proceso tiene que cumplir con las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Penal; es decir, tiene que haber una designación de un perito, notificar a la otra parte con los puntos de pericia, para que pueda objetar, no se puede hacer un dictamen pericial anterior a la iniciación de un proceso, es por esa razón por la que, no se valoró, porque es impertinente.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Edil Sandoval Barrancos, a través de su abogado expresó: a) La parte accionante se refirió a la Ley 348; sin embargo, el 30 de octubre de 2013, presentó una demanda de reconocimiento de unión conyugal, si hubiesen existido los delitos a los que se hace referencia que se denunciaron el 10 de junio de 2015, pero la pregunta es, ¿por qué no se denunciaron el 9 de marzo de 2013?, si hubiese la comisión del delito, ¿por qué no se accionó está vía?; en consecuencia, se denota que el delito de violencia económica no existió; b) El proceso de unión conyugal o de hecho, tenía competencia el Juez Instructor pero la división y partición de bienes le correspondía al Juez de Partido Mixto de Sentencia; por tanto, el Juez Instructor no era competente para conocer la ruptura de unión conyugal, la división y partición de los bienes gananciales y eso es lo que se demandó, el derecho al Juez natural; c) Dentro de la acción de amparo presentada por su persona, el Juez de garantías, el 11 de mayo de 2015, dictó Sentencia “033”, actuando en el marco de la legalidad; una vez revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Juez de Samaipata fue notificado el 26 de febrero de 2016, cuando ya estaba en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, entonces se le presentó al Juez una recusación en el entendido de que ya no era competente para resolver el caso, por mandato de las cartas acordadas, las instructivas y los expediente que tenían que migrar del Juzgado de Partido Mixto que era antes el Juzgado Público de Samaipata ya lo hizo; d) El Juez de Samaipata el 1 de marzo de 2016, emitió una resolución y la remitió al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para que resuelva pero éste devolvió a Samaipata; y, Simar Martínez Barrera, Juez, en base a un incidente de nulidad que se promovió dictó resolución excusándose, remitiéndose al Juez de Comarapa pero mediante oficio, Adhemar Fernández Ripalda, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera solicitó a Ricardo Zegarra, remita todos los antecedentes al Tribunal referido y lo que se conoce es que este proceso fue sorteado y le tocó al “Doctor Zenón Rodríguez”; e) Respondiendo a la pregunta de un miembro del Tribunal de garantías, referido a que si nadie había planteado el conflicto de competencia, respondió que el Juez de Samaipata no se declaró incompetente sino que se excusó porque emitió criterio; esto hace a la improcedencia de la presente acción conforme lo señala el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), porque está pendiente de resolución; es decir, se refiere al principio de subsidiariedad y también existen resoluciones que deben adoptarse y otra de ruptura de unión conyugal que está en curso, ya radicada en el Juzgado de Samaipata, que es en definitiva donde se debe resolver, porque no se puede resolver división y partición de bienes en la vía penal, la unión está reconocida, lo que tiene que demandarse es su ruptura y comprobación de bienes gananciales; f) Después de que se interpuso la acción de amparo constitucional, el 11 de mayo de 2015; el 10 de junio del mismo año, se formuló la demanda y se pretende hacer valer documentos que están anulados; g) Adjuntan la “SC 1088/2015” en la que se concede la tutela a Edil Sandoval Barrancos porque se vulneró el derecho al juez natural y establecen de manera clara a lo que deben someterse las partes; es al art. 421 del Código de las Familias (CF), en cuanto a la partición y división de bienes gananciales; es un proceso ordinario y debe sustanciarse ante el Juez de Partido. En consecuencia, ante la existencia de resoluciones pendientes de resolución, solicitó se deniegue la tutela.

Haciendo uso nuevamente de la palabra, expresó: 1) Según la parte denunciante, Edil Sandoval Barrancos, tiene un inmueble de más de $us100 000.- (cien mil dólares estadounidenses), que está en poder de la hoy accionante; existe un crédito cuya certificación se presentó que él también está pagando, crédito con el que construyeron su propia vivienda; existe una propiedad agrícola que también está en poder de ella, por lo que se preguntan, ¿de qué violencia habla?; y, 2) El legislador estableció que la acción penal es de última ratio, es por eso que debe agotarse primero la instancia familiar para luego proceder a la división y partición de bienes, siempre y cuando, los bienes que les corresponde sea en la proporción y derechos que a cada uno de los cónyuges ostente; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías a través de la Resolución 49 de 4 de octubre de 2016, cursante de fs. 417 vta. a 420, concedió la tutela solicitada; dejando sin efecto la Resolución 614/2015 de 5 de noviembre, dictada por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, ahora demandado, debiendo éste dictar una nueva, que contemple todo lo observado respecto a la valoración de la prueba, haciendo una valoración intelectiva de la misma; asimismo, fundamentar su resolución y dar respuesta respecto al delito de sustracción de utilidades y actividad económica y familiar; en base a los siguientes fundamentos: i) En la Resolución cuestionada 614/2015, se ve que el Fiscal Departamental hizo una valoración descriptiva; tomándose en cuenta solamente la prueba descrita, que son elementos de la fase preliminar; en otro acápite dice valoración de los elementos de convicción en relación al hecho; además hay otro, donde dice: “fundamentación probatoria descriptiva, fundamentación probatoria intelectiva”; sin embargo, se observa que la última no valoró el Fiscal de Materia, ni siquiera la prueba que describió en la valoración intelectiva o fundamentación probatoria intelectiva, más bien, entró en una especie de conclusiones directamente, incluso en la descripción hay dos declaraciones de testigos que llevó la accionante que si bien las describió el Fiscal, en la fundamentación intelectiva no dice absolutamente nada; ii) Se habló de elementos, indicios debiendo en consecuencia valorar esos elementos; sin embargo, dicha valoración no se encuentra, no existe fundamentación; es evidente que no pueden hacer la interpretación normativa, porque es competencia del Juez ordinario; por lo que, se manifiestan por la falta de fundamentación, si no hay valoración intelectiva, también significa que no hay fundamentación; ello significa una vulneración al debido proceso en su elemento falta de motivación; iii) En cuanto a la tutela judicial efectiva que se refiere al pronunciamiento respecto al otro delito de sustracción de utilidades de actividades económicas y familiares; al respecto los Fiscales debieron pronunciarse, porque así estaba la denuncia, la querella; debieron dar respuesta del por qué ese delito no podía continuar en la acción penal, dar razones, dar motivos en base a los indicios, en base a los elementos de prueba que hay en esa fase preliminar; entonces ese es otro motivo para conceder la tutela; iv) No se debe conceder la tutela con relación a la interpretación de la legalidad ordinaria, porque no es su facultad; simplemente la concesión sobre la valoración de la prueba, la falta de fundamentación y la tutela judicial efectiva sobre el no pronunciamiento del delito de sustracción de utilidades y actividades económicas familiares; v) En la resolución cuestionada mediante la presente acción, se encuentra precisamente la falta de valoración y fundamentación del requerimiento fiscal cuestionado teniendo una directa vinculación con el art. 115 de la CPE, referido al derecho al debido proceso, el derecho a una resolución motivada, el derecho a la tutela judicial efectiva; es decir, hay una directa relación con el acto lesivo que se cuestiona que es la Resolución 614/2015, dictada por el Fiscal Departamental; y, vi) Respecto a lo demás, no es pertinente pronunciarse; y, tampoco sobre la Sentencia Constitucional que mencionó el Fiscal Departamental; sin embargo, al margen de ello, podría o no seguir el proceso penal, no están vinculándolo directamente o que dependiera del proceso familiar o de partición de bienes, o que esté dependiendo de cómo se resolvió el amparo constitucional; por otro lado, tampoco se ingresó a la interpretación de los verbos que se refieren a los tipos penales, pues no corresponde.

II.  CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Cursa Resolución de 20 de octubre de 2015, emitida por Heidy Lorena Ugarteche Eguez, Fiscal de Materia, dentro de la denuncia presentada por María Paz Warnes contra Edil Sandoval Barrancos por la presunta comisión del delito de violencia económica y violencia patrimonial; en uso de sus atribuciones conferidas por los arts. 3 y 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) y arts. 72, 73, 301 y 304 del CPP, dispuso, el rechazo de denuncia debido a que el hecho no existió “en constancia el archivo de obrados, así como lo dispuesto por las Sentencias Constitucionales 1585/2003-R y 0745/2014-R en sus partes pertinentes en cuanto al razonamiento vinculante referido a los rechazos dispuestos por el Ministerio Público” y en consecuencia el archivo de obrados (fs. 269 a 277).

II.2.  El 22 de octubre de 2015, María Paz Warnes, mediante memorial, objetó el rechazo de denuncia, debido a que la Fiscal de Materia ya citada, “en un signo de desconocimiento de la etapa preliminar no valoró las evidencias ni los elementos que ameritan la participación ni la autoría del delito que se investiga, ya que no toma en cuenta escenario fotográfico de la existencia de bienes, declaración de testigos, informe del asignado e investigador, no contempla que la pena y la sanción para esta clase de delitos se encuentran sancionada con una privativa de libertad de dos años a cuatro años, toda vez que el autor y partícipe del hecho de VIOLENCIA ECONOMICA Y PATRIMONIAL en su Art. 250 Bis. Inc. a) establece claramente lo siguiente: ‘Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición del ingreso económico de la mujer (caso patético de que el denunciado se encuentra haciendo DESAPARECER los bienes comunes constituyendo un signo de violencia patrimonial y económica. E) Impida que la mujer realice una actividad laboral productiva que le genere ingresos ya que en definitiva del total de los bienes comunes el denunciado se encuentra usufructuando en forma unilateral y de acuerdo a procedimiento según el Art. 226 del Código de Procedimiento Penal, su autoridad en el ejercicio de sus funciones debería ordenar la aprehensión ya que existían suficientes indicios y elementos que es el autor o partícipe del hecho de un delito de acción pública habida cuenta que la sanción privativa de libertad cuyo mínimo es igual o superior a dos años, tendría que haberlo remitido ante el Juez Jurisdiccional en 24 horas a los efectos de que resuelva su situación jurídica y disponga una medida cautelar para evitar la correspondiente obstaculización y el que se someta a proceso, pero más al contrario su autoridad ejerció una competencia jurisdiccional al valorarle supuestamente un domicilio señalado por un informe social, recibos realizados por el mismo denunciado con un domicilio desconocido ya que en una demanda de ruptura unilateral presentada por el mismo denunciado anuncia otro domicilio procesal, el mismo que contradice a su domicilio real ya que este no fue verificado por el asignado al caso, un notario de Fe Pública como así lo determina la Ley y Sentencias Constitucionales, valora familia mediante certificado de nacimiento de mi hija menor Slin Sandoval Paz y trabajo presenta el NIT del negocio que instalamos juntos y pese a que en todo momento de su declaración informativa el denunciado confesó ha demostrado que utiliza los bienes en beneficio propio y sin tomarse en cuenta desconociendo de esta manera mis justos y legítimos derechos, los cuales no pueden ser desmerecidos por su autoridad que con esta actitud solo es cómplice de la vulneración de mis derechos constitucionales y de la violencia económica y patrimonial, por lo que en un signo de parcialización su autoridad ampara y protege más bien a mi agresor de una violencia que está plasmada en la investigación y de la cual su autoridad me desconoce y no me brinda la seguridad jurídica y legal que por ley me corresponde, además de demostrar la ambición de pretender lograr heredar y beneficiarse con documentos relativos a una parcela denominada “Las Cruces” tierras que fueron dadas en herencia a mi señor padre AMANCIO PAZ ARTEAGA, quien a título personal me cede esta parcela de la cual jamás mi denunciado le costó un solo centavo y esto con el único fin de dejarme en la calle como así lo ha manifestado ante todos los pobladores aduciendo de que estoy loca y que no me corresponde nada, lo que es más, es inadmisible que en toda su defensa la nombre a mi sagrada hija Slin Sandoval Paz quien es una menor y el hecho de que una asistencia familiar considerada irrenunciable, imprescriptible no lo exime de la violencia cometida contra mi persona ya que tiene la obligación de hacerlo y su autoridad no puede valorar como medio de defensa el hecho que este señor le pase una pensión de Bs. 1200-

PRIORIDAD El Estado asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

         MEDIDAS DE PROTECCIÓN tienen por objeto por interrumpir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que este se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. Son de aplicación inmediata para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales económicos y laborales” (sic) (fs. 278 a 280).

II.3. En respuesta a la objeción precedentemente desarrollada, Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, ahora demandado, emitió la Resolución 614/15 de 5 de noviembre de 2015, por la que, ratificó la Resolución de rechazo, disponiendo el archivo de obrados en base a los siguientes fundamentos: a) El derecho penal es de ultima ratio, si la denunciante considera que existe masa patrimonial ganancial que dividir debe ocurrir ante el juez de familia y presentar la acción correspondiente, inclusive puede pedir la anotación preventiva de los bienes del sindicato y la entrega de bienes en calidad de depositaria y si no cuenta con recursos suficientes para su alimentación puede solicitar la pensión familiar, mas no acudir a la vía penal por un hecho que no se subsume penalmente; b) El rol activo del Ministerio Público en el sistema acusatorio, convierte al Fiscal en pilar indispensable del procedimiento penal, en conformidad con su actuación como órgano activo del ejercicio del ius puniendi del Estado, es decir, que en Bolivia el Ministerio Público pasó de ser abstracción legal a un órgano independiente y un actor principal del proceso penal, desde la denuncia hasta la ejecución de la sentencia; c) El art. 21 del CPP, establece la obligatoriedad que tiene la Fiscalía para ejercer la acción penal, tratándose de delitos de orden público; asimismo, se debe tener presente que el art. 6 del mismo cuerpo legal establece que quien acusa un hecho tiene la obligación de probar los extremos de la denuncia; d) El art. 180.I de la Constitución Política del Estado, ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria, el de “Verdad Material” debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, de este modo debe entenderse que la garantía del debido proceso, implica que una persona puede ser sancionada si existen pruebas respecto a su conducta, que hayan sido logradas a través de un procedimiento legal y que hubiera tenido a su alcance los medios requeridos para su defensa, pues a través del procedimiento justo se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos; e) Se debe tener en cuenta que el art. 72 de la ley adjetiva penal, regula el principio de objetividad que debe normar al Ministerio Público en sus actuaciones, al indicar que: “Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes. En sus investigaciones tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; formulando sus requerimiento conforme a este criterio”, lo cual está en directa relación con lo que regula la Ley Orgánica del Ministerio Público su art. 5.1.; y, f) Si bien es labor del Ministerio Público seguir con la persecución penal en los delitos de acción penal pública bajo el principio de objetividad, la misma se la realiza bajo criterios de justicia, transparencia, eficacia y eficiencia, bajo ese contexto legal encontrándose claros los argumentos del presente proceso investigativo, ya no existe la necesidad de seguir prolongando el tiempo de la investigación, que aplicando los criterios antes mencionados, como también el propio principio de objetividad, principio básico que efectúa los lineamientos a la actuación fiscal, puesto que debe actuar de manera imparcial y objetiva, no puede ni debe orientar sus investigaciones como lo pide el denunciante, el querellante, sino simplemente basado en los hechos, en las pruebas y en el contenido de todo lo actuado y acumulado en el cuaderno de investigaciones, con todos los elementos de convicción emitirá la resolución que corresponda, de imputación cuando existan suficientes indicios de la existencia de hechos y de la participación del imputado en dichos hechos, o en su caso, rechazar la denuncia o querella por la insuficiencia de indicios o elementos que puedan sustentar la investigación y en su caso demostrar la preexistencia del hecho y la presunta o probable participación del imputado en los hechos que motivan una investigación (fs. 286 a 293).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante acusa la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus vertientes interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y fundamentación de las resoluciones; por cuanto, la autoridad demandada emitió Resolución 614/15 de 5 de noviembre, sin considerar ni valorar elementos de prueba; valorando algunos fuera del marco de la razonabilidad y objetividad; asimismo, no consideró todos los delitos denunciados, siendo una resolución carente de fundamento

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.    Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional

Conforme dispone el art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos, o de persona individuales o colectivas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución y la ley.

Según la disposición contenida en el art. 51 del CPCo, la acción de amparo constitucional, tiene por objeto, garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir.

Este Tribunal, mediante la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, refiriéndose a la naturaleza jurídica que caracteriza a la acción de amparo constitucional,  señaló que ésta se constituye en: “…un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden Constitucional  brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección”.

III.2.  La motivación de las resoluciones como garantía del debido proceso

La SCP 1628/2014 de 19 de agosto, citando la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, sobre el debido proceso estableció que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R, de 19 de diciembre señaló lo siguiente: '(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'.

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’”.

III.3.  Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

Asimismo, sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por los Fiscales, la SCP 1628/2014 antes citada, tomando la jurisprudencia de la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, precisó: “…los arts. 73 del CPP y 61 de la LOMP, establecen la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones por parte de los fiscales, en ese entendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, señaló lo siguiente: '…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45 inc. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP'.

Entendimiento a ser aplicado cuando el Fiscal Departamental emita su resolución jerárquica ya sea revocando o ratificando el sobreseimiento dispuesto por el fiscal de materia en favor del imputado, por cuanto no puede limitarse únicamente a la citación de algunas pruebas, sin individualizar la actuación de los imputados y sin examinar su conducta en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que se les imputó, razón por la cual el fiscal superior deberá verter el razonamiento jurídico de su decisión sin dejar duda en el justiciable.

Por lo que, la resolución fiscal debe estar debidamente fundamentada, lo que significa que resolviendo el fondo, su requerimiento debe cumplir exigencias de estructura de forma como de contenido, no limitándose a relatar lo ya expuesto por los sujetos procesales, sino citar los elementos probatorios aportados por éstos, exponer su criterio sobre el valor dado a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas y aplicando las normas jurídicas a resolver, evitando así tomar decisiones arbitrarias”.

III.4.  Análisis del caso concreto

         La accionante acusa la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus vertientes interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y fundamentación de las resoluciones; por cuanto, la autoridad demandada, emitió Resolución 614/15, sin considerar ni valorar elementos de prueba; valoró sólo algunos fuera del marco de la razonabilidad y objetividad; asimismo, no consideró todos los delitos denunciados, siendo una resolución carente de fundamento.

         De los datos que cursan en expediente y que se encuentran resumidos en las Conclusiones del presente Fallo, se evidencia que dentro de un proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Paz Warnes, ahora accionante, contra Edil Sandoval Barrancos, ahora tercero interesado, por la presunta comisión del delito de violencia económica, patrimonial y sustracción de utilidades económicas y familiares; Heydi Lorena Ugarteche Eguez, Fiscal de Materia, emitió Resolución de rechazo de denuncia, el 20 de octubre de 2015, motivo por el que la denunciante presentó objeción, cuya respuesta emitida por Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, ahora demandado, se plasmó en la Resolución 614/15; misma que la ahora accionante denuncia como el acto ilegal denunciado a través de la presente acción tutelar.

         En ese marco y entrando al análisis de fondo de la problemática planteada, la accionante denunció que la Resolución 614/15, resultó ser un fallo carente de fundamentación y motivación, en el que no se efectuó la interpretación de la legalidad ordinaria ni se realizó una correcta valoración de la prueba; ahora bien, conforme se tiene de la lectura y análisis de la misma, se evidencia que ésta no guarda una adecuada fundamentación respecto a los hechos y lo resuelto; por cuanto, realiza una relación cronológica de los antecedentes de la causa para luego analizar el cuaderno de investigaciones, limitándose a hacer un listado del contenido del mismo, expresando: “Que revisado el cuaderno de investigaciones se tiene que cursan ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CUYA VALORACION SE EFECTUARÁ DE ACUERDO A SU UTILIDAD, PERTINENCIA, LICITUD, OMITIENDO LOS IMPERTINENTES O EXCESIVOS, y sobre esta base debemos determinar si son suficientes o no para destruir el estado de presunción de inocencia en los imputados, a tal efecto y con fines de facilitar el entendimiento de la presente, solo se van a considerar aquellos que tienen relación y relevancia sea con el hecho o sea jurídicamente, dejando a un lado a los excesivos, impertinentes o ilegales…”; asimismo, realizó una valoración superficial de los elementos de convicción y posteriormente se limitó a teorizar aspectos dogmáticos sobre el delito de violencia económica y violencia patrimonial para concluir que, “DE LA LECTURA DE LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LA NORMA SE HACE EVIDENTE QUE NINGÚN VERBO RECTOR SE ADECUA A LA CONDUCTA DESCRITA POR LA DENUNCIANTE, POR LO QUE LA CONDUCTA DEL IMPUTADO NO SE SUBSUME AL TIPO PENAL DENUNCIADO”; de igual forma, sobre la apreciación de los medios de prueba concluye: “LOS HECHOS DENUNCIADOS, LA PRUEBA APORTADA Y LA INVESTIGACIÓN EFECTUADA, NO DEMUESTRAN LA EXISTENCIA DE LOS ELMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS ILICITOS DENUNCIADOS, ES DECIR LA CONDUCTA DEL DENUNCIADO EDIL SANDOVAL BARRANCOS NO SE SUBSUME A LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA ECONÓMICA Y VIOLENCIA PATRIMONIAL.

         Que si bien, es labor del Ministerio Público seguir con la persecución penal en los delitos de acción pública bajo el principio de objetividad, la misma se la realiza bajo criterios de justicia, transparencia, eficacia y eficiencia, bajo ese contexto legal encontrándose claros los argumentos del presente proceso investigativo, ya no existe la necesidad de seguir prolongando el tiempo de la investigación, que aplicando los criterios antes mencionados, como también por el propio principio de objetividad….”; fundamento incongruente, ya que se refiere a nociones generales que no hacen al caso en estudio y que no puede servir de base para ratificar la Resolución de rechazo de denuncia, dictada por el Fiscal Departamental; de esta forma, la citada autoridad, jerárquicamente superior, hoy demandada, al dictar la Resolución 614/15, no dio cumplimiento al Fundamento Jurídico III.3 del presente Fallo, al haber replicado el relato de lo ya expuesto por los sujetos procesales, realizando exposiciones generales concerniente al delito y normas legales adjetivas que confieren atribuciones a los fiscales, sin emitir criterio propio sobre el caso concreto, eludiendo la responsabilidad que tenía de observar los elementos probatorios presentados, dándole el valor correspondiente a cada uno de ellos para luego contrastar los mismos aplicando las normas jurídicas a resolver, evadiendo así tomar determinaciones arbitrarias; debiendo indefectiblemente, exponer los motivos que sustentan su resolución; para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de tal forma que, el justiciable a momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma; de esta manera, Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, ahora demandado, incumplió con la obligación que tiene de observar el debido proceso, tomando en cuenta sus contenidos como son la fundamentación y motivación de las resoluciones; los cuales son la causa en el caso en estudio para conceder la tutela impetrada, al advertirse que no fueron cumplidos por la autoridad demandada.

Con referencia a la falta de valoración de la prueba por parte de la autoridad demandada, la amplia línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional refiere: “Posteriormente, este Tribunal constitucional Plurinacional, mediante la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, a tiempo de reiterar los entendimientos asumidos por el entonces Tribunal Constitucional, estableció lo siguiente: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional…’.

         Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: 'Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…).

         Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada” (SCP 0937/2016-S2 de 7 de octubre), requisitos que en el presente caso no fueron cumplidos por la ahora accionante.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela, ha efectuado una adecuada compulsa de los datos del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 49 de 4 de octubre de 2016, cursante de fs. 417 vta., a 420, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales

MAGISTRADO

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S2

Sucre, 7 de octubre de 2016

CONTENIDO:

Datos del Expediente

Documentos

Partes.

Resolución.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S2

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1.  El debido proceso y la acción de libertad

III.2.  Sobre el derecho a recurrir o a la impugnación

III.3.  Sobre la apelación oral de las resoluciones relativas a las medidas cautelares de carácter personal

III.4.  Sobre la legitimación pasiva en la acción de libertad

III.5.  Análisis del caso concreto

POR TANTO

MAGISTRADA

Datos del Expediente

Expediente:

15922-2016-32-AL

Referencia:

Jaime Cernadas Meneces p/ Mónica Nava Arancibia c/ Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y otros

Fecha de Ingreso:

miércoles, 27 de julio de 2016

Distrito:

Sucre (Capital)

Recurso:

Acción de Libertad

Juzgado:

Juzgado de sentencia

Numero de Juzgado:

2

Oficina:

En Archivo

Documentos

Fecha

Fojas

Documento

Referencia

1

01-08-2016

128

Prueba Preconstituida

DOCUMENTACIÓN CONCERNIENTE A PROCESO PENAL QUE SIGUE EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA MÓNICA NAVA ARANCIBIA Y OTROS, POR EL DELITO DE ESTAFA Y ESTELIONATO DE FS. 2 A 128 - IMPRESIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL BOLIVIANO Nº 101199201604795 A FOJAS 1. FS. 1 A 128

2

01-08-2016

1

Comprobantes

DE CAJA Nº 303496, POR CONCEPTO DE PAGO DE ACCIÓN DE LIBERTAD, CANCELADO POR JAIME CÁRDENAS MENEESES, POR EL VALOR DE 52 BS. A FS. 129

3

01-08-2016

20

Memorial

ACCIÓN DE LIBERTAD PRESENTADO POR JAIME CÁRDENAS MENESES, EN REPRESENTACIÓN SIN MANDATO DE MÓNICA NAVA ANACIBIA, CONTRA MARÍA VASQUEZ CASTRO, CRISOSTOMO MANCILLA PACO Y ANGEL BARRIOS VILLA, JUECES TÉNICOS DEL TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, SANDRA MOLINAE IVAN SANDOVAL FUENTES, VOCALES DE LA SALA PENAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE CHUQUISACA Y PATRICIA ACHÁ MORA, SECRETARIA DE CÁMARA DE LA SALA REFERIDA, IMPETRANDO CONCEDA LA TUTELA Y DISPONGA QUE LA SALA PENAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE CHUQUISACA, SEÑALE NUEVA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA DE APELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR - CARGO DE RECEPCIÓN DE 21 DE JULIO DE 2016 POR EL JUZGADO SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA -AUTO DE 21 DE JULIO DE 2016 POR EL QUE SE ADMITE LA ACCIÓN DE LIBERTAD Y SE SEÑALA DÍA Y HORA DE AUDIENCIA PÚBLICA - NOTIFICACIONES DE FS. 137 A 149 Y VTA. FS. 130 A 149

4

01-08-2016

2

Memorial

PRESENTADO POR IVAN SANDOVAL FUENTES, VOCAL DE LA SALA PENAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE CHUQUISACA, EN LA SUMA REFIERE: JUEZ DE GARANTÍAS EN ACCIÓN DE LIBERTAD - CARGO DE RECEPCIÓN DE 22 DE JULIO DE 2016 POR EL JUZGADO SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA FS. 150 A 151

5

01-08-2016

1

Informe

PRESENTADO POR ANGEL BARRIOS VILLA, MARÍA BETH VASQUEZ Y CRISOSTOMO MANCILLA PACO, JUECES TÉNICOS DEL TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, EN LA SUMA REFIERE: PRESENTAN INFORME - CARGO DE RECEPCIÓN DE 22 DE JULIO DE 2016 POR EL JUZGADO SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA FS. 152 Y VTA.

6

02-08-2016

3

Informe

PRESENTADO POR PATRICIA MARIBEL ACHÁ MORA, EN LA SUMA REFIERE: INFORMA FS. 153 A 155

7

02-08-2016

178

Otros documentos

COPIA DE AUTO DE 17 DE JUNIO DE 2016 DE FS. 156 A 157 - OFICIO DE 22 DE JULIO DE 2016, REF: REMITE CUADERNO PROCESAL A FS. 158 - ENTENCIAS CONSTITUCIONALES DE FS. 160 A 178 FS. 156 A 178

8

02-08-2016

3

Acta de audiencia

DE ACCIÓN DE LIBERTAD DE 22 DE JULIO DE 2016, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SUCRE, EN PRESENCIA DEL JUEZ SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, CONSTITUIDO EN TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, FS. 179 A 181

9

02-08-2016

6

Resolución o sentencia

Nº 16/2016 DE 22 DE JULIO DE 2016, POR EL QUE EL JUEZ SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, CONSTITUYENDOSE EN TRIBUNAL DE GARANTIAS, DENEIGA LA TUTELA DE LA ACCIÓN DE LIBERTAD SOLICITADA, AL NO HABERSE CONSTATADO LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FS. 182 A 187 Y VTA.

10

02-08-2016

1

Oficio

DE 27 DE JULIO DE 2016, DE REMISIÓN DE ACCIÓN DE LIBERTAD, REMITIDO POR FARID NASSAR DONOSO, JUEZ SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA - CARGO DE RECEPCIÓN POR LA UNIDAD DE REGISTRO DE INGRESO DE CAUSAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 27 DE JULIO DE 2016 A HORAS 16:50, PRESENTADO POR NAYRA ARCE, PROCEDENTE DE CHUQUISACA FS. 183 Y VTA.

11

03-08-2016

11

Oficio

CITE 293/2016 DE 2 DE AGOSTO, REF.: REMISIÓN DE ACTUADOS, SUSCRITO POR FARID NASSAE DONOSO, JUEZ DE PARTIDO MIXTO Y DE SENTENCIA PENAL SEGUNDO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA. - ADJUNTA DOCUMENTAL EN FOJAS 10. - CARGO DE RECEPCIÓN POR LA UNIDAD DE REGISTRO DE INGRESO DE CAUSAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 3 DE AGOSTO DE 2016 A HORAS 15:25, PRESENTADO EN FORMA PERSONAL POR ESTEBAN MENDEZ, PROCEDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA. FOJAS 11 Y VTA.

Partes.

Nombre

Calidad

Cargo

1

Mónica Nava Arancibia

Accionante

 

2

Jaime Cárdenas Meneces

Abogado Apoderado

 

3

Iván Sandoval Fuentes

Demandado

Vocal de la Corte Superior del Distrito

4

Sandra Molina

Demandado

Vocal de la Corte Superior del Distrito

5

María Vasquez

Defensor Publico

Juez Técnico

6

Crisóstomo Mancilla

Demandado

Juez Técnico

7

Angel Barrios Villa

Demandado

Juez Técnico

8

Patricia Achá

Demandado

 

Resolución.

Número de Resolución

Fecha

Resumen

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1

0961/2016-S2

07-10-2016

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S2 Sucre, 7 de octubre de 2016 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga Acción de libertad Expediente: 15922-2016-32-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 16/2016 de 22 de julio, cursante de fs. 182 a 187 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Cernadas Meneces en representación sin mandato de Mónica Nava Arancibia contra Sandra Molina Villarroel e Iván Sandoval Fu

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S2

Sucre, 7 de octubre de 2016

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora:  Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de libertad

Expediente:                 15922-2016-32-AL

Departamento:           Chuquisaca

En revisión la Resolución 16/2016 de 22 de julio, cursante de fs. 182 a 187 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Cernadas Meneces en representación sin mandato de Mónica Nava Arancibia contra Sandra Molina Villarroel e Iván Sandoval Fuentes, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; María Beth Vásquez Castro, Crisóstomo Mancilla Paco y Ángel Barrios Villa, Jueces Técnicos del Tribunal Tercero de Sentencia Penal del señalado departamento; y, Patricia Maribel Achá Mora, Secretaria de Cámara de la referida Sala.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de julio de 2016, cursante de fs. 130 a 135 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la audiencia de cesación a la detención preventiva llevada a cabo el 3 de junio de 2016, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal del departamento de Chuquisaca, emitió el Auto 148/2016 declarando infundada su solicitud de cesación de detención preventiva.

Contra dicha determinación interpuso oralmente apelación; sin embargo, el acta de dicha audiencia no reflejó lo que realmente expresó el abogado de la defensa, pues en el acta se consignó que aquél había señalado que: “NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE APELACIÓN” (sic) cuando en audiencia manifestó lo siguiente: “ANUNCIO QUE HAGO Y VOY A HACER USO DEL RECURSO DE APELACIÓN AMPARADO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 251 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” (sic), lo cual se evidencia en la grabación de audio.

Los Jueces Técnicos del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, en el Auto de 148/2016, infundadamente señalaron que no habría interpuesto apelación dentro del plazo legal establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Posteriormente, el 8 de junio del 2016, fue notificada con la Resolución escrita y el mismo día presentó su apelación en forma escrita, en el cual se hizo referencia a que había interpuesto oralmente el recurso de apelación a la conclusión de la audiencia y se expuso los agravios que le infirió el Auto apelado.

Por su parte, los Vocales demandados sin efectuar la compulsa y análisis de rigor de los antecedentes que se les hubo remitido, mediante Auto 203/016 de 17 de junio de 2016, rechazaron la apelación por inadmisible, señalando que el recurso fue presentado fuera del plazo legal de setenta y dos horas previsto en el art. 251 del CPP.

Ante dicha determinación, el abogado de la defensa hizo notar que se apeló oralmente; empero, la presidenta de la Sala Penal Primera manifestó que la decisión ya fue tomada y que debía reclamar al Tribunal a quo, ya que en el acta no constaba la apelación con la mínima expresión de agravios que debía contener. Asimismo, dicha autoridad tampoco accedió a exhibirle el acta, instándole a reclamar ante el Tribunal inferior, sin darles la oportunidad de conocer lo que realmente se había consignado en el acta.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

La accionante por medio de su representante sin mandato considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, y los principios de seguridad jurídica, celeridad e impugnación; citando al efecto los arts. 23.I, 115.II, 178.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiéndose que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca señale nueva audiencia para resolver el recurso de apelación que interpuso Mónica Nava Arancibia.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 22 de julio de 2016, según consta en el acta cursante de fs. 179 a 181 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante por medio de su abogado ratificó su memorial de acción de libertad, y ampliándola señaló lo siguiente: a) Ante la molestia expresada por el codemandado Iván Sandoval Fuentes, a causa de la presente acción de libertad, solicitó que el expediente sea remitido ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal para que se proceda a nuevo sorteo a fin de evitar recusaciones; b) No se tomó en cuenta la notificación efectuada el 8 de junio de 2016; y, c) No se remitió la apelación dentro de las veinticuatro horas y se alegó que nadie se habría apersonado para la las fotocopias, cuando la jurisprudencia constitucional señala que este aspecto no es un óbice para la remisión de antecedentes.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Iván Sandoval Fuentes, mediante informe escrito cursante de fs. 150 a 151, señaló lo siguiente: 1) No existe fundamento respecto a cuál de los componentes que hacen a la naturaleza de la acción de libertad se está reclamando; es decir, si como consecuencia del rechazo por inadmisible del recurso de apelación planteado por Mónica Nava Arancibia, está en peligro su vida, si está siendo ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o indebidamente privada de libertad personal, tampoco señala si pide el cese de la supuesta persecución indebida, que se restablezcan las formalidades legales o que se restituya su derecho a la libertad; 2) El error alegado consistente en que el acta labrada en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal no se había consignado de forma fidedigna lo manifestado a que haría uso del recurso de apelación, y que no es atribuible al Tribual de alzada, pues una cosa es la reserva de la apelación y otra la interposición del recurso, así sea de forma oral, el cual debe ser debidamente fundamentado, tal como manda el art. 404 del CPP, con relación al art. 251 del CPP, lo que en este caso no ha sucedido; 3) La apelación escrita fue presentada en forma extemporánea, fuera del plazo de las setenta y dos horas, computables a partir del día y hora en que finalizó la audiencia que denegó la cesación a la detención preventiva, por cuanto en mérito al art. 160 del CPP, las resoluciones que se dicten en audiencia orales, se notifican en el mismo acto por su lectura, en el caso presente se notificó al apelante el viernes 3 de junio de 2016, a horas 17:30; empero, el recurso de apelación recién fue presentado el 8 de similar mes y año; y, 4) No se cumplió el principio de subsidiariedad, pues si la discusión está en cuestionar la fecha de notificación valedera a efecto del cómputo para apelación, la accionante podía interponer el incidente de nulidad de notificación o en su caso pedir previamente aclaración ante el a quo, pero no lo hizo; por lo que, pide que se deniegue la tutela solicitada.

Por su parte, María Beth Vásquez Castro, Crisóstomo Mancilla Paco y Ángel Barrios Villa, Jueces Técnicos del Tribunal Tercero de Sentencia Penal del departamento de Chuquisaca, mediante informe escrito, cursante a fs. 152 y vta., señalaron lo siguiente: i) El incidente de cesación de detención preventiva de Mónica Nava Arancibia, se desarrolló en los términos que señala el acta de la audiencia de 3 de junio de 2016, y la Resolución mediante la cual se la declaró infundada se notificó a las partes en dicha audiencia por su lectura, a horas 17:30 de ese día, momento a partir del cual corrió el plazo de las setenta y dos horas que tenía para apelar; ii) La defensa de la accionante anunció que iba a recurrir de apelación, conforme al art. 251 del CPP, aspecto que se tuvo presente, como consta en el acta; empero, sin hacer conocer los agravios y fundamentos de la apelación; es decir, no interpuso el recurso de apelación incidental contra el Auto que resolvió la cesación a la detención preventiva sino que solo protestó recurrir de apelación; iii) La accionante presentó su apelación a horas 11:56:34 del 8 de ese mes y año, cinco días después; es decir, cuando el plazo de setenta y dos horas había vencido; sin embargo, dicho escrito, donde recién se hizo conocer los agravios, fue remitido ante el Tribunal de alzada, instancia que al constatar que la apelación no fue fundamentada en audiencia sino que solo hubo protesta de apelar y que la apelación se presentó fuera de plazo, declaró inadmisible dicho recurso; iv) La accionante mediante la presente acción de tutela pretende subsanar su negligencia, confundiendo la protesta de recurrir con la apelación propiamente dicha, pues para que la apelación sea considerada como tal se debió fundamentar oralmente los agravios en audiencia; y, v) La accionante erradamente supone que la protesta de apelación suspende el plazo de la impugnación y que puede presentar el recurso en cualquier tiempo, inclusive fuera del plazo previsto en el art. 251 del CPP, lo que no es posible, pues en caso de admitirse dicho recurso se distorsionaría el procedimiento.

Patricia Maribel Achá Mora, Secretaria de Cámara de Sala Penal Primera, mediante informe cursante de fs. 153 a 154, señaló lo siguiente: a) En el actual modelo de justicia los secretarios de sala no tienen ninguna facultad de carácter jurisdiccional, debido a que los mismos, únicamente tienen atribuciones de carácter administrativo en el ámbito jurisdiccional; por lo que, no tiene legitimidad pasiva para ser demandada en la presente acción de libertad, tanto más si la accionante no identifica cuál sería el acto ilegal u omisivo en el que habría incurrido su persona, ya que se efectúa alegaciones genéricas y ambiguas de supuestas violaciones a su derecho; y, b) El hecho de que los Vocales demandados emitiera Resolución rechazando por inadmisible el recurso a partir de los datos objetivos que cursan en el cuaderno procesal, ello no implica que hubiera vulnerado derecho alguno de la accionante; por lo que, solicita que se deniegue la tutela impetrada.

Sandra Molina Villarroel, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de acción de libertad pese a su legal notificación cursante a fs. 144.

I.2.3. Intervención del representante del Ministerio Público

La Fiscal de Materia, Jaqueline Bustillo Sanchez, en audiencia, señaló que en audiencia se anunció que se iba a apelar pero en ningún momento se expresaron agravios en dicho acto.

I.2.4. Resolución

El Juez Segundo de Sentencia Penal del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 16/2016 de 22 de julio, cursante de  fs. 182 a 187 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: 1) Para la resolución de la problemática planteada debe verificarse los presupuestos de activación de la acción de libertad por vulneración del derecho al debido proceso, señalados en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre; es decir, si la el acto lesivo se encuentra vinculado con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y la existencia del absoluto estado de indefensión; 2) Con relación a los Jueces Técnicos del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, se cuestiona el Auto 148/2016 haciéndose referencia que la accionante en la audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva hizo constatar que formulaba recurso de apelación contra el Auto emitido; empero, la apelación o la reserva de no pueden formar parte de la resolución sino del acta; por lo que, la acción debió plantearse contra la misma pero no contra el Auto 148/2016, siendo dos aspectos totalmente diferentes; en todo caso, más allá de la mala elaboración del acta, este aspecto es de responsabilidad de la Secretaria y no de las autoridades jurisdiccionales; por lo tanto, no se tiene cumplido este primer requisito; y en cuanto a la indefensión absoluta, de los antecedentes se evidencia que la accionante junto a su abogado intervinieron en todos los actuados jurisdiccionales, en particular la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva; por ello, no se tienen cumplidos los dos presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional; 3) Con relación a la Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a quien se demandó cómo si fuera Vocal de dicho Tribunal, la mencionada funcionaria no tiene tal calidad; por lo que, no tiene facultades jurisdiccionales y menos ha declarado la improcedencia de la apelación formulada; por lo mismo, carece de legitimidad pasiva; el presupuesto de indefensión tampoco concurre, pues el abogado de la accionante estuvo presente en la audiencia; 4) Respecto a los Vocales demandados, es evidente que en el Auto 203/016, no se consideró que la defensa de la accionante en audiencia de cesación formuló recurso de apelación porque la parte accionante no introdujo ningún elemento probatorio que acredite ese extremo; 5) Respecto a la presentación escrita de la apelación en la que se hizo notar que se la interpuso en audiencia, al no existir prueba que respalde la formulación oral del recurso, resulta coherente la decisión adoptada por el Tribunal de apelación; 6) Respecto al rechazo de la exhibición del acta remitida por parte de la presidenta del Tribunal de alzada, la accionante pudo interponer recurso de reposición o en su caso saneamiento procesal; empero, al no haber hecho uso de esos recurso convalidó la negativa; y, 7) El abogado defensor intervino en todos los actuados realizados en la audiencia de 17 de junio de 2016; consiguientemente, al no haberse cumplido los dos presupuestos, corresponde denegar el “recurso”.

II. CONCLUSIONES

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Cursa acta de consideración de cesación a la detención preventiva, llevada a cabo en el Tribual Tercero de Sentencia Penal, el 3 de junio de 2016, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y a querella de Arcenio Huayquipa y otros contra Mónica Nava Arancibia, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, a cuya conclusión los Jueces Técnicos de dicho Tribunal -hoy demandados-, mediante Resolución (de la cual consta únicamente su parte resolutiva) declararon infundada la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por Mónica Nava Arancibia -hoy accionante-; y en la parte in fine del “Por tanto”, se hace constar que la Resolución fue dictada a horas 17:30 del 3 de junio de 2016, y que las partes están expresamente notificadas con dicha Resolución y advertidas que a partir de esa hora y fecha pueden hacer valer su recurso de apelación en el plazo de setenta y dos horas. Con posterior a dicho pronunciamiento, se dejó constancia que el abogado de la defensa habría señalado: “Nos reservamos el derecho de apelación” (sic) (fs. 91 a 92 vta.).

II.2.  Cursa CD de audio de la grabación de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva celebrada el 3 de junio de 2016, en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, en cuya parte final y luego de la emisión de la Resolución, el abogado de la defensa señala: “Anuncio que hago, voy hacer uso del recurso de apelación amparado en lo que establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal”. En respuesta el presidente del Tribunal, dispone: “Se tiene presente, reitero las partes quedan a partir de este momento notificados debidamente, a partir del cual corre el plazo para el recurso de apelación, no existiendo nada más que considerar, y conste en acta la recurso o la reserva de recurrir de apelación queda suspendida la presente audiencia” (fs. 128).

II.3.  Mediante escrito presentado ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, el 8 de junio de 2016, Mónica Nava Arancibia -hoy accionante-, interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución dictada en la audiencia de cesación a la detención preventiva de 3 de junio de 2016, haciendo notar que al finalizar la audiencia formuló oralmente su apelación. En respuesta, las autoridades codemandadas, mediante decreto de 8 de igual mes y año, ordenaron la remisión de la apelación ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 97 a 104).

II.4.  Según el acta de audiencia pública de apelación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, celebrada en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el 17 de junio de 2016, en la cual los Vocales demandados, por Auto 203/016, rechazaron por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la imputada, Mónica Nava Arancibia, con el fundamento de que el recurso fue presentado fuera del plazo de las setenta y dos horas, previsto en el art. 251 del CPP, dado que la apelante fue notificada a horas 17:30, el 3 de similar mes y año, habiendo vencido el plazo a horas 17:30, del 6 del mismo mes y año, y recién a horas 11:56, del 8 de ese me y año, presentó su recurso (fs. 118 a 121 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, y los principios de seguridad jurídica, celeridad e impugnación, toda vez que: i) Los Jueces Técnicos del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, en el Auto de 148/2016, señalaron que no habría interpuesto apelación dentro del plazo legal; y, ii) los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en la emisión del Auto 203/016 no consideraron ni valoraron su recurso de apelación formulado oralmente en audiencia de 3 de junio de 2016.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  El debido proceso y la acción de libertad

Sobre la protección del derecho al debido proceso mediante la acción de libertad, en la SCP 0468/2016-S2 de 9 de mayo, se señala: “…la jurisprudencia contenida en la SCP 1863/2012 de 12 de octubre, reiterando el entendimiento ya abordado en otras indicó que: ‘La lesión al debido proceso o procesamiento ilegal o indebido, se entiende como el acto por el cual un juez a tiempo de sustanciar un proceso penal, lesiona la garantía constitucional del debido proceso, consagrado en el art. 115.II de la CPE, por el cual se garantiza el derecho a un debido proceso de las y los bolivianos, por los administradores de justicia. En ese contexto, con relación al procesamiento indebido, el Tribunal, estableció: «Las vulneraciones al debido proceso y la tutela a través de esta garantía jurisdiccional, se precisó en las SSCC 0451/2010-R de 28 de junio, reiterada por la 0033/2011-R de 7 de febrero: 'La Constitución Política del Estado (arts. 115.II y 117.I), reconoce al debido proceso como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe enmarcar la actuación de las partes procesales, la finalidad de este derecho constitucional y garantía jurisdiccional es proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos y garantías, como elementos del debido proceso. Cuando se denuncie su vulneración en cualquiera de sus componentes, corresponderá su impugnación a través de la acción de libertad, cuando esté directamente relacionada con la restricción de la libertad del accionante y se constate la existencia de absoluto estado de indefensión; caso contrario, la denuncia por irregularidades cometidas en el proceso (entendidas como violación al debido proceso), deberán ser reclamadas a través de los medios ordinarios que el ordenamiento jurídico procesal penal prevé, agotada la jurisdicción ordinaria y en el supuesto de persistir la lesión, se activa la tutela de la acción de amparo constitucional’»’ (SC 0378/2011-R de 7 de abril).

No obstante, la exigencia del absoluto estado de indefensión, fue modulado por la SCP 0037/2012-R de 26 de marzo, que sentó el siguiente entendimiento: ‘Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa’.

En consecuencia, para la activación de la acción de libertad vía acción de libertad, debe necesariamente concurrir dos presupuestos, el primero, que el acto lesivo se la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de locomoción; y el segundo, que el accionante haya estado en absoluto estado de indefensión, empero, el último requisito no es exigible cuando quien demande la acción tutelar se encuentre sometido a una medida cautelar de carácter personal (las negrillas son añadidas).

III.2.  Sobre el derecho a recurrir o a la impugnación

Respecto al derecho a recurrir, la SCP 1267/2012 de 16 de septiembre, refirió que: “Se debe tener presente que, toda resolución judicial por más perfecta que le parezca al juzgador, es fruto de la obra humana, de modo que no puede ser intachable o infalible. En el marco de ese razonamiento, el régimen de las impugnaciones, constituye un elemento imprescindible del debido proceso, porque a través de ella es posible cuestionar los fallos dentro de una misma estructura jurídica de un Estado. Bajo esa premisa, desde la óptica de la Norma Fundamental, la impugnación se entiende como un principio, tal como prescribe el art. 180.II de la CPE, cuyo texto señala: ‘Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales’. Sin embargo, se debe tener claramente definido que, el constituyente boliviano, al referirse a la impugnación como un principio, quiso referirse al derecho fundamental de recurrir el fallo judicial ante la autoridad superior en jerarquía, comprensión que refleja el espíritu de las diferentes normas de orden internacional, como el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), cuyo texto prevé: ‘Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley’. En esa misma línea de entendimiento, el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), prescribe: ‘derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior’. En efecto, las apelaciones en general y particularmente la apelación incidental, debe entenderse como un elemento integrador del debido proceso, en su dimensión del derecho a recurrir el fallo judicial o, la impugnación a las resoluciones judiciales”.

III.3.  Sobre la apelación oral de las resoluciones relativas a las medidas cautelares de carácter personal

Con referencia al tratamiento especial que el legislador ha otorgado a la apelación incidental de resoluciones relativas a medidas cautelares de carácter personal, respecto de las cuales es posible su interposición oral, en la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, se señala: “La teleología de la apelación incidental diseñada por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía.

En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, modificado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en el art. 251 del referido cuerpo adjetivo.

Consiguientemente, las autoridades que imparten justicia en materia penal, deben considerar que el legislador ha diseñado una apelación incidental especial, distinta a la naturaleza y procedimiento que prevé el art. 403 del CPP, por ello, no deben confundir la aplicación de la norma, procediendo a dilatar indebidamente la tramitación rápita, expedita y eficaz establecida por el art. 251 del citado Código, pues ésta última norma inclusive le otorga la facultad al Tribunal superior de corregir omisiones del Juez cautelar y por ello, de manera fundamentada y motivada, puede aprobar o revocar la decisión inferior restableciendo en su caso y si corresponde, la libertad del imputado o procesado.

En este sentido, la jurisprudencia constitucional entre otras, la               SC 1703/2004-R de 22 de octubre, señaló que: ‘En el caso que se examina, uno de los extremos denunciados en el recurso está referido al hecho de que -según la demandante-, la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar no cumplió con lo previsto por el art. 251 con relación a los arts. 403 inc. 3) y del 404 del CPP, que disponen que las apelaciones incidentales deben ser presentadas por escrito debidamente fundamentadas; al respecto, es necesario precisar, que si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, «las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas»; asimismo, señala que el Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.

Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza’” (las negrillas son añadidas).

III.4.  Sobre la legitimación pasiva en la acción de libertad

Con relación a la legitimación pasiva en la acción de libertad, en la       SCP 0617/2015-S2 de 3 de junio, se señala: “Al respecto la                 SCP 0048/2015-S1 de 6 de febrero expresó: ‘La legitimación pasiva, es un requisito que exige que la acción de libertad sea dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal u omisión indebida, que ocasionó la lesión del derecho fundamental relacionado con la libertad física o la vida, en esa óptica, este Tribunal ha reiterado que esta calidad se adquiere: «….por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción». Consecuentemente, toda persona que invoque la tutela a sus derechos íntimamente ligados a la libertad o locomoción, imprescindiblemente deberá dirigir la acción contra la autoridad o persona que causó la lesión o vulneración de los derechos que demanda se restituyan’ (SC 0077/2011-R de 7 de febrero).

Ahora bien, al igual que muchos otros institutos que pertenecen a la esfera del derecho constitucional, la jurisprudencia de este alto Tribunal, ha determinado las reglas a ser observadas a efectos de establecerse una correcta legitimación pasiva, así la SC 1932/2010-R de 25 de octubre, sistematizó y clarificó las reglas de la legitimación pasiva para la acción de libertad y la excepción a éstas, precisando que: ‘i) Debe existir coincidencia, entre la persona o personas que supuestamente vulneraron el derecho y la persona demandada, en tal sentido, debe precisarse que para determinar esta coincidencia, deben existir elementos razonables que establezcan que esa autoridad impartió o ejecutó una orden en virtud de la cual se hubiese procedido a una aprehensión, detención, persecución o procesamiento ilegal o indebido, ii) La sub-regla o excepción a la premisa antes desarrollada, solamente se da en tres situaciones concurrentes a saber: a) La detención ilegal debe ser cierta; b) Debe existir error en la identidad de la autoridad demandada, empero, en este caso, la autoridad erróneamente demandada debe pertenecer a la misma institución, rango o jerarquía, además debe tener idénticas atribuciones en relación a la autoridad que debió ser demandada; asimismo, en este supuesto, el error debe ser consecuencia de una imposibilidad o dificultad del afectado para determinar la identidad de la autoridad que supuestamente vulneró sus derechos; y c) Deben existir suficientes medios de convicción que acrediten la manifiesta detención ilegal’” (las negrillas nos corresponden).

III.5.  Análisis del caso concreto

La accionante mediante su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, y los principios de seguridad jurídica, celeridad e impugnación; toda vez que, los Jueces Técnicos del Tribunal Tercero de Sentencia Penal en el Auto de 148/2016 señalaron que no habría interpuesto apelación dentro del plazo legal, y los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en la emisión del Auto 203/016 no consideraron ni valoraron su recurso de apelación formulado oralmente en audiencia de 3 de junio de 2016.

Con relación a los Vocales demandados, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia de éste Tribunal, tiene establecido que la apelación contra medidas cautelares de carácter personal pueden interponerse verbalmente en audiencia inmediatamente de pronunciada la resolución impugnada, con la posibilidad de fundamentar los agravios en la audiencia, que a efecto de su resolución señale el tribunal de alzada.

En el caso en examen, conforme se evidencia de la grabación de la audiencia de 3 de junio de 2016, luego del pronunciamiento de la Resolución que declaró infundado el pedido de cesación a la detención preventiva formulado por Mónica Nava Arancibia -hoy accionante-, el abogado de la defensa, expresamente señaló: “ANUNCIO QUE HAGO Y VOY A HACER USO DEL RECURSO DE APELACIÓN AMPARADO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 251 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” (sic). En mérito al principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados, la mencionada aseveración del abogado de la defensa, implica la interposición de la apelación incidental contra la referida Resolución, pues en virtud al señalado principio y el marco de la prevalencia del derecho material sobre el derecho formal, la activación de la apelación incidental contra resoluciones relativas a medidas cautelares de carácter personal, no se halla sujeta a formalismos y menos a la formulación de frases sacramentales al extremo de exigirse el uso de determinadas expresiones; asimismo, como se tiene señalado, la falta de expresión de agravios en ese momento no constituía un óbice, dado que, en mérito a los principios de oralidad e inmediación que rigen en el proceso penal, el apelante tenía la posibilidad de fundamentarlos en la audiencia de resolución de la alzada. Consiguientemente, los Vocales demandados al haber rechazado por inadmisible la apelación incidental interpuesta oralmente y dentro del plazo legal por la accionante, vulneraron el derecho al debido proceso en su elemento de derecho a la impugnación, dado que denegaron indebidamente el examen sobre el fondo del recurso, no obstante que la impugnación fue formulada válidamente; dicho rechazo de la apelación incidental, al estar referido a la resolución del pedido de cesación de la medida cautelar de carácter personal, se encuentra directamente vinculado con el derecho a la libertad, el cual por consecuencia también resultó lesionado, pues es evidente que la accionante, a través de su abogado, en audiencia interpuso oralmente el recurso de apelación incidental.

Con relación a los Jueces Técnicos, cabe puntualizar que el Auto 148/2016, mediante el cual se declaró infundado el pedido de cesación a la detención preventiva, obviamente no hace referencia a que no se habría interpuesto la apelación dentro del plazo legal y lógicamente no contiene pronunciamiento sobre un hecho futuro como era el relativo a la admisibilidad de dicho recurso, sobre el cual además no le correspondía pronunciarse; razón por la cual, amerita denegar la tutela solicitada respecto de dichas autoridades, lo mismo que con relación de la Secretaria del Tribunal de alzada, dado que dicha funcionaria, no tiene facultades jurisdiccionales para rechazar la apelación incidental, careciendo por consiguiente de legitimidad pasiva.

Por todo lo expuesto, el Juez de garantías, al denegar totalmente la tutela impetrada, no obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 16/2016 de 22 de julio, cursante de fs. 182 a 187, pronunciada por el Juez Segundo de Sentencia Penal del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto 203/016, debiendo los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitir nueva resolución de acuerdo a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarrerza Morales

MAGISTRADO