AUTORIZACIÓN DE SALIDA JUDICIAL

CONTENIDO:

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S1

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

I.1.1. Hechos que motivan la acción

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

I.2.1.Ratificación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demanda

I.2.3. Resolución

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

II. CONCLUSIONES

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre los principios ético-morales de la sociedad plural y los  valores que sustenta el Estado boliviano

III.2.  De la acción de libertad

III.3. El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad

III.4.  Análisis del caso concreto

POR TANTO

DATOS DEL EXPEDIENTE

Resoluciones

Partes

Documentos.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S1

     Sucre, 19 de octubre de 2016

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    Tata Efren Choque Capuma

Acción de libertad

Expediente:                 15324-2016-31-AL

Departamento:            La Paz

En revisión la Resolución 362/16 de 28 de mayo de 2016, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gregorio Soto Calle contra Gustavo Estrada, Gobernador del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de mayo de 2016, cursante de fs. 4 a 5 vta, el accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido en su contra, proceso que se encuentra en el “Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1° Localidad Caranavi” (sic) del departamento de La Paz, solicitó una autorización de salida judicial por encontrarse delicado de salud, la misma fue prevista para el 27 de mayo de 2016, a horas 9:00; sin embargo, cuando sus familiares se dirigieron al Recinto Penitenciario de San Pedro del referido departamento, donde se encuentra detenido preventivamente, el Gobernador no quiso recibir dicha orden aduciendo que estaba fuera de tiempo, además indicaron que cuando es de provincia debe entregarse con setenta y dos horas de anticipación, no se tomó en cuenta que la orden de salida fue recogida el 24 del mismo mes y año señalado, y la demora se debió por el traslado desde la provincia. Habiendo insistido en su propósito el 26 de igual mes y año, señalaron que no podían atenderlos porque ese día era el feriado de Corpus Cristi; en ese sentido, al haberle negado su salida considera que se lesionó su derecho a la salud.   

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alegó la lesión de su derecho a la salud y a la dignidad humana, citando al efecto los arts. 15, 35, 37 y 73.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenándose su salida judicial del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, a efectos de constituirse en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para su valoración médica. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de mayo de 2016, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1.Ratificación de la acción

El accionante ratificó el memorial inextenso de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demanda

Nelson Mora Valencia, Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, mediante informe cursante fs. 17 y vta. manifestó que: De acuerdo al informe verbal de Verónica Zacari Siñani, responsable de recepción, indicó que no se apersonaron con ninguna orden de salida médica judicial a nombre de Gregorio Soto Calle; el 26 de mayo de 2015, era feriado, razón por la cual el personal administrativo no asistió ese día a su fuente laboral. Finalmente señaló que no sostuvo entrevista con persona alguna en representación del ahora accionante como se mencionó en el memorial de la acción de libertad, menos haberme negado a recibir dicho pedido. Por ello, solicitó se deniegue la tutela.

La aludida autoridad en audiencia señaló que la acción de libertad fue dirigida contra el anterior Gobernador del Recinto Penitenciario de San Pedro. “El art. 110 de la Ley 2298 señala que las órdenes judiciales sean para salida médica o judicial, estas deben ser presentadas con veinticuatro horas de anticipación” (sic). Podría haber sido atendida oportunamente esa solicitud, empero, el notificador visitó el aludido Recinto Penitenciario a horas 17:45 de ese día, sin esperar su turno, dejó la nota en el escritorio y salió, por ello no tiene el sello de recepción. Reiteró que no tomó contacto con nadie a nombre del accionante.     

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 362/16 de 28 de mayo de 2016, cursante de fs. 20 a 21 vta., concedió en parte la tutela respecto al derecho a la vida, más aun al tratarse de una persona privada de su libertad que necesita la salida custodiada por el régimen penitenciario, sea en el día, y se deniega en el entendido de cumplirse los formalismos previos y preliminares de ley para que la autoridad –en este caso el Gobernador del Recinto Penitenciario– pueda cumplir las órdenes dispuestas por el Juez de Caranavi de igual departamento, bajo los siguientes fundamentos: a) En el presente caso se trata de la autorización para la salida del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, se observó que no se cumplió con el trámite adecuado, dado que, en la  documentación presentada no consigna sello o cargo de recepción; por ello, no es posible verificar si se obstaculizó la orden de salida; b) Se tiene el “informe del Juez Público de Caranavi enviado vía fax” (sic) al Recinto Penitenciario aludido; exhortó que es responsabilidad de los jueces cautelares el cumplimiento de las disposiciones que emiten, no pudiendo delegar esa función a personas o familiares del detenido preventivamente, quienes no tienen conocimiento de los trámites judiciales, esa tarea debió delegarse a un funcionario judicial; c) Aclaró que la acción de libertad fue dirigida a Gustavo Estrada, quien dejó el cargo hace dos años atrás; empero, consideró que la acción de defensa fue dirigida al Gobernador del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz; d) Si bien, se dice que hubo el feriado de Corpus Cristi, sin embargo, en el Régimen Penitenciario siempre existe el personal de turno; donde las salidas médicas no pueden estar supeditadas a un feriado o al pretexto de que el sistema no estaría funcionando, cuando ese aspecto puede ser regularizado al día siguiente hábil de trabajo; y, e) Podría existir el riesgo de la vida o la integridad física del imputado, siendo de vital importancia la salud, ordenó se cumpla con la orden de salida al IDIF, dispuesto por el Juez de la causa y sea en el día.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 20 de septiembre de 2016, se suspendió el cómputo de plazo, por solicitud de documentación requerida; reanudándose por Decreto de 19 de octubre del mismo año, siendo notificadas las partes en idéntica fecha, a cuyo efecto la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del plazo legal.

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se establecen las  siguientes conclusiones:

II.1.  Cursa nota de 24 de mayo de 2016, emitida por Javier Vargas Arancibia, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de  Caranavi del departamento de La Paz, por la cual, ordenó al Director del Recinto Penitenciario de San Pedro del mismo departamento la salida o traslado al IDIF en favor del impetrante de tutela, para el día 27 del mismo mes y año a horas 9:00 (fs. 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera que fue lesionado su derecho a la salud; toda vez que, al encontrase delicado de salud, solicitó al Juez de la causa autorice su salida ante el IDIF, a cuyo efecto se emitió la orden respectiva para el día 27 de mayo de 2016, a horas 9:00; sin embargo, cuando sus familiares se dirigieron al Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, donde se encuentra detenido preventivamente, el Gobernador no quiso recibir dicha orden aduciendo que estaba fuera de tiempo, además les indicaron que cuando es de provincia debe entregarse con setenta y dos horas de anticipación. El 26 de igual mes y año, habiendo insistido en su propósito, indicaron que no podían atenderlos porque ese día era el feriado de Corpus Cristi.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela.

III.1. Sobre los principios ético-morales de la sociedad plural y los  valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe en base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente en el Órgano Judicial que, a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, aseguran que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales sean efectivos para vivir bien, como señala el art. 8.II de la CPE.

Al efecto, resulta necesario señalar que la Norma Suprema, en su art. 8.I señala que los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos constituyen mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos.

Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional, que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respecto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria están, también entre otros, la verdad material y el debido proceso.

En torno a la administración de justicia, o expresado desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho de sustentar las decisiones en el análisis e interpretación, no solo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté al lado del Estado y la población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad como lo es la corrupción, que lastima nuestras instituciones.

III.2.  De la acción de libertad

La Constitución Política del Estado, en la Sección I, del Capítulo Segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - derechos, deberes y garantías) ha instituido la acción de libertad. En ese marco, el art. 125 establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

La acción de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último caso, siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida, pues, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste.

Al respecto, el Código Procesal Constitucional tiene por objeto regular los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa ante juezas, jueces y tribunales competentes. La referida Ley, en su Disposición Final Tercera establece que a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, quedará derogada la parte segunda de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional relativa a los procedimientos constitucionales, vigencia establecida en su Disposición Transitoria Primera a partir del 6 de agosto de 2012.

El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece como objeto de esta acción tutelar el “…garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. Por otra parte, el art. 47 del citado Código establece que: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal”.

III.3. El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad

Con relación al derecho a la vida y su vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud, tutelables a través de la acción de libertad, la SCP 0435/2016-S2 de 9 de mayo en armonía con la SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero, señala que:“III.1.1. La Constitución Política del Estado consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental en el art. 15.I. indicando que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida…’, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad. Por ello, su titularidad corresponde a todos los seres humanos y es en este sentido, que el Estado está obligado no solamente a su respeto, sino a su protección, creando condiciones indispensables para su observación y cumplimiento.

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, reiterando los entendimientos contenidos en las SSCC 0653/2010-R y 1294/2004-R, señaló que: ‘El derecho a la vida es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento’.

Por otro lado, es importante mencionar el desarrollo jurisprudencial contenido en la SCP 0033/2013 de 4 de enero, que tomando como base lo previsto en nuestra Constitución Política del Estado, así como los instrumentos de protección de Derechos Humanos que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, estableció como principios esenciales de toda decisión legislativa, judicial y administrativa: ‘i) el principio de primacía de protección del derecho a la vida; y, ii) El principio de duda favorable de la protección exhaustiva del derecho a la vida’.

En este marco, dicho fallo abordó las diferentes dimensiones de protección del derecho a la vida, que derivan de la obligación de respetar y garantizar los Derechos Humanos que tiene el Estado, vinculándolas con el valor y principio del ‘vivir bien’ previsto en el art. 8 de la CPE, siendo esas dimensiones: 1) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); 2) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, 3) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).

(…)

III.1.2. Sobre el derecho a la integridad física, el artículo 15.I de nuestra Norma Suprema establece que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes’. El segundo parágrafo señala que: ‘Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad’, y finalmente el parágrafo tercero: ‘El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado’, delimitando así la Norma Suprema que el derecho a la integridad personal, está compuesto por tres vertientes: física, psicológica y sexual.

Estas vertientes fueron desarrolladas por el Tribunal Constitucional en la SC 1891/2011-R del 7 de noviembre, expresando que la integridad personal es un derecho inherente a la persona; implica su preservación física, psíquica y sexual, e incluye el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, y, por lo tanto, se traduce en el derecho a no ser víctima de ningún dolor o sufrimiento físico, psicológico o agresión sexual; Así concretamente señalo:

‘La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo, por ello toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan provocar lesiones en su cuerpo, causándole dolor físico o daño a su salud.

La integridad psicológica ésta referida al conjunto de facultades intelectuales y emocionales; su inviolabilidad se relaciona con el derecho a no ser obligado o manipulado mentalmente contra su voluntad.

Finalmente, la integridad sexual está referida a la protección al derecho de las personas a tener capacidad para expresarse válidamente, a tener un libre y consciente trato sexual o a no tenerlo contra su voluntad…’.

III.1.3. Es necesario tener presente que este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, estableció que el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: ‘Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud’ (las negrillas son nuestras).

En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales”.

III.4.  Análisis del caso concreto

El accionante alegó que al encontrarse en calidad de detenido preventivamente en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, y delicado de salud, solicitó autorización de salida judicial al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del mismo departamento, dicha autoridad ordenó al Gobernador demandado, su traslado al IDIF a objeto de su valoración médica, para el 27 de mayo de 2016, a horas 9:00; sin embargo, la aludida autoridad no quiso recibir dicha orden, aduciendo que estaba fuera de tiempo, al tratarse de una solicitud de provincia esta debía ser presentada con setenta y dos horas de anticipación, además el sistema no estaba funcionando, inclusive ese día era el feriado de Corpus Cristi; por esos aspectos considera que se vulneró su derecho a la salud.

Ahora bien, de antecedentes se evidencia que el 24 de mayo de 2016,  el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, autorizó al Director del Recinto Penitenciario San Pedro del mismo departamento la salida o traslado al IDIF al ahora accionante, diligencia que debía cumplirse el 27 del mismo mes y año a horas 9:00; sin embargo, por una serie de argumentos y excusas como el no funcionamiento del sistema computarizado administrativo, la ausencia del personal administrativo por el feriado, además, la nota habría sido traído a horas 17:45 de ese mismo día, la cual, fue dejada en el escritorio sin que nadie reclame, no son argumentos valederos para justificar la no atención de una solicitud que fue traída desde Caranavi y emitida por la autoridad jurisdiccional de ese mismo municipio.

Asimismo, si bien es cierto que ante una orden judicial de salida médica con custodio debe cumplirse con los trámites previos; sin embargo, cuando se trata de la salud de una persona que se encuentra circunstancialmente en calidad de detenido preventivamente, corresponde su atención de la manera más diligente posible, el no hacerlo se pondría en riesgo la vida o la integridad física de quien requiere la atención de un profesional en el área de medicina, dado que la salud se constituye en un derecho humano inalienable; dicho de otro modo, al ser la vida un derecho primario del ser humano que se encuentra vinculado a otros elementos que la conforman como son la integridad física y la salud, goza de protección constitucional, así la jurisprudencia constitucional precisó que: “…a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad…” conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo.

Por consiguiente, se evidencia que la autoridad demandada lesionó el derecho a la vida que está vinculados con otros elementos como la integridad física y la salud; resaltando que, si bien el privado de libertad sufre temporalmente la limitaciones de la ley, no se convierte en un ser sin derechos, así el art. 73 de la CPE, establece que toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada como el debido respeto a la dignidad humana. Por lo que, corresponde otorgar la tutela en los mismo términos del Juez de garantías. 

Por todo lo expuesto, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela solicitada obró correctamente, por lo que, corresponde aplicar el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve, CONFIRMAR la Resolución 362/16 de 28 de mayo de 2016, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos del Juez de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Tata Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo.  Dr. Macario Lahor Cortez Chavez

MAGISTRADO

DATOS DEL EXPEDIENTE

Expediente:

15324-2016-31-AL

Referencia:

Gregorio Soto Calle c/ Gustavo Estrada, Director del Recinto Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz

Fecha de Ingreso:

viernes, 3 de junio de 2016

Distrito:

El Alto

Recurso:

Acción de Libertad

Juzgado:

Juzgado de Instrucción en lo penal

Numero de Juzgado:

2

Oficina:

En Archivo

Resoluciones

Número de Resolución

Fecha

Resumen

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1

0961/2016-S1

19-10-2016

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S1 Sucre, 19 de octubre de 2016 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Tata Efren Choque Capuma Acción de libertad Expediente: 15324-2016-31-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 362/16 de 28 de mayo de 2016, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gregorio Soto Calle contra Gustavo Estrada, Gobernador del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz.

 

Partes

Nombre

Calidad

Cargo

1

Gregorio Soto Calle

Accionante

 

2

Roger Abel Bustillos Loza

Abogado Apoderado

 

3

Gustavo Estrada

Demandado

Otras Autoridades

Documentos.

Fecha

Fojas

Documento

Referencia

1

07-06-2016

3

Prueba Preconstituida

IMPRESIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL BOLIVIANO Nº 201401201606154. -DOCUMENTACIÓN DE FOJAS 2 A 3. FOJAS 1 A 3.

2

07-06-2016

5

Memorial

DE ACCIÓN DE LIBERTAD, PRESENTADO POR GREGORIO SOTO CALLE CONTRA CORONEL GUSTAVO ESTRADA, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN DEL PENAL DE SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, SOLICITA SE CONCEDA LA ACCIÓN DE LIBERTA, DISPONIENDO LA SALIDA JUDICIAL DEL PENAL DE SAN PEDRO. -CARGO DE RECEPCIÓN DE 27 DE MAYO DE 2016, POR EL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL PRIMERO DE EL ALTO. -.AUTO DE 27 DE MAYO DE 2016, POR EL QUE SE ADMITE Y SE SEÑALA DIA Y HORA DE AUDIENCIA PÚBLICA A FOJA 6. -NOTIFICACIÓN A FOJA 7 A 8. FOJAS 4 A 8.

3

07-06-2016

1

Oficio

Nº 305/2016, DE 27 DE MAYO DE 2016, REF.. REMISIÓN DE OBRADOS ORIGINALES, REMITIDO POR DR. HENRY SANCHEZ CAMACHO, JUEZ PRIMERO DE SENTENCIA PENAL DE EL ALTO. -CARGO DE RECEPCIÓN DE 27 DE MAYO DE 2016, POR EL JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE EL ALTO. -DECRETO DE 28 DE MAYO DE 2016. FOJA 9.

4

07-06-2016

9

Acta de audiencia

DE ACCIÓN DE LIBERTAD, DE 28 DE MAYO DE 2016, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE EL ALTO, SE INFORMA QUE SE ENCUENTRAN EN SALA LA PARTE ACCIONANTE, AUSENTE SU ABOGADO, PRESENTE EL DEMANDADO, ES CUANTO S EINFORMA. -INFORME, DE 27 DE MAYO DE 2016, PRESENTADO POR VÍCTOR HUGO CONDORI CONDORI, CLASE DE SERVICIO DE RECEPCIÓN, A FOJA 10. -DOCUMENTACIÓN DE FOJAS 11 A 16. -INFORME, DE 27 DE MAYO DE 2014, PRESENTADO POR NELSON MORA VALENCIA, DIRECTORDEL RECINTO PENITENCIARIO DE SANPEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, A FOJA 17. -CARGO DE RECEPCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2016, POR EL JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE EL ALTO. -DECRETO DE 28 DE MAYO DE 2016. FOJAS 10 A 19.

5

07-06-2016

3

Resolución o sentencia

Nº 362/16, DE 28 DE MAYO DE 2016, POR EL QUE EL JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CONCEDEN EN PARTE LA PRESENTE ACCIÓN DE LIBERTAD, SE CONCEDE EN REFERENCIA A QUE ES NECESARIO PRECUTELAR EL DERECHO A LA VIDA QUE TIENE TODO CIUDADANO BOLIVIANO Y MAS AÚN SI SE TRATA DE UNA PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD, QUE NECESITA LA SALIDA CUSTODIA POR RÉGIMEN PENITENCIARIO PARA QUE SE PUEDA PROCESAR EN EL DIA Y SE DENIEGA EN EL ENTENDIDO QUE TIENEN QUE CUMPLIRSE LOS FORMALISMOS PREVIOS Y PRELIMINARES DE LEY PARA QUE LA AUTORIDAD PUEDA CUMPLIR A LA VEZ LAS ORDENES DISPUESTAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN ESTE CASO EL JUEZ DE LA LOCALIDAD DE CARANAVI. -NOTIFICACIÓN A FOJA 22. FOJAS 20 A 22.

6

07-06-2016

1

Oficio

Nº 473716, DE 1 DE JUNIO DE 2016, REF.: REMITE CUADERNO DE ACCIÓN DE LIBERTAD, REMITIDO POR MILENKA GUTIERREZ, JUEZA SEGUNDA DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE EL ALTO DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ. -CARGO DE RECEPCIÓN POR LA UNIDAD DE REGISTRO DE INGRESO DE CAUSAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 3 DE JUNIO DE 2016, A HORAS 10:06, RECIBIDO VÍA COURRIER, DE PROCEDENCIA LA PAZ, A FOJA 23 VTA. FOJA 23 Y VTA.

7

20-10-2016

2

Oficio

CITE 721/2016 DE 18 DE OCTUBRE, REF.: REMITE NOTIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 15324, REMITIDO POR MARÍA LAURA CALLE MAMANI, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL - NOTIFICACION A GUSTAVO ESTRADA, GOBERNADOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ - CARGO DE RECEPCIÓN POR LA UNIDAD DE REGISTRO DE INGRESO DE CAUSAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 19 DE OCTUBRE DE 2016 A HORAS 18:00, RECIBIDO VÍA COURIER PROCEDENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ FOJAS 1 A 2 Y VTA.

8

08-11-2016

2

Oficio

CITE 777/2016 DE 3 DE NOVIEMBRE, REF.: REMITE NOTIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 15324, REMITIDO POR MARÍA LAURA CALLE MAMANI, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL - OFICIO DE 28 DE OCTUBRE DE 2016 A FS. 1 - CARGO DE RECEPCIÓN POR LA UNIDAD DE REGISTRO DE INGRESO DE CAUSAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2016 A HORAS 11:30, RECIBIDO VÍA COURIER PROCEDENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ FOJAS 1 A 2 VTA.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S2

Sucre, 7 de octubre de 2016

CONTENIDO:

Datos del Expediente

Documentos

Partes.

Resolución.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S2

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1.  El debido proceso y la acción de libertad

III.2.  Sobre el derecho a recurrir o a la impugnación

III.3.  Sobre la apelación oral de las resoluciones relativas a las medidas cautelares de carácter personal

III.4.  Sobre la legitimación pasiva en la acción de libertad

III.5.  Análisis del caso concreto

POR TANTO

MAGISTRADA

Datos del Expediente

Expediente:

15922-2016-32-AL

Referencia:

Jaime Cernadas Meneces p/ Mónica Nava Arancibia c/ Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y otros

Fecha de Ingreso:

miércoles, 27 de julio de 2016

Distrito:

Sucre (Capital)

Recurso:

Acción de Libertad

Juzgado:

Juzgado de sentencia

Numero de Juzgado:

2

Oficina:

En Archivo

Documentos

Fecha

Fojas

Documento

Referencia

1

01-08-2016

128

Prueba Preconstituida

DOCUMENTACIÓN CONCERNIENTE A PROCESO PENAL QUE SIGUE EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA MÓNICA NAVA ARANCIBIA Y OTROS, POR EL DELITO DE ESTAFA Y ESTELIONATO DE FS. 2 A 128 - IMPRESIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL BOLIVIANO Nº 101199201604795 A FOJAS 1. FS. 1 A 128

2

01-08-2016

1

Comprobantes

DE CAJA Nº 303496, POR CONCEPTO DE PAGO DE ACCIÓN DE LIBERTAD, CANCELADO POR JAIME CÁRDENAS MENEESES, POR EL VALOR DE 52 BS. A FS. 129

3

01-08-2016

20

Memorial

ACCIÓN DE LIBERTAD PRESENTADO POR JAIME CÁRDENAS MENESES, EN REPRESENTACIÓN SIN MANDATO DE MÓNICA NAVA ANACIBIA, CONTRA MARÍA VASQUEZ CASTRO, CRISOSTOMO MANCILLA PACO Y ANGEL BARRIOS VILLA, JUECES TÉNICOS DEL TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, SANDRA MOLINAE IVAN SANDOVAL FUENTES, VOCALES DE LA SALA PENAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE CHUQUISACA Y PATRICIA ACHÁ MORA, SECRETARIA DE CÁMARA DE LA SALA REFERIDA, IMPETRANDO CONCEDA LA TUTELA Y DISPONGA QUE LA SALA PENAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE CHUQUISACA, SEÑALE NUEVA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA DE APELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR - CARGO DE RECEPCIÓN DE 21 DE JULIO DE 2016 POR EL JUZGADO SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA -AUTO DE 21 DE JULIO DE 2016 POR EL QUE SE ADMITE LA ACCIÓN DE LIBERTAD Y SE SEÑALA DÍA Y HORA DE AUDIENCIA PÚBLICA - NOTIFICACIONES DE FS. 137 A 149 Y VTA. FS. 130 A 149

4

01-08-2016

2

Memorial

PRESENTADO POR IVAN SANDOVAL FUENTES, VOCAL DE LA SALA PENAL PRIMERA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE CHUQUISACA, EN LA SUMA REFIERE: JUEZ DE GARANTÍAS EN ACCIÓN DE LIBERTAD - CARGO DE RECEPCIÓN DE 22 DE JULIO DE 2016 POR EL JUZGADO SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA FS. 150 A 151

5

01-08-2016

1

Informe

PRESENTADO POR ANGEL BARRIOS VILLA, MARÍA BETH VASQUEZ Y CRISOSTOMO MANCILLA PACO, JUECES TÉNICOS DEL TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, EN LA SUMA REFIERE: PRESENTAN INFORME - CARGO DE RECEPCIÓN DE 22 DE JULIO DE 2016 POR EL JUZGADO SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA FS. 152 Y VTA.

6

02-08-2016

3

Informe

PRESENTADO POR PATRICIA MARIBEL ACHÁ MORA, EN LA SUMA REFIERE: INFORMA FS. 153 A 155

7

02-08-2016

178

Otros documentos

COPIA DE AUTO DE 17 DE JUNIO DE 2016 DE FS. 156 A 157 - OFICIO DE 22 DE JULIO DE 2016, REF: REMITE CUADERNO PROCESAL A FS. 158 - ENTENCIAS CONSTITUCIONALES DE FS. 160 A 178 FS. 156 A 178

8

02-08-2016

3

Acta de audiencia

DE ACCIÓN DE LIBERTAD DE 22 DE JULIO DE 2016, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SUCRE, EN PRESENCIA DEL JUEZ SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, CONSTITUIDO EN TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, FS. 179 A 181

9

02-08-2016

6

Resolución o sentencia

Nº 16/2016 DE 22 DE JULIO DE 2016, POR EL QUE EL JUEZ SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, CONSTITUYENDOSE EN TRIBUNAL DE GARANTIAS, DENEIGA LA TUTELA DE LA ACCIÓN DE LIBERTAD SOLICITADA, AL NO HABERSE CONSTATADO LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FS. 182 A 187 Y VTA.

10

02-08-2016

1

Oficio

DE 27 DE JULIO DE 2016, DE REMISIÓN DE ACCIÓN DE LIBERTAD, REMITIDO POR FARID NASSAR DONOSO, JUEZ SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA - CARGO DE RECEPCIÓN POR LA UNIDAD DE REGISTRO DE INGRESO DE CAUSAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 27 DE JULIO DE 2016 A HORAS 16:50, PRESENTADO POR NAYRA ARCE, PROCEDENTE DE CHUQUISACA FS. 183 Y VTA.

11

03-08-2016

11

Oficio

CITE 293/2016 DE 2 DE AGOSTO, REF.: REMISIÓN DE ACTUADOS, SUSCRITO POR FARID NASSAE DONOSO, JUEZ DE PARTIDO MIXTO Y DE SENTENCIA PENAL SEGUNDO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA. - ADJUNTA DOCUMENTAL EN FOJAS 10. - CARGO DE RECEPCIÓN POR LA UNIDAD DE REGISTRO DE INGRESO DE CAUSAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 3 DE AGOSTO DE 2016 A HORAS 15:25, PRESENTADO EN FORMA PERSONAL POR ESTEBAN MENDEZ, PROCEDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA. FOJAS 11 Y VTA.

Partes.

Nombre

Calidad

Cargo

1

Mónica Nava Arancibia

Accionante

 

2

Jaime Cárdenas Meneces

Abogado Apoderado

 

3

Iván Sandoval Fuentes

Demandado

Vocal de la Corte Superior del Distrito

4

Sandra Molina

Demandado

Vocal de la Corte Superior del Distrito

5

María Vasquez

Defensor Publico

Juez Técnico

6

Crisóstomo Mancilla

Demandado

Juez Técnico

7

Angel Barrios Villa

Demandado

Juez Técnico

8

Patricia Achá

Demandado

 

Resolución.

Número de Resolución

Fecha

Resumen

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1

0961/2016-S2

07-10-2016

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S2 Sucre, 7 de octubre de 2016 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga Acción de libertad Expediente: 15922-2016-32-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 16/2016 de 22 de julio, cursante de fs. 182 a 187 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Cernadas Meneces en representación sin mandato de Mónica Nava Arancibia contra Sandra Molina Villarroel e Iván Sandoval Fu

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S2

Sucre, 7 de octubre de 2016

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora:  Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de libertad

Expediente:                 15922-2016-32-AL

Departamento:           Chuquisaca

En revisión la Resolución 16/2016 de 22 de julio, cursante de fs. 182 a 187 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Cernadas Meneces en representación sin mandato de Mónica Nava Arancibia contra Sandra Molina Villarroel e Iván Sandoval Fuentes, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; María Beth Vásquez Castro, Crisóstomo Mancilla Paco y Ángel Barrios Villa, Jueces Técnicos del Tribunal Tercero de Sentencia Penal del señalado departamento; y, Patricia Maribel Achá Mora, Secretaria de Cámara de la referida Sala.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de julio de 2016, cursante de fs. 130 a 135 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la audiencia de cesación a la detención preventiva llevada a cabo el 3 de junio de 2016, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal del departamento de Chuquisaca, emitió el Auto 148/2016 declarando infundada su solicitud de cesación de detención preventiva.

Contra dicha determinación interpuso oralmente apelación; sin embargo, el acta de dicha audiencia no reflejó lo que realmente expresó el abogado de la defensa, pues en el acta se consignó que aquél había señalado que: “NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE APELACIÓN” (sic) cuando en audiencia manifestó lo siguiente: “ANUNCIO QUE HAGO Y VOY A HACER USO DEL RECURSO DE APELACIÓN AMPARADO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 251 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” (sic), lo cual se evidencia en la grabación de audio.

Los Jueces Técnicos del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, en el Auto de 148/2016, infundadamente señalaron que no habría interpuesto apelación dentro del plazo legal establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Posteriormente, el 8 de junio del 2016, fue notificada con la Resolución escrita y el mismo día presentó su apelación en forma escrita, en el cual se hizo referencia a que había interpuesto oralmente el recurso de apelación a la conclusión de la audiencia y se expuso los agravios que le infirió el Auto apelado.

Por su parte, los Vocales demandados sin efectuar la compulsa y análisis de rigor de los antecedentes que se les hubo remitido, mediante Auto 203/016 de 17 de junio de 2016, rechazaron la apelación por inadmisible, señalando que el recurso fue presentado fuera del plazo legal de setenta y dos horas previsto en el art. 251 del CPP.

Ante dicha determinación, el abogado de la defensa hizo notar que se apeló oralmente; empero, la presidenta de la Sala Penal Primera manifestó que la decisión ya fue tomada y que debía reclamar al Tribunal a quo, ya que en el acta no constaba la apelación con la mínima expresión de agravios que debía contener. Asimismo, dicha autoridad tampoco accedió a exhibirle el acta, instándole a reclamar ante el Tribunal inferior, sin darles la oportunidad de conocer lo que realmente se había consignado en el acta.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

La accionante por medio de su representante sin mandato considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, y los principios de seguridad jurídica, celeridad e impugnación; citando al efecto los arts. 23.I, 115.II, 178.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiéndose que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca señale nueva audiencia para resolver el recurso de apelación que interpuso Mónica Nava Arancibia.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 22 de julio de 2016, según consta en el acta cursante de fs. 179 a 181 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante por medio de su abogado ratificó su memorial de acción de libertad, y ampliándola señaló lo siguiente: a) Ante la molestia expresada por el codemandado Iván Sandoval Fuentes, a causa de la presente acción de libertad, solicitó que el expediente sea remitido ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal para que se proceda a nuevo sorteo a fin de evitar recusaciones; b) No se tomó en cuenta la notificación efectuada el 8 de junio de 2016; y, c) No se remitió la apelación dentro de las veinticuatro horas y se alegó que nadie se habría apersonado para la las fotocopias, cuando la jurisprudencia constitucional señala que este aspecto no es un óbice para la remisión de antecedentes.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Iván Sandoval Fuentes, mediante informe escrito cursante de fs. 150 a 151, señaló lo siguiente: 1) No existe fundamento respecto a cuál de los componentes que hacen a la naturaleza de la acción de libertad se está reclamando; es decir, si como consecuencia del rechazo por inadmisible del recurso de apelación planteado por Mónica Nava Arancibia, está en peligro su vida, si está siendo ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o indebidamente privada de libertad personal, tampoco señala si pide el cese de la supuesta persecución indebida, que se restablezcan las formalidades legales o que se restituya su derecho a la libertad; 2) El error alegado consistente en que el acta labrada en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal no se había consignado de forma fidedigna lo manifestado a que haría uso del recurso de apelación, y que no es atribuible al Tribual de alzada, pues una cosa es la reserva de la apelación y otra la interposición del recurso, así sea de forma oral, el cual debe ser debidamente fundamentado, tal como manda el art. 404 del CPP, con relación al art. 251 del CPP, lo que en este caso no ha sucedido; 3) La apelación escrita fue presentada en forma extemporánea, fuera del plazo de las setenta y dos horas, computables a partir del día y hora en que finalizó la audiencia que denegó la cesación a la detención preventiva, por cuanto en mérito al art. 160 del CPP, las resoluciones que se dicten en audiencia orales, se notifican en el mismo acto por su lectura, en el caso presente se notificó al apelante el viernes 3 de junio de 2016, a horas 17:30; empero, el recurso de apelación recién fue presentado el 8 de similar mes y año; y, 4) No se cumplió el principio de subsidiariedad, pues si la discusión está en cuestionar la fecha de notificación valedera a efecto del cómputo para apelación, la accionante podía interponer el incidente de nulidad de notificación o en su caso pedir previamente aclaración ante el a quo, pero no lo hizo; por lo que, pide que se deniegue la tutela solicitada.

Por su parte, María Beth Vásquez Castro, Crisóstomo Mancilla Paco y Ángel Barrios Villa, Jueces Técnicos del Tribunal Tercero de Sentencia Penal del departamento de Chuquisaca, mediante informe escrito, cursante a fs. 152 y vta., señalaron lo siguiente: i) El incidente de cesación de detención preventiva de Mónica Nava Arancibia, se desarrolló en los términos que señala el acta de la audiencia de 3 de junio de 2016, y la Resolución mediante la cual se la declaró infundada se notificó a las partes en dicha audiencia por su lectura, a horas 17:30 de ese día, momento a partir del cual corrió el plazo de las setenta y dos horas que tenía para apelar; ii) La defensa de la accionante anunció que iba a recurrir de apelación, conforme al art. 251 del CPP, aspecto que se tuvo presente, como consta en el acta; empero, sin hacer conocer los agravios y fundamentos de la apelación; es decir, no interpuso el recurso de apelación incidental contra el Auto que resolvió la cesación a la detención preventiva sino que solo protestó recurrir de apelación; iii) La accionante presentó su apelación a horas 11:56:34 del 8 de ese mes y año, cinco días después; es decir, cuando el plazo de setenta y dos horas había vencido; sin embargo, dicho escrito, donde recién se hizo conocer los agravios, fue remitido ante el Tribunal de alzada, instancia que al constatar que la apelación no fue fundamentada en audiencia sino que solo hubo protesta de apelar y que la apelación se presentó fuera de plazo, declaró inadmisible dicho recurso; iv) La accionante mediante la presente acción de tutela pretende subsanar su negligencia, confundiendo la protesta de recurrir con la apelación propiamente dicha, pues para que la apelación sea considerada como tal se debió fundamentar oralmente los agravios en audiencia; y, v) La accionante erradamente supone que la protesta de apelación suspende el plazo de la impugnación y que puede presentar el recurso en cualquier tiempo, inclusive fuera del plazo previsto en el art. 251 del CPP, lo que no es posible, pues en caso de admitirse dicho recurso se distorsionaría el procedimiento.

Patricia Maribel Achá Mora, Secretaria de Cámara de Sala Penal Primera, mediante informe cursante de fs. 153 a 154, señaló lo siguiente: a) En el actual modelo de justicia los secretarios de sala no tienen ninguna facultad de carácter jurisdiccional, debido a que los mismos, únicamente tienen atribuciones de carácter administrativo en el ámbito jurisdiccional; por lo que, no tiene legitimidad pasiva para ser demandada en la presente acción de libertad, tanto más si la accionante no identifica cuál sería el acto ilegal u omisivo en el que habría incurrido su persona, ya que se efectúa alegaciones genéricas y ambiguas de supuestas violaciones a su derecho; y, b) El hecho de que los Vocales demandados emitiera Resolución rechazando por inadmisible el recurso a partir de los datos objetivos que cursan en el cuaderno procesal, ello no implica que hubiera vulnerado derecho alguno de la accionante; por lo que, solicita que se deniegue la tutela impetrada.

Sandra Molina Villarroel, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de acción de libertad pese a su legal notificación cursante a fs. 144.

I.2.3. Intervención del representante del Ministerio Público

La Fiscal de Materia, Jaqueline Bustillo Sanchez, en audiencia, señaló que en audiencia se anunció que se iba a apelar pero en ningún momento se expresaron agravios en dicho acto.

I.2.4. Resolución

El Juez Segundo de Sentencia Penal del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 16/2016 de 22 de julio, cursante de  fs. 182 a 187 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: 1) Para la resolución de la problemática planteada debe verificarse los presupuestos de activación de la acción de libertad por vulneración del derecho al debido proceso, señalados en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre; es decir, si la el acto lesivo se encuentra vinculado con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y la existencia del absoluto estado de indefensión; 2) Con relación a los Jueces Técnicos del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, se cuestiona el Auto 148/2016 haciéndose referencia que la accionante en la audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva hizo constatar que formulaba recurso de apelación contra el Auto emitido; empero, la apelación o la reserva de no pueden formar parte de la resolución sino del acta; por lo que, la acción debió plantearse contra la misma pero no contra el Auto 148/2016, siendo dos aspectos totalmente diferentes; en todo caso, más allá de la mala elaboración del acta, este aspecto es de responsabilidad de la Secretaria y no de las autoridades jurisdiccionales; por lo tanto, no se tiene cumplido este primer requisito; y en cuanto a la indefensión absoluta, de los antecedentes se evidencia que la accionante junto a su abogado intervinieron en todos los actuados jurisdiccionales, en particular la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva; por ello, no se tienen cumplidos los dos presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional; 3) Con relación a la Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a quien se demandó cómo si fuera Vocal de dicho Tribunal, la mencionada funcionaria no tiene tal calidad; por lo que, no tiene facultades jurisdiccionales y menos ha declarado la improcedencia de la apelación formulada; por lo mismo, carece de legitimidad pasiva; el presupuesto de indefensión tampoco concurre, pues el abogado de la accionante estuvo presente en la audiencia; 4) Respecto a los Vocales demandados, es evidente que en el Auto 203/016, no se consideró que la defensa de la accionante en audiencia de cesación formuló recurso de apelación porque la parte accionante no introdujo ningún elemento probatorio que acredite ese extremo; 5) Respecto a la presentación escrita de la apelación en la que se hizo notar que se la interpuso en audiencia, al no existir prueba que respalde la formulación oral del recurso, resulta coherente la decisión adoptada por el Tribunal de apelación; 6) Respecto al rechazo de la exhibición del acta remitida por parte de la presidenta del Tribunal de alzada, la accionante pudo interponer recurso de reposición o en su caso saneamiento procesal; empero, al no haber hecho uso de esos recurso convalidó la negativa; y, 7) El abogado defensor intervino en todos los actuados realizados en la audiencia de 17 de junio de 2016; consiguientemente, al no haberse cumplido los dos presupuestos, corresponde denegar el “recurso”.

II. CONCLUSIONES

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Cursa acta de consideración de cesación a la detención preventiva, llevada a cabo en el Tribual Tercero de Sentencia Penal, el 3 de junio de 2016, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y a querella de Arcenio Huayquipa y otros contra Mónica Nava Arancibia, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, a cuya conclusión los Jueces Técnicos de dicho Tribunal -hoy demandados-, mediante Resolución (de la cual consta únicamente su parte resolutiva) declararon infundada la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por Mónica Nava Arancibia -hoy accionante-; y en la parte in fine del “Por tanto”, se hace constar que la Resolución fue dictada a horas 17:30 del 3 de junio de 2016, y que las partes están expresamente notificadas con dicha Resolución y advertidas que a partir de esa hora y fecha pueden hacer valer su recurso de apelación en el plazo de setenta y dos horas. Con posterior a dicho pronunciamiento, se dejó constancia que el abogado de la defensa habría señalado: “Nos reservamos el derecho de apelación” (sic) (fs. 91 a 92 vta.).

II.2.  Cursa CD de audio de la grabación de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva celebrada el 3 de junio de 2016, en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, en cuya parte final y luego de la emisión de la Resolución, el abogado de la defensa señala: “Anuncio que hago, voy hacer uso del recurso de apelación amparado en lo que establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal”. En respuesta el presidente del Tribunal, dispone: “Se tiene presente, reitero las partes quedan a partir de este momento notificados debidamente, a partir del cual corre el plazo para el recurso de apelación, no existiendo nada más que considerar, y conste en acta la recurso o la reserva de recurrir de apelación queda suspendida la presente audiencia” (fs. 128).

II.3.  Mediante escrito presentado ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, el 8 de junio de 2016, Mónica Nava Arancibia -hoy accionante-, interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución dictada en la audiencia de cesación a la detención preventiva de 3 de junio de 2016, haciendo notar que al finalizar la audiencia formuló oralmente su apelación. En respuesta, las autoridades codemandadas, mediante decreto de 8 de igual mes y año, ordenaron la remisión de la apelación ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 97 a 104).

II.4.  Según el acta de audiencia pública de apelación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, celebrada en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el 17 de junio de 2016, en la cual los Vocales demandados, por Auto 203/016, rechazaron por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la imputada, Mónica Nava Arancibia, con el fundamento de que el recurso fue presentado fuera del plazo de las setenta y dos horas, previsto en el art. 251 del CPP, dado que la apelante fue notificada a horas 17:30, el 3 de similar mes y año, habiendo vencido el plazo a horas 17:30, del 6 del mismo mes y año, y recién a horas 11:56, del 8 de ese me y año, presentó su recurso (fs. 118 a 121 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, y los principios de seguridad jurídica, celeridad e impugnación, toda vez que: i) Los Jueces Técnicos del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, en el Auto de 148/2016, señalaron que no habría interpuesto apelación dentro del plazo legal; y, ii) los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en la emisión del Auto 203/016 no consideraron ni valoraron su recurso de apelación formulado oralmente en audiencia de 3 de junio de 2016.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  El debido proceso y la acción de libertad

Sobre la protección del derecho al debido proceso mediante la acción de libertad, en la SCP 0468/2016-S2 de 9 de mayo, se señala: “…la jurisprudencia contenida en la SCP 1863/2012 de 12 de octubre, reiterando el entendimiento ya abordado en otras indicó que: ‘La lesión al debido proceso o procesamiento ilegal o indebido, se entiende como el acto por el cual un juez a tiempo de sustanciar un proceso penal, lesiona la garantía constitucional del debido proceso, consagrado en el art. 115.II de la CPE, por el cual se garantiza el derecho a un debido proceso de las y los bolivianos, por los administradores de justicia. En ese contexto, con relación al procesamiento indebido, el Tribunal, estableció: «Las vulneraciones al debido proceso y la tutela a través de esta garantía jurisdiccional, se precisó en las SSCC 0451/2010-R de 28 de junio, reiterada por la 0033/2011-R de 7 de febrero: 'La Constitución Política del Estado (arts. 115.II y 117.I), reconoce al debido proceso como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe enmarcar la actuación de las partes procesales, la finalidad de este derecho constitucional y garantía jurisdiccional es proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos y garantías, como elementos del debido proceso. Cuando se denuncie su vulneración en cualquiera de sus componentes, corresponderá su impugnación a través de la acción de libertad, cuando esté directamente relacionada con la restricción de la libertad del accionante y se constate la existencia de absoluto estado de indefensión; caso contrario, la denuncia por irregularidades cometidas en el proceso (entendidas como violación al debido proceso), deberán ser reclamadas a través de los medios ordinarios que el ordenamiento jurídico procesal penal prevé, agotada la jurisdicción ordinaria y en el supuesto de persistir la lesión, se activa la tutela de la acción de amparo constitucional’»’ (SC 0378/2011-R de 7 de abril).

No obstante, la exigencia del absoluto estado de indefensión, fue modulado por la SCP 0037/2012-R de 26 de marzo, que sentó el siguiente entendimiento: ‘Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa’.

En consecuencia, para la activación de la acción de libertad vía acción de libertad, debe necesariamente concurrir dos presupuestos, el primero, que el acto lesivo se la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de locomoción; y el segundo, que el accionante haya estado en absoluto estado de indefensión, empero, el último requisito no es exigible cuando quien demande la acción tutelar se encuentre sometido a una medida cautelar de carácter personal (las negrillas son añadidas).

III.2.  Sobre el derecho a recurrir o a la impugnación

Respecto al derecho a recurrir, la SCP 1267/2012 de 16 de septiembre, refirió que: “Se debe tener presente que, toda resolución judicial por más perfecta que le parezca al juzgador, es fruto de la obra humana, de modo que no puede ser intachable o infalible. En el marco de ese razonamiento, el régimen de las impugnaciones, constituye un elemento imprescindible del debido proceso, porque a través de ella es posible cuestionar los fallos dentro de una misma estructura jurídica de un Estado. Bajo esa premisa, desde la óptica de la Norma Fundamental, la impugnación se entiende como un principio, tal como prescribe el art. 180.II de la CPE, cuyo texto señala: ‘Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales’. Sin embargo, se debe tener claramente definido que, el constituyente boliviano, al referirse a la impugnación como un principio, quiso referirse al derecho fundamental de recurrir el fallo judicial ante la autoridad superior en jerarquía, comprensión que refleja el espíritu de las diferentes normas de orden internacional, como el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), cuyo texto prevé: ‘Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley’. En esa misma línea de entendimiento, el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), prescribe: ‘derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior’. En efecto, las apelaciones en general y particularmente la apelación incidental, debe entenderse como un elemento integrador del debido proceso, en su dimensión del derecho a recurrir el fallo judicial o, la impugnación a las resoluciones judiciales”.

III.3.  Sobre la apelación oral de las resoluciones relativas a las medidas cautelares de carácter personal

Con referencia al tratamiento especial que el legislador ha otorgado a la apelación incidental de resoluciones relativas a medidas cautelares de carácter personal, respecto de las cuales es posible su interposición oral, en la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, se señala: “La teleología de la apelación incidental diseñada por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía.

En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, modificado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en el art. 251 del referido cuerpo adjetivo.

Consiguientemente, las autoridades que imparten justicia en materia penal, deben considerar que el legislador ha diseñado una apelación incidental especial, distinta a la naturaleza y procedimiento que prevé el art. 403 del CPP, por ello, no deben confundir la aplicación de la norma, procediendo a dilatar indebidamente la tramitación rápita, expedita y eficaz establecida por el art. 251 del citado Código, pues ésta última norma inclusive le otorga la facultad al Tribunal superior de corregir omisiones del Juez cautelar y por ello, de manera fundamentada y motivada, puede aprobar o revocar la decisión inferior restableciendo en su caso y si corresponde, la libertad del imputado o procesado.

En este sentido, la jurisprudencia constitucional entre otras, la               SC 1703/2004-R de 22 de octubre, señaló que: ‘En el caso que se examina, uno de los extremos denunciados en el recurso está referido al hecho de que -según la demandante-, la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar no cumplió con lo previsto por el art. 251 con relación a los arts. 403 inc. 3) y del 404 del CPP, que disponen que las apelaciones incidentales deben ser presentadas por escrito debidamente fundamentadas; al respecto, es necesario precisar, que si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, «las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas»; asimismo, señala que el Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.

Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza’” (las negrillas son añadidas).

III.4.  Sobre la legitimación pasiva en la acción de libertad

Con relación a la legitimación pasiva en la acción de libertad, en la       SCP 0617/2015-S2 de 3 de junio, se señala: “Al respecto la                 SCP 0048/2015-S1 de 6 de febrero expresó: ‘La legitimación pasiva, es un requisito que exige que la acción de libertad sea dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal u omisión indebida, que ocasionó la lesión del derecho fundamental relacionado con la libertad física o la vida, en esa óptica, este Tribunal ha reiterado que esta calidad se adquiere: «….por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción». Consecuentemente, toda persona que invoque la tutela a sus derechos íntimamente ligados a la libertad o locomoción, imprescindiblemente deberá dirigir la acción contra la autoridad o persona que causó la lesión o vulneración de los derechos que demanda se restituyan’ (SC 0077/2011-R de 7 de febrero).

Ahora bien, al igual que muchos otros institutos que pertenecen a la esfera del derecho constitucional, la jurisprudencia de este alto Tribunal, ha determinado las reglas a ser observadas a efectos de establecerse una correcta legitimación pasiva, así la SC 1932/2010-R de 25 de octubre, sistematizó y clarificó las reglas de la legitimación pasiva para la acción de libertad y la excepción a éstas, precisando que: ‘i) Debe existir coincidencia, entre la persona o personas que supuestamente vulneraron el derecho y la persona demandada, en tal sentido, debe precisarse que para determinar esta coincidencia, deben existir elementos razonables que establezcan que esa autoridad impartió o ejecutó una orden en virtud de la cual se hubiese procedido a una aprehensión, detención, persecución o procesamiento ilegal o indebido, ii) La sub-regla o excepción a la premisa antes desarrollada, solamente se da en tres situaciones concurrentes a saber: a) La detención ilegal debe ser cierta; b) Debe existir error en la identidad de la autoridad demandada, empero, en este caso, la autoridad erróneamente demandada debe pertenecer a la misma institución, rango o jerarquía, además debe tener idénticas atribuciones en relación a la autoridad que debió ser demandada; asimismo, en este supuesto, el error debe ser consecuencia de una imposibilidad o dificultad del afectado para determinar la identidad de la autoridad que supuestamente vulneró sus derechos; y c) Deben existir suficientes medios de convicción que acrediten la manifiesta detención ilegal’” (las negrillas nos corresponden).

III.5.  Análisis del caso concreto

La accionante mediante su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, y los principios de seguridad jurídica, celeridad e impugnación; toda vez que, los Jueces Técnicos del Tribunal Tercero de Sentencia Penal en el Auto de 148/2016 señalaron que no habría interpuesto apelación dentro del plazo legal, y los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en la emisión del Auto 203/016 no consideraron ni valoraron su recurso de apelación formulado oralmente en audiencia de 3 de junio de 2016.

Con relación a los Vocales demandados, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia de éste Tribunal, tiene establecido que la apelación contra medidas cautelares de carácter personal pueden interponerse verbalmente en audiencia inmediatamente de pronunciada la resolución impugnada, con la posibilidad de fundamentar los agravios en la audiencia, que a efecto de su resolución señale el tribunal de alzada.

En el caso en examen, conforme se evidencia de la grabación de la audiencia de 3 de junio de 2016, luego del pronunciamiento de la Resolución que declaró infundado el pedido de cesación a la detención preventiva formulado por Mónica Nava Arancibia -hoy accionante-, el abogado de la defensa, expresamente señaló: “ANUNCIO QUE HAGO Y VOY A HACER USO DEL RECURSO DE APELACIÓN AMPARADO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 251 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” (sic). En mérito al principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados, la mencionada aseveración del abogado de la defensa, implica la interposición de la apelación incidental contra la referida Resolución, pues en virtud al señalado principio y el marco de la prevalencia del derecho material sobre el derecho formal, la activación de la apelación incidental contra resoluciones relativas a medidas cautelares de carácter personal, no se halla sujeta a formalismos y menos a la formulación de frases sacramentales al extremo de exigirse el uso de determinadas expresiones; asimismo, como se tiene señalado, la falta de expresión de agravios en ese momento no constituía un óbice, dado que, en mérito a los principios de oralidad e inmediación que rigen en el proceso penal, el apelante tenía la posibilidad de fundamentarlos en la audiencia de resolución de la alzada. Consiguientemente, los Vocales demandados al haber rechazado por inadmisible la apelación incidental interpuesta oralmente y dentro del plazo legal por la accionante, vulneraron el derecho al debido proceso en su elemento de derecho a la impugnación, dado que denegaron indebidamente el examen sobre el fondo del recurso, no obstante que la impugnación fue formulada válidamente; dicho rechazo de la apelación incidental, al estar referido a la resolución del pedido de cesación de la medida cautelar de carácter personal, se encuentra directamente vinculado con el derecho a la libertad, el cual por consecuencia también resultó lesionado, pues es evidente que la accionante, a través de su abogado, en audiencia interpuso oralmente el recurso de apelación incidental.

Con relación a los Jueces Técnicos, cabe puntualizar que el Auto 148/2016, mediante el cual se declaró infundado el pedido de cesación a la detención preventiva, obviamente no hace referencia a que no se habría interpuesto la apelación dentro del plazo legal y lógicamente no contiene pronunciamiento sobre un hecho futuro como era el relativo a la admisibilidad de dicho recurso, sobre el cual además no le correspondía pronunciarse; razón por la cual, amerita denegar la tutela solicitada respecto de dichas autoridades, lo mismo que con relación de la Secretaria del Tribunal de alzada, dado que dicha funcionaria, no tiene facultades jurisdiccionales para rechazar la apelación incidental, careciendo por consiguiente de legitimidad pasiva.

Por todo lo expuesto, el Juez de garantías, al denegar totalmente la tutela impetrada, no obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 16/2016 de 22 de julio, cursante de fs. 182 a 187, pronunciada por el Juez Segundo de Sentencia Penal del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto 203/016, debiendo los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitir nueva resolución de acuerdo a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarrerza Morales

MAGISTRADO

“El juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido.”

Utilidad: Derecho Comparado, Derecho Penal, Jurisprudencia Boliviana, Sentencia Constitucional.

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CONTENIDO:

EXTRACTO DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL

SENTENCIA CONSTITUCIONAL COMPLETA.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0950/2016-S1

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

I.1.1. Hechos que motivan la acción

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

I.2.3. Resolución

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

II. CONCLUSIONES

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. De la acción de libertad y la aplicación del principio de subsidiariedad

III.2. Naturaleza y alcance de la declaratoria de rebeldía

III.3. Análisis del caso concreto

POR TANTO

EXTRACTO DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL

SCP 0950/2016-S1 Sucre, 19 de octubre de 2016

El art. 89 del CPP, en el caso de la declaratoria de rebeldía dispone que “El juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido.”

En virtud a la disposición señalada, se tiene que la declaratoria de rebeldía tiene como presupuesto la ausencia del imputado a los actuados señalados por el juez de la causa, con la finalidad de garantizar la presencia del mismo, como el cumplimiento de los principios constitucionales establecidos en el art. 178 de la CPE, es decir, efectivizando la celeridad de todos los actos procesales dentro del proceso penal, por ello se emite como una de las medidas el mandamiento de aprehensión, que permita asegurar su presencia; sin embargo, esta medida es momentánea y cesa también cuando el rebelde se apersona voluntariamente ante el juez de la causa.

En consecuencia, el rebelde puede apersonarse ante la autoridad jurisdiccional que así lo declaró, justificando su inasistencia al actuado respectivo, solicitando su revocatoria, tal cual establece el art. 91 del CPP. 7

La SCP 0811/2012 de 20 de agosto, sobre la naturaleza de la rebeldía señaló que: “El derecho procesal penal boliviano, determina una serie de medidas destinadas a efectivizar el cumplimiento del principio de celeridad evitando dilaciones innecesarias que a la postre generen no sólo retardación de justicia sino también denegación de la misma con el efecto inmediato de vulnerar los derechos de la víctima y que pudieran emerger tanto de las actuaciones de los administradores de justicia como de los procesados a raíz de posibles incomparecencias de los ajusticiados a las distintas audiencias que emergen de la persecución penal; en este sentido, el ordenamiento jurídico, tratándose del imputado, ha previsto en el art. 87 del CPP, un medio compulsivo a efectos de garantizar el ejercicio de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa del encausado, cual es la declaratoria de rebeldía, que debe ser entendida como la consecuencia que genera la incomparecencia de la parte en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento, sea desde el inicio del proceso o en determinado momento del mismo; pues su presencia permite la consecución de los fines jurisdiccionales del Estado respecto a la administración de justicia; en consecuencia, su ausencia, entendida como la negatoria de prestar ayuda, merece una sanción.”

SENTENCIA CONSTITUCIONAL COMPLETA.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0950/2016-S1

Sucre, 19 de octubre de 2016

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:         Tata Efren Choque Capuma

Acción de libertad

Expediente:                       15233-2016-31-AL

Departamento:                  La Paz

En revisión la Resolución 48/2016 de 25 de mayo, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Daniel Torrico Mejía contra Enrique Morales Diaz, Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de mayo de 2016, cursante de fs. 2 a 3, el accionante expone lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, aparentemente fue notificado con el señalamiento de audiencia de 12 de mayo de 2016 –para la consideración de incidentes–; sin embargo, nunca se efectuó dicha notificación; realizándose la audiencia, sin considerar además que el Fiscal de Materia tampoco se encontraba en la misma, razón que era suficiente para determinar su suspensión. Asimismo, en el referido actuado, a solicitud de una persona que no es parte dentro del proceso, el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de La Paz –ahora demandado– declaró en rebeldía, disponiendo la emisión de mandamiento de aprehensión en su contra, sin tomar en cuenta lo establecido en el art. 99 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, correspondía se le otorgue un plazo para justificar su inasistencia.

Ante las irregularidades mencionadas, el 13 de mayo de 2016, denunciando tales hechos, pidió día y hora de audiencia, y al estar pendiente de pronunciamiento la solicitud de extinción de la acción penal, como al haber emitido la Resolución 202/2016 el 12 del mismo mes y año, incumpliendo su trabajo de controlar la vigencia de los derechos como de las garantías constitucionales, cumpliendo el principio de subsidiariedad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, “celeridad de justicia y certidumbre jurídica” (sic); citando la efecto los arts. 22,115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto la rebeldía y el mandamiento de aprehensión; y, se ordene su remisión al Ministerio Público por vulneración a la ley, sea con costas, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

En audiencia pública celebrada el 25 de mayo de 2016, según acta cursante de fs. 15 a 17 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándola señaló lo siguiente: a) En virtud a la suspensión constante de los actos de incidentes planteados en la etapa conclusiva, que datan del 2015, a la cuales asistió, la última audiencia se señaló para el 12 de mayo de 2016, siendo la única vez que no lo hizo; b) Se manifiesta que existiría una notificación que dejaron en su domicilio procesal, con un supuesto testigo de actuación, que jamás llegó, tomando conocimiento de dicha audiencia recién el 13 del mismo mes y año; c) El Fiscal de Materia asignado al caso, mediante memorial presentado ante el Juez demandado, hizo conocer que no asistiría al  referido actuado, solicitando se señale nueva fecha y hora; d) En acta de audiencia pública de consideración de incidente y excepción se señaló que no se encuentra presente el representante del Ministerio Público, tampoco el acusado ni su defensa, y una vez que el Juez demandado cedió la palabra al abogado de la víctima, el mismo solicitó se declare la rebeldía del imputado por su inasistencia, que fue otorgado por la autoridad jurisdiccional, mediante Resolución 202/2016 de 12 de mayo, en virtud a que no presentó ninguna justificación al respecto, pese a su legal notificación; y, e) Se encuentra en riesgo su libertad por el mandamiento de aprehensión emitido, pese a que presentó un memorial ante el Juez demandado, que no fue respondido porque según establece previamente debe purgarse la rebeldía, sin habérsele dado la oportunidad de justificar su inasistencia a dicha audiencia.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Enrique Morales Díaz, Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de La Paz, presentó informe escrito cursante de fs. 9 a 10, en el cual manifestó: 1) Dentro del proceso penal por los delitos de resistencia a la autoridad e impedir o estorbar el ejercicio de funciones seguido contra el accionante, se tramitaron una serie de recusaciones, excepciones e incidentes, señalándose audiencias para resolver estos últimos, que fueron suspendidos por diferente motivos; 2) Mediante providencia de 21 de abril de 2016, se señaló audiencia para resolver excepciones e incidentes para el 12 de mayo del mismo año a horas 14:30, copia de ley que conforme a procedimiento fue “remitido a la Central de Notificaciones” (sic) el 24 de abril de igual año, instancia que notificó al accionante  en su domicilio procesal el 26 de similar mes y año, a cargo de un oficial de diligencias; 3) Instalado la audiencia el 12 de mayo de 2016, en presencia de la víctima y su abogado, ausente el Fiscal de Materia como el imputado –ahora accionante– a petición de la querellante, en cumplimiento a los arts. 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se emitió la Resolución 202/2016, que declaró la rebeldía de Roberto Daniel Torrico Mejía; y 4) No se incurrió en acto ilegal alguno ni se vulneraron sus derechos como denuncia el ahora accionante, debiendo denegarse la acción de libertad interpuesta por el mismo; toda vez que, no cumplió con el principio de subsidiariedad, sin tomar en cuenta que las Resoluciones y Autos emitidos en razón a la competencia de la autoridad jurisdiccional no causan estado, sino son susceptibles de recursos de impugnación antes de acudirse a la vía constitucional.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 48/2016 de 25 de mayo, cursante de fs. 18 a 20, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución 202/2016 de 12 de  mayo y todas las medidas asumidas en contra del accionante, debiendo señalarse audiencia de consideración de incidentes y excepciones a la brevedad posible, bajo los siguientes fundamentos: i) La autoridad jurisdiccional tenía conocimiento del memorial de justificación de inasistencia del Fiscal de Materia a la audiencia señalada; sin embargo, sin observar su solicitud como el hecho de que se constituye en el titular de la acción penal, instaló la misma, y a pedido de la víctima resolvió declarar rebelde al accionante; ii) La autoridad demandada, no valoró correctamente los antecedentes respecto a la cantidad de señalamiento de audiencias de consideración de incidentes y excepciones que además fueron suspendidas, en las que siempre estuvo presente el impetrante de tutela, a excepción de la del 12 de mayo de 2016; y, iii) El Juez de la causa en la Resolución 202/2016 que emitió, no se pronunció sobre la posibilidad de apelación, la forma y el plazo para interponerla, conforme lo exige el art. 123.I del CPP, además que este tipo de resoluciones no se encuentran enumeradas dentro de las causales de apelación incidental, por lo que no había otra vía posterior para impugnarla.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 12 de septiembre de 2016, se suspendió plazo por solicitud de documentación requerida, reanudándose por decreto de 19 de octubre de igual año, siendo notificadas las partes en similar fecha, a cuyo efecto, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

Efectuada la revisión y compulsa de los antecedentes se establece lo siguiente:

II.1.  Mediante nota de 21 de abril de 2016, la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Tercero del departamento de La Paz, señaló que no se pudo llevar a cabo la audiencia señalada para esa fecha, en virtud a que la autoridad jurisdiccional ahora demandada se encontraba en una audiencia prolongada de medidas cautelares; asimismo, por proveído de la misma fecha, mes y año emitida por dicha autoridad se señaló nueva audiencia para el 12 de mayo a horas 14:30 (fs. 11).

II.2.  El 26 de abril de 2016 por hoja de notificación procesal se dio a conocer a Roberto Saniel (Daniel) Torrico Mejía y Ana Denisse Mealla Delgado en el edif. Casanovas, piso 4, of. 406 (Dr. Iván Perales),el señalamiento de audiencia de 12 de mayo de igual año para que se haga presente al Juzgado de Instrucción Penal Tercero del departamento de La Paz        (fs. 12)

II.3.  Acta de audiencia pública de consideración de incidente y excepción, celebrado el 12 de mayo de 2016, a horas 14:30. (fs.13)

II.4.  Mediante Resolución 202/2016 de 12 de mayo, emitido por Enrique Morales Diaz, Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de La Paz, se declaró rebelde al accionante, además se dispuso que para su búsqueda se libre mandamiento de aprehensión. (fs.14 y vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, “celeridad de justicia y certidumbre jurídica”, en virtud a que dentro del proceso penal que se viene tramitando en su contra, el Juez de la causa después de varias audiencias de consideración de incidentes como de excepciones suspendidas, señaló otra para el 12 de mayo de 2016, a horas 14:30, que según refiere no le fue notificado; asimismo, el Fiscal de Materia dio a conocer su imposibilidad de asistir a la misma, solicitando se señale nueva fecha y hora; sin embargo, el Juez ahora demandado instaló la referida audiencia solamente en presencia de la víctima, quien solicitó se declare rebelde a Roberto Daniel Torrico Mejía, es así que atendiendo a este pedido la autoridad jurisdiccional le declaró en rebeldía, disponiendo a su vez se libre mandamiento de aprehensión en su contra, sin que se le dé oportunidad de justificar su inasistencia, a pesar de haber presentado un memorial una vez que se enteró de tal actuado.   

En consecuencia, corresponde a este Tribunal analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes y si corresponde conceder o denegar la tutela.

III.1. De la acción de libertad y la aplicación del principio de subsidiariedad

La Constitución Política del Estado, instituye la acción de libertad en el         art. 125, el cual se interpone cuando: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

El Código Procesal Constitucional, en su art. 46 establece como objeto de esta acción tutelar el “…garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”, concordante con el art. 47 del citado Código.

En este entendido, cabe señalar que si bien la acción de libertad se constituye en un medio efectivo para garantizar el derecho fundamental de la libertad personal, en el marco de los fines del Estado Plurinacional, también corresponde que la institucionalidad estatal garantice el cumplimiento de los principios y valores, es así que de acuerdo al principio de complementariedad, tanto la justicia ordinaria como la constitucional, se rigen a sus competencias; empero, ambos con el fin de precautelar el bienestar común de la población, teniendo como requisito para plantearse la acción de libertad el cumplimiento del principio de subsidiariedad, lo que implica que, previamente a la acción constitucional deben agotarse previamente todas las vías ordinarias a disposición de la parte que se considere afectada en sus derechos a raíz de alguna resolución judicial.

Es así que la SC 0008/2010-R de 6 de abril, señaló que: El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”

Asimismo, la SCP 2222/2013 de 16 de diciembre, expresó que: “la                 SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal es el juez cautelar quien debe conocer las supuestas lesiones a derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resultando compatible con el orden constitucional activar directamente, o de manera simultánea la justicia constitucional a través del -antes- recurso de hábeas corpus.”

III.2. Naturaleza y alcance de la declaratoria de rebeldía

El art. 89 del CPP, en el caso de la declaratoria de rebeldía dispone que “El juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido.”

En virtud a la disposición señalada, se tiene que la declaratoria de rebeldía tiene como presupuesto la ausencia del imputado a los actuados señalados por el juez de la causa, con la finalidad de garantizar la presencia del mismo, como el cumplimiento de los principios constitucionales establecidos en el art. 178 de la CPE, es decir, efectivizando la celeridad de todos los actos procesales dentro del proceso penal, por ello se emite como una de las medidas el mandamiento de aprehensión, que permita asegurar su presencia; sin embargo, esta medida es momentánea y cesa también cuando el rebelde se apersona voluntariamente ante el juez de la causa.

En consecuencia, el rebelde puede apersonarse ante la autoridad jurisdiccional que así lo declaró, justificando su inasistencia al actuado respectivo, solicitando su revocatoria, tal cual establece el art. 91 del CPP.

La SCP 0811/2012 de 20 de agosto, sobre la naturaleza de la rebeldía señaló que: “El derecho procesal penal boliviano, determina una serie de medidas destinadas a efectivizar el cumplimiento del principio de celeridad evitando dilaciones innecesarias que a la postre generen no sólo retardación de justicia sino también denegación de la misma con el efecto inmediato de vulnerar los derechos de la víctima y que pudieran emerger tanto de las actuaciones de los administradores de justicia como de los procesados a raíz de posibles incomparecencias de los ajusticiados a las distintas audiencias que emergen de la persecución penal; en este sentido, el ordenamiento jurídico, tratándose del imputado, ha previsto en el art. 87 del CPP, un medio compulsivo a efectos de garantizar el ejercicio de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa del encausado, cual es la declaratoria de rebeldía, que debe ser entendida como la consecuencia que genera la incomparecencia de la parte en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento, sea desde el inicio del proceso o en determinado momento del mismo; pues su presencia permite la consecución de los fines jurisdiccionales del Estado respecto a la administración de justicia; en consecuencia, su ausencia, entendida como la negatoria de prestar ayuda, merece una sanción.”

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes ahora referidos, en virtud a la solicitud realizada por la víctima, el accionante fue declarado rebelde por el Juez demandado, mediante Resolución 202/2016; toda vez que, no acudió a la audiencia de consideración de incidentes y excepciones señalada para el 12 de mayo de 2016, a horas 14:30, según refiere porque no fue notificado para dicho actuado, a pesar de la notificación por cédula efectuada en su domicilio procesal por el Oficial de Diligencias de la Central de Notificaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Asimismo, el Fiscal de Materia asignado al caso no asistió a la audiencia señalada, a pesar de ello la misma se llevó a cabo, lo cual no puede ser objeto de cuestionamiento del impetrante de tutela, pues los actos dentro del proceso penal son intuito personae; es decir, solamente la autoridad fiscal puede objetar aquello.

El accionante al interponer la presente acción de libertad, no consideró que el mismo se constituye en un medio extraordinario que tiene como fin garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro, en el caso de que no existan medios oportunos e inmediatos que efectivicen los derechos señalados.

En este caso, cabe señalar que la declaratoria de rebeldía es emitida por el juez de control jurisdiccional a raíz de la ausencia injustificada del imputado cuando fue notificado a un actuado señalado por el mismo, con la finalidad de asegurar su presencia durante el trámite del proceso, garantizando de esta forma el principio constitucional de celeridad de los trámites procesales correspondientes, y de cumplimiento obligatorio de las autoridades judiciales; sin embargo, dicha medida es momentánea, y puede quedar sin efecto cuando se justifica su inasistencia.

Por lo señalado, es evidente que el accionante, no acudió previamente ante el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de La Paz, para solicitar la revocatoria de la Resolución 202/2016, con la finalidad de que se deje sin efecto la declaratoria de rebeldía en su contra, y justificar su inasistencia a la audiencia de consideración de incidentes y excepciones efectuada el 12 de mayo de los corrientes, pretendiendo que este Tribunal mediante la acción de libertad sustituya las competencias del Juez de la causa y se pronuncie sobre la declaratoria de rebeldía emitida por el mismo, cuando es el único que puede resolverlo, tal cual se señaló en los Fundamentos Jurídicos III.2 del presente fallo.

En este sentido, el accionante tiene la vía ordinaria expedita para que se deje sin efecto la declaratoria de rebeldía, como las medidas que provienen de ella y solo si diera el caso de que a pesar de haberse interpuesto dicho recurso ante el juez de la causa, el mismo no se pronuncie de conformidad con los derechos y garantías protegidos por la Constitución Política del Estado, se activa recién el medio extraordinario de la acción de libertad, puesto que lo que se pretende con ello es justamente respetar los medios inmediatos de reclamo que ofrece la ley, frente a una posible vulneración de derechos de las partes dentro de un proceso, aplicándose en este caso la excepción a la subsidiariedad, al no haber agotado previamente la vía ordinaria señalada, así lo entendió la SCP 0811/2012, al señalar que: “ En este sentido -en el caso concreto- queda claro que la comparecencia ante la autoridad jurisdiccional para justificar la inasistencia a su llamado, es un medio sencillo, rápido, oportuno y eficaz para anular la resolución de declaratoria de rebeldía, por ello, la interpretación normativa debe realizarse en el sentido más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales, en concordancia con los preceptos y principios constitucionales; además, debe efectuarse dicha interpretación, de acuerdo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquella como sucede en el presente caso.

En coherencia con la fundamentación que antecede, se constata que el accionante no ha cumplido con el principio de subsidiaridad, debiendo en consecuencia denegar la tutela.” 

Lo señalado implica a su vez efectivizar el principio de armonía social, donde todas las partes actúen recíprocamente acudiendo primero a los recursos ordinarios al momento de percatarse de algún desequilibrio, a fin de que se armonicen las relaciones generadas en dicho proceso.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela no obró correctamente; por lo que, corresponde aplicar el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 48/2016 de 25 de mayo, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Tata Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chavez

MAGISTRADO