Auto Supremo: 491/2012 14 de diciembre de 2012.

se concluye que respecto al bien inmueble que alude el actor en su demanda, no existe necesidad de determinar el carácter común del mismo, toda vez que el registro en Derechos Reales invocado por el actor, demuestra que el inmueble se encontraba registrado tanto a nombre suyo como el de su ex cónyuge, razón por la que en el caso de autos la "nulidad" demandada por el actor no dependen de la previa determinación del carácter común que revestiría el inmueble objeto de la litis, consiguientemente la competencia para el conocimiento de la misma corresponde al Juez de materia Civil y o no al de materia Familia.,

CONTENIDO:

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 491/2012

Sucre: 14 de diciembre de 2012

- Expediente: SC-91-12-A.

- Partes: Manuel Iván Navarrete Gahona c/ Irma Torres Díaz de Navarrete y la Cooperativa de Crédito Comunal 1ro. De Septiembre Ltda., representada legalmente por su presidente Juan Alberto Caballero.

- Proceso: Nulidad de contrato de transferencia con pacto de rescate, nulidad y cancelación de registros e inscripciones y, reposición de partidas computarizadas o registro de propiedad.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y de fondo, cursante de fs. 328 a 336 vlta., interpuestos por Manuel Ivan Navarrete Gahona, contra el Auto de Vista cursante de fs. 321 y vlta., emitido el 2 de abril de 2012 por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia, en el proceso ordinario sobre Nulidad de contrato de transferencia con pacto de rescate, nulidad y cancelación de registros e inscripciones y, reposición de partidas computarizadas o registro de propiedad, seguido por el recurrente en contra de Irma Torres Díaz de Navarrete y la Cooperativa de Crédito Comunal 1ro. De Septiembre Ltda.., representada legalmente por su presidente Juan Alberto Caballero; la respuesta de fs. 345 a 347; la concesión de fs. 348; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez de Partido Primero de Familia de la ciudad de Santa Cruz, el 3 de agosto de 2011 pronunció el Auto de Vista de fs. 281 a 282 vlta., declinando competencia en el conocimiento de la causa por considerar que la misma resultaría ser una cuestión netamente civil que no dependería en nada de otra cuestión familiar. Disponiendo en consecuencia se remita el proceso a conocimiento del Juez de turno en materia Civil y Comercial.

Por Auto de fecha 3 de septiembre de 2011, atendiendo la solicitud de complementación formulada por la Cooperativa de Crédito Comunal 1ro. De Septiembre Ltda.., la Juez de la causa anuló obrados hasta fs. 53 inclusive y mantuvo la determinación de remitir el expediente ante el Juez competente en materia Civil.

Contra esa determinación de primera instancia el actor interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en fecha 2 de abril de 2012 emitió el Auto de Vista cursante a fs. 321 y vlta., confirmando los Autos de fecha 3 de agosto y de 3 de septiembre, ambos del año 2011, con costas.

Resolución de alzada recurrida en casación por el demandante.

CONSIDERANDO II: DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

El recurrente Manuel Iván Navarrete Gahona, señaló que la Juez A quo desde que radicó la demanda en su despacho avaló y aceptó su competencia, y que a tiempo de admitir la misma debió analizar su competencia y en aplicación del art. 3 del Código de Procedimiento Civil le correspondía excusarse en el primer instante y no esperar que el proceso avance hasta el estado de dictar Sentencia, causando grave perjuicio a la parte. Manifestó que una vez admitida la demanda, los demandados fueron citados y éstos no observaron la incompetencia de la Juez A quo, por lo que consideró que al contestar la demanda éstos aceptaron la competencia de la juzgadora.

Señaló también que el Auto de Sala Plena de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitido en fecha 23 de agosto de 2010, en base al cual la Juez de primera instancia sustentó su decisión de declinar competencia, resultaría impertinente y que en todo caso el Tribunal de alzada a resolver su recurso de apelación debió considerar los Autos Supremos que invocó en calidad de jurisprudencia.

Consideró contradictorio el hecho de que la Juez A quo hubiera emitido el Auto de 3 de septiembre de 2011 anulando obrados, cuando por resolución de 3 de agosto del mismo año declinó competencia, razón por la que, en su criterio, la Juez ya no tenía competencia para emitir ninguna otra resolución.

Manifestó que la declinatoria de competencia dispuesta por la Juez de primera instancia, es contraria al principio de preclusión, toda vez que al haberse admitido la demanda, citado a los demandados, y al no haber éstos opuesto excepción de incompetencia, consintieron en la misma, por lo que la Juez A quo no podía declarar de oficio su incompetencia por haber precluido el momento para hacerlo.

En el fondo:

Cuestionó que el Tribunal de Alzada cometió un error al confirmar los Aautos apelados, toda vez que de la revisión de obrados se podría advertir que el mismo no versa sobre una cuestión netamente civil, sino más bien, sobre un aspecto familiar, por lo que los Señores Vocales al haber confirmado las resoluciones de primera instancia habrían interpretado erróneamente la Ley Nº 1760, en sus arts. 3, 4, 7, 8, 9, 14 y 15 y los arts. 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado, generando de esa forma su indefensión. Al respecto reiteró que la Juez A quo tomó la decisión de declinar competencia cuando ya había precluido la oportunidad para hacerlo.

Por las razones expuestas solicitó se case el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO III: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma:

Habiendo el recurrente interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde a éste Tribunal absolver en principio los agravios de forma, porque de ser evidentes los mismos, ameritaría la nulidad de obrados decisión que imposibilitaría la consideración del recurso de casación en el fondo.

Establecido lo anterior corresponde precisar que en consideración al carácter de orden público que revisten las reglas de competencia, cualquier vulneración al respecto debe ser observada aun de oficio y en cualquier estado del proceso, a fin de imponer la sanción que corresponda, no pudiendo la actuación de las partes o de los propios administradores de justicia, convalidar las infracciones referidas a la competencia de los jueces, salvo que se trate del elemento territorio, en cuyo casó la actuación de las partes, sea en forma expresa o tácita, puede generar la llamada prórroga de la competencia, figura que en ningún caso opera respecto al elemento materia, cuya inobservancia, dará lugar a la declaración de incompetencia en cualquier estado del proceso, incluso la nulidad de las actuaciones y determinaciones asumidas por un Juez incompetente puede ser dispuesta fuera del proceso, conforme dispone el art. 122 de la Constitución Política del Estado que determina que "son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley".

Al respecto, resulta pertinente señalar que por determinación del art. 12 de la Ley Nº 025, "la competencia es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto". En ese sentido, el art. 13 de la ley citada establece que: "la competencia en razón del territorio se ampliará únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes. Es expreso cuando convienen en someterse a un juez, que para una o ambas partes no es competente. Es tácito cuando el demandado contesta ante un juez incompetente, sin oponer esta excepción. Se exceptúa lo dispuesto en leyes especiales.".

Las normas señaladas precedentemente orientan, como se estableció anteriormente, que sólo en razón del territorio la competencia de un Juez puede ampliarse, por lo que los razonamientos expuestos por el recurrente en sentido de que, las partes al no haber observado oportunamente la competencia de la Juez A quo, convalidaron o consintieron en la misma, resulta errado, toda vez que la competencia de un juez en virtud a la materia no es susceptible de convalidación.

Respecto a que la Juez A quo debió excusarse en su primera actuación, y no permitir que la causa se desarrolle hasta el estado de dictarse sentencia para observar recién su incompetencia, corresponde aclarar que el recurrente confunde dos institutos procesales distintos, como son el de la excusa y el de la declinatoria de competencia. El primero de ellos constituye un medio que la Ley reconoce al Juez para apartarse del conocimiento de una causa en la que, por razones objetivas o subjetivas razonadas y comprobables, estaría en duda su imparcialidad; el segundo, nos referimos a la declinatoria, es el mecanismo a través del cual de oficio o a pedido de parte se observa la competencia -no la imparcialidad- de un juez. Consiguientemente cuando el recurrente manifiesta que a la Juez A quo le correspondía excusarse del conocimiento de la causa antes de admitir la demanda, yerra en su argumentación, porque, como manifestamos, la excusa no tiene relación alguna con la competencia del juzgador. Sin embargo es oportuno recordar que los Jueces de instancia a tiempo de admitir una demanda deben, de inicio, revisar su propia competencia y en su caso adoptar la decisión pertinente en su primera actuación, empero si eso no sucede e incluso las partes no deducen la excepción de incompetencia, nada obsta a que el Juez de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado del proceso repare en su incompetencia y emita la determinación correspondiente a fin de no proseguir con la sustanciación de un proceso viciado de nulidad.

Finalmente respecto al reclamo efectuado por el recurrente en sentido de que la Juez A quo al haber declinado competencia por auto de 3 de agosto de 2011 se encontraba impedida de emitir posteriormente el auto de 3 de septiembre del mismo año, debemos señalar que la segunda resolución es solo consecuencia de la primera, es decir que la Juez de primera instancia al haber reconocido su incompetencia, advertida de una omisión, reparó la misma y completó su inicial determinación anulando todo lo obrado por considerar que dichas actuaciones se desarrollaron bajo su dirección sin tener competencia para ello.

Por las razones expuestas los agravios de forma deducidos por el recurrente resultan infundados.

En el fondo:

De la revisión de antecedentes en función del recurso interpuesto, se llega a las siguientes conclusiones:

1.- Por memorial de fs. 47 a 51, de fecha 9 de noviembre de 2009, Manuel Ivan Navarrete Gahona, argumentó que en fecha 9 de octubre de 1978 contrajo matrimonio con Irma Torrez Díaz, unión conyugal que fue disuelta por sentencia de divorcio de fecha 4 de octubre de 1999. Manifestó que durante la vigencia de su matrimonio, conjuntamente su esposa, adquirieron una serie de bienes muebles e inmuebles, los cuales al momento de producirse el divorcio, de común acuerdo se fueron "liberando", quedando únicamente sin definición el inmueble ubicado en la calle Cuevo Nº 321, de 422.50 m.², registrado en Derechos Reales bajo la Ptda. Computarizada Nº 010269602 de fecha 13 de noviembre de 1996, actualmente registrado bajo la Matrícula Nº 7.01.199.0055713, de fecha 23 de septiembre de 1994 a nombre de la Cooperativa 1ro. de Septiembre Ltda., por venta con pacto de rescate efectuada por Irma Torrez Díaz de Navarrete en fecha 31 de marzo de 1994, transferencia de la que tuvo conocimiento a la finalización del proceso de divorcio en oportunidad de pretender la división y partición del indicado inmueble.

2.- En mérito a los hechos expuestos, sostuvo que la transferencia efectuada por su esposa en favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 1ro. de Septiembre Ltda.., afectó el derecho ganancialicio que le correspondía sobre el inmueble (50%), toda vez que el actor no dio su anuencia o consentimiento para dicha transferencia, por lo que al amparo de los arts. 101, 102, 111, 113 y 116 del Código de Familia, entre otras disposiciones legales, demandó la nulidad del referido documento de transferencia, la nulidad del registro de propiedad a favor de la Cooperativa 1ro. De Septiembre Ltda. y, la reposición de la Ptda., computarizada Nº 010269602 de fecha 13 de noviembre de 1996.

3.- La Juez A quo admitió la demanda y sustanció la causa hasta la conclusión de período probatorio, momento en el que por Auto de fs. 281 a 282 vlta., de fecha 3 de agosto 2011, declinó competencia y dispuso que el proceso sea remitido ante el Juez de turno en materia Civil y comercial por considerar que la causa se trataría de una netamente Civil que no depende de ninguna cuestión familiar.

4.- La juez A quo basó su decisión en los siguientes fundamentos: 1) que el presente caso, aún tratándose de ex esposos, se trata de una causa de naturaleza patrimonial, por lo que la competencia correspondería a un Juez Civil de acuerdo a lo previsto por los arts. 64 y 70 de la Ley del Órgano Judicial; 2) que en ninguna de las atribuciones reconocidas por la Ley del Órgano Judicial se establece la facultad del Juez de Partido de Familia para conocer las causas de nulidad de venta con pacto de rescate que se argumenta ganancial; que la disposición del art. 380 del Código de Familia, fuese clara respecto a la cuestión civil de la que dependa otra familiar, en cuyo caso recién sería competente el Juez de familia, que no fuera el caso porque los cónyuges ya se encontrarían divorciados.

5.- El Tribunal de alzada a tiempo de confirmar la resolución de primera instancia, fundamentó que la causa sería una cuestión eminentemente civil al existir ya un divorcio, por lo que correspondería que la misma sea conocida y resuelta por el Juez en materia Civil.

Que en mérito a los antecedentes descritos corresponde precisar que el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial, dispone que "la competencia es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un Juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto."

En ese sentido, es por demás conocido que la atribución de competencia se origina en la Ley, es decir que la competencia emana únicamente de la Ley, al respecto llama la atención que la Juez A quo hubiese analizado su competencia en base a las previsiones contenidas en los arts. 64 y 70 de la Ley del Órgano Judicial, sin considerar que dichas previsiones no se encuentran aún vigentes por expresa determinación de la Disposición Transitoria Segunda de la referida Ley que determina que: "Una vez posesionadas las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, con excepción del Capítulo IV del Título II; Sección II y III del Capítulo II, y Capítulo III del Título III, entrarán en vigencia todas las demás normas de la presente Ley." (el subrayado no corresponde al texto original). Precisamente la excepción contemplada en el Capítilo II del Título II, se refiere a las disposiciones relativas a los Tribunales y Juzgados Públicos cuyas normas están contempladas desde el art. 60 hasta el 81 de la cita Ley; resultando por ello inadecuada la base legal en que la Juez A quo basó su entendimiento.

Por otro lado, corresponde precisar que el hecho de que una cuestión en litigio reviste en esencia carácter patrimonial no es determinante para negar la competencia del Juez de Familia y remitir por ese aspecto la causa a conocimiento del Juez en materia Civil. Al respecto la norma contenida en el segundo párrafo del art. 380 del Código de Familia, dispone que: "En caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar será competente para conocer de ella el juez de familia".

La norma en cuestión hace referencia a la posibilidad de que un Juez de Familia conozca de una cuestión civil, siempre que ésta dependa de la determinación previa de otra cuestión de índole familiar. En el caso de autos, la demanda de "nulidad" de un contrato de venta con pacto de rescate interpuesta por el actor, resulta ciertamente una cuestión civil, empero su consideración y resultado depende de otra cuestión de naturaleza familiar como es la determinación del carácter ganancialicio del bien inmueble objeto de la transferencia impugnada. En otras palabras para determinar si es o no procedente la invalidez de la transferencia efectuada por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro -aún éstos ya no se encuentren unidos en matrimonio-, previamente deberá establecer si el inmueble objeto de esa transferencia reviste o revestía carácter ganancialicio, aspecto que conforme el cabal entendimiento del párrafo segundo del art. 380 del Código de Familia corresponde al Juez de esa materia, consiguientemente será también él el Juez competente para conocer y resolver la cuestión civil de fondo.

De lo manifestado precedentemente se establece que, siempre que exista una cuestión familiar de la cual dependa la cuestión civil, la competencia debe ser reconocida al Juez de Familia. En el caso de demandas que buscan invalidar actos de disposición de bienes comunes de uno de los cónyuges, sin el consentimiento del otro, será competente el Juez de Familia, siempre que previamente resulte necesaria la determinación del carácter común del bien objeto de la disposición, pues, es posible que en algunos casos particulares tal determinación ya éste dada, como por ejemplo a través de una sentencia de divorcio ejecutoriada que, con carácter previo a la demanda de invalidez, hubiese reconocido el carácter ganancialicio del inmueble en cuestión, o cuando el título de adquisición del inmueble se encuentra registrado a nombre de ambos cónyuges, en cuyos casos no es necesario que previamente la jurisdicción familiar defina el carácter común del bien, razón por la que el Juez competente para conocer y resolver la demanda de invalidez resultará ser el Juez de materia Civil.

Precisado lo anterior corresponde analizar el caso concreto y al respecto diremos que de los hechos expuestos en la demanda, se establece que el actor alega que su ex esposa Irma Torrez de Navarrete transfirió a título de compraventa con pacto de rescate el inmueble ubicado en la calle Cuevo Nº 321, de 422.50 m.², que según refiere se encontraba registrado en Derechos Reales bajo la Ptda. Computarizada Nº 010269602 de fecha 13 de noviembre de 1996, actualmente registrado bajo la Matrícula Nº 7.01.199.0055713, de fecha 23 de septiembre de 1994 a nombre de la Cooperativa 1ro. de Septiembre Ltda., por considerar que dicho inmueble fue adquirido en la vigencia de su matrimonio y dispuesto por su cónyuge sin su consentimiento.

Siendo ese el hecho expuesto por el actor y tomando en cuenta que en reiterados memoriales afirma que el inmueble transferido por su ex cónyuge es el que ambos adquirieron y que se encontraba registrado en Derechos Reales bajo la Ptda. Computarizada Nº 010269602 de fecha 13 de noviembre de 1996, y respecto al cual pretende invalidar la disposición unilateral realizada por su ex esposa, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes sale a fs. 11 certificación emanada del Registrador de Derechos Reales de Santa Cruz de fecha 7 de marzo de 1998 que acredita que el inmueble registrado bajo la Ptda. Nº 010269602 de fecha 13 de noviembre de 1996, se encontraba registrado a nombre de Manuel Iván Navarrete Gahona y de Irma Torrez de Navarrete; siendo así se concluye que respecto al bien inmueble que alude el actor en su demanda, no existe necesidad de determinar el carácter común del mismo, toda vez que el registro en Derechos Reales invocado por el actor, demuestra que el inmueble se encontraba registrado tanto a nombre suyo como el de su ex cónyuge, razón por la que en el caso de autos la "nulidad" demandada por el actor no dependen de la previa determinación del carácter común que revestiría el inmueble objeto de la litis, consiguientemente la competencia para el conocimiento de la misma corresponde al Juez de materia Civil y o no al de materia Familiar, como así lo establecieron los Tribunales de instancia, aunque con otra fundamentación.

Por las razones expuestas, corresponde a éste Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO:

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los artículos 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 328 a 336 vlta., interpuestos por Manuel Ivan Navarrete Gahona, contra el Auto de Vista cursante de fs. 321 y vlta. Con costas.

Se regula el honorario del abogado de la parte que contestó el recurso de casación en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán

El art. 72 de la ley adjetiva penal, regula el principio de objetividad que debe normar al Ministerio Público en sus actuaciones, al indicar que: “Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes. En sus investigaciones tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; formulando sus requerimiento conforme a este criterio”, lo cual está en directa relación con lo que regula la Ley Orgánica del Ministerio Público su art. 5.1.; y, f) Si bien es labor del Ministerio Público seguir con la persecución penal en los delitos de acción penal pública bajo el principio de objetividad, la misma se la realiza bajo criterios de justicia, transparencia, eficacia y eficiencia, bajo ese contexto legal encontrándose claros los argumentos del presente proceso investigativo, ya no existe la necesidad de seguir prolongando el tiempo de la investigación, que aplicando los criterios antes mencionados, como también el propio principio de objetividad, principio básico que efectúa los lineamientos a la actuación fiscal, puesto que debe actuar de manera imparcial y objetiva, no puede ni debe orientar sus investigaciones como lo pide el denunciante, el querellante, sino simplemente basado en los hechos, en las pruebas y en el contenido de todo lo actuado y acumulado en el cuaderno de investigaciones, con todos los elementos de convicción emitirá la resolución que corresponda, de imputación cuando existan suficientes indicios de la existencia de hechos y de la participación del imputado en dichos hechos, o en su caso, rechazar la denuncia o querella por la insuficiencia de indicios o elementos que puedan sustentar la investigación y en su caso demostrar la preexistencia del hecho y la presunta o probable participación del imputado en los hechos que motivan una investigación.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1292/2016-S2

Sucre, 5 de diciembre de 2016

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora:  Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de amparo constitucional

Expediente:                  16863-2016-34-AAC

Departamento:            Santa Cruz

En revisión la Resolución 49 de 4 de octubre de 2016, cursante de fs. 417 vta., a 420, pronunciada dentro de la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por María Paz Warnes contra Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.       Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 4 de agosto de 2016, cursante de fs. 307 a 311,  la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Emergente de un proceso penal a denuncia de su persona, contra Edil Sandoval Barrancos por la presunta comisión del delito de violencia económica, patrimonial y sustracción de utilidades económicas familiares; el Fiscal Departamental, ahora demandado, dictó Resolución 614/15 de 5 de noviembre de 2015, sin considerar ni valorar elementos de prueba; evaluando algunas alejándose del marco de la razonabilidad y objetividad, sin realizar una sistemática aplicación del adjetivo penal y la Ley 348 del 9 de marzo de 2013, que en el presente caso resulta obligatoria; asimismo, no consideró todos los delitos denunciados siendo una Resolución carente de fundamento y finalmente confirmando la resolución objetada.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Denuncia como lesionado su derecho al debido proceso, en sus vertientes interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y fundamentación de las resoluciones, citando al efecto, el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela declarando nula la Resolución “103/2015” de 5 de noviembre y se disponga emitir una nueva conforme a los fundamentos de la sentencia del Tribunal de garantías.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

En la audiencia pública efectuada el 30 de septiembre 2016, según consta en el acta cursante de fs. 398 a 417 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La abogada de la parte accionante, manifestó: a) La denuncia que se hizo fue por la presunta comisión del delito de violencia económica, violencia patrimonial y sustracción de utilidad de actividad económica familiar, establecidos en el art. 250 bis. 250 ter, 250 quarter del Código Penal (CP), delitos que provienen de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013; para lo cual, se presentó prueba como el reconocimiento de la unión conyugal libre y partición de bienes, informes periciales que dan cuenta de lo que la pareja tenía; b) El denunciado empezó a disponer los bienes en su beneficio propio, como animales vacunos, porcinos; asimismo, el producto de las dos agropecuarias que son bienes gananciales, aprovechando los recursos en forma personal en el proceso, lo que hizo fue, adjuntar documentación que acredita tener un domicilio, un trabajo desvirtuando los peligros de fuga y además presentó la “Sentencia Constitucional 33/2015” en la que el Juez de garantías le concedió la tutela en un caso similar, pero dicha autoridad anuló la unión conyugal libre y de hecho y también la división y partición de bienes que se había realizado en proceso ordinario; es decir, anuló todo; c) La accionante presentó más prueba, como fotocopias legalizadas de denuncia donde con fotografías se evidencia la existencia del ganado porcino pero después ya no había, así como documentación de bienes muebles, de vehículos, de moto, que luego el denunciado hizo desaparecer; d) La Fiscal de materia que estaba investigando el caso rechazó la denuncia por lo que, se presentó objeción; el Fiscal Departamental la revocó pero nuevamente la Fiscal referida la rechazó, mediante Resolución 614/15 de 5 de noviembre de 2015, el Fiscal Departamental de Santa Cruz violando derechos fundamentales, realizando una errónea interpretación de la legalidad ordinaria porque no se interpretó conforme a los arts. 6.I y 7.10 de la Ley 348, porque todos estos delitos, modifican el Código Penal y tienen todo un andamiaje en su fundamentación debido a que nacen justamente preservando los derechos de género que tiene las mujeres y que están establecidos en la Constitución Política del Estado y Tratados y Convenios Internacionales; e) La violencia constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta que causa la muerte sufrimiento, daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio o en su economía o en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer; así debe interpretarse; f) Con las pruebas presentadas, quedaba claro que el denunciado, cometió esos delitos haciendo desaparecer los bienes gananciales y aprovechándose del producto de lo que generan las dos agropecuarias pasando por violencia patrimonial y económica que es “..toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y gananciales de la mujer, ocasionan daño o menoscabo de su patrimonio, valores, recursos, controla, limita su ingreso económico y la disposición de los mismos o la priva de los medios indispensables para vivir”; por eso, afirman que hay una errónea interpretación de la legalidad ordinaria por parte de los Fiscales de Materia; g) Tampoco se valoró correctamente la prueba presentada, no se dijo absolutamente nada de la misma, si es verdad o mentira, simplemente se la mencionó, valorarla no es simplemente relatarla; de las declaraciones testificales se tiene que Edil Sandoval Barrancos, es quien se encuentra administrando los bienes y negocios que tienen; con eso ya se demostró el delito de sustracción de utilidades de actividad económica familiar prevista en el art. 250 del CP que establece: “La persona que disponga unilateralmente de las ganancias derivadas de una actividad económica familiar”; pero la autoridad demandada no le dio valor a toda esa prueba; consistiendo esa actuación en el acto ilegal denunciado mediante la presente acción; h) La Resolución del Fiscal Departamental, admite que el denunciado vendió el ganado porcino; el 1 de julio de 2015, se presentó más prueba donde se demostraban esos extremos; sin embargo, la autoridad ahora demandada, no se manifestó sobre las mismas; es así que, se hizo mención a pruebas sin evaluarlas, otras que eran testificales tampoco se les otorgó ningún tipo de valoración y otras ni siquiera fueron mencionadas y concluyó haciendo referencia a la Sentencia que emitió el Juez de garantías dentro de una acción de amparo constitucional, en la que concedió la tutela, pero en cuanto al derecho al debido proceso se refiere, en su componente de falta de motivación, pertinencia y congruencia de las resoluciones pero excediendo su competencia y en total desconocimiento de su rol y atribuciones como Juez de garantías, anuló obrados hasta la solicitud de división y partición de bienes gananciales; cuando lo que correspondía era que, si concedió la tutela anule simplemente la Resolución por falta de fundamentación; y debido a esto, el Tribunal Constitucional Plurinacional expresó: “…llamar la atención al Juez de Garantías por haber excedido sus facultades…”; todo esto en la SCP 1088/2015-S3 de 5 de noviembre; i) La Resolución impugnada mediante la presente acción lesiona el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones; porque, hace referencia a los delitos y manifiesta “no ha probado” o “no ha demostrado”, es este caso debió referirse justamente a los elementos de prueba punto por punto, explicar el por qué se llegó a determinar la resolución; y; j) La jurisprudencia constitucional refiere que las autoridades al momento de fallar, no solo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes, sino también a citar las pruebas aportadas, poner en su criterio sobre el valor que le da la misma, luego del contraste y valoración que hagan de ellas, dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.

Haciendo uso del derecho a la réplica señaló: 1) ¿Cómo no van a ser importantes y pertinentes algunas pruebas?, las pruebas que dieron inicio al proceso, como el informe pericial donde se dice que es lo que tienen, dónde constan todos bienes, el ganado vacuno, etc., para eso había un perito en el proceso, mismo que fue nombrado por orden del Juez; 2) El solo reconocimiento de la unión conyugal, le da derecho a la ahora accionante a la repartición de los bienes gananciales; si en esa tarea se comete un delito, aun estando en trámite la repartición y división de bienes, debe intervenir la justicia penal; 3) Los hechos surgen después de la demanda de reconocimiento de unión libre y de hecho y división de bienes;       4) Reiterando que la resolución del Fiscal demandado, no se encuentra debidamente fundamentada, pues simplemente mencionó sin valorar y en la supuesta fundamentación transcribió los artículos, nada más.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 365 a 370 vta., en audiencia a través de su abogado expresó que: i) La Resolución que se impugna mediante la presente acción tutelar no es la “103” como se menciona sino la 614/2015; ii) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, para que se realice la interpretación de la legalidad ordinaria, el accionante debe cumplir ciertos requisitos necesarios si se siente agraviado con los resultados de la interpretación; no basta con señalar cual ley o artículo, la mera relación de los hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; iii) Sobre la falta de valoración de la prueba, es difícil establecer en audiencia una por una las pruebas cursante en el cuaderno de investigación, se deben considerar las útiles y pertinentes que conduzcan a la averiguación de la verdad y no las impertinentes, todo esto en virtud a los      arts. 171, 172, 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP); iv) Los elementos de prueba reunidos en la fase de la investigación que fueron estimados tanto por la Fiscal de Materia como el Fiscal demandado, al pronunciar las resoluciones, no pueden ser analizadas por el Tribunal, no se puede entrar a valorar la prueba en sí, porque esa facultad es del Ministerio Público, y en virtud a ello emitir una resolución conclusiva, ya sea de imputación o de rechazo como ha sido en el presente caso; v) Se permiten presentar el cuaderno de investigaciones para que vean por cual tipo penal fue admitido, el Ministerio Público investiga hechos, no delitos, pueden denunciar diez tipos penales pero el Ministerio Público ve a cuál de los tipos penales se circunscriben los hechos denunciados; por tanto, solamente fueron admitidos por dos tipos penales, violencia patrimonial y violencia económica, no estando contemplado el delito de sustracción de utilidades de actividad económica, demostrado por el inicio de investigaciones y por la admisión de querella; por lo que no se puede decir, que se vulneró el derecho al debido proceso al no mencionar más delitos; vi) La Resolución impugnada, cumplió a cabalidad con la fundamentación jurídica, fundamentación probatoria, descriptiva, en lo que se han analizado no todos, sino los elementos que vienen al caso, se hizo una correcta valoración, una interpretación de la parte intelectiva; es decir, porque se le dio valor a cada prueba; vii) Es una facultad del Ministerio Público, de acuerdo al art. “301”, imputar si los elementos de convicción son suficientes, o rechazar si no lo son; y la del Fiscal Departamental, confirmar, ratificar o revocar; en el presente caso se ratificó la Resolución Fiscal por insuficiencia de elementos probatorios; y, viii) El Tribunal de garantías no está facultado para valorar pruebas, sino para determinar cómo se vulneraron los derechos; sobre que no se mencionó un tercer delito; pues, no fue informado, se habla de que se valoraron todos los elementos de prueba, pero no era pertinente; se habla de una Sentencia Constitucional que fue adjuntada, que es contradictoria con la Resolución Fiscal Departamental; misma que establece claramente que la “Sentencia Constitucional 1088/2015”, dispuso la nulidad de obrados y la solicitud de “edición” (sic) y partición de bienes gananciales; es decir, confirmó la Resolución del Juez de garantías; actualmente están dilucidando problemas netamente familiares, división y partición de bienes o un delito que no está sancionado; no se debe olvidar que la vía penal es de ultima ratio, no se puede usar indiscriminadamente para beneficios personales, existen las vías correspondientes para hacer valer estos derechos.

Haciendo uso del derecho a la dúplica, manifestó que el informe pericial es de 10 de noviembre de 2014, la denuncia fue el 10 de junio de 2015, se supone que todo dictamen pericial para que sea incorporado a un proceso tiene que cumplir con las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Penal; es decir, tiene que haber una designación de un perito, notificar a la otra parte con los puntos de pericia, para que pueda objetar, no se puede hacer un dictamen pericial anterior a la iniciación de un proceso, es por esa razón por la que, no se valoró, porque es impertinente.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Edil Sandoval Barrancos, a través de su abogado expresó: a) La parte accionante se refirió a la Ley 348; sin embargo, el 30 de octubre de 2013, presentó una demanda de reconocimiento de unión conyugal, si hubiesen existido los delitos a los que se hace referencia que se denunciaron el 10 de junio de 2015, pero la pregunta es, ¿por qué no se denunciaron el 9 de marzo de 2013?, si hubiese la comisión del delito, ¿por qué no se accionó está vía?; en consecuencia, se denota que el delito de violencia económica no existió; b) El proceso de unión conyugal o de hecho, tenía competencia el Juez Instructor pero la división y partición de bienes le correspondía al Juez de Partido Mixto de Sentencia; por tanto, el Juez Instructor no era competente para conocer la ruptura de unión conyugal, la división y partición de los bienes gananciales y eso es lo que se demandó, el derecho al Juez natural; c) Dentro de la acción de amparo presentada por su persona, el Juez de garantías, el 11 de mayo de 2015, dictó Sentencia “033”, actuando en el marco de la legalidad; una vez revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Juez de Samaipata fue notificado el 26 de febrero de 2016, cuando ya estaba en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, entonces se le presentó al Juez una recusación en el entendido de que ya no era competente para resolver el caso, por mandato de las cartas acordadas, las instructivas y los expediente que tenían que migrar del Juzgado de Partido Mixto que era antes el Juzgado Público de Samaipata ya lo hizo; d) El Juez de Samaipata el 1 de marzo de 2016, emitió una resolución y la remitió al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para que resuelva pero éste devolvió a Samaipata; y, Simar Martínez Barrera, Juez, en base a un incidente de nulidad que se promovió dictó resolución excusándose, remitiéndose al Juez de Comarapa pero mediante oficio, Adhemar Fernández Ripalda, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera solicitó a Ricardo Zegarra, remita todos los antecedentes al Tribunal referido y lo que se conoce es que este proceso fue sorteado y le tocó al “Doctor Zenón Rodríguez”; e) Respondiendo a la pregunta de un miembro del Tribunal de garantías, referido a que si nadie había planteado el conflicto de competencia, respondió que el Juez de Samaipata no se declaró incompetente sino que se excusó porque emitió criterio; esto hace a la improcedencia de la presente acción conforme lo señala el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), porque está pendiente de resolución; es decir, se refiere al principio de subsidiariedad y también existen resoluciones que deben adoptarse y otra de ruptura de unión conyugal que está en curso, ya radicada en el Juzgado de Samaipata, que es en definitiva donde se debe resolver, porque no se puede resolver división y partición de bienes en la vía penal, la unión está reconocida, lo que tiene que demandarse es su ruptura y comprobación de bienes gananciales; f) Después de que se interpuso la acción de amparo constitucional, el 11 de mayo de 2015; el 10 de junio del mismo año, se formuló la demanda y se pretende hacer valer documentos que están anulados; g) Adjuntan la “SC 1088/2015” en la que se concede la tutela a Edil Sandoval Barrancos porque se vulneró el derecho al juez natural y establecen de manera clara a lo que deben someterse las partes; es al art. 421 del Código de las Familias (CF), en cuanto a la partición y división de bienes gananciales; es un proceso ordinario y debe sustanciarse ante el Juez de Partido. En consecuencia, ante la existencia de resoluciones pendientes de resolución, solicitó se deniegue la tutela.

Haciendo uso nuevamente de la palabra, expresó: 1) Según la parte denunciante, Edil Sandoval Barrancos, tiene un inmueble de más de $us100 000.- (cien mil dólares estadounidenses), que está en poder de la hoy accionante; existe un crédito cuya certificación se presentó que él también está pagando, crédito con el que construyeron su propia vivienda; existe una propiedad agrícola que también está en poder de ella, por lo que se preguntan, ¿de qué violencia habla?; y, 2) El legislador estableció que la acción penal es de última ratio, es por eso que debe agotarse primero la instancia familiar para luego proceder a la división y partición de bienes, siempre y cuando, los bienes que les corresponde sea en la proporción y derechos que a cada uno de los cónyuges ostente; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías a través de la Resolución 49 de 4 de octubre de 2016, cursante de fs. 417 vta. a 420, concedió la tutela solicitada; dejando sin efecto la Resolución 614/2015 de 5 de noviembre, dictada por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, ahora demandado, debiendo éste dictar una nueva, que contemple todo lo observado respecto a la valoración de la prueba, haciendo una valoración intelectiva de la misma; asimismo, fundamentar su resolución y dar respuesta respecto al delito de sustracción de utilidades y actividad económica y familiar; en base a los siguientes fundamentos: i) En la Resolución cuestionada 614/2015, se ve que el Fiscal Departamental hizo una valoración descriptiva; tomándose en cuenta solamente la prueba descrita, que son elementos de la fase preliminar; en otro acápite dice valoración de los elementos de convicción en relación al hecho; además hay otro, donde dice: “fundamentación probatoria descriptiva, fundamentación probatoria intelectiva”; sin embargo, se observa que la última no valoró el Fiscal de Materia, ni siquiera la prueba que describió en la valoración intelectiva o fundamentación probatoria intelectiva, más bien, entró en una especie de conclusiones directamente, incluso en la descripción hay dos declaraciones de testigos que llevó la accionante que si bien las describió el Fiscal, en la fundamentación intelectiva no dice absolutamente nada; ii) Se habló de elementos, indicios debiendo en consecuencia valorar esos elementos; sin embargo, dicha valoración no se encuentra, no existe fundamentación; es evidente que no pueden hacer la interpretación normativa, porque es competencia del Juez ordinario; por lo que, se manifiestan por la falta de fundamentación, si no hay valoración intelectiva, también significa que no hay fundamentación; ello significa una vulneración al debido proceso en su elemento falta de motivación; iii) En cuanto a la tutela judicial efectiva que se refiere al pronunciamiento respecto al otro delito de sustracción de utilidades de actividades económicas y familiares; al respecto los Fiscales debieron pronunciarse, porque así estaba la denuncia, la querella; debieron dar respuesta del por qué ese delito no podía continuar en la acción penal, dar razones, dar motivos en base a los indicios, en base a los elementos de prueba que hay en esa fase preliminar; entonces ese es otro motivo para conceder la tutela; iv) No se debe conceder la tutela con relación a la interpretación de la legalidad ordinaria, porque no es su facultad; simplemente la concesión sobre la valoración de la prueba, la falta de fundamentación y la tutela judicial efectiva sobre el no pronunciamiento del delito de sustracción de utilidades y actividades económicas familiares; v) En la resolución cuestionada mediante la presente acción, se encuentra precisamente la falta de valoración y fundamentación del requerimiento fiscal cuestionado teniendo una directa vinculación con el art. 115 de la CPE, referido al derecho al debido proceso, el derecho a una resolución motivada, el derecho a la tutela judicial efectiva; es decir, hay una directa relación con el acto lesivo que se cuestiona que es la Resolución 614/2015, dictada por el Fiscal Departamental; y, vi) Respecto a lo demás, no es pertinente pronunciarse; y, tampoco sobre la Sentencia Constitucional que mencionó el Fiscal Departamental; sin embargo, al margen de ello, podría o no seguir el proceso penal, no están vinculándolo directamente o que dependiera del proceso familiar o de partición de bienes, o que esté dependiendo de cómo se resolvió el amparo constitucional; por otro lado, tampoco se ingresó a la interpretación de los verbos que se refieren a los tipos penales, pues no corresponde.

II.  CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Cursa Resolución de 20 de octubre de 2015, emitida por Heidy Lorena Ugarteche Eguez, Fiscal de Materia, dentro de la denuncia presentada por María Paz Warnes contra Edil Sandoval Barrancos por la presunta comisión del delito de violencia económica y violencia patrimonial; en uso de sus atribuciones conferidas por los arts. 3 y 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) y arts. 72, 73, 301 y 304 del CPP, dispuso, el rechazo de denuncia debido a que el hecho no existió “en constancia el archivo de obrados, así como lo dispuesto por las Sentencias Constitucionales 1585/2003-R y 0745/2014-R en sus partes pertinentes en cuanto al razonamiento vinculante referido a los rechazos dispuestos por el Ministerio Público” y en consecuencia el archivo de obrados (fs. 269 a 277).

II.2.  El 22 de octubre de 2015, María Paz Warnes, mediante memorial, objetó el rechazo de denuncia, debido a que la Fiscal de Materia ya citada, “en un signo de desconocimiento de la etapa preliminar no valoró las evidencias ni los elementos que ameritan la participación ni la autoría del delito que se investiga, ya que no toma en cuenta escenario fotográfico de la existencia de bienes, declaración de testigos, informe del asignado e investigador, no contempla que la pena y la sanción para esta clase de delitos se encuentran sancionada con una privativa de libertad de dos años a cuatro años, toda vez que el autor y partícipe del hecho de VIOLENCIA ECONOMICA Y PATRIMONIAL en su Art. 250 Bis. Inc. a) establece claramente lo siguiente: ‘Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición del ingreso económico de la mujer (caso patético de que el denunciado se encuentra haciendo DESAPARECER los bienes comunes constituyendo un signo de violencia patrimonial y económica. E) Impida que la mujer realice una actividad laboral productiva que le genere ingresos ya que en definitiva del total de los bienes comunes el denunciado se encuentra usufructuando en forma unilateral y de acuerdo a procedimiento según el Art. 226 del Código de Procedimiento Penal, su autoridad en el ejercicio de sus funciones debería ordenar la aprehensión ya que existían suficientes indicios y elementos que es el autor o partícipe del hecho de un delito de acción pública habida cuenta que la sanción privativa de libertad cuyo mínimo es igual o superior a dos años, tendría que haberlo remitido ante el Juez Jurisdiccional en 24 horas a los efectos de que resuelva su situación jurídica y disponga una medida cautelar para evitar la correspondiente obstaculización y el que se someta a proceso, pero más al contrario su autoridad ejerció una competencia jurisdiccional al valorarle supuestamente un domicilio señalado por un informe social, recibos realizados por el mismo denunciado con un domicilio desconocido ya que en una demanda de ruptura unilateral presentada por el mismo denunciado anuncia otro domicilio procesal, el mismo que contradice a su domicilio real ya que este no fue verificado por el asignado al caso, un notario de Fe Pública como así lo determina la Ley y Sentencias Constitucionales, valora familia mediante certificado de nacimiento de mi hija menor Slin Sandoval Paz y trabajo presenta el NIT del negocio que instalamos juntos y pese a que en todo momento de su declaración informativa el denunciado confesó ha demostrado que utiliza los bienes en beneficio propio y sin tomarse en cuenta desconociendo de esta manera mis justos y legítimos derechos, los cuales no pueden ser desmerecidos por su autoridad que con esta actitud solo es cómplice de la vulneración de mis derechos constitucionales y de la violencia económica y patrimonial, por lo que en un signo de parcialización su autoridad ampara y protege más bien a mi agresor de una violencia que está plasmada en la investigación y de la cual su autoridad me desconoce y no me brinda la seguridad jurídica y legal que por ley me corresponde, además de demostrar la ambición de pretender lograr heredar y beneficiarse con documentos relativos a una parcela denominada “Las Cruces” tierras que fueron dadas en herencia a mi señor padre AMANCIO PAZ ARTEAGA, quien a título personal me cede esta parcela de la cual jamás mi denunciado le costó un solo centavo y esto con el único fin de dejarme en la calle como así lo ha manifestado ante todos los pobladores aduciendo de que estoy loca y que no me corresponde nada, lo que es más, es inadmisible que en toda su defensa la nombre a mi sagrada hija Slin Sandoval Paz quien es una menor y el hecho de que una asistencia familiar considerada irrenunciable, imprescriptible no lo exime de la violencia cometida contra mi persona ya que tiene la obligación de hacerlo y su autoridad no puede valorar como medio de defensa el hecho que este señor le pase una pensión de Bs. 1200-

PRIORIDAD El Estado asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

         MEDIDAS DE PROTECCIÓN tienen por objeto por interrumpir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que este se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. Son de aplicación inmediata para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales económicos y laborales” (sic) (fs. 278 a 280).

II.3. En respuesta a la objeción precedentemente desarrollada, Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, ahora demandado, emitió la Resolución 614/15 de 5 de noviembre de 2015, por la que, ratificó la Resolución de rechazo, disponiendo el archivo de obrados en base a los siguientes fundamentos: a) El derecho penal es de ultima ratio, si la denunciante considera que existe masa patrimonial ganancial que dividir debe ocurrir ante el juez de familia y presentar la acción correspondiente, inclusive puede pedir la anotación preventiva de los bienes del sindicato y la entrega de bienes en calidad de depositaria y si no cuenta con recursos suficientes para su alimentación puede solicitar la pensión familiar, mas no acudir a la vía penal por un hecho que no se subsume penalmente; b) El rol activo del Ministerio Público en el sistema acusatorio, convierte al Fiscal en pilar indispensable del procedimiento penal, en conformidad con su actuación como órgano activo del ejercicio del ius puniendi del Estado, es decir, que en Bolivia el Ministerio Público pasó de ser abstracción legal a un órgano independiente y un actor principal del proceso penal, desde la denuncia hasta la ejecución de la sentencia; c) El art. 21 del CPP, establece la obligatoriedad que tiene la Fiscalía para ejercer la acción penal, tratándose de delitos de orden público; asimismo, se debe tener presente que el art. 6 del mismo cuerpo legal establece que quien acusa un hecho tiene la obligación de probar los extremos de la denuncia; d) El art. 180.I de la Constitución Política del Estado, ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria, el de “Verdad Material” debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, de este modo debe entenderse que la garantía del debido proceso, implica que una persona puede ser sancionada si existen pruebas respecto a su conducta, que hayan sido logradas a través de un procedimiento legal y que hubiera tenido a su alcance los medios requeridos para su defensa, pues a través del procedimiento justo se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos; e) Se debe tener en cuenta que el art. 72 de la ley adjetiva penal, regula el principio de objetividad que debe normar al Ministerio Público en sus actuaciones, al indicar que: “Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes. En sus investigaciones tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; formulando sus requerimiento conforme a este criterio”, lo cual está en directa relación con lo que regula la Ley Orgánica del Ministerio Público su art. 5.1.; y, f) Si bien es labor del Ministerio Público seguir con la persecución penal en los delitos de acción penal pública bajo el principio de objetividad, la misma se la realiza bajo criterios de justicia, transparencia, eficacia y eficiencia, bajo ese contexto legal encontrándose claros los argumentos del presente proceso investigativo, ya no existe la necesidad de seguir prolongando el tiempo de la investigación, que aplicando los criterios antes mencionados, como también el propio principio de objetividad, principio básico que efectúa los lineamientos a la actuación fiscal, puesto que debe actuar de manera imparcial y objetiva, no puede ni debe orientar sus investigaciones como lo pide el denunciante, el querellante, sino simplemente basado en los hechos, en las pruebas y en el contenido de todo lo actuado y acumulado en el cuaderno de investigaciones, con todos los elementos de convicción emitirá la resolución que corresponda, de imputación cuando existan suficientes indicios de la existencia de hechos y de la participación del imputado en dichos hechos, o en su caso, rechazar la denuncia o querella por la insuficiencia de indicios o elementos que puedan sustentar la investigación y en su caso demostrar la preexistencia del hecho y la presunta o probable participación del imputado en los hechos que motivan una investigación (fs. 286 a 293).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante acusa la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus vertientes interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y fundamentación de las resoluciones; por cuanto, la autoridad demandada emitió Resolución 614/15 de 5 de noviembre, sin considerar ni valorar elementos de prueba; valorando algunos fuera del marco de la razonabilidad y objetividad; asimismo, no consideró todos los delitos denunciados, siendo una resolución carente de fundamento

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.    Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional

Conforme dispone el art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos, o de persona individuales o colectivas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución y la ley.

Según la disposición contenida en el art. 51 del CPCo, la acción de amparo constitucional, tiene por objeto, garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir.

Este Tribunal, mediante la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, refiriéndose a la naturaleza jurídica que caracteriza a la acción de amparo constitucional,  señaló que ésta se constituye en: “…un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden Constitucional  brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección”.

III.2.  La motivación de las resoluciones como garantía del debido proceso

La SCP 1628/2014 de 19 de agosto, citando la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, sobre el debido proceso estableció que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R, de 19 de diciembre señaló lo siguiente: '(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'.

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’”.

III.3.  Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

Asimismo, sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por los Fiscales, la SCP 1628/2014 antes citada, tomando la jurisprudencia de la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, precisó: “…los arts. 73 del CPP y 61 de la LOMP, establecen la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones por parte de los fiscales, en ese entendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, señaló lo siguiente: '…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45 inc. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP'.

Entendimiento a ser aplicado cuando el Fiscal Departamental emita su resolución jerárquica ya sea revocando o ratificando el sobreseimiento dispuesto por el fiscal de materia en favor del imputado, por cuanto no puede limitarse únicamente a la citación de algunas pruebas, sin individualizar la actuación de los imputados y sin examinar su conducta en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que se les imputó, razón por la cual el fiscal superior deberá verter el razonamiento jurídico de su decisión sin dejar duda en el justiciable.

Por lo que, la resolución fiscal debe estar debidamente fundamentada, lo que significa que resolviendo el fondo, su requerimiento debe cumplir exigencias de estructura de forma como de contenido, no limitándose a relatar lo ya expuesto por los sujetos procesales, sino citar los elementos probatorios aportados por éstos, exponer su criterio sobre el valor dado a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas y aplicando las normas jurídicas a resolver, evitando así tomar decisiones arbitrarias”.

III.4.  Análisis del caso concreto

         La accionante acusa la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus vertientes interpretación de la legalidad ordinaria, valoración de la prueba y fundamentación de las resoluciones; por cuanto, la autoridad demandada, emitió Resolución 614/15, sin considerar ni valorar elementos de prueba; valoró sólo algunos fuera del marco de la razonabilidad y objetividad; asimismo, no consideró todos los delitos denunciados, siendo una resolución carente de fundamento.

         De los datos que cursan en expediente y que se encuentran resumidos en las Conclusiones del presente Fallo, se evidencia que dentro de un proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Paz Warnes, ahora accionante, contra Edil Sandoval Barrancos, ahora tercero interesado, por la presunta comisión del delito de violencia económica, patrimonial y sustracción de utilidades económicas y familiares; Heydi Lorena Ugarteche Eguez, Fiscal de Materia, emitió Resolución de rechazo de denuncia, el 20 de octubre de 2015, motivo por el que la denunciante presentó objeción, cuya respuesta emitida por Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, ahora demandado, se plasmó en la Resolución 614/15; misma que la ahora accionante denuncia como el acto ilegal denunciado a través de la presente acción tutelar.

         En ese marco y entrando al análisis de fondo de la problemática planteada, la accionante denunció que la Resolución 614/15, resultó ser un fallo carente de fundamentación y motivación, en el que no se efectuó la interpretación de la legalidad ordinaria ni se realizó una correcta valoración de la prueba; ahora bien, conforme se tiene de la lectura y análisis de la misma, se evidencia que ésta no guarda una adecuada fundamentación respecto a los hechos y lo resuelto; por cuanto, realiza una relación cronológica de los antecedentes de la causa para luego analizar el cuaderno de investigaciones, limitándose a hacer un listado del contenido del mismo, expresando: “Que revisado el cuaderno de investigaciones se tiene que cursan ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CUYA VALORACION SE EFECTUARÁ DE ACUERDO A SU UTILIDAD, PERTINENCIA, LICITUD, OMITIENDO LOS IMPERTINENTES O EXCESIVOS, y sobre esta base debemos determinar si son suficientes o no para destruir el estado de presunción de inocencia en los imputados, a tal efecto y con fines de facilitar el entendimiento de la presente, solo se van a considerar aquellos que tienen relación y relevancia sea con el hecho o sea jurídicamente, dejando a un lado a los excesivos, impertinentes o ilegales…”; asimismo, realizó una valoración superficial de los elementos de convicción y posteriormente se limitó a teorizar aspectos dogmáticos sobre el delito de violencia económica y violencia patrimonial para concluir que, “DE LA LECTURA DE LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LA NORMA SE HACE EVIDENTE QUE NINGÚN VERBO RECTOR SE ADECUA A LA CONDUCTA DESCRITA POR LA DENUNCIANTE, POR LO QUE LA CONDUCTA DEL IMPUTADO NO SE SUBSUME AL TIPO PENAL DENUNCIADO”; de igual forma, sobre la apreciación de los medios de prueba concluye: “LOS HECHOS DENUNCIADOS, LA PRUEBA APORTADA Y LA INVESTIGACIÓN EFECTUADA, NO DEMUESTRAN LA EXISTENCIA DE LOS ELMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS ILICITOS DENUNCIADOS, ES DECIR LA CONDUCTA DEL DENUNCIADO EDIL SANDOVAL BARRANCOS NO SE SUBSUME A LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA ECONÓMICA Y VIOLENCIA PATRIMONIAL.

         Que si bien, es labor del Ministerio Público seguir con la persecución penal en los delitos de acción pública bajo el principio de objetividad, la misma se la realiza bajo criterios de justicia, transparencia, eficacia y eficiencia, bajo ese contexto legal encontrándose claros los argumentos del presente proceso investigativo, ya no existe la necesidad de seguir prolongando el tiempo de la investigación, que aplicando los criterios antes mencionados, como también por el propio principio de objetividad….”; fundamento incongruente, ya que se refiere a nociones generales que no hacen al caso en estudio y que no puede servir de base para ratificar la Resolución de rechazo de denuncia, dictada por el Fiscal Departamental; de esta forma, la citada autoridad, jerárquicamente superior, hoy demandada, al dictar la Resolución 614/15, no dio cumplimiento al Fundamento Jurídico III.3 del presente Fallo, al haber replicado el relato de lo ya expuesto por los sujetos procesales, realizando exposiciones generales concerniente al delito y normas legales adjetivas que confieren atribuciones a los fiscales, sin emitir criterio propio sobre el caso concreto, eludiendo la responsabilidad que tenía de observar los elementos probatorios presentados, dándole el valor correspondiente a cada uno de ellos para luego contrastar los mismos aplicando las normas jurídicas a resolver, evadiendo así tomar determinaciones arbitrarias; debiendo indefectiblemente, exponer los motivos que sustentan su resolución; para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de tal forma que, el justiciable a momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma; de esta manera, Gomer Padilla Jaro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, ahora demandado, incumplió con la obligación que tiene de observar el debido proceso, tomando en cuenta sus contenidos como son la fundamentación y motivación de las resoluciones; los cuales son la causa en el caso en estudio para conceder la tutela impetrada, al advertirse que no fueron cumplidos por la autoridad demandada.

Con referencia a la falta de valoración de la prueba por parte de la autoridad demandada, la amplia línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional refiere: “Posteriormente, este Tribunal constitucional Plurinacional, mediante la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, a tiempo de reiterar los entendimientos asumidos por el entonces Tribunal Constitucional, estableció lo siguiente: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional…’.

         Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: 'Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…).

         Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada” (SCP 0937/2016-S2 de 7 de octubre), requisitos que en el presente caso no fueron cumplidos por la ahora accionante.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela, ha efectuado una adecuada compulsa de los datos del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 49 de 4 de octubre de 2016, cursante de fs. 417 vta., a 420, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales

MAGISTRADO

AUTORIZACIÓN DE SALIDA JUDICIAL

CONTENIDO:

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S1

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

I.1.1. Hechos que motivan la acción

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

I.2.1.Ratificación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demanda

I.2.3. Resolución

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

II. CONCLUSIONES

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre los principios ético-morales de la sociedad plural y los  valores que sustenta el Estado boliviano

III.2.  De la acción de libertad

III.3. El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad

III.4.  Análisis del caso concreto

POR TANTO

DATOS DEL EXPEDIENTE

Resoluciones

Partes

Documentos.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S1

     Sucre, 19 de octubre de 2016

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    Tata Efren Choque Capuma

Acción de libertad

Expediente:                 15324-2016-31-AL

Departamento:            La Paz

En revisión la Resolución 362/16 de 28 de mayo de 2016, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gregorio Soto Calle contra Gustavo Estrada, Gobernador del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de mayo de 2016, cursante de fs. 4 a 5 vta, el accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido en su contra, proceso que se encuentra en el “Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1° Localidad Caranavi” (sic) del departamento de La Paz, solicitó una autorización de salida judicial por encontrarse delicado de salud, la misma fue prevista para el 27 de mayo de 2016, a horas 9:00; sin embargo, cuando sus familiares se dirigieron al Recinto Penitenciario de San Pedro del referido departamento, donde se encuentra detenido preventivamente, el Gobernador no quiso recibir dicha orden aduciendo que estaba fuera de tiempo, además indicaron que cuando es de provincia debe entregarse con setenta y dos horas de anticipación, no se tomó en cuenta que la orden de salida fue recogida el 24 del mismo mes y año señalado, y la demora se debió por el traslado desde la provincia. Habiendo insistido en su propósito el 26 de igual mes y año, señalaron que no podían atenderlos porque ese día era el feriado de Corpus Cristi; en ese sentido, al haberle negado su salida considera que se lesionó su derecho a la salud.   

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alegó la lesión de su derecho a la salud y a la dignidad humana, citando al efecto los arts. 15, 35, 37 y 73.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenándose su salida judicial del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, a efectos de constituirse en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para su valoración médica. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de mayo de 2016, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1.Ratificación de la acción

El accionante ratificó el memorial inextenso de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demanda

Nelson Mora Valencia, Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, mediante informe cursante fs. 17 y vta. manifestó que: De acuerdo al informe verbal de Verónica Zacari Siñani, responsable de recepción, indicó que no se apersonaron con ninguna orden de salida médica judicial a nombre de Gregorio Soto Calle; el 26 de mayo de 2015, era feriado, razón por la cual el personal administrativo no asistió ese día a su fuente laboral. Finalmente señaló que no sostuvo entrevista con persona alguna en representación del ahora accionante como se mencionó en el memorial de la acción de libertad, menos haberme negado a recibir dicho pedido. Por ello, solicitó se deniegue la tutela.

La aludida autoridad en audiencia señaló que la acción de libertad fue dirigida contra el anterior Gobernador del Recinto Penitenciario de San Pedro. “El art. 110 de la Ley 2298 señala que las órdenes judiciales sean para salida médica o judicial, estas deben ser presentadas con veinticuatro horas de anticipación” (sic). Podría haber sido atendida oportunamente esa solicitud, empero, el notificador visitó el aludido Recinto Penitenciario a horas 17:45 de ese día, sin esperar su turno, dejó la nota en el escritorio y salió, por ello no tiene el sello de recepción. Reiteró que no tomó contacto con nadie a nombre del accionante.     

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 362/16 de 28 de mayo de 2016, cursante de fs. 20 a 21 vta., concedió en parte la tutela respecto al derecho a la vida, más aun al tratarse de una persona privada de su libertad que necesita la salida custodiada por el régimen penitenciario, sea en el día, y se deniega en el entendido de cumplirse los formalismos previos y preliminares de ley para que la autoridad –en este caso el Gobernador del Recinto Penitenciario– pueda cumplir las órdenes dispuestas por el Juez de Caranavi de igual departamento, bajo los siguientes fundamentos: a) En el presente caso se trata de la autorización para la salida del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, se observó que no se cumplió con el trámite adecuado, dado que, en la  documentación presentada no consigna sello o cargo de recepción; por ello, no es posible verificar si se obstaculizó la orden de salida; b) Se tiene el “informe del Juez Público de Caranavi enviado vía fax” (sic) al Recinto Penitenciario aludido; exhortó que es responsabilidad de los jueces cautelares el cumplimiento de las disposiciones que emiten, no pudiendo delegar esa función a personas o familiares del detenido preventivamente, quienes no tienen conocimiento de los trámites judiciales, esa tarea debió delegarse a un funcionario judicial; c) Aclaró que la acción de libertad fue dirigida a Gustavo Estrada, quien dejó el cargo hace dos años atrás; empero, consideró que la acción de defensa fue dirigida al Gobernador del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz; d) Si bien, se dice que hubo el feriado de Corpus Cristi, sin embargo, en el Régimen Penitenciario siempre existe el personal de turno; donde las salidas médicas no pueden estar supeditadas a un feriado o al pretexto de que el sistema no estaría funcionando, cuando ese aspecto puede ser regularizado al día siguiente hábil de trabajo; y, e) Podría existir el riesgo de la vida o la integridad física del imputado, siendo de vital importancia la salud, ordenó se cumpla con la orden de salida al IDIF, dispuesto por el Juez de la causa y sea en el día.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 20 de septiembre de 2016, se suspendió el cómputo de plazo, por solicitud de documentación requerida; reanudándose por Decreto de 19 de octubre del mismo año, siendo notificadas las partes en idéntica fecha, a cuyo efecto la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del plazo legal.

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se establecen las  siguientes conclusiones:

II.1.  Cursa nota de 24 de mayo de 2016, emitida por Javier Vargas Arancibia, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de  Caranavi del departamento de La Paz, por la cual, ordenó al Director del Recinto Penitenciario de San Pedro del mismo departamento la salida o traslado al IDIF en favor del impetrante de tutela, para el día 27 del mismo mes y año a horas 9:00 (fs. 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera que fue lesionado su derecho a la salud; toda vez que, al encontrase delicado de salud, solicitó al Juez de la causa autorice su salida ante el IDIF, a cuyo efecto se emitió la orden respectiva para el día 27 de mayo de 2016, a horas 9:00; sin embargo, cuando sus familiares se dirigieron al Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, donde se encuentra detenido preventivamente, el Gobernador no quiso recibir dicha orden aduciendo que estaba fuera de tiempo, además les indicaron que cuando es de provincia debe entregarse con setenta y dos horas de anticipación. El 26 de igual mes y año, habiendo insistido en su propósito, indicaron que no podían atenderlos porque ese día era el feriado de Corpus Cristi.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela.

III.1. Sobre los principios ético-morales de la sociedad plural y los  valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe en base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente en el Órgano Judicial que, a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, aseguran que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales sean efectivos para vivir bien, como señala el art. 8.II de la CPE.

Al efecto, resulta necesario señalar que la Norma Suprema, en su art. 8.I señala que los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos constituyen mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos.

Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional, que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respecto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria están, también entre otros, la verdad material y el debido proceso.

En torno a la administración de justicia, o expresado desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho de sustentar las decisiones en el análisis e interpretación, no solo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté al lado del Estado y la población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad como lo es la corrupción, que lastima nuestras instituciones.

III.2.  De la acción de libertad

La Constitución Política del Estado, en la Sección I, del Capítulo Segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - derechos, deberes y garantías) ha instituido la acción de libertad. En ese marco, el art. 125 establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

La acción de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último caso, siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida, pues, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste.

Al respecto, el Código Procesal Constitucional tiene por objeto regular los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa ante juezas, jueces y tribunales competentes. La referida Ley, en su Disposición Final Tercera establece que a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, quedará derogada la parte segunda de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional relativa a los procedimientos constitucionales, vigencia establecida en su Disposición Transitoria Primera a partir del 6 de agosto de 2012.

El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece como objeto de esta acción tutelar el “…garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. Por otra parte, el art. 47 del citado Código establece que: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal”.

III.3. El derecho a la vida, la integridad personal y la acción de libertad

Con relación al derecho a la vida y su vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud, tutelables a través de la acción de libertad, la SCP 0435/2016-S2 de 9 de mayo en armonía con la SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero, señala que:“III.1.1. La Constitución Política del Estado consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental en el art. 15.I. indicando que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida…’, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad. Por ello, su titularidad corresponde a todos los seres humanos y es en este sentido, que el Estado está obligado no solamente a su respeto, sino a su protección, creando condiciones indispensables para su observación y cumplimiento.

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, reiterando los entendimientos contenidos en las SSCC 0653/2010-R y 1294/2004-R, señaló que: ‘El derecho a la vida es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento’.

Por otro lado, es importante mencionar el desarrollo jurisprudencial contenido en la SCP 0033/2013 de 4 de enero, que tomando como base lo previsto en nuestra Constitución Política del Estado, así como los instrumentos de protección de Derechos Humanos que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, estableció como principios esenciales de toda decisión legislativa, judicial y administrativa: ‘i) el principio de primacía de protección del derecho a la vida; y, ii) El principio de duda favorable de la protección exhaustiva del derecho a la vida’.

En este marco, dicho fallo abordó las diferentes dimensiones de protección del derecho a la vida, que derivan de la obligación de respetar y garantizar los Derechos Humanos que tiene el Estado, vinculándolas con el valor y principio del ‘vivir bien’ previsto en el art. 8 de la CPE, siendo esas dimensiones: 1) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); 2) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, 3) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).

(…)

III.1.2. Sobre el derecho a la integridad física, el artículo 15.I de nuestra Norma Suprema establece que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes’. El segundo parágrafo señala que: ‘Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad’, y finalmente el parágrafo tercero: ‘El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado’, delimitando así la Norma Suprema que el derecho a la integridad personal, está compuesto por tres vertientes: física, psicológica y sexual.

Estas vertientes fueron desarrolladas por el Tribunal Constitucional en la SC 1891/2011-R del 7 de noviembre, expresando que la integridad personal es un derecho inherente a la persona; implica su preservación física, psíquica y sexual, e incluye el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, y, por lo tanto, se traduce en el derecho a no ser víctima de ningún dolor o sufrimiento físico, psicológico o agresión sexual; Así concretamente señalo:

‘La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo, por ello toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan provocar lesiones en su cuerpo, causándole dolor físico o daño a su salud.

La integridad psicológica ésta referida al conjunto de facultades intelectuales y emocionales; su inviolabilidad se relaciona con el derecho a no ser obligado o manipulado mentalmente contra su voluntad.

Finalmente, la integridad sexual está referida a la protección al derecho de las personas a tener capacidad para expresarse válidamente, a tener un libre y consciente trato sexual o a no tenerlo contra su voluntad…’.

III.1.3. Es necesario tener presente que este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, estableció que el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: ‘Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud’ (las negrillas son nuestras).

En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales”.

III.4.  Análisis del caso concreto

El accionante alegó que al encontrarse en calidad de detenido preventivamente en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, y delicado de salud, solicitó autorización de salida judicial al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del mismo departamento, dicha autoridad ordenó al Gobernador demandado, su traslado al IDIF a objeto de su valoración médica, para el 27 de mayo de 2016, a horas 9:00; sin embargo, la aludida autoridad no quiso recibir dicha orden, aduciendo que estaba fuera de tiempo, al tratarse de una solicitud de provincia esta debía ser presentada con setenta y dos horas de anticipación, además el sistema no estaba funcionando, inclusive ese día era el feriado de Corpus Cristi; por esos aspectos considera que se vulneró su derecho a la salud.

Ahora bien, de antecedentes se evidencia que el 24 de mayo de 2016,  el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, autorizó al Director del Recinto Penitenciario San Pedro del mismo departamento la salida o traslado al IDIF al ahora accionante, diligencia que debía cumplirse el 27 del mismo mes y año a horas 9:00; sin embargo, por una serie de argumentos y excusas como el no funcionamiento del sistema computarizado administrativo, la ausencia del personal administrativo por el feriado, además, la nota habría sido traído a horas 17:45 de ese mismo día, la cual, fue dejada en el escritorio sin que nadie reclame, no son argumentos valederos para justificar la no atención de una solicitud que fue traída desde Caranavi y emitida por la autoridad jurisdiccional de ese mismo municipio.

Asimismo, si bien es cierto que ante una orden judicial de salida médica con custodio debe cumplirse con los trámites previos; sin embargo, cuando se trata de la salud de una persona que se encuentra circunstancialmente en calidad de detenido preventivamente, corresponde su atención de la manera más diligente posible, el no hacerlo se pondría en riesgo la vida o la integridad física de quien requiere la atención de un profesional en el área de medicina, dado que la salud se constituye en un derecho humano inalienable; dicho de otro modo, al ser la vida un derecho primario del ser humano que se encuentra vinculado a otros elementos que la conforman como son la integridad física y la salud, goza de protección constitucional, así la jurisprudencia constitucional precisó que: “…a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad…” conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo.

Por consiguiente, se evidencia que la autoridad demandada lesionó el derecho a la vida que está vinculados con otros elementos como la integridad física y la salud; resaltando que, si bien el privado de libertad sufre temporalmente la limitaciones de la ley, no se convierte en un ser sin derechos, así el art. 73 de la CPE, establece que toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada como el debido respeto a la dignidad humana. Por lo que, corresponde otorgar la tutela en los mismo términos del Juez de garantías. 

Por todo lo expuesto, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela solicitada obró correctamente, por lo que, corresponde aplicar el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve, CONFIRMAR la Resolución 362/16 de 28 de mayo de 2016, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos del Juez de garantías.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Tata Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo.  Dr. Macario Lahor Cortez Chavez

MAGISTRADO

DATOS DEL EXPEDIENTE

Expediente:

15324-2016-31-AL

Referencia:

Gregorio Soto Calle c/ Gustavo Estrada, Director del Recinto Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz

Fecha de Ingreso:

viernes, 3 de junio de 2016

Distrito:

El Alto

Recurso:

Acción de Libertad

Juzgado:

Juzgado de Instrucción en lo penal

Numero de Juzgado:

2

Oficina:

En Archivo

Resoluciones

Número de Resolución

Fecha

Resumen

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1

0961/2016-S1

19-10-2016

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2016-S1 Sucre, 19 de octubre de 2016 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Tata Efren Choque Capuma Acción de libertad Expediente: 15324-2016-31-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 362/16 de 28 de mayo de 2016, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gregorio Soto Calle contra Gustavo Estrada, Gobernador del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz.

 

Partes

Nombre

Calidad

Cargo

1

Gregorio Soto Calle

Accionante

 

2

Roger Abel Bustillos Loza

Abogado Apoderado

 

3

Gustavo Estrada

Demandado

Otras Autoridades

Documentos.

Fecha

Fojas

Documento

Referencia

1

07-06-2016

3

Prueba Preconstituida

IMPRESIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL BOLIVIANO Nº 201401201606154. -DOCUMENTACIÓN DE FOJAS 2 A 3. FOJAS 1 A 3.

2

07-06-2016

5

Memorial

DE ACCIÓN DE LIBERTAD, PRESENTADO POR GREGORIO SOTO CALLE CONTRA CORONEL GUSTAVO ESTRADA, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN DEL PENAL DE SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, SOLICITA SE CONCEDA LA ACCIÓN DE LIBERTA, DISPONIENDO LA SALIDA JUDICIAL DEL PENAL DE SAN PEDRO. -CARGO DE RECEPCIÓN DE 27 DE MAYO DE 2016, POR EL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL PRIMERO DE EL ALTO. -.AUTO DE 27 DE MAYO DE 2016, POR EL QUE SE ADMITE Y SE SEÑALA DIA Y HORA DE AUDIENCIA PÚBLICA A FOJA 6. -NOTIFICACIÓN A FOJA 7 A 8. FOJAS 4 A 8.

3

07-06-2016

1

Oficio

Nº 305/2016, DE 27 DE MAYO DE 2016, REF.. REMISIÓN DE OBRADOS ORIGINALES, REMITIDO POR DR. HENRY SANCHEZ CAMACHO, JUEZ PRIMERO DE SENTENCIA PENAL DE EL ALTO. -CARGO DE RECEPCIÓN DE 27 DE MAYO DE 2016, POR EL JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE EL ALTO. -DECRETO DE 28 DE MAYO DE 2016. FOJA 9.

4

07-06-2016

9

Acta de audiencia

DE ACCIÓN DE LIBERTAD, DE 28 DE MAYO DE 2016, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE EL ALTO, SE INFORMA QUE SE ENCUENTRAN EN SALA LA PARTE ACCIONANTE, AUSENTE SU ABOGADO, PRESENTE EL DEMANDADO, ES CUANTO S EINFORMA. -INFORME, DE 27 DE MAYO DE 2016, PRESENTADO POR VÍCTOR HUGO CONDORI CONDORI, CLASE DE SERVICIO DE RECEPCIÓN, A FOJA 10. -DOCUMENTACIÓN DE FOJAS 11 A 16. -INFORME, DE 27 DE MAYO DE 2014, PRESENTADO POR NELSON MORA VALENCIA, DIRECTORDEL RECINTO PENITENCIARIO DE SANPEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, A FOJA 17. -CARGO DE RECEPCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2016, POR EL JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE EL ALTO. -DECRETO DE 28 DE MAYO DE 2016. FOJAS 10 A 19.

5

07-06-2016

3

Resolución o sentencia

Nº 362/16, DE 28 DE MAYO DE 2016, POR EL QUE EL JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CONCEDEN EN PARTE LA PRESENTE ACCIÓN DE LIBERTAD, SE CONCEDE EN REFERENCIA A QUE ES NECESARIO PRECUTELAR EL DERECHO A LA VIDA QUE TIENE TODO CIUDADANO BOLIVIANO Y MAS AÚN SI SE TRATA DE UNA PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD, QUE NECESITA LA SALIDA CUSTODIA POR RÉGIMEN PENITENCIARIO PARA QUE SE PUEDA PROCESAR EN EL DIA Y SE DENIEGA EN EL ENTENDIDO QUE TIENEN QUE CUMPLIRSE LOS FORMALISMOS PREVIOS Y PRELIMINARES DE LEY PARA QUE LA AUTORIDAD PUEDA CUMPLIR A LA VEZ LAS ORDENES DISPUESTAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EN ESTE CASO EL JUEZ DE LA LOCALIDAD DE CARANAVI. -NOTIFICACIÓN A FOJA 22. FOJAS 20 A 22.

6

07-06-2016

1

Oficio

Nº 473716, DE 1 DE JUNIO DE 2016, REF.: REMITE CUADERNO DE ACCIÓN DE LIBERTAD, REMITIDO POR MILENKA GUTIERREZ, JUEZA SEGUNDA DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE EL ALTO DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ. -CARGO DE RECEPCIÓN POR LA UNIDAD DE REGISTRO DE INGRESO DE CAUSAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 3 DE JUNIO DE 2016, A HORAS 10:06, RECIBIDO VÍA COURRIER, DE PROCEDENCIA LA PAZ, A FOJA 23 VTA. FOJA 23 Y VTA.

7

20-10-2016

2

Oficio

CITE 721/2016 DE 18 DE OCTUBRE, REF.: REMITE NOTIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 15324, REMITIDO POR MARÍA LAURA CALLE MAMANI, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL - NOTIFICACION A GUSTAVO ESTRADA, GOBERNADOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ - CARGO DE RECEPCIÓN POR LA UNIDAD DE REGISTRO DE INGRESO DE CAUSAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 19 DE OCTUBRE DE 2016 A HORAS 18:00, RECIBIDO VÍA COURIER PROCEDENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ FOJAS 1 A 2 Y VTA.

8

08-11-2016

2

Oficio

CITE 777/2016 DE 3 DE NOVIEMBRE, REF.: REMITE NOTIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 15324, REMITIDO POR MARÍA LAURA CALLE MAMANI, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL - OFICIO DE 28 DE OCTUBRE DE 2016 A FS. 1 - CARGO DE RECEPCIÓN POR LA UNIDAD DE REGISTRO DE INGRESO DE CAUSAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2016 A HORAS 11:30, RECIBIDO VÍA COURIER PROCEDENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ FOJAS 1 A 2 VTA.

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