Alonso Peña Cabrera Freyre manifiesta que “la detención de un individuo, supone una grave afectación a la libertad personal, impidiendo su capacidad de locomoción y su desplazamiento de un lugar a otro”.

Las medidas de coerción personal en el Derecho Peruano.

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CONTENIDO:

1.-       La Detención como Medida de Coerción Personal

1.1.-    Definición de la Medida de Coerción Personal

1.2.-    Libertad personal

1.3.-    La detención en el marco constitucional

1.4.-    Principios de la medida de la privación de la libertad.

1.4.1.-     Principio de legalidad

1.4.2.-     Principio de excepcionalidad

1.4.3.-     Principio de proporcionalidad

1.5.-    Detención por flagrancia

2.-       El arresto ciudadano

3.-       La detención preliminar judicial

4.-       La comparecencia

4.1.-    Definición de la comparecencia

4.2.-    Clasificación de la comparecencia

4.2.1.-     Comparecencia Simple

4.2.2.-     Comparecencia con restricciones

5.-       La detención domiciliaria

6.-       La Internación Preventiva

6.1.-    Definición de la prisión preventiva

6.2.-    Presupuestos de la prisión preventiva

6.3.-    Finalidad de la prisión preventiva

6.4.-    Impedimento de Salida de la prisión preventiva

7.-       La suspensión preventiva de derechos

7.1.-    Definición de la suspensión preventiva de derechos

7.2.-    Finalidad de la suspensión preventiva de derechos

7.3.-    Requisitos para la suspensión preventiva de derechos

7.4.-    Clases  de suspensión preventiva de derechos

8.-       Prisión Preventiva

1.- La Detención como Medida de Coerción Personal

1.1.- Definición de la Medida de Coerción Personal

Jorge Rosas Yataco manifiesta que la detención “es la privación de libertad impuesta al imputado para hacerlo intervenir en el proceso, y recibir su declaración, cuando se aprecie que no obedecerá la orden de citación o intentará entorpecer la investigación”. También afirma que “puede tenerse como una medida cautelar de naturaleza personal y provisionalísima, que puede adoptar la autoridad judicial al momento de la apertura del proceso e incluso posterior a ella habiéndose ordenado el mandato de comparecencia”.[1]

Alonso Peña Cabrera Freyre manifiesta que “la detención de un individuo, supone una grave afectación a la libertad personal, impidiendo su capacidad de locomoción y su desplazamiento de un lugar a otro”. En palabras de Gimeno Sendra refiere que “la detención se constituye en un acto de investigación indirecto, ya que aunque no sea una verdadera fuente de prueba, sí que suele significar el origen de actuaciones probatorias (intervenciones corporales, cacheos, toma de huellas, ruedas de reconocimiento e interrogatorios policiales, entre otras)”.[2]

Asimismo cita a García Morales A., quien afirma que “en efecto, la detención es una medida de coerción penal que se adopta ni bien se inician los primeros actos de investigación, cuya finalidad esencial es viabilizar las diligencias que se orientan al recojo y acopio de pruebas; debe entenderse por detención toda privación de libertad de movimientos que no consista en la ejecución de una pena o en el cumplimiento de la medida cautelar de prisión provisional, adoptada en el marco de un proceso penal abierto o por abrir”.[3]

Pablo Sánchez Velarde considera que “este tipo de privación de la libertad ambulatoria, posee las siguientes características: a) es de corta duración; b) con fines de investigación preliminar; no está dirigida a garantizar la futura ejecución de la pena, por lo que puede catalogarse como una medida precautelar”.[4]

1.2.- Libertad personal

Jorge Rosas Yataco precisa que “la libertad es un valor esencial e imprescriptible del sistema democrático. La libertad supone: exención, independencia o autonomía, por la que constituye una esfera de autonomía privada, de decisión personal o colectiva protegida frente a presiones que puedan determinarla; poder hacer, esto es, capacidad positiva, para llevar a cabo esas decisiones y actuar eficazmente en la vida social; libertad de elección, entre hacer o no hacer, o entre varios haceres posibles”. Asimismo, que “el derecho a la libertad personal implica la libertad física del individuo, esto es su libertad de locomoción, el derecho de irse o de quedarse, o de la facultad de desplazarse libremente de un lugar a otro y sin interferencias indebidas”.[5]

El Tribunal Constitucional manifiesta que “la libertad personal no sólo tiene una dimensión subjetiva, que garantiza la prohibición de injerencias arbitrarias en un ámbito de libertad corporal y locomotora de todo procesado, sino también una dimensión objetiva, que comporta diversos deberes a cargo del Estado, entre los cuales se encuentra el de prever un orden normativo dirigido a hacer posible que la dimensión subjetiva de la libertad personal no sea perturbada en su disfrute y ejercicio”.[6]

1.3.- La detención en el marco constitucional

El artículo 2º, numeral 24 literal f) de la constitución establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho:(…)

A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia:(…)

Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.

En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”.

1.4.- Principios de la medida de la privación de la libertad.

Los principios que deben regir según Jorge Rosas Yataco al adoptar una medida de la privación de la libertad ambulatoria de una persona (inculpado) durante el proceso penal son:

1.4.1.- Principio de legalidad

Nuestra Constitución se encarga de establecer las condiciones y presupuestos: “no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley, están prohibidos la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas”

De modo que atendiendo a este principio constitucional, no solo debe cumplirse con los requisitos que exige la ley para adoptar esta medida sino que su adopción se encuentre justificada.

1.4.2.- Principio de excepcionalidad

La regla general es el respeto irrestricto del derecho a la libertad ambulatoria, y sólo en casos excepcionales se tomará dicha medida extrema. Fuera de estos casos excepcionales, el inculpado tiene la posibilidad de concurrir al proceso penal en libertad, con las sujeciones de ley.

1.4.3.- Principio de proporcionalidad

La medida impuesta debe ser proporcional a la pena que se espera, esto es la prognosis de pena probable a sancionar. Ello también implica que debe contarse con elementos probatorios suficientes.[7]

1.5.- Detención por flagrancia

Jorge Rosas Yataco afirma que “la flagrancia es una situación fáctica que se produce cuando el agente es visto o sorprendido en el momento que perpetra un delito (flagrancia strictu sensu), en las circunstancias inmediatas a su realización, o cuando el agente tiene en su poder los objetos o huellas que nos permite inferir que viene de cometer un delito.

Los casos de flagrancia que se incorporan son:

- Flagrancia propiamente dicha o flagrancia real: esto es cuando el hecho punible es actual y en esa circunstancia el autor es descubierto, es lo que comúnmente se conoce como, con “las manos en la masa”.

- Cuasi flagrancia o flagrancia ex post ipso: cuando el autor es perseguido y capturado inmediatamente de haber cometido el hecho punible. El ejemplo, del que arrebata una cartera a una dama y emprende la fuga, siendo que se inicie la persecución policial o por parte de la misma víctima y es capturado.

- Presunción legal de flagrancia o flagrancia presunta: se presenta cuando el autor es sorprendido con los objetos o huellas que reflejan que acaba de ejecutarlo. El caso de que se encuentra el agente llevando en su poder un aparato electrodoméstico que acaba de sustraerlo de una vivienda.

Los requisitos que se exigen para la determinación de una flagrancia delictiva son:

a) Actualidad

b) Identificación o individualización

c) Que el hecho demuestre por sí solo ilicitud

Asimismo señala que los requisitos insustituibles son:

a) Inmediatez temporal, que el delito se esté cometiendo o que haya sido cometido instantes antes.

b) Inmediatez personal, que el delincuente se encuentre allí en ese momento en situación tal con relación al objeto o a los instrumentos del delito que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho.

c) Necesidad urgente, que determina la intervención imperiosa de la policía con el doble fin de poner término a la situación existente impidiendo en todo caso la posible propagación del mal que la infracción acarrea, y de conseguir la detención del autor de los hechos.”[8]

2.- El arresto ciudadano

Jorge Rosas Yataco comenta que “cuando un ciudadano procede a realizar la captura del delincuente in fraganti, efectúa un acto de colaboración con la justicia que no constituye, propia o estrictamente, una detención sino una restricción de la libertad. Se trata de un supuesto excepcional, justificado en ausencia de las autoridades policiales; donde la conducta del particular sólo se dirige a aprehender y retener temporalmente al delincuente, hasta que la policía se constituya al lugar o para conducirlo inmediatamente ante dicha autoridad”.[9]

Mario Rodríguez Hurtado refiere que “es el arresto que cualquier persona puede hacer del agente que se encuentre en flagrancia delictuosa, condición que lo entregue inmediatamente a la policía, junto con las cosas que constituyan cuerpo del delito. Como sólo procede en situaciones flagrantes, habrá de repetirse que este instituto opera bajo aquella circunstancia, caracterizada por la inmediatez temporal y personal.”[10]

Pablo Sánchez Velarde señala que “constituye una facultad que asiste a todo ciudadano a privar de la libertad ambulatoria a otro, en los casos de delito flagrante con la obligación de poner al detenido a disposición de la autoridad policial. El arresto ciudadano se caracteriza: a) por tratarse de una privación de la libertad practicada por un ciudadano; d) por constituir una facultad, es decir, el ciudadano no está obligado a realizar tal arresto; y c) porque procede solo en caso de delito flagrante.”[11]

3.- La detención preliminar judicial

Mario Rodríguez Hurtado señala que “es aquella que despacha el juez, por requerimiento del fiscal, antes que el representante del Ministerio Público emita la disposición que formaliza la continuación de la investigación”.[12]

Pablo Sánchez Velarde refiere que “fuera de los casos de flagrancia, la Constitución autoriza la detención de una persona por mandato motivado del Juez, sea en fase de investigación preliminar o preparatoria. La detención preliminar judicial es aquella que se produce durante dicha fase procesal en casos especiales, pero por mandato judicial y a sólo solicitud del Fiscal”.[13]

4.- La comparecencia

4.1.- Definición de la comparecencia

Pablo Sánchez Velarde considera “constituye una medida de coerción personal de menor intensidad que la prisión preventiva y que normalmente se aplica para casos en donde las necesidades de aseguramiento del imputado no son tan rígidas o los delitos no son estimados graves o siendo de gravedad, no se satisfacen los requisitos para imponer un mandato de prisión preventiva”. Asimismo, que “el imputado está sujeto al proceso penal, su libertad ambulatoria se encuentra vinculada a la decisión del órgano jurisdiccional (ej. Cuando su presencia es imprescindible para la realización de determinado acto procesal).Se trata de una medida de aseguramiento de la presencia del imputado al proceso, donde el imputado permanece en libertad, pudiendo desplazarse libremente, pero está obligado a observar determinados mandatos judiciales que condicionan su libertad”.[14]

4.2.- Clasificación de la comparecencia

Esta medida de coerción procesal de naturaleza personal, adquiere varias dimensiones configurativas, que puede ser simple y con restricciones para la vida en libertad del imputado.

4.2.1.- Comparecencia Simple

Pablo Sánchez Velarde considera que “es la medida de coerción de mínima intensidad y que exige del imputado (quien se encuentra en libertad, salvo mandato distinto en otro proceso) sólo la obligación de presentarse a la sede judicial cada vez que sea citado; su incumplimiento sólo acarrea la conducción compulsiva”.[15]

4.2.2.- Comparecencia con restricciones

Pablo Sánchez Velarde afirma que ésta medida de coerción personal es más severa que la anterior e importa determinadas reglas u obligaciones que el imputado debe seguir, bajo apercibimiento de revocársele la medida por prisión preventiva (art. 288) previo requerimiento Fiscal”.[16]

5.- La detención domiciliaria

Pablo Sánchez Velarde considera que “constituye una limitación a la libertad ambulatoria del imputado a determinado espacio físico y que por mandato judicial debe cumplirse en su domicilio o en otro lugar, pero fuera de sede penal o penitenciaria. Es un estado intermedio entre la privación de la libertad efectiva y la libertad propiamente dicha”.[17]

Alonso Peña Cabrera Freyre citando a Jacobo López Barja de Quiroga manifiesta que “el arresto domiciliario, como bien lo señala la terminología empleada, implica la restricción de la libertad personal del imputado, esto es, su desplazamiento ambulatorio, en el espacio físico donde éste reside, su domicilio como recinto en el cual desarrolla su vida personal y familiar. Consiste históricamente en que el preso permanezca privado de su libertad en su propio domicilio”.[18]

6.- La Internación Preventiva

6.1.- Definición de la prisión preventiva

Pablo Sánchez Velarde señala que “está regulada de manera tal que podríamos considerarla como una medida alternativa o sustitutiva de la prisión preventiva aplicable a los imputados que padecen de enfermedades psiquiátricas”. Asimismo afirma que esta medida coercitiva personal “permite al Juez de la Investigación Preparatoria poder ordenar la internación preventiva del imputado en un establecimiento psiquiátrico, previa comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí o para terceros”.[19]

6.2.- Presupuestos de la prisión preventiva

Es necesario que medien los siguientes presupuestos:

a) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que es autor de un hecho punible o participe en él y probablemente será objeto de una medida de seguridad de internación.

b) La existencia de una presunción suficiente de que no se someterá al procedimiento u obstruirá un acto concreto de investigación. Rigen análogamente los artículos 269 y 270 del NCPP.

6.3.- Finalidad de la prisión preventiva

Peña Cabrera Freyre A., refiere que “la internación preventiva no sólo tiene por fin asegurar una eficaz actividad probatoria, sino también, detenta un factor criminógeno, esto es, de incidencia neutralizante. Por consiguiente, esta medida de coerción, busca proteger a la sociedad ante un agente evidentemente peligroso”.[20]

6.4.- Impedimento de Salida de la prisión preventiva

Pablo Sánchez Velarde considera que “esta medida es independiente. Esta media de coerción preponderantemente tiende a garantizar la verdad, no es sólo una medida provisional con fines cautelares, la cual se extiende a los testigos”. Asimismo refiere que “procede contra el imputado también a pedido del Fiscal, cuando se trate de delito con pena privativa mayor de tres años y resulte necesario para la indagación de la verdad. Comprende el impedimento de salida del país, de la localidad donde domicilia, o del lugar que se le fije; se debe establecer el tiempo de duración y la motivación respectiva. El Juez citará a las partes a una audiencia, las escuchará y resolverá el pedido”.[21]

Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre señala que “el impedimento de salida del país o de la localidad del imputado, se constituye en una coerción de mayor garantía para evitar el peligro de fuga o mejor dicho la sustracción del procesado de la esfera de persecución penal. Sin duda, la mejor forma de asegurar la comparecencia del imputado, implica someterlo a un régimen de control periódico, sumado a un conjunto de restricciones”.[22]

7.- La suspensión preventiva de derechos

7.1.- Definición de la suspensión preventiva de derechos

Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre refiere que la inhabilitación “consiste en la sanción que priva y restringe (temporal o definitivamente) al agente de un determinado derecho civil o político, cargo, función o empleo que fue instrumentalizado para cometer el hecho punible”. Asimismo comenta que el legislador en el NCPP, ha considerado importante que la inhabilitación de derechos, se comprenda en las medidas de coerción personal, esto es, determinándolas con fines asegurativos e instrumentales. Pero esta vez la denominación adquiere otra configuración terminológica: “suspensión preventiva de derechos”.[23]

Por consiguiente ya no es necesario esperar una condena, para poder privar de ciertos derechos al imputado, los cuales en definitiva deben revelar una vinculación directa con el injusto penal cometido, es decir, su aplicabilidad está sometida a un presupuesto material, y a una intensidad antijurídica de cierta entidad lesiva.

7.2.- Finalidad de la suspensión preventiva de derechos

Para el jurista Pablo Sánchez Velarde citando a Cesar San Martin Castro afirma que “dos son las finalidades legítimas que este tipo de medidas tienen: a) La prevención de la reiteración delictiva, la cual se vería facilitada si el imputado continuase desempeñando determinada función; b) El aseguramiento de prueba, ya que el imputado podría obstaculizar la actividad probatoria, valiéndose de esta actividad”.[24]

7.3.- Requisitos para la suspensión preventiva de derechos

Según Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre el Art. 297 Inc. 2 del NCPP, establece que para imponer estas medidas se requiere:

a) Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo.- de lo cual deben revelarse suficientes elementos de juicio de criminalidad, que establezcan un nexo subjetivo con el imputado, mediante cualquiera de las formas de participación delictiva.

b) Peligro concreto de que el imputado, en atención a las especificas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquel por el que se procede.- bajo esta hipótesis, resulta que el cargo o derecho que ejerce en la actualidad el imputado puede ser utilizado como un medio obstruccionista para los fines de la investigación, v. gr., puede que éste ejerza una función pública que le competa la custodia de ciertos documentos, que de una u otra forma están relacionados con el delito que es materia de procesamiento.

Asimismo refiere que condiciones personales podría ser la relación que lo vincula con la víctima, si es que se está investigando un delito de lesiones o de violación a la libertad sexual por ejemplo, es lógico que ejerza presión sobre la víctima para que no corrobore los dichos que sustentan la imputación delictiva. Por otro lado, también señala que el precepto hace mención a una probable reiteración delictiva, como el caso del conductor ebrio que puede volver a cometer lesiones u homicidio, por lo que es procedente que se suspenda la licencia de conducir.[25]

7.4.- Clases de suspensión preventiva de derechos

Según el art. 298 del NCPP son seis medidas de suspensión temporal del ejercicio, y son las siguientes:

a) De la patria potestad, tutela o curatela;

b) De un cargo, empleo o comisión públicos, salvo que provengan de elección popular;

c) De actividades profesionales, comerciales o empresariales;

d) De suspensión temporal de la autorización para conducir vehículos o portar armas de fuego; la aplicación de esta suspensión preventiva, debe colegirse con el injusto penal supuestamente cometido, teniendo en cuenta que esta clase de medidas apuntan a un factor criminógeno, de evitar la reiteración delictiva; como en el caso de los agentes infractores de los tipos penales de homicidio y lesiones en su modulación culposa, así como conducción en estado de ebriedad. En efecto, el imputado revela suficiente peligrosidad en su obrar defectuoso, por lo que debe ser privado de dicho derecho.

e) Prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar o la suspensión de visitas; este precepto es entendido en concordancia con el artículo 297 inciso 2 literal b), toda vez que a partir de esta prohibición se pretende evitar cualquier tipo de contacto entre el imputado y la víctima, que puedan desencadenar probables consecuencias lesivas para la integridad física o psíquica del agredido. En efecto, el injusto perpetrado supone una relación parental o de otra naturaleza, entre el imputado y la víctima, vinculo que configura una cohabitación en el mismo domicilio, situación ésta que puede constituir un foco de peligro permanente para la víctima. Por otro lado la suspensión temporal de visitas, supone un matrimonio disuelto o en vías de disolución, donde uno de los padres ha obtenido la tenencia y el otro hace uso del derecho de visitas, el cual es suspendido por haber sido aprovechado para cometer un delito en agravio del menor.

Por lo que, estas dos últimas medidas de coerción son las que tienen como finalidad evitar el peligro de reiteración delictiva, por lo que también pueden aplicarse en forma acumulativa con la prisión preventiva, siempre y cuando se cumplan con los presupuestos materiales establecidos en el artículo 268 del NCPP, más aun si lo establece el artículo 300 del NCPP, y al respecto Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre señala que “las medidas de coerción procesal (personal), guardan su autonomía con respecto a unas de otras, de conformidad con las finalidades perseguidas, lo cual no impide que éstas puedan ser impuestas de forma acumulativa, o la sustitución de una a otro a fin de morigerar la coerción o de hacerla más intensa de acuerdo a las circunstancias concretas de cada caso. Acumulación o sustitución que procederá, siempre y cuando que entre las alternativas posibles exista compatibilidad. La acumulación deberá proceder en la persecución de delitos graves o de meridiana entidad antijurídica”.[26]

Estas medidas de coerción que establece el NCPP en el Libro Segundo, Sección III Las medidas de Coerción Procesal, Titulo VII: De la Suspensión Preventiva de Derechos, comprendido en los artículos 297 al 301, es una figura jurídica novísima sin antecedentes en el anterior Código de Procedimientos Penales y que luego de varios años de vigencia del Código Procesal Penal ha sido limitadamente empleado o requerida por los sujetos procesales.

La finalidad de evitar la reiteración delictiva se funda y se justifica, en el hecho que la suspensión preventiva de derechos fundamentalmente, tiene una función preventiva policial y en gran medida en la peligrosidad del agente respecto de la comisión de nuevos delitos de la misma índole, en los que podría incurrir valiéndose de su posición o situación especial. En tal sentido piénsese, por ejemplo, en el agresor, que sigue viviendo bajo el mismo techo que su víctima.

Si bien las medidas de suspensión preventiva de derechos no son estrictamente medidas cautelares, comparten con éstas la rigurosidad en su imposición de tal modo que en esta tarea será necesario que el fiscal y el juez tengan en cuenta el fumus boni iuris (suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo) y el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. Adicionalmente y a diferencia de lo que ocurre en la imposición de medidas de coerción en el caso de suspensión preventiva de derechos, existe el supuesto del peligro concreto de comisión de delitos de la misma índole.

La práctica jurisdiccional actual y la falta de conocimiento del llamado instituto procesal de “suspensión preventiva de derechos”, innovación del nuevo modelo procesal penal vigente en varios distritos judiciales del país, impide que se imponga la limitación que es factible gracias a la aplicación de la figura procesal; a la cual aún los operadores de justicia no le han descubierto la connotación de fines preventivos que le es inherente. Lo cual permitiría evitar que el agente al que se le suspenda motivadamente sus derechos continúe incurriendo durante el desarrollo de la investigación, en actividades delictivas no deseadas, pero que serían posibles de evitar para situaciones futuras; no obstante, en la práctica se aprecia que los magistrados en virtud de lo establecido en el artículo 253 inciso 3 del NCPP tienen en cuenta la figura jurídica del peligro de reiteración delictiva para dictar el mandato de prisión preventiva, mas no para la suspensión preventiva de derechos.

8.- Prisión Preventiva

La Prisión Preventiva es una medida de coerción personal, que limita la libertad ambulatoria del imputado; no obstante, el presente tema será tratado con mayor profundidad y análisis en el siguiente título.


[1] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 447.

[2] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 691.

[3] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 692.

[4] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 330.

[5] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 447 y 448.

[6] Exp. N° 6201-2007-HC/TC. Lima, 10 de marzo de 2008

[7] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 448 y 449.

[8] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág 449 y 450.

[9] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 452-453.

[10] RODRÍGUEZ HURTADO. Ob. Cit. Pág. 73.

[11] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 332.

[12] RODRÍGUEZ HURTADO. Ob. Cit. Pág. 70.

[13] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 327.

[14] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 345

[15] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág.346.

[16] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág.346.

[17] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 348.

[18] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 752.

[19] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 349.

[20] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 782.

[21] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 350.

[22] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 785.

[23] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 788 y 789.

[24] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 350 y 351

[25] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 789 y 790.

[26] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 793.

Las medidas recaen sobre el patrimonio del imputado o sus bienes jurídicos patrimoniales, limitándolos con la finalidad de impedir que durante el proceso determinadas actuaciones dañosas o perjudiciales por parte del encausado afecten la efectividad de la sentencia o la eficacia del proceso. Están dirigidas a la protección de las pruebas o medios de prueba [en puridad, de fuentes de investigación o de prueba], lo que en síntesis quiere decir salvaguardar o proteger el proceso.

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CONTENIDO:

1.-       Definición de las medidas de coerción reales

2.-       Finalidad de las medidas de coerción reales

3.-       Clases de las medidas de coerción reales

4.-       El Embargo

5.-       Orden de Inhibición

6.-       Desalojo preventivo

7.-       Medidas anticipadas

8.-       Medidas preventivas contra las personas jurídicas

9.-       Pensión anticipada de alimentos

10.-     La Incautación

1.- Definición de las medidas de coerción reales

Según el fundamento 16 del Acuerdo Plenario Nº 7-2011/CJ-116, las medidas de coerción reales, son actos de autoridad, plasmados a través de una resolución jurisdiccional, y regidas por el principio dispositivo, mediante los cuales se asegura las consecuencias jurídicas económicas del delito y las costas procesales. Su reconocimiento legal es consecuencia de la acumulación de acciones: penal y civil, en el proceso penal.

Asimismo, dicho fundamento establece como doctrina legal que las medidas recaen sobre el patrimonio del imputado o sus bienes jurídicos patrimoniales, limitándolos con la finalidad de impedir que durante el proceso determinadas actuaciones dañosas o perjudiciales por parte del encausado afecten la efectividad de la sentencia o la eficacia del proceso. Están dirigidas a la protección de las pruebas o medios de prueba [en puridad, de fuentes de investigación o de prueba], lo que en síntesis quiere decir salvaguardar o proteger el proceso.[1]

2.- Finalidad de las medidas de coerción reales

El citado acuerdo plenario Nº 7-2011/CJ-116 establece que las medidas de coerción real, tiene como finalidad asegurar el futuro cumplimiento de las responsabilidades civiles derivadas de la comisión del hecho punible, y de las penas pecuniarias y consecuencias accesorias, amén de las costas; es decir, de las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pueden declararse procedentes.

3.- Clases de las medidas de coerción reales

Según el fundamento 17 del Acuerdo Plenario Nº 7-2011/CJ-116 las medidas reales pueden ser susceptibles de la siguiente clasificación:

a) Medidas reales penales. Su objeto es garantizar la efectividad de los pronunciamientos de naturaleza penal y procesal penal de la sentencia y que posean un contenido patrimonial: multa, decomiso, pago de costas.

b) Medidas reales civiles. Son propias del proceso civil acumulado. Tienden a asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza civil y contenido patrimonial de la sentencia que se dicte: restitución, reparación e indemnización.

4.- El Embargo

El jurista Jorge Rosas Yataco refiere que “la medida coercitiva de embargo es una medida de carácter real, toda vez que recae sobre los bienes (muebles o inmuebles) de propiedad del imputado, de modo que resulta una afectación estrictamente real.”[2]

Víctor Cubas Villanueva, citando a José Castán Tobeñas señala que “el embargo sea, civil o penal, se define como la ocupación, aprehensión o retención de bienes hecho por mandamiento del juez competente por razón de delito. Esta medida recae sobre bienes propios del obligado, a diferencia de la incautación que recae sobre cosas litigiosas. Asimismo refiere que en el embargo de carácter penal el sujeto pasivo de la medida es el autor o el partícipe del delito, o en su caso, el tercero civil, quien debe ser emplazado judicialmente; en este último caso puede tratarse tanto de personas naturales como jurídicas.”[3]

Para Pablo Sánchez Velarde “se trata de una medida cautelar de naturaleza patrimonial en contra del imputado (y del tercero civil) a fin de garantizar la efectividad de la indemnización de los daños y perjuicios que ocasiona la conducta delictiva”.[4]

5.- Orden de Inhibición

Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre señala que “la orden de inhibición consiste en otras palabras, en la prohibición del imputado o del tercero civil, para realizar actos de disposición sobre los bienes objeto del embargo. Quiere decir, que la inhibición asume una suerte de medida complementaria al embargo, destinada a evitar la probable insolvencia del sujeto obligado, impidiendo que se produzcan transferencias inmobiliarias. Por consiguiente, una vez que el juzgador, dicte el auto de embargo, los sujetos procesales legitimados, podrán solicitar la orden de inhibición sobre los bienes afectados con la medida cautelar, por ende, la orden de inhibición está condicionada a la efectiva adopción del embargo por parte del juez penal.”[5]

6.- Desalojo preventivo

Pablo Sánchez Velarde hace mención que “el poseedor tiene la facultad de defender su posesión por medio de la regulación vigente a través de los interdictos, las acciones posesorias y de desalojo (todas ellas de carácter civil) y ahora, en la presente regulación, de orden procesal penal, se le da la oportunidad de protegerla a través de una medida de coerción real regulada en proceso penal, estos es, el desalojo preventivo. Se trata de una medida real, inmediata y con fines de aseguramiento del patrimonio afectado”.[6]

7.- Medidas anticipadas

Pablo Sánchez Velarde señala que “las medidas anticipadas surgen ante la necesidad de hacer que la justicia sea más rápida, se deriva del principio de celeridad procesal”.[7]

Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre refiere que “la finalidad no sólo se circunscribe a la ejecución anticipada de la condena civil (indemnizatoria), sino también a posibilitar efectos criminógenos, esto es, de cesar un estado penalmente antijurídico o de evitar la continuación de los efectos dañinos de la conducta delictiva.”[8]

8.- Medidas preventivas contra las personas jurídicas

Pablo Sánchez Velarde señala que “en materia penal, es frecuente los cuestionamientos sobre las consecuencias jurídicas a imponer a las personas jurídicas, porque éstas no se encuentran sujetas al principio de culpabilidad, como las personas físicas. Sin embargo, en materia cautelar es diferente pues no se parte del presupuesto que la persona jurídica sea imputable o no de la comisión de determinado delito, sino que se atiende a los principios que rigen las medidas de coerción”.[9]

9.- Pensión anticipada de alimentos

Pablo Sánchez Velarde refiere que “esta medida es una especialidad tradicional de las medidas anticipadas, su objeto es anticipar lo que va ser materia de decisión en la sentencia final, en cuanto a las consecuencias civiles del delito, su naturaleza responde a la función cautelar”.[10]

Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre tiene a bien señalar que “el NCPP, ha previsto en el ámbito de las medidas reales preventivas, la pensión de alimentos anticipada, cuando los efectos perjudiciales del delito han configurado un estado de necesidad, concretizado en la incapacidad de los ofendidos por el delito, para solventar sus gastos”.[11]

10.- La Incautación

Víctor Cubas Villanueva, citando a Guillermo Cabanellas, señala que “la incautación es la toma de posesión forzosa que la autoridad judicial o de otra especie hace de los bienes poseídos ilegítimamente, precisos para una garantía o resarcimiento, o necesarios para remediar una escasez, combatir el acaparamiento y la especulación, o para otros fines de interés público”. Asimismo, citando a Gálvez Villegas, Tomas Aladino y otros, afirma que “es la medida cautelar dictada sobre bienes o derechos, que se presume, que constituyen instrumentos, efectos o ganancias del delito, y por tal razón llegado el momento podrán ser objeto de decomiso. Ello implica que la titularidad de quienes lo detentan sobre los bienes o derechos afectados por la incautación no aparece amparada por el ordenamiento jurídico (o por lo menos no se aprecia a la vista). Ordinariamente la incautación será ordenada por el juez, pero también en casos de urgencia puede ser dispuesta y ejecutada por el fiscal o la propia policía”.[12]

Pablo Sánchez Velarde, cuando cita a José Cafferata Nores afirma que “la incautación o secuestro consiste en la aprehensión de una cosa, por orden judicial, con el objeto de asegurar el cumplimiento de su función específica: la investigación de la verdad y la actuación de la ley penal. Por tanto, la incautación posee doble naturaleza, puede ser de orden instrumental o cautelar, según su finalidad”.[13]


[1] Acuerdo Plenario Nº 7-2011/CJ-116, de fecha 06 de diciembre de 2011.

[2] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 494

[3] CUBAS VILLANUEVA, Víctor. (2009). El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y práctica de su implementación. Lima: Palestra Editores. Pág. 406.

[4] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 352

[5] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 808

[6] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 354

[7] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 355

[8] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 812

[9] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 355

[10] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 356

[11] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 817

[12] CUBAS VILLANUEVA. Ob. Cit. Pág. 416-417

[13] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 357

Pablo Sánchez Velarde señala que “las medidas cautelares o de coerción procesal, como las llama el nuevo código procesal, son aquellas medidas judiciales que tiene por finalidad asegurar la presencia del imputado a la sede judicial y la efectividad de la sentencia, tanto en el ámbito punitivo como resarcitorio. Las medidas cautelares o coercitivas cumplen función de aseguramiento de los objetivos del proceso penal, que se aplica para casos taxativamente revistos en la ley y bajo determinados principios, principalmente los de necesidad, provisionalidad y proporcionalidad.”

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CONTENIDO:

1.-       Definición de las medidas coercitivas

2.-       Características de las medidas de coerción procesal

3.-       Principios de las Medidas Coercitivas.

4.-       Presupuestos de las medidas coercitivas o cautelares.

5.-       Requisitos del auto judicial

6.-       Legitimidad de las medidas de coerción procesal

7.-       Variabilidad de las medidas coercitivas.

8.-       Impugnación de medidas de coerción procesal

9.-       Clasificación de Medidas de coerción personal

9.1.-    Medidas de coerción personal

9.2.-    Medidas de coerción real

1.- Definición de las medidas coercitivas

Según Jorge Rosas Yataco “las medidas coercitivas son todas aquellas restricciones al ejercicio de los derechos (personales o patrimoniales) del imputado o de terceras personas, que son impuestas o adoptadas en el inicio y durante el curso del proceso penal tendente a garantizar el logro de sus fines, que viene a ser la actuación de la ley sustantiva en un caso concreto, así como la búsqueda de la verdad sin tropiezos”. Asimismo, citando a Gimeno Sendra refiere que, “las medidas cautelares están dirigidas a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia. Si el juicio oral pudiera realizarse el mismo día de la incoación del procedimiento penal (tal y como acontece con los procedimientos simplificados de citación directa o por “flagrante delito” del derecho comparado) no sería necesario disponer a lo largo del procedimiento de medida cautelar alguna.”[1]

Pablo Sánchez Velarde señala que “las medidas cautelares o de coerción procesal, como las llama el nuevo código procesal, son aquellas medidas judiciales que tiene por finalidad asegurar la presencia del imputado a la sede judicial y la efectividad de la sentencia, tanto en el ámbito punitivo como resarcitorio. Las medidas cautelares o coercitivas cumplen función de aseguramiento de los objetivos del proceso penal, que se aplica para casos taxativamente revistos en la ley y bajo determinados principios, principalmente los de necesidad, provisionalidad y proporcionalidad.”[2]

Cesar San Martin Castro las denomina “medidas provisionales, y las define como los actos procesales de coerción directa que, recayendo sobre los derechos de relevancia constitucionalidad, de carácter personal o patrimonial, de las personas, se ordenan a fin de evitar determinadas actuaciones prejudiciales que el imputado podrá realizar durante el transcurso del proceso de declaración.”[3]

2.- Características de las medidas de coerción procesal

Para Ana Calderón Sumarriva las características que presentan estas medidas son:

a) Instrumentales, tienen una relación de medio a fin con el proceso. Son disposiciones que se dictan para cumplir con los fines que persigue el proceso. Carecen de finalidad propia.

b) Coactivas, su concreción puede implicar el empleo de la fuerza pública, pero, al restringirse derechos fundamentales, es imprescindible brindar las máximas garantías de un proceso.

c) Son rogadas, en el NCPP las medidas de coerción tienen el carácter de rogadas, es decir, necesariamente deben ser requeridas por la parte legitimada. El artículo 254 parágrafo 2), establece que: (...) requieren de resolución judicial especialmente motivada, previa solicitud del sujeto procesal legitimado.

d) Urgentes, se adoptan estas medidas cuando se aprecian circunstancias que objetivamente generan riesgo para la futura eficacia de la resolución definitiva. Para ello el juez cuenta con limitados elementos de juicio, y su concesión debe ser rápida, de tal manera que su procedimiento tiene la nota de sumariedad.

e) Proporcionales, se rigen por tres principios intrínsecos: adecuación, necesidad y subsidiariedad. El primero se refiere a que toda medida adoptada debe ser apta para alcanzar el objetivo pretendido; el segundo, a si la medida adoptada es precisa para asegurar el respeto de la ley o del interés público sin más allá de lo estrictamente necesario para ser eficaz; el tercero, a si no existe otra medida que sea menos lesiva para el interés privado, es decir, se trate de la alternativa menos gravosa. Finalmente, la proporcionalidad exige que la resolución que contiene la medida debe ser motivada, de tal manera que puede estar sujeta al control jurisdiccional.

f) Variables, la regla “rebus sic stantibus” impone que la permanencia o modificación de una medida estará siempre en función a la estabilidad o variación de los presupuestos que hicieron posible su adopción inicial.[4]

Para Mario Rodríguez Hurtado las características o notas más importantes de las medidas de coerción son:

a) La legalidad, o acogimiento en la Constitución y el desarrollo de su forma aplicativa en la norma legal ordinaria.

b) La judicialidad, o impartición por el órgano jurisdiccional.

c) La necesidad o concordancia entre las medidas y los requerimientos de la marcha procesal.

d) La temporalidad, esto es, su extensión no indeterminada en el tiempo.

e) La reformabilidad, o variación cuando sus supuestos o soportes que las fundamentan cambian.[5]

3.- Principios de las Medidas Coercitivas.

Las medidas coercitivas se rigen por determinados principios que nacen de la Constitución y los convenios o pactos internacionales relacionados con los derechos fundamentales de la persona, y según Pablo Sánchez Velarde son los siguientes:

a. Respeto a los derechos fundamentales.- Es el marco rector de las medidas de coerción previstas por la ley procesal. Constituye lo que primero ha considerado el legislador al regular los principios en la determinación de las medidas coercitivas cuando establece que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados relativos a Derechos Humanos ratificados por el Perú, “solo podrán ser restringidos, en el marco del proceso penal, si la Ley lo permite y con las garantías previstas en ella” (Art. 253.1). No cabe una medida coercitiva o cautelar fuera del ámbito del respeto a los derechos humanos.

b. Principio de excepcionalidad.- Las medidas coercitivas se aplican excepcionalmente, es decir, cuando fuera absolutamente indispensable para los fines del proceso penal, de tal manera que la autoridad jurisdiccional debe de considerar en primer orden la citación simple y sólo adoptar aquellas otras de mayor intensidad cuando fuere estrictamente necesario.

c. Principio de proporcionalidad.- La medida de coerción que se impone debe guardar proporcionalidad con el peligro procesal existente y que a su vez se relaciona con el delito doloso o culposo y la gravedad o no de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, entre otros factores propios de la conducta penal y procesal. La comisión de un delito de poca intensidad o considerado leve puede merecer una medida de coerción de su misma intensidad o proporcionalidad.

d. Principio de provisionalidad.- Las medidas de coerción sólo se sujetan a la regla rebus sic stantibus. Se aplican por el tiempo estrictamente necesario para alcanzar sus fines y en todo caso, hasta alcanzar los fines del proceso; no son medidas definitivas sino provisionales, lo que significa que en cualquier fase procesal o una vez concluido el mismo cesa o se convierten en definitivas mediante otras formas procesales. Al mismo tiempo, las medidas son temporales por cuanto la ley establece los plazos máximos de duración.

e. Principio de taxatividad.- sólo se pueden aplicar las medidas coercitivas que se encuentran reguladas en la ley procesal, de allí que se haga mención expresa a que la restricción de derechos fundamentales requiere de expresa autorización legal (art. 253.2). en tal sentido, el Fiscal no podrá solicitar ni el Juez imponer una medida de coerción que no se encuentre regulada en la ley de manera expresa.

f. Principio de suficiencia probatoria.- La adopción de las medidas coercitivas se decide con sustentación de elementos probatorios vinculadas principalmente al peligro de fuga o de entorpecimiento u obstaculización de la actividad probatoria. El legislador utiliza la frase de suficientes elementos de convicción para referirse al cúmulo de pruebas que debe basar el mandato judicial

g. Principio de motivación de la resolución.- La motivación de las resoluciones judiciales es una exigencia constitucional. Tratándose de decisiones judiciales que importan restricción de derechos de personas, las mismas deben ser suficientemente motivadas. En consecuencia, la resolución judicial (auto) que ordena la medida de coerción exige ser fundamentada acorde con la norma constitucional y los requisitos que la ley establece. Por ello se exige, bajo sanción de nulidad, que contenga exposición breve de los hechos, cita de normas transgredidas, la finalidad que se persigue, los elementos de convicción que sustentan la medida, el tiempo de duración y los controles de ejecución (art. 254)

h. Principio de judicialidad.- Las medidas de coerción sólo son dictadas por el órgano jurisdiccional, a pedido del Fiscal o las partes, antes del proceso y durante el mismo. Al Ministerio Publico se le reconoce alguna medida de coerción como es la orden de conducción compulsiva.

i. Principio de reformabilidad o variabilidad.- La medida de coerción puede ser objeto de modificación por la autoridad jurisdiccional sea a pedido del fiscal o las partes o de oficio por el mismo juez, cuando a) varíen los supuestos que motivaron su imposición; y b) por desobediencia a los mandatos judiciales, es decir, cuando se incumplen de las reglas de conducta emanadas del juez. La variabilidad de las medidas pueden ser de mayor a menor intensidad y viceversa.[6]

El artículo 268° del NCPP, señala que el Juez a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos, sea posible determinar la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos materiales: suficiencia probatoria, pena probable y peligro procesal.

El primer presupuesto es la suficiencia probatoria, al respecto el inciso a) del art. 268° establece que deben existir “fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo”, ello supone evaluar la calidad probatoria que se acompaña a una denuncia o la que haya aportado una investigación preliminar, no se trata entonces de cualquier análisis, sino de un proceso objetivo y razonado, pues la norma exige la existencia de fundado y graves elementos de convicción, sólo así entonces, un mandato de prisión preventiva, tendrá la idoneidad suficiente para no vulnerar el principio de presunción de inocencia. En nuestro concepto, tal procedimiento supone analizar: la existencia de suficiente prueba material, la relación de elementos fácticos con el presunto autor, la concurrencia de los elementos típicos que integran el delito imputado y el análisis de todos los elementos que integra la teoría del delito; siendo necesario todo ese análisis, porque sólo así será posible determinar la probabilidad si existe o no una razonable vinculación del imputado con los hechos.

El segundo elemento es la pena probable, al respecto el inc. b) del art. 268° establece: “Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad”. Se trata de un elemento vinculado estrechamente a la suficiencia probatoria, pues el juez tendrá que hacer una proyección de pena en caso la situación del imputado no varié. No se trata entonces, de una simple proyección de la pena conminada, esto es, la verificación del máximo y el mínimo de la pena asignada al delito imputado. Es un análisis de los hechos junto a un razonamiento jurídico, que debe considerar todos los aspectos procesales y sustantivos del caso en particular.

El tercer supuesto es el peligro procesal, al respecto el inc. c) del art. 268° establece dos hipótesis: La primera cuando el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga); y, la segunda cuando el imputado tratará de obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta: a) el arraigo en el país del imputado, determinado por su domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, b) la gravedad de la pena que se espera, c) la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo, d) el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en procedimientos anteriores, y e) la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas; y para calificar el peligro de obstaculización, el Juez deberá considerar, el riesgo razonable de que el imputado podrá: a) destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba; b) influir en sus coimputados, testigos o peritos, para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; c) inducir a otros a realizar tales comportamientos.

Y según nuestra postura para calificar el peligro de reiteración delictiva el juez tendrá en cuenta: a) La gravedad y modalidad de la conducta punible, b) El número de delitos que se le imputan y el carácter de los mismos, c) La existencia de procesos pendientes del imputado, d) Encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios penitenciarios, e) La condición de reincidente y/o habitual del imputado, f) Existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra la víctima o su familia; circunstancias que se encuentran estrechamente vinculados a la suficiencia probatoria, en la medida que se deberá contar con evidencias y/o indicios obtenidos por el Fiscal y valorados por el Juez, con la finalidad de determinar que exista la probabilidad que el imputado continuará la actividad delictiva”

De lo expuesto se infiere que el Juez de la Investigación Preparatoria, ordenará la prisión preventiva cuando sea estrictamente necesario, para asegurar que el proceso se pueda desarrollar sin obstáculos hasta su finalización o hasta que se varíe por otra medida o cese dicha privación. Por ello la prisión preventiva no debe ser la regla general, de allí que debe adoptarse excepcionalmente con la finalidad de asegurar la presencia física del imputado en las diligencias judiciales que la autoridad investigadora determine, así como asegurar la ejecución de la pena, y según nuestra postura para evitar el peligro de reiteración delictiva.

4.- Presupuestos de las medidas coercitivas o cautelares.

Pablo Sánchez Velarde manifiesta que “existen dos presupuestos que la doctrina reconoce y que son de suma utilidad para marcar los lineamientos básicos en la adopción de las medidas coercitivas o cautelares. El periculum in mora o peligro en la demora, y que radica en el peligro procesal: fuga del procesado, ocultación personal, entorpecimiento de la prueba, ocultamiento de sus bienes, etc. El fumus bonis iuris, que es la razonada atribución del hecho punible a una persona y que, al igual que el primer supuesto, se debe de sustentar en suficientes elementos de convicción.”[7]

5.- Requisitos del auto judicial

Jorge Rosas Yataco refiere que la descripción judicial deberá contener, bajo sanción de nulidad:

a. La descripción sumaria del hecho, con la indicación de las normas legales que se consideren transgredidas.

b. La exposición de las especificas finalidades perseguidas y de los elementos de convicción que justifican en concreto la medida dispuesta, con cita de la norma procesal aplicable.

c. La fijación del término de duración de la medida, en los supuestos previstos por la Ley, y de los controles y garantías de su correcta ejecución.[8]

Alonso R. Peña Cabrera Freyre señala que “la adscripción a un Sistema Procesal-Acusatorio, no supone dejar al libre arbitrio del ente acusador la imposición de medidas de esta intensidad, lo contrario significaría quebrar el plano de igualdad de armas procesal, propio del adversarial. Ahora bien, no basta que la medida de coerción emane de un dictado jurisdiccional, sino que la resolución (auto) que la acoge debe estar debidamente motivada, exponiendo claramente las razones que ameritan su imposición, de conformidad con los principios antes mencionados. Sin duda, una medida de esta naturaleza necesita de un mínimo de sustentación judicial, como medio indispensable para controlar los excesos judiciales, y como una forma arbitraria de tutelar los derechos fundamentales.”[9]

6.- Legitimidad de las medidas de coerción procesal

Respecto a la legitimidad Alonso R. Peña Cabrera Freyre acota que “las medidas de coerción procesal sólo pueden ser adoptadas por el Juez competente, previa solicitud del Fiscal. No obstante, se reconoce al actor civil, la facultad de solicitar el embargo y la ministración provisional de posesión, es decir, solo en el ámbito de las medidas de coerción real.

Los sujetos legitimados, deberán sustentar debidamente su solicitud, con sujeción a los principios glosados, adjuntando cuando sea necesario, los actos de investigación u otros elementos de cognición que sean relevantes para su apreciación judicial.”[10]

7.- Variabilidad de las medidas coercitivas.

La variación de las medidas de coerción procesal penal, según Alonso R. Peña Cabrera Freyre “se da cuando los presupuestos que justificaron la imposición de las medidas coercitivas, pueden desvanecerse, o en su defecto, diluirse de forma significativa. En tal virtud, el Juez o a solicitud de los sujetos legitimados, podrá reformar la medida, por una menos gravosa o por una más intensa (comparecencia-detención), o también, habiendo denegado en un principio la medida, tiene la potestad de adoptarla. Para todos estos casos rige lo dispuesto en el artículo 254.1.Asimismo refiere que “la solicitud de embargo y de ministración provisional de posesión, corresponde únicamente al actor civil. En efecto, la reforma, la revocatoria o sustitución de medidas coercitivas de naturaleza personal, sólo corresponde al persecutor público y al imputado, quienes haciendo uso del derecho de defensa, impugnaran el auto judicial. El Juez, a fin de resolver, deberá escuchar previamente a las partes en una audiencia, bajo la primacía de la oralidad y el contradictorio”.[11]

8.- Impugnación de medidas de coerción procesal

Alonso R. Peña Cabrera Freyre refiere que “la posición adversarial en el proceso la protagonizan el órgano persecutor y el imputado, son ellos quienes en principio dinamizan la actividad probatoria. De conformidad con el principio de doble instancia, los sujetos legitimados para impugnar la imposición de medidas de coerción procesal (personal y real), son los sujetos antes mencionados, quiere decir, en relación a las medidas que se adoptan para cautelar la concretización del objeto civil y del objeto penal.”[12]

9.- Clasificación de Medidas de coerción personal

9.1.- Medidas de coerción personal

i. Detención (policial)

ii. El arresto ciudadano

iii. Detención preliminar Judicial

iv. La prisión preventiva

v. Comparecencia

vi. Internación preventiva

vii. Impedimento de salida

viii. Conducción compulsiva

9.2.- Medidas de coerción real

a) Embargo

b) Desalojo preventivo

c) Pensión anticipada de alimentos

d) La incautación

Las medidas de coerción personal recaen sobre la persona del imputado, restringiendo algunos derechos que son protegidos por la Constitución. Las medidas de coerción real afectan el patrimonio del inculpado o del tercero civilmente responsable.[13]


[1] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 443-444

[2] SANCHEZ VELARDE, Pablo. (2009). El Nuevo Proceso Penal. Lima: Idemsa. Pág. 324

[3] SAN MARTIN CASTRO, Cesar. (2003). Derecho Procesal Penal. Volumen II. Lima: Grijley. Pág. 1072

[4] CALDERON SUMARRIVA. Ob. Cit. Pág. 216-218.

[5] RODRÍGUEZ HURTADO, Mario. (2011). Coerción Procesal Penal: Medidas Provisionales o Cautelares para conjurar Peligro Procesal y restrictivas de Derecho motivadas por búsqueda de prueba. Revista de la Academia de la Magistratura, 10, 65-100.

[6] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 325-327.

[7] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 327.

[8] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 445

[9] PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. (2007). Exegesis del Nuevo Código Procesal Penal. Lima: Editorial Rodhas. Pág. 686-687

[10] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 687-688.

[11] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 688.

[12] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 689.

[13] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 446