Pablo Sánchez Velarde refiere que “la legislación introduce un nuevo objetivo de naturaleza preventiva que radica en la adopción de las medidas coercitivas cuando considera la necesidad evitar el peligro de reiteración delictiva, lo que exige la evaluación judicial para conocer de la posibilidad de la comisión de un nuevo delito que involucre al imputado”

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CONTENIDO:

1.-        Definición del peligro de reiteración delictiva.

2.-        Potencialidad delictiva (PELIGRO DE REITERACIÓN DELICTIVA)

3.-        Función del peligro de reiteración delictiva como presupuesto material para dictar el mandato de prisión preventiva

4.-        Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

5.-        Derecho de presunción de inocencia y la presunción reiteración delictiva

6.-        La peligrosidad procesal en la jurisprudencia internacional

6.1.-  La necesidad de justificación

6.1.1.-       Presunción que el imputado es responsable de la comisión del delito perseguido

6.1.2.-       Peligrosidad que presenta el imputado en el caso concreto

6.2.-  La peligrosidad procesal

6.3.-  La razonabilidad de la medida cautelar

7.-        Jurisprudencia del Tribunal Constitucional del peligro de reiteración delictiva

8.-        Jurisprudencia Argentina del peligro de reiteración delictiva

1.- Definición del peligro de reiteración delictiva.

Pablo Sánchez Velarde refiere que “la legislación introduce un nuevo objetivo de naturaleza preventiva que radica en la adopción de las medidas coercitivas cuando considera la necesidad evitar el peligro de reiteración delictiva, lo que exige la evaluación judicial para conocer de la posibilidad de la comisión de un nuevo delito que involucre al imputado”.[1]

La figura jurídica de reiteración delictiva, consiste en evitar que se cometa delitos durante el desarrollo del proceso y se impondrá con pleno respeto al principio de proporcionalidad, siempre que en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción.

El peligro de reiteración delictiva corresponde a aquellos supuestos en que a un mismo sujeto le son imputables múltiples realizaciones de uno o varios tipos penales; es decir, tiene lugar en caso que el comportamiento de una persona infrinja distintas normas de conducta, o varias veces la misma norma, pudiendo imputársele cada una de esas infracciones.

En síntesis, es el peligro potencial que representa el imputado en base a sus antecedentes personales, su reincidencia y/o habitualidad, el peligro para la sociedad y/o la víctima, la gravedad y modalidad de su conducta punible, encontrarse sujeto a alguna medida de coerción o de algún beneficio penitenciario, que hacen presumir que continuará su actividad delictiva.

2.- Potencialidad delictiva (PELIGRO DE REITERACIÓN DELICTIVA)

Se puede entender por potencialidad delictiva a la inclinación de un sujeto a delinquir, si esta inclinación se manifiesta en ocasión de cometer un delito de denomina Peligrosidad Criminal (Post-delictiva), y si por el contrario se manifiesta sin comisión de delito alguno se denomina Peligrosidad Social (Pre - delictiva).

Se considera en estado peligroso por conducta antisocial al que quebranta habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia o por otros actos provocadores, viola derechos de los demás o por su comportamiento en general daña las reglas de convivencia o perturba el orden de la sociedad, que vive del trabajo ajeno o practica vicios socialmente reprobables.

Asimismo se puede considerar también estado peligroso de enajenados mentales y personas de desarrollo mental retardado si por esta causa no poseen la facultad de comprender el alcance de sus acciones, ni de controlar su conducta, siempre que éstas resulten una amenaza para la seguridad de las personas o del orden social.

En la presente investigación se establece que, en la medida que los jueces tengan en cuenta al momento de dictar el mandato de prisión preventiva la potencialidad delictiva del imputado, será conveniente incorporar la figura jurídica del peligro de reiteración delictiva, como presupuesto material del artículo 268 del NCPP, privilegiando la seguridad de la sociedad y de la víctima ante un peligro latente que el imputado volverá a cometer nuevos delitos.

3.- Función del peligro de reiteración delictiva como presupuesto material para dictar el mandato de prisión preventiva

Reátegui Sánchez James citando a Cesar San Martin Castro afirma que “la función que cumple el peligro de reiteración delictiva no está destinada a asegurar las consecuencias jurídicas del delito a declararse en una sentencia condenatoria, ni entraña una experiencia de instrumentalidad al no supeditarse a un proceso principal que pretende asegurar, pues lo que busca es la evitación de un futuro e hipotético proceso posterior. Sin duda la función de este motivo es tuitiva, no cautelar; busca proteger a la sociedad y dar una respuesta inmediata a una legitima exigencia social de tranquilidad y seguridad”.[2]

Si bien el peligro de reiteración delictiva busca proteger a la sociedad y dar una respuesta inmediata a una legitima exigencia social de tranquilidad y seguridad, ello está acorde con nuestro Estado Constitucional de Derecho, tal y como lo establece el artículo 44 de la carta magna, que son uno de los deberes primordiales del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad.

Conforme el Art. 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos de cada persona se encuentran limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común; por lo que, la aplicación de medidas cautelares aplicadas con carácter restrictivo debe tener límites velando por la seguridad jurídica del país.

Asimismo el Circular sobre Prisión Preventiva emitida mediante considerando Duodécimo Resolución Administrativa Nº 325-2011-P-PJ de fecha 13 de septiembre de 2011 establece en el considerando Duodécimo, que el Código Procesal Penal representa un modelo procesal acusatorio que asume, que supone el respeto de los principios esenciales de un proceso penal propios de un Estado Constitucional y el desarrollo equilibrado de las garantías genéricas; no obstante, también exige proteger los derechos e intereses legítimos de la víctima, afirmando de este modo la seguridad ciudadana como uno de los deberes primordiales del Estado.

En virtud de lo establecido en las normas anteriormente citadas, el presente trabajo de investigación apunta a que se tenga en cuenta el interés general de la sociedad y de la víctima al momento de dictar el mandato de prisión preventiva; y para ello, será conveniente incorporar la figura jurídica del peligro de reiteración delictiva.

En la actualidad el peligro de reiteración delictiva lo regula el artículo 253 inciso 3 del NCPP, dentro de los preceptos generales de las medidas de coerción procesal y específicamente en el artículo 297 de la citada norma, como uno de los requisitos para dictar la suspensión preventiva de derechos, que en la práctica no se aplica y/o se tiene en cuenta por los operadores del derecho.

4.- Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Reátegui Sánchez James señala que “la CIDH en el informe 2/97 analiza las razones que deben justificar la prisión preventiva y establece criterios que se deben tener en cuenta, dentro de ellos el acápite “III” párrafo 32º en el cual se sostiene: Cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen. Sin embargo, para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter del acusado. Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad”.[3]

Asimismo la Comisión Interamericana en su Informe N° 12/96 (Párrafos 97/98) estableció el criterio siguiente: "La decisión de mantener la prisión preventiva del señor Giménez como resultado de las condenas previas vulnera claramente (el principio de presunción de inocencia), así como el de rehabilitación en el derecho penal. Fundar en estas condenas previas a la culpabilidad de un individuo o la decisión de retenerlo en prisión preventiva es, en esencia, una perpetuación del castigo. Una vez que la persona condenada ha cumplido su sentencia o ha transcurrido el período de condicionalidad, debe restablecerse a dicha persona en el goce pleno de todos sus derechos civiles.

Por tanto, la Comisión considera que el fundamento para mantener la prisión preventiva del señor Giménez era ilegítimo porque vulneró directamente el principio de presunción de inocencia protegido en la Convención. Los antecedentes del Sr. Giménez no son un criterio suficiente para justificar la extensión de la prisión preventiva por un período de cinco años."[4]

5.- Derecho de presunción de inocencia y la presunción reiteración delictiva

Si el Juez precisa que: tiene pruebas para presumir que el imputado continuará cometiendo delitos graves si es dejado en libertad, debiera poder dictar su prisión preventiva, por cuanto él tiene la obligación de llevar a cabo la finalidad constitucional de “afianzar la justicia”, evitando que la eventual penalidad que el acusado pueda recibir mediante una condena, sea desnaturalizada desde el inicio del juicio.

No se vulnera el principio de presunción inocencia, por cuanto existe un Juez de Investigación Preparatoria que presume fundadamente la culpabilidad del acusado, pero además, presume que reiterará su accionar. Y estas presunciones (siempre con sustento probatorio) justifican la limitación de los derechos de los sometidos al juicio, al igual que sucede en todas las medidas cautelares. Más aún si de esta forma se protege a la sociedad que sufra las consecuencias de nuevos hechos ilícitos, si existen verdaderas razones para considerar que el imputado seguirá delinquiendo.

No se trata de anticipar la pena ni sus fines, simplemente de evitar que el procesado por delitos graves, cuando está siendo acusado fundadamente por hechos similares y cuando existan pruebas concretas, que hagan presumir la posibilidad de reiteración, sea privado de su libertad ambulatoria

Frente a casos donde se evidencia la posibilidad de reiteración delictiva es en el grado “altamente probable”, que no podemos aferrarnos a posiciones dogmáticas, sino que corresponde analizar los hechos en base a los principios jurídicos, de manera tal que el Derecho Penal cumpla la función para la cual fue creado. “La vida, la salud o la libertad de las personas no pueden estar al servicio de las construcciones académicas, sino todo lo contrario

6.- La peligrosidad procesal en la jurisprudencia internacional

Según Luciano Martín Donadio Linares en el artículo (publicado el 2008, Argentina), denominado “La influencia de la jurisprudencia internacional de los derechos humanos en la práctica judicial interna: el caso de la prisión preventiva” señala que en el ámbito de la CIDH, existen dos informes que formulan especiales referencias al instituto de la prisión preventiva, predicando que las exigencias contenidas en el Pacto de San José de Costa Rica pueden ser expuestas en dos condiciones. La primera es la necesidad de justificación de parte de la autoridad judicial que la dispone, y la segunda, la razonabilidad de la duración de esta medida cautelar extrema.[5]

6.1.- La necesidad de justificación

De la primera categoría se desprenden dos sub-elementos:

6.1.1.- Presunción que el imputado es responsable de la comisión del delito perseguido

Esta presunción no puede sustentarse en la simple sospecha, sino que deben existir elementos que hagan verosímil la probabilidad de ser considerado penalmente responsable. Esta “presunción no sólo es un elemento importante, sino una condición sine qua non”.

La CorIDH establece que, para restringir el derecho a la libertad personal a través de medidas como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga[6]. Agrega que la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas. De allí se deduce que el Estado no debe detener para luego investigar; por el contrario, sólo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio[7].

Asimismo estos criterios judiciales son compartidos por diferentes instancias jurisdiccionales internacionales, y que la CorEDH considera que “la razonabilidad de las sospechas sobre las que se debe fundar una detención constituye un elemento especial de la garantía ofrecida por el artículo 5.1 del Convenio Europeo contra las privaciones de libertad arbitrarias”, añadiendo que “(la existencia) de sospechas razonables presupone la (…) de hechos o información capaces de persuadir a un observador objetivo de que el encausado puede haber cometido una infracción”[8]. Por otra parte, la Corte Penal Internacional (CPI) concuerda que una medida restrictiva de la libertad debe fundarse en la existencia de un “motivo razonable para creer que (el imputado) ha cometido un crimen de competencia de la Corte”[9].

6.1.2.- Peligrosidad que presenta el imputado en el caso concreto

La CorIDH decidió que “aún verificada la probabilidad que el imputado sea penalmente responsable del delito que se le atribuye, la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar, en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia”[10].

Siguiendo la misma línea doctrinal, la CIDH, en su informe 02/97, presenta una serie de indicadores de la peligrosidad, que se tienen en cuenta por el funcionario judicial al momento de valorar si están dadas las condiciones para disponer de una medida cautelar restrictiva de la libertad ambulatoria, en base a dos categorías diferentes: por un lado, la peligrosidad penal o criminal y, por otro, la peligrosidad procesal.

a) La peligrosidad penal o criminal.- La CIDH expresa que “las autoridades judiciales están en condiciones de evaluar el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del detenido, para lo cual deberán tener en cuenta la gravedad del crimen, sin embargo, para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter del acusado”[11].

Asimismo, es menester señalar que frente a la historia del imputado, los antecedentes como elementos de cargo para justificar una restricción de la libertad y las condenas por ofensas similares, la CIDH no hace referencia a la ponderación de otras causas penales que puedan encontrarse en estado de investigación sin resolución firme, pues en esos casos sigue primando el principio de inocencia. Esta postura también ha sido aceptada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU (órgano encargado de la interpretación y control establecido por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos)[12]. De este modo, se incorpora la posibilidad de analizar la “peligrosidad penal o criminal” del imputado.

Este indicador de la peligrosidad penal también es receptado por el Estatuto de la CPI, en cuanto su artículo 58, inciso 1, apartado b, punto (iii) determina que una persona podrá ser detenida por la corte a los efectos de “impedir que la persona siga cometiendo ese crimen (el cual se le imputa) o un crimen conexo que sea competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias”.

En el ámbito de la CPI, parece apropiado utilizar el criterio de la peligrosidad penal del imputado, toda vez que los crímenes bajo la competencia de esta “a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión” están definidos por un criterio de amplitud cualitativa, aunque no cuantitativa, del sujeto pasivo.

6.2.- La peligrosidad procesal

La segunda categoría instrumentada por la CIDH es la “peligrosidad procesal”, es decir, la probabilidad de que el imputado, abusando de su libertad ambulatoria, frustre el proceso en sus diferentes etapas, tanto en la fase de instrucción como en la sustanciación del juicio. Para ello, se introduce una serie de indicadores para probar la peligrosidad procesal que justifique la prisión preventiva, a saber: a) la posibilidad de que el procesado eluda la acción de la justicia, b) la complejidad de un caso y c) el riesgo legítimo de que los testigos u otros sospechosos sean amenazados.

En igual sentido se pronuncian el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, expresando que “la razón para mantener a una persona en prisión preventiva es que esta pueda tratar de fugarse o de interferir con la administración de justicia suponiendo un peligro para cualquier víctima, testigo u otra persona”[13], y que “el juez puede ordenar la detención provisional de un sospechoso si considera, en primer lugar, que es fiable y coherente el cuerpo de pruebas materiales que tiene para demostrar que el sospechoso puede haber cometido un delito sobre el cual el Tribunal tiene jurisdicción, y, en segundo lugar, que la detención provisional es una medida necesaria para evitar la fuga del sospechoso, cualquier daño o intimidación a una víctima o un testigo o la destrucción de pruebas, o es necesaria para la realización de la investigación”[14], respectivamente.

Esta nómina de indicadores de peligrosidad procesal no deben ser considerados en términos absolutos, es decir, que su existencia en un momento del proceso implique la permanencia desde la instrucción hasta la conclusión del plenario, sino que tienen un carácter temporal relativo, entendiendo por tal la disminución de la necesidad a medida que va transcurriendo el tiempo de aplicación de la cautelar. Por ejemplo, la CIDH manifiesta que es posible valorar la gravedad del delito imputado y el monto de la pena en abstracto, y deducir de ello la probabilidad de fuga; no obstante, a medida que la prisión preventiva persiste, el riesgo de fuga es menor, pues, en caso de recibir una condena efectiva, el tiempo en prisión será menor, y por lo tanto el riesgo de eludir la actuación jurisdiccional también es inferior.

En este sentido, la CIDH brinda a los funcionarios judiciales instrumentos a tener en cuenta al momento de la consideración, que pueden justificar una medida coactiva de la naturaleza siguiente: “los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares”.

En el caso de investigaciones complejas, la prisión preventiva puede estar justificada por la necesidad de diligenciar prueba que requiera la presencia constante del imputado y, a su vez, que este demuestre falta de cooperación con el instructor penal, o lisa y llanamente la obstaculización de la actuación judicial. No obstante, esta justificación es perentoria, ya que, una vez han sido diligenciadas las pruebas que necesitaban de la presencia del encartado, o han sido obtenidas aquellas que podían ser ocultadas, destruidas o obstaculizadas por el sujeto privado de la libertad, no existe más justificación para mantener la cautelar.

Por último, respecto a la peligrosidad procesal, encontramos otro indicador vinculado a la prueba y es “la amenaza a los testigos u otros participes del hecho”. En estos casos, como en lo señalado en el párrafo anterior, la CIDH predica que, una vez diligenciada la prueba, el fundamento de la prisión preventiva mengua o directamente cesa, debiendo el imputado recuperar la libertad.

6.3.- La razonabilidad de la medida cautelar

La segunda condición exigida por la CIDH se vincula a la razonabilidad de la medida con relación al tiempo que permanece su aplicación, toda vez que su prolongación aumenta el riesgo que se invierta el sentido de la presunción de inocencia, cuando la detención previa al juicio es de duración no razonable. “La presunción de inocencia se torna cada vez más vacía y finalmente se convierte en una burla cuando la detención previa al juicio es excesivamente prolongada dado que, a pesar de la presunción, se está privando de la libertad a una persona todavía inocente”[15].

El examen de la razonabilidad no se sustenta sólo a partir de los criterios “pertinentes y suficientes”, sino que concurren nuevos indicadores: a) la “diligencia especial” en la instrucción del proceso, b) la continuidad de las justificaciones “pertinentes o suficientes” para la detención, y c) la existencia de un sentido de “proporcionalidad” entre la sentencia probable y el encarcelamiento previo[16].

Estos criterios, aunque la CIDH no lo manifieste expresamente, operan de modo acumulativo, debiendo el Estado siempre probar que ha sido diligente en la tramitación de las actuaciones, es decir, que ha dado prioridad a la investigación de las causas en las que se persigue a personas privadas de su libertad, desde el inicio de la investigación hasta la sustanciación del juicio. Asimismo, para que la medida no resulte irrazonable, deberán mantenerse durante todo momento los criterios de justificación que llevaron a la aplicación de la cautelar. Finalmente, nunca la prisión preventiva deberá sobrepasar una proporcionalidad razonable con la posible condena, toda vez que, de no respetar este último indicador, la prisión preventiva se transforma en un adelanto de pena a una persona que sigue gozando de los beneficios que implica la presunción de inocencia.

7.- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional del peligro de reiteración delictiva

Reátegui Sánchez James citando la sentencia del TC, en el caso “Silva CHECA” (Exp. Nº 1091-2002-HC/TC) afirma que “se ha pronunciado respecto de las causales que justifica el dictado de una medida de detención. Siendo estos básicamente, la presunción de que el acusado ha cometido un delito (como factor sine qua non, pero en si insuficiente), el peligro de fuga, la posibilidad de perturbación de la actividad probatoria (que pudiera manifestarse en la remoción de las fuentes de prueba, colusión, presión sobre los testigos, entre otros supuestos) y el riesgo de comisión de nuevos delitos. Añade también que una de las razones que permite presumir la existencia del denominado peligro procesal, es que debe permanecer como amenazas efectivas mientras dure la detención preventiva”.[17]

El TC ha dejado sentado en el caso Silva Checa (Exp. N°. 1091-2002-HC/TC), que "el principal elemento a considerarse con el dictado de (una) medida cautelar debe ser el peligro procesal que comporte que el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora, en relación con el interés general de la sociedad para reprimir conductas consideradas como reprochables jurídicamente. En particular, el peligro de que el procesado no interferirá u obstaculizará la investigación judicial o evadirá la acción de la justicia. Tales fines deben ser evaluados en conexión con distintos elementos que antes y durante el desarrollo del proceso puedan presentarse y, en forma significativa, con los valores morales del procesado, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que, razonablemente, le impidan ocultarse o salir del país o sustraerse de una posible sentencia prolongada" (Fundamento N°. 18).[18]

8.- Jurisprudencia Argentina del peligro de reiteración delictiva

En esta legislación la prisión preventiva, ha evidenciado una interesante evolución histórica, siendo entendida hoy como una medida cautelar personal de carácter excepcional, que se impone al imputado un estado de privación de libertad, más o menos permanente, con el objeto de asegurar la realización de los fines del procedimiento. Se discute intensamente sobre su alcance, en particular cuando se resuelve fundándola en el peligro para la seguridad de la sociedad que significa la libertad provisional del imputado.

Reátegui Sánchez James afirma que la Corte Suprema de Argentina a través del fallo “Todres” (1971) reconoció la fundamentación de la prisión preventiva en la reiteración delictiva, pues sostuvo que: “el respeto debido a la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar todas las medidas de preocupación que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que se frustre la ejecución de la eventual condena por la incomparecencia del reo”.[19]

Contrariamente en el voto de la doctora Capolupo de Durañona y Vedia en la referida causa Nº 6.135 “Castells”, se sostuvo que: “(…) la posibilidad de una eventual reiteración delictiva en el futuro no puede erigirse, por principio, como un baremo a tener en cuenta para justificar el encarcelamiento preventivo en un pro ceso penal. Son, en su caso, las fuerzas del Estado encargadas de la prevención de delitos, y no los magistrados que tienen por misión juzgar los casos llevados a juicio, quienes deben encargarse de impedir riesgos de tal naturaleza con las herramientas legales a su alcance”.


[1] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 329-330.

[2] REATEGUI SANCHEZ. Ob. Cit. Pág. 241

[3] REATEGUI SANCHEZ. Ob. Cit. Pág. 243

[4] http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/08/microsoft_word_-_34.pdf

[5] http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/307/1126

[6] CorIDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párrafo 100; Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafo 90.

[7] CorIDH Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párrafo 103.

[8] Corte Europea de Derechos Humanos, en adelante CorEDH, Caso Fox, Campbell y Hartley v. Reino Unido. Sentencia de 30 de agosto de 1990, párrafo 32.

[9] Estatuto de Roma, artículo 58, inciso 1, apartado a.

[10] CorIDH Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párrafo 103; Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafo 111; Caso Suarez Rosero vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párrafo 77.

[11] CIDH, Informe 02/97, párrafo 32.

[12] Comité de Derechos Humanos de ONU, Van Alphen c/ Países Bajos, caso 305/88 de 23 de julio de 1990, en Informe Anual (A/45/40 115).

[13] Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en adelante TPIY, Prosecutor v. Radoslav Brdjanin y Momir Talic, Decision on the motion for provisional release of the accused Momir Talic. Case N° IT-99-36-T, de 20 de septiembre de 2002, párrafo 33.

[14] Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en adelante TPIR, Art. 41 bis de las “Rules of Procedure and Evidence”, adoptadas el 29 de junio de 1995 y sus modificaciones (Doc. ICTR/3.rev.2 of 6 June 1997).

[15] CIDH, Informe 12/96, párrafo 80.

[16] CIDH, Informe 12/96, párrafos 83 y 88.

[17] REATEGUI SANCHEZ. Ob. Cit. Pág. 246

[18] Exp. N° 0376-2003-HC/TC. Lima, 07 de abril de 2003

[19] REATEGUI SANCHEZ. Ob. Cit. Pág. 242 y 243

Pablo Sánchez Velarde afirma que “se trata de la medida coercitiva o cautelar de mayor gravedad en el proceso penal pues importa la privación de la libertad del imputado mientras dure el proceso o hasta que se varíe por otra medida o cese dicha privación”

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CONTENIDO:

1.-        Definición de la prisión preventiva

2.-        Finalidad  de la prisión preventiva

3.-        Características de la prisión preventiva

3.1.-  Es facultativa.

3.2.-  Para imponerse deben concurrir tres requisitos:

3.3.-  Requiere de resolución fundamentada

3.4.-  Está sujeta a plazos

4.-        Presupuestos constitucionales de la prisión preventiva

4.1.-  El principio de proporcionalidad

4.2.-  El principio de legalidad procesal.-

5.-        Presupuestos Materiales de la prisión preventiva

6.-        Presupuestos formales de la prisión preventiva

7.-        La duración de la prisión preventiva

8.-        Prolongación de la prisión preventiva

9.-        Libertad del imputado

10.-      Computo del plazo de la prisión preventiva

11.-      Revocatoria de la libertad

12.-      Conocimiento de la Sala

13.-      La incomunicación

14.-      La cesación o variación

15.-      Impugnación del auto que resuelve la prisión preventiva.

16.-      Diferencia entre Detención Preliminar y Prisión Preventiva

1.- Definición de la prisión preventiva

Víctor Cubas Villanueva señala que “la prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal, provisional y excepcional, que dicta el Juez de la Investigación Preparatoria en contra de un imputado, en virtud de tal medida se restringe su libertad individual ambulatoria, para asegurar los fines del proceso penal. Este mandato está limitado a los supuestos que la ley prevé.”[1]

Pablo Sánchez Velarde afirma que “se trata de la medida coercitiva o cautelar de mayor gravedad en el proceso penal pues importa la privación de la libertad del imputado mientras dure el proceso o hasta que se varíe por otra medida o cese dicha privación”.[2]

Pepe Melgarejo Barreto comenta que “es una medida coercitiva personal estrictamente ordenada por el Juez de la Investigación Preparatoria (última ratio) sólo a requerimiento del Fiscal, luego de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria (proceso penal debidamente incoado a nivel jurisdiccional)”.[3]

Según lo establecido en la Casación Penal Nº 01-2007-Huaura, la prisión preventiva es una medida coercitiva personal, estrictamente jurisdiccional, que se adapta a instancia del Ministerio Publico y en el seno de un proceso penal debidamente incoado, siempre que resulte absolutamente imprescindible, que persigue conjugar un peligro de fuga o un riesgo de ocultación o destrucción de las fuentes de prueba (no se puede atribuir el papel de instrumento de la investigación penal, ni tiene un fin punitivo)[4].

Roberto E. Cáceres Julca define a la prisión preventiva “como una medida cautelar dictada por órgano jurisdiccional que tiene por finalidad limitar temporalmente la libertad del imputado de la forma más grave, afectos de obtener la efectiva aplicación de la ley penal. En tal sentido circunscribe el ius ambulandi del justiciable a un espacio controlado (la cárcel) a efectos de evitar una probable sustracción del proceso penal (acción de la justicia) o, a efectos de evitar un razonable peligro de obstaculización respecto al esclarecimiento de los hechos imputados”.[5]

José María Asencio Mellado considera que “la prisión preventiva o provisional constituye una medida cautelar de carácter personal, cuya finalidad, acorde con su naturaleza, es la de garantizar el proceso en sus fines característicos y el cumplimiento de la futura y eventual pena que pudiera imponerse. No puede asignarse a esta medida una naturaleza tal que la haga devenir en una medida de seguridad o, incluso, en una pena anticipada. Ni el proceso penal es un instrumento de política criminal, ni puede serlo tampoco cualquier tipo de resolución que en su seno se adopte”.[6]

En palabras de Gimeno Sendra citado por Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre considera que “es la situación nacida de una resolución jurisdiccional de carácter provisional y duración limitada por la que se restringe el derecho a la libertad de un imputado por un delito de especial gravedad y en quien concurre un peligro de fuga suficiente para presumir racionalmente que no acudirá al llamado de la celebración del juicio oral”. Asimismo citando a Fenech señala que “es un acto cautelar por el que se produce una limitación de la libertad individual de una persona en virtud de una resolución judicial, y que tiene por objeto el ingreso de ésta en un establecimiento público, destinado al efecto, con el fin de asegurar los fines del proceso y la eventual ejecución de la pena”.[7]

2.- Finalidad de la prisión preventiva

Para Roberto E. Cáceres Julca (citando la ejecutoria superior, Sala Penal Permanente, Huacho, 2 de mayo de 2007) la prisión preventiva o provisional “constituye una medida cautelar de carácter personal, cuya finalidad, acorde con su naturaleza, es la de garantizar el proceso en sus fines característicos y el cumplimiento de la futura y eventual pena que pudiera imponerse. No puede asignarse a esta medida una naturaleza tal que lo haga devenir en una medida de seguridad o, incluso, en una pena anticipada”.[8]

El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia afirmó al respecto que la prisión preventiva tiene como ultima finalidad asegurar el éxito del proceso[9]; asimismo establece que no se trata de una medida punitiva; por lo que, mediante ella, no se adelanta opinión respecto a la culpabilidad del imputado en el ilícito que es materia de acusación, por cuanto ello implicaría quebrantar el principio constitucional de presunción de inocencia. Se trata de una medida cautelar cuyo objeto es regular la eficiencia plena de la labor jurisdiccional.[10]

3.- Características de la prisión preventiva

Víctor Cubas Villanueva establece que la regulación actual está regulada por los artículos 268 y siguientes del NCPP con el nombre de prisión preventiva, según esas normas tiene las siguientes características:

3.1.- Es facultativa.

Es facultativa: el artículo 268 del NCPP no es una norma imperativa, sino facultativa y deja a criterio del juez para que, basado en la ley y los hechos, determine la imposición de la prisión preventiva, luego de un juicio de razonabilidad.

3.2.- Para imponerse deben concurrir tres requisitos:

- Prueba suficiente.- tanto acerca de la comisión del delito, como de la vinculación del imputado con el hecho punible. Se trata de garantizar efectivamente la libertad personal; por ello, solo se dictará mandato de prisión preventiva cuando existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo.

- Prognosis de pena superior a 4 años.- el juez, para disponer esta medida coercitiva, realizará un análisis preliminar de las evidencias disponibles y sobre esa base formulará una prognosis de la pena que podría recaer en el imputado. Solo dictará mandato de prisión preventiva cuando la pena probable sea superior a cuatro años de privación de la libertad, desde la perspectiva del caso concreto y no de la pena conminada para el delito materia del proceso.

- Peligro procesal.- constituye el verdadero sustento de la medida cautelar, que se aplicará cuando sea previsible que el imputado, por sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad.

3.3.- Requiere de resolución fundamentada

Requiere de resolución fundamentada: el juez de la investigación preparatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento del Ministerio Publico realizará la audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva, la cual se llevará a cabo con la concurrencia obligatoria del fiscal, del imputado y de su defensor, quien en caso de inasistencia podrá ser reemplazado por el defensor de oficio.

El auto que dispone el mandato de detención debe ser siempre motivado, esto quiere decir que se debe describir sumariamente el hecho o los hechos que la motivan, indicar las normas transgredidas, exponer los elementos probatorios con que se cuenta que justifican la medida y citar la norma procesal aplicable. Asimismo el imputado debe estar plenamente identificado e individualizado (con sus nombre y apellidos, edad, lugar y fecha de nacimiento, nombre de sus padres), para evitar las detenciones por homonimia. Si el juez de la investigación preparatoria no considera fundado el requerimiento de prisión preventiva optará por la medida de comparecencia restrictiva o simple, según el caso.

3.4.- Está sujeta a plazos

Está sujeta a plazos: la detención es una medida excepcional y por ello está limitada en el tiempo, no tiene duración indefinida. La prisión preventiva según lo dispuesto por el artículo 272 no durará más de nueve meses, pero tratándose de proceso complejos, no durará más de dieciocho meses.[11]

4.- Presupuestos constitucionales de la prisión preventiva

Según establece Roberto E. Cáceres Julca la prisión preventiva debe ajustarse a los siguientes presupuestos constitucionales:

4.1.- El principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad.- Exige que los procesados reciban trato de inocentes o, como mínimo, que no reciban peor trato que los condenados. El sentido actual del principio es el de estricta equivalencia entre la prisión cautelar y la prisión como pena de cumplimiento efectivo.

Asimismo establece que este principio está integrado por tres subprincipios:

i. El subprincipio de idoneidad.- La idoneidad supone que la prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica cuando no existe otra medida cautelar menos lesiva del derecho a la libertad, que cumpla con la función de sujetar al imputado al proceso o para evitar la frustración del mismo. Asimismo afirma que se trata de un juicio que tiene una doble exigencia. En primer lugar que la medida restrictiva de derecho tenga un fin que sea constitucionalmente valido, y en segundo lugar, que la medida en si misma sea idóneo para alcanzar el fin propuesto.

ii. El subprincipio de necesidad o de alternativa menos gravosa.- señala que prevé los límites de las medidas coercitivas de acuerdo a la intensidad, estableciendo cuando la misma supera el límite de tolerable. Así cuando otras medidas menos gravosas para el imputado pueden ser viables para evitar el peligro de fuga o de obstaculización, debe acudirse a ellas, todo como consecuencia del principio de proporcionalidad, cuyo subprincipio de necesidad indica que debe buscarse en la injerencia a los derechos fundamentales la medida menos gravosa.

iii. Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto o de prohibición de exceso.- considera que la proporcionalidad strictu sensu obliga a que la medida considerada suficiente para el fin perseguido no suponga un tratamiento excesivo en relación con el riesgo para el proceso sino con el interés que la justifica teleológicamente.

Asimismo señala que en definitiva la proporcionalidad strictu sensu no busca la decisión proporcional, sino evitar la claramente desproporcionalidad. En cambio, si se respetan también las exigencias de idoneidad e intervención mínima, habrá de afirmarse la debida correspondencia de la medida acordada con los elementos que la fundamenta (el riesgo de frustración y la peligrosidad procesal del imputado).

4.2.- El principio de legalidad procesal.-

El principio de legalidad procesal.- considera que el Código Procesal Peruano es respetuoso con este principio rector. Su art. 253 dispone la obligación de sometimiento a la ley para la restricción de cualquier derecho fundamental en un doble sentido: por un lado, exigiendo la autorización legal para que sea procedente su acuerdo; por otro lado, disponiendo que el desarrollo de cualquier limitación habrá de ajustarse a las determinaciones legales y a las exigencias previstas en la norma.

Trasladas estas exigencias a la prisión provisional, resulta que la misma sólo podrá acordarse en el seno del proceso penal, nunca al amparo de normas de otra naturaleza, ni en procedimientos de otro tipo y que su adopción y desarrollo se habrán de acomodar a las determinaciones previstas en el propio Código Procesal Penal.

a) Principio de razonabilidad.- este principio comporta el hecho que la decisión del órgano jurisdiccional para dictar un mandato de prisión preventiva debe materializarse como producto de dos criterios: el primero se basa en la comparación de los valores subyacentes a la decisión y de los valores socialmente imperantes, el segundo es el criterio de la eficiencia de la decisión a tomar.

b) El derecho fundamental a la presunción de inocencia.- Tiene como carácter central ser marco inspirador del derecho procesal penal, ello comporta una funcionalidad instrumental consistente en que la evaluación de la prisión preventiva no responda a otros fines que los estrictamente procesales, y ello no es más notorio que cuando se evalúa el dato de la gravedad del delito, así este elemento deba empezarse a valorar una vez culminado el juicio sobre la apariencia del derecho y sobre el peligro procesal, ello asegura un criterio de discernimiento acorde a un fin jurídico-formal o interno.

c) El principio de motivación.- La resolución que determine la prisión preventiva debe ser especialmente motivada, en los hechos y en el derecho, así como en la prueba y el valor que se otorgó a la misma, con mención expresa de cada uno de esos elementos que motivaron la convicción y la resolución de aplicar la media cautelar restrictiva de la libertad.[12]

5.- Presupuestos Materiales de la prisión preventiva

En el siguiente esquema se grafica los requisitos y criterios regulados en el NCPP, para disponer el mandato de prisión preventiva:

CUADRO Nº 02

Presupuestos Materiales de la prisión preventiva

Roberto E. Cáceres Julca señala que “los artículos 268 269 y 270 del Código Procesal Penal prescriben e individualizan los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Así, para que el juez de la investigación preliminar decrete la prisión preventiva del imputado, deben concurrir elementos de convicción de los que se pueda sostener con probabilidad que el imputado es el autor o participe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, al señalarse la “y” como conjunción copulativa que tiene por finalidad unir palabras o ideas; se entiende que para disponer una detención preventiva deben necesariamente concurrir los requisitos establecidos en los literales a), b) y c) del artículo 268 del NCPP”. Asimismo afirma que “en cuanto a los presupuestos establecidos en el literal c) del artículo 268 que se refieren al peligro de fuga (art. 269 NCPP) u peligro de obstaculización (art. 270 NCPP), se comprende que la “u” indica una conjunción disyuntiva que se emplea en lugar de la “o” y denota diferencia así como separación de ideas, es decir que alternativamente se puede presentar cualquiera de los dos supuestos individual (lo uno o lo otro); pero no se excluye la posibilidad que se presente conjuntamente todos los requisitos y criterios establecidos en la norma procesal”.[13]

Pablo Sánchez Velarde refiere que el artículo 268 establece los presupuestos para que el juez decida la prisión preventiva:

a) Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo.

La ley exige la necesidad que tiene el juez de evaluar los elementos de convicción (prueba) que acompaña el Fiscal en su pedido, de tal manera que sirvan para sustentar la imposición de la medida, es decir, la labor investigadora preliminar debe relacionar al imputado con la comisión del delito. En caso de existir suficiencia probatoria sobre el delito pero sin vinculación con el imputado no satisface este presupuesto. La disposición procesal no hace distingo de participación delictiva (autor, cómplice primario, secundario, instigador). Es el fumus boni iuris de la prisión preventiva. También es del caso señalar que esta medida de coerción procede tanto por la comisión de delito doloso como culposo.

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad.

Al igual que la legislación anterior, nos encontramos con la probabilidad de pena a imponer mayor a cuatro años que pueda merecer el imputado. Se trata de posibilidad de pena en atención al delito que se imputa y de los elementos de convicción (prueba) existentes. El análisis y razonamiento judicial debe llevarlo a determinar, en vía de probabilidad y con las pruebas que presenta el fiscal, la pena que podría imponer al imputado. No se trata de un prejuzgamiento, no sólo porque el juez que lo dicta no será el juez del juicio, sino de una prognosis de pena de naturaleza temporal, útil solo para decidir la prisión. En consecuencia, no se trata de la pena conminada prevista en el código penal para cada delito, sino de poner énfasis a la consideración del juez sobre la pena que podría aplicarse sobre la base de la prueba existente.

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (Peligro de obstaculización).

Este apartado exige la verificación del peligro procesal que debe de estar ausente para evitar la medida de coerción. El legislador ha considerado importante establecer las dos manifestaciones del peligro procesal y los criterios que deben de observarse en cada caso: peligro de fuga y peligro de obstaculización.[14]

Respecto al Peligro Procesal Roberto E. Cáceres Julca señala que “se trata de un presupuesto material que contiene dos elementos: peligro de fuga y de entorpecimiento de la actividad probatoria, estos presupuestos pueden presentarse individualmente o en conjunto; para acreditar el peligro procesal basta con identificar la existencia de alguno de ellos, no son admisibles las sospechas o presunciones, por lo que si no es posible reconocer la presencia de alguno de estos elementos no puede acreditarse el peligro procesal.

- Peligro de fuga.- se puede referir ya sea a eludir el sometimiento al proceso o a burlar la acción de la justicia, por ello la necesidad de la medida de aseguramiento.

- Peligro de obstaculización.- debe ser entendido como el accionar del imputado o de terceros vinculados a su persona, que tiene por fin entorpecer, alterar o cuando menos hacer mucho más difícil la búsqueda de las fuentes de prueba o la incorporación de los medios de prueba al proceso penal.”[15]

Con la publicación de la Ley Nº 30076, la cual modifica el artículo 268 del NCPP, respecto a la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas, deja de ser considerado como un presupuesto de la prisión preventiva, para pasar a formar parte de una de las circunstancias que el juez deberá tener en cuenta para calificar el peligro de fuga.

De la doctrina se desprende que el peligro de reiteración delictiva es una figura jurídica autónoma, toda vez que no se encuentra comprendido dentro del peligro de fuga (artículo 269 del NCPP), ni en el peligro de obstaculización (artículo 270 del NCPP); por lo que, en la presente investigación se llega a considerar las siguientes condiciones y/o supuestos que podrá tener en cuenta el Juez al momento de dictar el mandato de prisión preventiva: i) La gravedad y modalidad de la conducta punible, ii) El número de delitos que se le imputan y el carácter de los mismos, iii) La existencia de procesos pendientes del imputado, iv) Encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios penitenciarios, v) La condición de reincidente y/o habitual del imputado, vi) Existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra la víctima o su familia.

En ese sentido la prisión preventiva se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito, por un lado, y el deber estatal de asegurar el ámbito de la libertad del ciudadano, por otro; que en definitiva, se persigue que la justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados, que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica, al actuar con pautas de comportamiento y decisión previsibles, que actúe como poder independiente, unitario e integrado, con una estructura vertebrada, regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales.

6.- Presupuestos formales de la prisión preventiva

Roberto E. Cáceres Julca afirma que “según la regulación expresada por el Código Procesal, existen ciertos presupuestos formales de inexigible aplicación. Como nos recuerda la Corte Suprema, la audiencia de prisión preventiva regulada por los apartados uno y dos del artículo doscientos sesenta y uno del NCPP prevé varias exigencias para que pueda emitirse válidamente, un mandato de prisión preventiva o alternativamente, una medida de comparecencia restrictiva o simple, y son:

d) Requerimiento cautelar a solicitud del Ministerio Publico

e) Realización de la audiencia de prisión preventiva dentro del plazo legal de las cuarenta y ocho horas siguientes a su requerimiento.

f) Concurrencia a la evaluación del Fiscal requirente, del imputado y de su defensor (sino asiste el defensor de confianza o el abogado no tiene se le remplaza en el acto o interviene el defensor de oficio.

Asimismo refiere que los presupuestos formales son de exigencia ineludible, si no se presentan en forma copulativamente o se presentan de modo defectuoso, la resolución que es emitida bajo tales condiciones es nula de pleno derecho”.[16]

7.- La duración de la prisión preventiva

Roberto E. Cáceres Julca considera “la posibilidad que el órgano jurisdiccional tiene de aplicar las medidas coercitivas como la prisión preventiva, es una de las razones decisivas que justifica el trato prioritario que debe darse a los procedimientos que privan la libertad. Este trato implica establecer un plazo razonable para que un ciudadano acusado de un delito sea procesado y condenado contado desde la fecha de aprehensión del imputado; por tanto, la extensión temporal del proceso está fijada por la ley de un modo previo, preciso y categórico, como toda limitación a las libertades fundamentales”.[17]

Para el jurista Pablo Sánchez Velarde “la prisión preventiva tiene sus límites temporales y se establece que su plazo no excederá de nueve meses y se considera que cuando se trate de procesos complejos el plazo límite será de dieciocho meses (Art. 272). En este último supuesto ha de estimarse que el caso que se investiga debe de haber sido declarado complejo, bajo los criterios de número de imputados, agraviados, concurso de delitos, dificultades en la realización de las pericias, principalmente”.[18]

8.- Prolongación de la prisión preventiva

Pablo Sánchez Velarde refiere que “la ley también mantiene la institución de la prolongación de la prisión preventiva sólo cuando concurran “circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia” fijándose una prolongación no mayor a los 18 meses. Puede interpretarse que esta prórroga puede ser adicional al supuesto de complejidad, lo que sumado al plazo máximo anterior daría un total de 36 meses”. Además señala que “corresponde al Fiscal hacer el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva, debiendo el Juez de la Investigación Preparatoria citar a una audiencia dentro de los tres días siguientes con asistencia del fiscal, el imputado y su defensor, y luego de haber escuchado a las partes podrá dictar la resolución en la misma audiencia o podrá hacerlo dentro de las 72 horas siguientes. Esta diligencia es de suma importancia porque el juez conocerá de los fundamentos que tiene el fiscal sobre la necesidad de prolongar la prisión del imputado, con vista de la documentación sustentatoria; asimismo, tendrá en cuenta la posición del defensor e incluso oír al imputado”.

También se ha regulado “el supuesto en que el imputado hubiera sufrido condena, pero la sentencia se encuentra en apelación, estableciéndose que en tal supuesto la prisión podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta”.[19]

Vásquez Vásquez Marlio nos recuerda que “los presupuestos para que la prolongación del plazo de detención sea válidamente dirigida son: que en el proceso existan circunstancias que importen una especial prolongación de la investigación; y que el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia; la especial dificultad, no está referido a la pluralidad de imputados o agraviados, circunstancias que determinan en la norma la aplicación del plazo especial detención por complejidad del proceso. “La especial dificultad o prolongación de la investigación puede entenderse referida por ejemplo a la necesidad de realizar informes periciales complejos e inusuales que ameriten recopilación abundante de muestras y multiplicidad de exámenes, o cuando para cumplir con el objeto del proceso sea necesario recabar información en el extranjero; situación que producen la necesidad de una considerable prolongación de la investigación judicial”.[20]

Asimismo, se debe señalar que con la publicación de la Ley Nº 30076, la cual modifica el artículo 274 del NCPP, también se podrá prolongar la prisión preventiva cuando concurran circunstancias que importen una prolongación del proceso.

9.- Libertad del imputado

Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre afirma que “habiendo transcurrido el plazo previsto en los arts. 272.1 y 272.2, el Juez de la causa, deberá ordenar la inmediata excarcelación del imputado, bajo responsabilidad. La orden de excarcelación puede decretarse de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes (imputado y del Ministerio Publico)”. Asimismo considera que en estos casos “el juzgador, en el mismo auto que decreta la libertad del imputado, deberá adoptar las medidas de coerción personal que aseguren la comparecencia del procesado a la instancia, vía comparecencia con restricciones. Si la adopción de la medida de comparecencia se produce a posteriori de la excarcelación, y el imputado evade la acción de la justicia, el Juez se hace responsable por no haber adoptado las medidas de precaución pertinentes a la naturaleza del caso concreto”.[21]

10.- Computo del plazo de la prisión preventiva

Víctor Cubas Villanueva señala que “el artículo 275 del CPP introduce normas precisas para efectuar el cómputo del plazo de prisión preventiva y dispone que no se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos el tiempo en que la causa sufriera dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o a su defensa. Porque en la práctica se ha verificado que los imputados ante la expectativa de acceder a la libertad al cumplimiento del plazo, realizan maniobras dilatorias”. Además afirma que “el Legislador ha realizado previsiones importantes regulando cómo hacer el computo del plazo, cuando se hubiera declarado la nulidad de todo lo actuado y se ha dispuesto se dicte un nuevo auto de prisión preventiva, caso en el que no considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha de emisión de dicha resolución; y para que en los casos en que se declare la nulidad de proceso seguidos ante la jurisdicción militar y se ordene el conocimiento de los hechos punibles imputados a la jurisdicción penal ordinaria, el plazo se computará desde la fecha en que se dicte el nuevo auto de prisión preventiva”.[22]

11.- Revocatoria de la libertad

Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre manifiesta que “habiéndose producido la excarcelación del imputado por exceso de detención, podrá revocarse el régimen de comparecencia, cuando éste demuestra con su conducta procesal una voluntad evasora y obstruccionista del procedimiento en su contra. La revocatoria procede ante una inasistencia presencial de especial relevancia para el proceso. V. gr., una confrontación o la actuación de una prueba anticipada. En este caso, el juez seguirá el trámite previsto para la revocación de la comparecencia por prisión preventiva”.[23]

Jorge Rosas Yataco citando a Pablo Sánchez Velarde afirma que “la revocatoria de la comparecencia por prisión preventiva responde al principio de reformabilidad de las medidas cautelares, esto es que las mismas pueden ser modificadas en el curso del proceso dependiendo de:

a) La disminución o aumento de los requisitos legales, es decir, de la variación de los presupuestos que determinaron al Juez su imposición;

b) La desobediencia a los mandatos judiciales, es decir, el incumplimiento de las reglas de conducta emanadas por el Juez”.[24]

Ronal Nayu Vega Regalado señala que “la cesación de la prisión preventiva será revocada por el Juez a petición motivada del Fiscal, en los siguientes supuestos: Si el imputado infringe las reglas de conducta impuestas por el Juez en la resolución de cesación de la prisión preventiva; sino comparece a las diligencias del proceso sin excusa suficiente; si realiza actos que evidencian la preparación para fugarse o surgen o aparecen los presupuestos materiales que sustentan la prisión preventiva. Asimismo manifiesta que el Fiscal al efectuar el requerimiento de revocatoria de la cesación de la prisión preventiva, en su argumentación o motivación, debe indicar de modo lógico, coherente y racional las razones de su pretensión, adjuntando de ser posible los elementos de convicción que sustentan su pedido”.[25]

12.- Conocimiento de la Sala

El artículo 277 del NCPP prescribe que “el juez deberá poner en conocimiento de la Sala penal la orden de libertad, su revocatoria y la prolongación de la prisión preventiva”.

Respecto a ello, Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre afirma que “el control jurídico por parte de las instancias jurisdiccionales superiores, requiere un conocimiento efectivo de las incidencias más significativas que acontecen en el desarrollo del procedimiento”.[26]

13.- La incomunicación

La carta fundamental en su art. 2 inc. 24, literal g) prescribe que: “Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida”.

Para el jurista Pablo Sánchez Velarde la incomunicación del imputado es una medida accesoria y acumulativa a la medida coercitiva de detención y consecuentemente, como lo afirma Cesar San Martin Castro, carente de finalidad cautelar pues su razón de ser es la detención. La incomunicación obedece a la necesidad de evitar la perturbación de la investigación preparatoria de un delito grave. Esta medida se debe adoptar en los casos absolutamente necesarios y en donde la entrevista o comunicación del detenido con otras personas pueda afectar dicha investigación. Asimismo considera que la incomunicación del imputado con prisión preventiva puede ordenarse por mandato judicial siempre que sea indispensable para el debido esclarecimiento de un delito grave (ar.280). El juez dictará resolución motivada la que no podrá exceder de diez (10) días, no impide la libre conferencia entre defensor y el detenido preventivo; y será puesta en conocimiento de la Sala Penal respectiva”.[27]

14.- La cesación o variación

Pablo Sánchez Velarde precisa que “el derecho que tiene el imputado de pedir al juez la cesación de la prisión preventiva si estima que las causas que motivaron la misma han desaparecido, o pedir sustitución por otra medida menos intensa que prevé para la comparecencia, si los presupuestos anteriores han disminuido (art. 283). Asimismo que la autoridad judicial se pronunciará previa realización de una audiencia con la concurrencia del fiscal, el imputado y su defensor; para resolver la cesación, tendrá en cuenta la existencia de nuevos elementos de convicción (prueba) que demuestren que ya no concurren los motivos que determinaron la imposición de la prisión y que hagan necesaria una medida de comparecencia. En este sentido, podrá ser importante la declaración de nuevos testigos, de coimputados, las pericias o nuevas pruebas documentales que lo favorezcan, incluso, podrían considerarse la confesión sincera y los casos de colaboración eficaz. Para decidir la sustitución de la medida de prisión preventiva el Juez tendrá en cuenta, además, las características personales del imputado, el tiempo de detención y el estado del proceso.”[28]

15.- Impugnación del auto que resuelve la prisión preventiva.

Pablo Sánchez Velarde explica que en el artículo 278 del NCPP “el auto que resuelve la prisión preventiva puede ser impugnado dentro del plazo de tres días de notificado, el Juez concederá la apelación en un solo efecto; elevará lo actuado dentro de las veinticuatro horas, bajo responsabilidad. Se señala que la Sala Penal resolverá previa vista de la causa con citación al Fiscal Superior y al defensor del imputado, dictando la resolución en la audiencia o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, bajo responsabilidad, entendiéndose la realización de una audiencia para escuchar la opinión del Fiscal y el defensor del imputado. Si la Sala resuelve la nulidad de la resolución de prisión preventiva, devolverá lo actuado al juzgado de origen o dispondrá que pase a otro juez para que emita nueva resolución.

En el caso de apelación de la resolución que decide el requerimiento de prolongación de la detención será vista por la Sala Superior dentro de las 72 horas siguientes de recibido el expediente, con citación del Fiscal Superior y del defensor del imputado, y resuelta el mismo día o dentro de las 48 horas siguientes, bajo responsabilidad (art. 278.2)”.[29]

16.- Diferencia entre Detención Preliminar y Prisión Preventiva

Si se compara el artículo 135 del Código Procesal Penal de 1991, con el artículo 268 del NCPP (teniendo en cuenta la Ley Nº 30076 publicada el 19 de agosto de 2013) encontramos similitudes en cuanto a la regulación sustantiva, recayendo las mayores diferencias en la tramitación de la medida; es decir, las diferencias se ubican en el procedimiento y para el escenario de la solicitud, debate y disposición de la medida, esto es, la audiencia.

CUADRO Nº 03

DIFERENCIA ENTRE DETENCIÓN PREVENTIVA Y PRISIÓN PREVENTIVA

Detención Preliminar

(art. 135 del CPP de 1991)

Prisión Preventiva

(Art. 268 del NCPP de 2004)

“El juez podrá dictar mandato de detención si, atendiendo a los primeros recaudos acompañados por el fiscal provincial, es posible determinar:

1. Que existen suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.

No constituye elemento probatorio suficiente la condición de miembro de directorio, gerente, socio, accionista, directivo o asociado cuando el delito imputado se haya cometido en el ejercicio de una actividad realizada por una persona jurídica de derecho privado.

2. Que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa de libertad.

3. Que existen suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la acción probatoria. No constituye criterio suficiente para establecer la intención de eludir a la justicia la pena prevista en la Ley para el delito que se le imputa.

En todo caso, el juez penal podrá revocar de oficio o a petición de parte el mandato de detención cuando nuevos actos de investigación demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición, en cuyo caso el juez podrá disponer la utilización de la vigilancia electrónica personal como mecanismo de control, tomando en cuenta lo previsto en el inciso 2 del artículo 143 del presente Código.

El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).”


[1] CUBAS VILLANUEVA, Víctor. (2009). El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y práctica de su implementación. Lima: Palestra Editores. Pág. 334.

[2] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 335-336

[3] MELGAREJO BARRETO, Pepe. (2011). Curso de Derecho Procesal Penal. Lima: Jurista Editores. Pág. 181

[4] Fundamento Quinto de la Casación Penal Nº 01-2007-Huaura. Sala Penal Permanente. Lima, 26 de Julio de 2007.

[5] CACERES JULCA, Roberto E. (2009). Las Medidas Cautelares en el Nuevo Código Procesal Penal. Lima: Jurista Editores. Pág. 166 // CACERES JULCA, Roberto. (2010). Los Presupuestos Materiales de la Prisión Preventiva en el Código Procesal Penal de 2004. Gaceta Jurídica, 10, 13-40.

[6] Asencio Mellado, José María. Las medidas cautelares personales del Proceso Penal. Instituto de Ciencia Procesal Penal. Módulo 3. Pág. 495.

[7] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 712

[8] CACERES JULCA. Ob. Cit. Pág. 167

[9] Exp. N° 0791-2002-HC/TC. Lima, 21 de junio de 2002.

[10] Exp. N° 0296-2003-HC/TC. Lima, 17 de marzo de 2003.

[11] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 383-385.

[12] CACERES JULCA. Ob. Cit. Pág. 173-191

[13] CACERES JULCA. Ob. Cit. Pág. 194-196

[14] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 336-338

[15] CACERES JULCA. Ob. Cit. Pág. 201-215

[16] CACERES JULCA. Ob. Cit. Pág. 233-238// Fundamento Setimo de la Casación Penal Nº 01-2007-Huaura. Sala Penal Permanente. Lima, 26 de Julio de 2007.

[17] CACERES JULCA. Ob. Cit. Pág. 239 y 240

[18] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 341

[19] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 342

[20] VASQUEZ VASQUEZ, Marlio. (2001). Plazo y suspensión de la detención judicial. Revista Actualidad Jurídica. Tomo 97. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. Pág. 73 y 74

[21] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 725

[22] CUBAS VILLANUEVA. Ob. Cit. Pág. 389

[23] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 727

[24] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 467

[25] http://www.derechoycambiosocial.com/revista024/prision_preventiva.pdf

[26] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 728

[27] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 344

[28] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 344 y 345

[29] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 343

Alonso Peña Cabrera Freyre manifiesta que “la detención de un individuo, supone una grave afectación a la libertad personal, impidiendo su capacidad de locomoción y su desplazamiento de un lugar a otro”.

Las medidas de coerción personal en el Derecho Peruano.

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CONTENIDO:

1.-       La Detención como Medida de Coerción Personal

1.1.-    Definición de la Medida de Coerción Personal

1.2.-    Libertad personal

1.3.-    La detención en el marco constitucional

1.4.-    Principios de la medida de la privación de la libertad.

1.4.1.-     Principio de legalidad

1.4.2.-     Principio de excepcionalidad

1.4.3.-     Principio de proporcionalidad

1.5.-    Detención por flagrancia

2.-       El arresto ciudadano

3.-       La detención preliminar judicial

4.-       La comparecencia

4.1.-    Definición de la comparecencia

4.2.-    Clasificación de la comparecencia

4.2.1.-     Comparecencia Simple

4.2.2.-     Comparecencia con restricciones

5.-       La detención domiciliaria

6.-       La Internación Preventiva

6.1.-    Definición de la prisión preventiva

6.2.-    Presupuestos de la prisión preventiva

6.3.-    Finalidad de la prisión preventiva

6.4.-    Impedimento de Salida de la prisión preventiva

7.-       La suspensión preventiva de derechos

7.1.-    Definición de la suspensión preventiva de derechos

7.2.-    Finalidad de la suspensión preventiva de derechos

7.3.-    Requisitos para la suspensión preventiva de derechos

7.4.-    Clases  de suspensión preventiva de derechos

8.-       Prisión Preventiva

1.- La Detención como Medida de Coerción Personal

1.1.- Definición de la Medida de Coerción Personal

Jorge Rosas Yataco manifiesta que la detención “es la privación de libertad impuesta al imputado para hacerlo intervenir en el proceso, y recibir su declaración, cuando se aprecie que no obedecerá la orden de citación o intentará entorpecer la investigación”. También afirma que “puede tenerse como una medida cautelar de naturaleza personal y provisionalísima, que puede adoptar la autoridad judicial al momento de la apertura del proceso e incluso posterior a ella habiéndose ordenado el mandato de comparecencia”.[1]

Alonso Peña Cabrera Freyre manifiesta que “la detención de un individuo, supone una grave afectación a la libertad personal, impidiendo su capacidad de locomoción y su desplazamiento de un lugar a otro”. En palabras de Gimeno Sendra refiere que “la detención se constituye en un acto de investigación indirecto, ya que aunque no sea una verdadera fuente de prueba, sí que suele significar el origen de actuaciones probatorias (intervenciones corporales, cacheos, toma de huellas, ruedas de reconocimiento e interrogatorios policiales, entre otras)”.[2]

Asimismo cita a García Morales A., quien afirma que “en efecto, la detención es una medida de coerción penal que se adopta ni bien se inician los primeros actos de investigación, cuya finalidad esencial es viabilizar las diligencias que se orientan al recojo y acopio de pruebas; debe entenderse por detención toda privación de libertad de movimientos que no consista en la ejecución de una pena o en el cumplimiento de la medida cautelar de prisión provisional, adoptada en el marco de un proceso penal abierto o por abrir”.[3]

Pablo Sánchez Velarde considera que “este tipo de privación de la libertad ambulatoria, posee las siguientes características: a) es de corta duración; b) con fines de investigación preliminar; no está dirigida a garantizar la futura ejecución de la pena, por lo que puede catalogarse como una medida precautelar”.[4]

1.2.- Libertad personal

Jorge Rosas Yataco precisa que “la libertad es un valor esencial e imprescriptible del sistema democrático. La libertad supone: exención, independencia o autonomía, por la que constituye una esfera de autonomía privada, de decisión personal o colectiva protegida frente a presiones que puedan determinarla; poder hacer, esto es, capacidad positiva, para llevar a cabo esas decisiones y actuar eficazmente en la vida social; libertad de elección, entre hacer o no hacer, o entre varios haceres posibles”. Asimismo, que “el derecho a la libertad personal implica la libertad física del individuo, esto es su libertad de locomoción, el derecho de irse o de quedarse, o de la facultad de desplazarse libremente de un lugar a otro y sin interferencias indebidas”.[5]

El Tribunal Constitucional manifiesta que “la libertad personal no sólo tiene una dimensión subjetiva, que garantiza la prohibición de injerencias arbitrarias en un ámbito de libertad corporal y locomotora de todo procesado, sino también una dimensión objetiva, que comporta diversos deberes a cargo del Estado, entre los cuales se encuentra el de prever un orden normativo dirigido a hacer posible que la dimensión subjetiva de la libertad personal no sea perturbada en su disfrute y ejercicio”.[6]

1.3.- La detención en el marco constitucional

El artículo 2º, numeral 24 literal f) de la constitución establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho:(…)

A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia:(…)

Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.

En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”.

1.4.- Principios de la medida de la privación de la libertad.

Los principios que deben regir según Jorge Rosas Yataco al adoptar una medida de la privación de la libertad ambulatoria de una persona (inculpado) durante el proceso penal son:

1.4.1.- Principio de legalidad

Nuestra Constitución se encarga de establecer las condiciones y presupuestos: “no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley, están prohibidos la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas”

De modo que atendiendo a este principio constitucional, no solo debe cumplirse con los requisitos que exige la ley para adoptar esta medida sino que su adopción se encuentre justificada.

1.4.2.- Principio de excepcionalidad

La regla general es el respeto irrestricto del derecho a la libertad ambulatoria, y sólo en casos excepcionales se tomará dicha medida extrema. Fuera de estos casos excepcionales, el inculpado tiene la posibilidad de concurrir al proceso penal en libertad, con las sujeciones de ley.

1.4.3.- Principio de proporcionalidad

La medida impuesta debe ser proporcional a la pena que se espera, esto es la prognosis de pena probable a sancionar. Ello también implica que debe contarse con elementos probatorios suficientes.[7]

1.5.- Detención por flagrancia

Jorge Rosas Yataco afirma que “la flagrancia es una situación fáctica que se produce cuando el agente es visto o sorprendido en el momento que perpetra un delito (flagrancia strictu sensu), en las circunstancias inmediatas a su realización, o cuando el agente tiene en su poder los objetos o huellas que nos permite inferir que viene de cometer un delito.

Los casos de flagrancia que se incorporan son:

- Flagrancia propiamente dicha o flagrancia real: esto es cuando el hecho punible es actual y en esa circunstancia el autor es descubierto, es lo que comúnmente se conoce como, con “las manos en la masa”.

- Cuasi flagrancia o flagrancia ex post ipso: cuando el autor es perseguido y capturado inmediatamente de haber cometido el hecho punible. El ejemplo, del que arrebata una cartera a una dama y emprende la fuga, siendo que se inicie la persecución policial o por parte de la misma víctima y es capturado.

- Presunción legal de flagrancia o flagrancia presunta: se presenta cuando el autor es sorprendido con los objetos o huellas que reflejan que acaba de ejecutarlo. El caso de que se encuentra el agente llevando en su poder un aparato electrodoméstico que acaba de sustraerlo de una vivienda.

Los requisitos que se exigen para la determinación de una flagrancia delictiva son:

a) Actualidad

b) Identificación o individualización

c) Que el hecho demuestre por sí solo ilicitud

Asimismo señala que los requisitos insustituibles son:

a) Inmediatez temporal, que el delito se esté cometiendo o que haya sido cometido instantes antes.

b) Inmediatez personal, que el delincuente se encuentre allí en ese momento en situación tal con relación al objeto o a los instrumentos del delito que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho.

c) Necesidad urgente, que determina la intervención imperiosa de la policía con el doble fin de poner término a la situación existente impidiendo en todo caso la posible propagación del mal que la infracción acarrea, y de conseguir la detención del autor de los hechos.”[8]

2.- El arresto ciudadano

Jorge Rosas Yataco comenta que “cuando un ciudadano procede a realizar la captura del delincuente in fraganti, efectúa un acto de colaboración con la justicia que no constituye, propia o estrictamente, una detención sino una restricción de la libertad. Se trata de un supuesto excepcional, justificado en ausencia de las autoridades policiales; donde la conducta del particular sólo se dirige a aprehender y retener temporalmente al delincuente, hasta que la policía se constituya al lugar o para conducirlo inmediatamente ante dicha autoridad”.[9]

Mario Rodríguez Hurtado refiere que “es el arresto que cualquier persona puede hacer del agente que se encuentre en flagrancia delictuosa, condición que lo entregue inmediatamente a la policía, junto con las cosas que constituyan cuerpo del delito. Como sólo procede en situaciones flagrantes, habrá de repetirse que este instituto opera bajo aquella circunstancia, caracterizada por la inmediatez temporal y personal.”[10]

Pablo Sánchez Velarde señala que “constituye una facultad que asiste a todo ciudadano a privar de la libertad ambulatoria a otro, en los casos de delito flagrante con la obligación de poner al detenido a disposición de la autoridad policial. El arresto ciudadano se caracteriza: a) por tratarse de una privación de la libertad practicada por un ciudadano; d) por constituir una facultad, es decir, el ciudadano no está obligado a realizar tal arresto; y c) porque procede solo en caso de delito flagrante.”[11]

3.- La detención preliminar judicial

Mario Rodríguez Hurtado señala que “es aquella que despacha el juez, por requerimiento del fiscal, antes que el representante del Ministerio Público emita la disposición que formaliza la continuación de la investigación”.[12]

Pablo Sánchez Velarde refiere que “fuera de los casos de flagrancia, la Constitución autoriza la detención de una persona por mandato motivado del Juez, sea en fase de investigación preliminar o preparatoria. La detención preliminar judicial es aquella que se produce durante dicha fase procesal en casos especiales, pero por mandato judicial y a sólo solicitud del Fiscal”.[13]

4.- La comparecencia

4.1.- Definición de la comparecencia

Pablo Sánchez Velarde considera “constituye una medida de coerción personal de menor intensidad que la prisión preventiva y que normalmente se aplica para casos en donde las necesidades de aseguramiento del imputado no son tan rígidas o los delitos no son estimados graves o siendo de gravedad, no se satisfacen los requisitos para imponer un mandato de prisión preventiva”. Asimismo, que “el imputado está sujeto al proceso penal, su libertad ambulatoria se encuentra vinculada a la decisión del órgano jurisdiccional (ej. Cuando su presencia es imprescindible para la realización de determinado acto procesal).Se trata de una medida de aseguramiento de la presencia del imputado al proceso, donde el imputado permanece en libertad, pudiendo desplazarse libremente, pero está obligado a observar determinados mandatos judiciales que condicionan su libertad”.[14]

4.2.- Clasificación de la comparecencia

Esta medida de coerción procesal de naturaleza personal, adquiere varias dimensiones configurativas, que puede ser simple y con restricciones para la vida en libertad del imputado.

4.2.1.- Comparecencia Simple

Pablo Sánchez Velarde considera que “es la medida de coerción de mínima intensidad y que exige del imputado (quien se encuentra en libertad, salvo mandato distinto en otro proceso) sólo la obligación de presentarse a la sede judicial cada vez que sea citado; su incumplimiento sólo acarrea la conducción compulsiva”.[15]

4.2.2.- Comparecencia con restricciones

Pablo Sánchez Velarde afirma que ésta medida de coerción personal es más severa que la anterior e importa determinadas reglas u obligaciones que el imputado debe seguir, bajo apercibimiento de revocársele la medida por prisión preventiva (art. 288) previo requerimiento Fiscal”.[16]

5.- La detención domiciliaria

Pablo Sánchez Velarde considera que “constituye una limitación a la libertad ambulatoria del imputado a determinado espacio físico y que por mandato judicial debe cumplirse en su domicilio o en otro lugar, pero fuera de sede penal o penitenciaria. Es un estado intermedio entre la privación de la libertad efectiva y la libertad propiamente dicha”.[17]

Alonso Peña Cabrera Freyre citando a Jacobo López Barja de Quiroga manifiesta que “el arresto domiciliario, como bien lo señala la terminología empleada, implica la restricción de la libertad personal del imputado, esto es, su desplazamiento ambulatorio, en el espacio físico donde éste reside, su domicilio como recinto en el cual desarrolla su vida personal y familiar. Consiste históricamente en que el preso permanezca privado de su libertad en su propio domicilio”.[18]

6.- La Internación Preventiva

6.1.- Definición de la prisión preventiva

Pablo Sánchez Velarde señala que “está regulada de manera tal que podríamos considerarla como una medida alternativa o sustitutiva de la prisión preventiva aplicable a los imputados que padecen de enfermedades psiquiátricas”. Asimismo afirma que esta medida coercitiva personal “permite al Juez de la Investigación Preparatoria poder ordenar la internación preventiva del imputado en un establecimiento psiquiátrico, previa comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí o para terceros”.[19]

6.2.- Presupuestos de la prisión preventiva

Es necesario que medien los siguientes presupuestos:

a) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que es autor de un hecho punible o participe en él y probablemente será objeto de una medida de seguridad de internación.

b) La existencia de una presunción suficiente de que no se someterá al procedimiento u obstruirá un acto concreto de investigación. Rigen análogamente los artículos 269 y 270 del NCPP.

6.3.- Finalidad de la prisión preventiva

Peña Cabrera Freyre A., refiere que “la internación preventiva no sólo tiene por fin asegurar una eficaz actividad probatoria, sino también, detenta un factor criminógeno, esto es, de incidencia neutralizante. Por consiguiente, esta medida de coerción, busca proteger a la sociedad ante un agente evidentemente peligroso”.[20]

6.4.- Impedimento de Salida de la prisión preventiva

Pablo Sánchez Velarde considera que “esta medida es independiente. Esta media de coerción preponderantemente tiende a garantizar la verdad, no es sólo una medida provisional con fines cautelares, la cual se extiende a los testigos”. Asimismo refiere que “procede contra el imputado también a pedido del Fiscal, cuando se trate de delito con pena privativa mayor de tres años y resulte necesario para la indagación de la verdad. Comprende el impedimento de salida del país, de la localidad donde domicilia, o del lugar que se le fije; se debe establecer el tiempo de duración y la motivación respectiva. El Juez citará a las partes a una audiencia, las escuchará y resolverá el pedido”.[21]

Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre señala que “el impedimento de salida del país o de la localidad del imputado, se constituye en una coerción de mayor garantía para evitar el peligro de fuga o mejor dicho la sustracción del procesado de la esfera de persecución penal. Sin duda, la mejor forma de asegurar la comparecencia del imputado, implica someterlo a un régimen de control periódico, sumado a un conjunto de restricciones”.[22]

7.- La suspensión preventiva de derechos

7.1.- Definición de la suspensión preventiva de derechos

Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre refiere que la inhabilitación “consiste en la sanción que priva y restringe (temporal o definitivamente) al agente de un determinado derecho civil o político, cargo, función o empleo que fue instrumentalizado para cometer el hecho punible”. Asimismo comenta que el legislador en el NCPP, ha considerado importante que la inhabilitación de derechos, se comprenda en las medidas de coerción personal, esto es, determinándolas con fines asegurativos e instrumentales. Pero esta vez la denominación adquiere otra configuración terminológica: “suspensión preventiva de derechos”.[23]

Por consiguiente ya no es necesario esperar una condena, para poder privar de ciertos derechos al imputado, los cuales en definitiva deben revelar una vinculación directa con el injusto penal cometido, es decir, su aplicabilidad está sometida a un presupuesto material, y a una intensidad antijurídica de cierta entidad lesiva.

7.2.- Finalidad de la suspensión preventiva de derechos

Para el jurista Pablo Sánchez Velarde citando a Cesar San Martin Castro afirma que “dos son las finalidades legítimas que este tipo de medidas tienen: a) La prevención de la reiteración delictiva, la cual se vería facilitada si el imputado continuase desempeñando determinada función; b) El aseguramiento de prueba, ya que el imputado podría obstaculizar la actividad probatoria, valiéndose de esta actividad”.[24]

7.3.- Requisitos para la suspensión preventiva de derechos

Según Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre el Art. 297 Inc. 2 del NCPP, establece que para imponer estas medidas se requiere:

a) Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo.- de lo cual deben revelarse suficientes elementos de juicio de criminalidad, que establezcan un nexo subjetivo con el imputado, mediante cualquiera de las formas de participación delictiva.

b) Peligro concreto de que el imputado, en atención a las especificas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquel por el que se procede.- bajo esta hipótesis, resulta que el cargo o derecho que ejerce en la actualidad el imputado puede ser utilizado como un medio obstruccionista para los fines de la investigación, v. gr., puede que éste ejerza una función pública que le competa la custodia de ciertos documentos, que de una u otra forma están relacionados con el delito que es materia de procesamiento.

Asimismo refiere que condiciones personales podría ser la relación que lo vincula con la víctima, si es que se está investigando un delito de lesiones o de violación a la libertad sexual por ejemplo, es lógico que ejerza presión sobre la víctima para que no corrobore los dichos que sustentan la imputación delictiva. Por otro lado, también señala que el precepto hace mención a una probable reiteración delictiva, como el caso del conductor ebrio que puede volver a cometer lesiones u homicidio, por lo que es procedente que se suspenda la licencia de conducir.[25]

7.4.- Clases de suspensión preventiva de derechos

Según el art. 298 del NCPP son seis medidas de suspensión temporal del ejercicio, y son las siguientes:

a) De la patria potestad, tutela o curatela;

b) De un cargo, empleo o comisión públicos, salvo que provengan de elección popular;

c) De actividades profesionales, comerciales o empresariales;

d) De suspensión temporal de la autorización para conducir vehículos o portar armas de fuego; la aplicación de esta suspensión preventiva, debe colegirse con el injusto penal supuestamente cometido, teniendo en cuenta que esta clase de medidas apuntan a un factor criminógeno, de evitar la reiteración delictiva; como en el caso de los agentes infractores de los tipos penales de homicidio y lesiones en su modulación culposa, así como conducción en estado de ebriedad. En efecto, el imputado revela suficiente peligrosidad en su obrar defectuoso, por lo que debe ser privado de dicho derecho.

e) Prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar o la suspensión de visitas; este precepto es entendido en concordancia con el artículo 297 inciso 2 literal b), toda vez que a partir de esta prohibición se pretende evitar cualquier tipo de contacto entre el imputado y la víctima, que puedan desencadenar probables consecuencias lesivas para la integridad física o psíquica del agredido. En efecto, el injusto perpetrado supone una relación parental o de otra naturaleza, entre el imputado y la víctima, vinculo que configura una cohabitación en el mismo domicilio, situación ésta que puede constituir un foco de peligro permanente para la víctima. Por otro lado la suspensión temporal de visitas, supone un matrimonio disuelto o en vías de disolución, donde uno de los padres ha obtenido la tenencia y el otro hace uso del derecho de visitas, el cual es suspendido por haber sido aprovechado para cometer un delito en agravio del menor.

Por lo que, estas dos últimas medidas de coerción son las que tienen como finalidad evitar el peligro de reiteración delictiva, por lo que también pueden aplicarse en forma acumulativa con la prisión preventiva, siempre y cuando se cumplan con los presupuestos materiales establecidos en el artículo 268 del NCPP, más aun si lo establece el artículo 300 del NCPP, y al respecto Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre señala que “las medidas de coerción procesal (personal), guardan su autonomía con respecto a unas de otras, de conformidad con las finalidades perseguidas, lo cual no impide que éstas puedan ser impuestas de forma acumulativa, o la sustitución de una a otro a fin de morigerar la coerción o de hacerla más intensa de acuerdo a las circunstancias concretas de cada caso. Acumulación o sustitución que procederá, siempre y cuando que entre las alternativas posibles exista compatibilidad. La acumulación deberá proceder en la persecución de delitos graves o de meridiana entidad antijurídica”.[26]

Estas medidas de coerción que establece el NCPP en el Libro Segundo, Sección III Las medidas de Coerción Procesal, Titulo VII: De la Suspensión Preventiva de Derechos, comprendido en los artículos 297 al 301, es una figura jurídica novísima sin antecedentes en el anterior Código de Procedimientos Penales y que luego de varios años de vigencia del Código Procesal Penal ha sido limitadamente empleado o requerida por los sujetos procesales.

La finalidad de evitar la reiteración delictiva se funda y se justifica, en el hecho que la suspensión preventiva de derechos fundamentalmente, tiene una función preventiva policial y en gran medida en la peligrosidad del agente respecto de la comisión de nuevos delitos de la misma índole, en los que podría incurrir valiéndose de su posición o situación especial. En tal sentido piénsese, por ejemplo, en el agresor, que sigue viviendo bajo el mismo techo que su víctima.

Si bien las medidas de suspensión preventiva de derechos no son estrictamente medidas cautelares, comparten con éstas la rigurosidad en su imposición de tal modo que en esta tarea será necesario que el fiscal y el juez tengan en cuenta el fumus boni iuris (suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo) y el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. Adicionalmente y a diferencia de lo que ocurre en la imposición de medidas de coerción en el caso de suspensión preventiva de derechos, existe el supuesto del peligro concreto de comisión de delitos de la misma índole.

La práctica jurisdiccional actual y la falta de conocimiento del llamado instituto procesal de “suspensión preventiva de derechos”, innovación del nuevo modelo procesal penal vigente en varios distritos judiciales del país, impide que se imponga la limitación que es factible gracias a la aplicación de la figura procesal; a la cual aún los operadores de justicia no le han descubierto la connotación de fines preventivos que le es inherente. Lo cual permitiría evitar que el agente al que se le suspenda motivadamente sus derechos continúe incurriendo durante el desarrollo de la investigación, en actividades delictivas no deseadas, pero que serían posibles de evitar para situaciones futuras; no obstante, en la práctica se aprecia que los magistrados en virtud de lo establecido en el artículo 253 inciso 3 del NCPP tienen en cuenta la figura jurídica del peligro de reiteración delictiva para dictar el mandato de prisión preventiva, mas no para la suspensión preventiva de derechos.

8.- Prisión Preventiva

La Prisión Preventiva es una medida de coerción personal, que limita la libertad ambulatoria del imputado; no obstante, el presente tema será tratado con mayor profundidad y análisis en el siguiente título.


[1] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 447.

[2] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 691.

[3] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 692.

[4] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 330.

[5] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 447 y 448.

[6] Exp. N° 6201-2007-HC/TC. Lima, 10 de marzo de 2008

[7] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 448 y 449.

[8] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág 449 y 450.

[9] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 452-453.

[10] RODRÍGUEZ HURTADO. Ob. Cit. Pág. 73.

[11] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 332.

[12] RODRÍGUEZ HURTADO. Ob. Cit. Pág. 70.

[13] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 327.

[14] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 345

[15] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág.346.

[16] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág.346.

[17] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 348.

[18] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 752.

[19] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 349.

[20] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 782.

[21] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 350.

[22] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 785.

[23] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 788 y 789.

[24] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 350 y 351

[25] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 789 y 790.

[26] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 793.