Se entiende a la Estadística como el campo del conocimiento humano que permite deducir y evaluar conclusiones acerca de una población a partir de información proporcionada por una muestra o para simplificar las cosas, en definición, de G. Ydny Yule la estadística" es la ciencia que trata la recopilación, clasificación y presentación de hechos sujetos a una apreciación numérica como base a la explicación, descripción y comparación de un fenómeno"

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CONTENIDO:

1.-       LA ESTADISTICA CRIMINAL

1.1.-    LA ESTADISTICA Y LA CRIMINALIDAD

1.1.1.-     La Estadística Criminal.

1.2.-    LA ESTADISTICA CRIMINAL.

1.3.-    LA ESTADISTICA CRIMINAL EN LAS NACIONES UNIDAS.

2.-       APLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA CRIMINAL

2.1.-    LA FORMULACION Y EVALUACIÓN DE UNA POLÍTICA CRIMINAL

2.2.-    SISTEMA DE ESTADISTICAS CRIMINALES

2.3.-    APLICACION DE LA ESTADISTICA CRIMINAL.

2.3.1.-     Administración.

2.3.2.-     Planificación.

2.3.3.-     Investigación de Políticas.

2.4.-    IMPORTANCIA DE LA ESTADISTICA CRIMINAL.

3.-       LA ESTADISTICA CRIMINAL Y POLITICA CRIMINAL EN BOLIVIA

3.1.-    EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL BOLIVIANO

3.2.-    LA ESTADISTICA CRIMINAL BOLIVIANA

3.2.1.-     Las estadísticas policiales.

3.2.2.-     Las Estadísticas Judiciales.

3.2.3.-     Las Estadísticas Penitenciarias.

3.2.4.-     Estadísticas de la Fiscalía.

3.3.-    EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION.

3.4.-    LA POLITICA CRIMINAL EN BOLIVIA.

1.- LA ESTADISTICA CRIMINAL

1.1.- LA ESTADISTICA Y LA CRIMINALIDAD

Antes de definir los límites y objeto de la estadística aplicada al estudio de la delincuencia iremos previamente a ver qué es la ciencia de la Estadística.

Al interior del método científico, que está presente en todas las ramas de la ciencia, el análisis cuantitativo tiene su tecnología en la estadística.

Se entiende a la Estadística como el campo del conocimiento humano que permite deducir y evaluar conclusiones acerca de una población a partir de información proporcionada por una muestra o para simplificar las cosas, en definición, de G. Ydny Yule la estadística" es la ciencia que trata la recopilación, clasificación y presentación de hechos sujetos a una apreciación numérica como base a la explicación, descripción y comparación de un fenómeno".[1]

La ciencia estadística comprende un conjunto de teoremas, herramientas, métodos y técnicas usadas en: la recolección selección y clasificación de datos, interpretación y análisis de datos y finalmente en la evaluación de conclusiones.[2]

La estadística basa su accionar en el razonamiento que considera a las matemáticas como base de análisis. Es un método científico basado en la observación y su modo de proceder es eminentemente inductivo: parte de hechos particulares comprobados, según reglas precisas; razona sobre grupos homogéneos de estos hechos, y se esfuerzan en seguida por alcanzar el conocimiento general de las tendencias y regularidades que se manifiesten entre los hechos colectivos.[3]

El objeto de la estadística es la población estadística, que es el conjunto de datos sobre las cuales se basan las conclusiones de carácter absoluto y certero, o podemos decir, también, que es un conjunto de observaciones medidas o descritas para cada una de sus unidades elementales, o simplemente, la población estadística o universo estadístico, es el conjunto de 1elementos de los cuales queremos estudiar cierta o ciertas características.

El fin u objeto de la estadística como ciencia es el descubrimiento de las leyes a que obedecen los fenómenos sociales, el conocimiento profundo de la sociedad considerando su naturaleza, en sus elementos, económica y alteraciones. Y según Woloski, el objeto de esta ciencia no es mas que el estado mismo de la sociedad reproducido en un momento dado.

Esta ciencia se estudia desde dos perspectivas: la estadística metodológica o modo de ejecutarla técnicamente, y la estadística aplicada. La estadística metodológica consta de cuatro fases: la recopilación y registro de datos, la clasificación y computo, la presentación de sus resultados y finalmente su interrelación y análisis.

La estadística descriptiva es el método o conjunto de técnicas que se utilizan para obtener, de un conjunto de datos, conclusiones sobre los mismos; proporciona una serie de técnicas de colectar, presentar analizar e interpretar los datos. El método estadístico denominado estadística inferencial es el conjunto de técnicas que se usan para obtener conclusiones que sobre pasen los límites de los conocimientos aportados por los datos, en otras palabras busca obtener información sobre un hecho colectivo mediante un metódico procedimiento de los datos de una muestra tomada de él.

Por lo dicho se suele dividir a la Estadística en dos áreas: estadística descriptiva que es aquella que está relacionada con la presentación y descripción resumida de datos y la estadística inductiva o inferencial que es aquella que está relacionada con la toma de decisiones y la extracción de conclusiones a través de la generalización.

La recopilación o recolección de datos es la operación que se realiza para acumular los datos con el objeto de establecer las características de un hecho o hechos, expresándolas cuantitativamente. La recolección puede ser directa, cuando los datos se reúnen uno por uno en un determinado momento y lugar, e indirecta cuando los datos se reúnen por deducción, acudiendo a los indicios, la analogía, la apreciación y la proporcionalidad.

Los datos pueden ser recolectados mediante un censo, que es la recolección completa de todas las observaciones de la población, o por medio del método de la muestra, que consiste en considerar un reducido número de observaciones cuya característica sea la representatividad del conjunto total de elementos de la población. Al diseño o técnica para seleccionar esa parte representativa de la totalidad, se la llama muestreo.

La técnica del muestreo descansa en la teoría de la probabilidad o cálculo de probabilidades, que es la base sobre la cual descansa la mayoría de las leyes estadísticas. Su mayor aplicación se halla en la estadística inductiva (teoría del muestreo). ya que los métodos probabilísticos nos señalan la posibilidad de que una muestra nos provea los datos necesarios para describir el universo total y nos Indica el grado de confianza que se puede tener a los resultados obtenidos a través de una muestra.

Al proceso de agrupar y clasificar la observaciones efectuadas con el fin de condensarlas e interpretarlas se le denomina tabulación, ésta es la etapa final de la compilación y es la base para el examen, deducción y explicación de los problemas presentes y futuros, que son objeto del estudio estadístico.

La presentación de datos consiste en presentar de modo claro, ordenado y completo los resultados obtenidos, cuando previamente se han recogido, clasificado, criticado y elaborado los datos. La presentación es la expresión final del estudio estadístico cuando han sido investigados las causas de los fenómenos que los origina y determinadas sus leyes.

El método de presentación es muy importante; una buena información estadística puede ser perjudicada si no se la presenta en debida forma a los interesados y , viceversa, una mala información puede ser acogida si la exposición de los hechos es cuidadosa, lógica y sucinta. Para que sean útiles han de ser cuidadas en la tocante a la preparación y presentación de la mismas, de lo contrario se reducen a ser meras recopilaciones del delito.

Se considera, actualmente, a la estadística como un poderoso auxiliar en la investigación científica, que le permite a ésta aprovechar el material cuantitativo, ya que la estadística es apta para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masas o colectivos.

Casi todas las ciencias utilizan a la estadística como instrumento para la descripción, análisis, interpretación y la toma de decisiones; incluso, su uso cotidiano e intuitivo hace de esta ciencia fundamentalmente en el desarrollo humano.

Los métodos estadísticos deben su importancia al gran campo de aplicación que poseen, no existen ciencias cuyos fenómenos no puedan ser tratados estadísticamente, es por eso que se le llama a la estadística el lenguaje científico.

Dicho esto vayamos a ver la estadística aplicada al estudio de la criminalidad.

1.1.1.- La Estadística Criminal.

La aplicación de la herramientas y técnicas que brinda la estadística al estudio de la criminalidad se apoya, también, en categorías y conceptos que se pasan a exlicar.

La criminalidad estudiada estadísticamente da origen a una serie de conceptos, según las modalidades que ella asume.

Se entiende por criminalidad al conjunto de hechos punibles (delitos y contravenciones) y de infractores, en tiempo y espacio determinados.

Las formas que asume la criminalidad pueden ser: criminalidad real, aparente, oculta, legal, judicial, impune y total.

La criminalidad real, es aquella referida a la totalidad de delitos y contravenciones sucedidos en determinado tiempo y espacio, independientemente de si fueron o no conocidos o investigados.

La criminalidad aparente es la conformada por el conjunto de hechos punibles que llegaron a conocimiento de la autoridad por cualquier medio (denuncia, investigación, informes confidenciales, etc).

La criminalidad oculta, es la que resulta de la diferencia entre los delitos realmente cometidos y la cantidad de ellos que han llegado a conocimiento de la autoridad. Se le denomina, en criminología, como "cifra negra".

La criminalidad legal, es aquella investigada por la autoridad competente y sobre la cual recayó alguna decisión judicial.

La criminalidad judicial es la que culmina en sentencia condenatoria. Concuerda con la noción jurídica de que uno es inocente mientras no se le haya declarado culpable mediante sentencia condenativa.

La criminalidad impune, es el conjunto de hechos punibles que habiendo sido conocidos (investigados) no concluyeron en sentencia condenatoria. Ésta resulta de la diferencia entre criminalidad legal y criminalidad judicial.

La criminalidad total sin discriminación alguna y que llegó a conocimiento de las autoridades se denomina criminalidad global, y la referida a una determinada categoría o especie de infracciones penales, se llama criminalidad específica. La criminalidad judicial que concluye en la ejecución de la sanción impuesta recibe el nombre de criminalidad tratada.

El delito denunciado es la información recibida o reunida sobre la comisión de un delito penal registrada por una autoridad al objeto de su comprobación. Asimismo se distinguen al interior de esta categoría, el delito denunciado incluido en las estadísticas y las que se hallan fuera dé las estadísticas, la primera hace referencia a la exposición sistemática del delito denunciado y debidamente comprobado. No todo delito denunciado se incluye en las estadísticas.

También, se tienen los delitos no consignados en las estadísticas criminales, las que según Huascar Cajías, pueden ser: los delitos cometidos y no descubiertos, los delitos descubiertos, pero no denunciados a las autoridades y los delitos descubiertos, denunciados, pero judicialmente no comprobados o que no concluyen con sentencia condenatoria. En opinión del criminólogo boliviano las razones para que este tipo de hechos escapen a la estadística criminal son varias, entre ellas, están las políticas, morales ineficiencia judicial y otros.

Los delitos que escapan a la estadística criminal reciben el nombre técnico de "cifras negras" y, como dijimos anteriormente, es la criminalidad resultante de la diferencia entre los hechos punibles efectivamente perpetrados y los que han llegado a conocerse oficialmente. Esta latencia o conocimiento fragmentario de los órganos de persecución es un problema político criminal de primera magnitud que la criminología intenta, a través de la investigación empírica, resolver.

Cuando el instrumento de medición del delito, la estadística criminal, es aplicado en los ámbitos del sistema penal, es decir el policial, la judicial y la penitenciaria, la misma recibe denominaciones que aluden a esas fuentes.

A modo de esquema para entender los tipos de estadísticas diremos que las principales etapas del camino procesal vienen constituidos por: la acción policial, donde se comprueba, detiene, y se resuelven o no los casos; la acusación o persecución criminal, en la que se hallan personas acusadas o detenidas a la espera a no de proceso; el proceso constituido por el sumario y si procede la libertad provisional; el plenario y la sentencia de absolución, condena, o sobreseimiento; y por la prisión o la ejecución penitenciaria de la sanción impuesta.

La estadística policial es aquella que recoge y compila la policía nacional, los cuales son recogidas en el mismo lugar de las actividades delictivas; informan sobre el número de delitos cometidos, personas detenidas y circunstancialmente acusadas. Estas estadísticas se extraen generalmente de los registros de organismos oficiales, es decir de las comisarías, puestos de policía y dependencias de investigación criminal. Reflejan las fluctuaciones del delito, en determinado tiempo y espacio y, entre estas, merecen mayor crédito las estadísticas policiales sobre casos, que vienen referidas a hechos concretos, y no así las estadísticas policiales sobre detenciones que sólo aluden indirectamente a los actos y delitos.

Las estadísticas policiales son las más expuestas a influjos externos: actitudes o políticas de represión más severas en determinados tipos de delitos, reorganización de la policía, los cambios legislativos, perfeccionamiento de denuncias, etc. Por tal razón no necesariamente deben Interpretarse como aumento o disminución general del delito.

Otra importante información que brindan estas estadísticas es la cifra de casos resueltos. Por regla general se considera un caso resuelto, cuando el delito y de delincuente han sido descubiertos y existen fehacientes pruebas para acusar al último independientemente de que sea o no encarcelado.

Las estadísticas judiciales son las proporcionadas por los jueces y magistrados penales de un país de acuerdo a su actividad jurisdiccional. Cubren aspectos como: el número de casos Instruidos ante tribunales, los desistimientos y renuncias de persecución penal, los casos de personas detenidas preventivamente a la espera de proceso, las absoluciones y declaraciones de culpabilidad, las clases de condena impuestas, la declaración del proceso, las apelaciones y resoluciones que recaen sobre ellas, etc. Su elaboración requiere un largo período de tiempo y son de importancia como indicadores de cómo se administra la justicia penal y como causa de propuestas para su reforma. Generalmente se realiza por mandato legal.

Las estadísticas penitenciarias hacen referencia a los reclusos, a su tratamiento y la principales actividades desplegadas por la administración penitenciaria en relación a estos problemas. La información que brindan se refiere personas recluidas con condena o en detención preventiva, los delitos que se les imputa, y datos personales, socio-económicos o de procedencia de los reos, así como el número de ingresos y salidas.

Las estadísticas sobre prisiones deben ofrecer un mínimo de informaciones suficientes para el estudio de éstos y otros aspectos del tratamiento.

1.2.- LA ESTADISTICA CRIMINAL.

La estadística criminal nace con Quetelet cuando da origen a la sociología criminal moderna. El es el primero que deduce de ella consecuencias científicas y por eso se le considera el primer cultor de la disciplina.

Quetelet, Junto al francés Gueriy, estudiaron estadísticamente la criminalidad, concluyendo que detrás de la apariencia de éstos fenómenos, existía un orden, regularidad y uniformidad. De este modo Quetelet demostró que los delitos como fenómenos del mundo moral, estaban regidos por leyes determinados, "así, con el descubrimiento y la prueba de la regularidad que domina las manifestaciones del fenómeno criminal, se había colocado la base para el estudio científico del mismo.

Enrico Ferri le otorga gran importancia hasta convertirla en ciencia, aunque ya a fines del siglo XIX comienza a usarse como ciencia auxiliar del Derecho Penal, para conocer las relaciones de causalidad existentes entre determinadas condiciones personales, determinados fenómenos físicos y sociales y la criminalidad.

Ferri, padre de la sociología criminal, ve a la ciencia estadística como un instrumento valioso para el estudio de la delincuencia al asentar su sociología criminal en la antropología y la estadística criminal, por una parte, y el derecho penal, por la otra, como dos capítulos de una misma ciencia, que comprendería el estudio del delito como fenómeno natural y social, y por tanto jurídico, y de los medios eficaces para la defensa preventiva y represiva contra el mismo.

La Estadística Criminal ha sido, desde Lombroso, un auxiliar eficaz de las ciencias penales, sobre todo de la Criminología que acude a ella, en sus investigaciones de campo, en procura de establecer la compleja etiología de la criminalidad y su dinámica.

Según Oswaldo Tieghi, la estadística criminal es la disciplina que estudia la expresión cuantitativa del delito en la vida social, tiene por objeto especial los fenómenos de la criminalidad. "Consiste en un conjunto de datos numéricos, reunidos en los informes oficiales de los organismos a quienes están encomendados, la aprehensión, prevención y tratamiento de los infractores de la Ley Penal".

La estadística Criminal permite "estudiar el movimiento general de la criminalidad, sus ritmos y variaciones, sus relaciones, con las condiciones personales (edad, sexo), las condiciones geográficas y sociales (económicas, culturales y política). Y generalmente de distinguen tres tipos de estadísticas criminales: las policiales, judiciales y penitenciarias.

La estadística como disciplina auxiliar del Derecho Penal ya fue usada a fines del siglo XIX para "conocer las relaciones de causalidad existentes entre determinadas condiciones personales, determinados fenómenos físicos y sociales y la criminalidad; pone de relieve sus causas, y muestra su aumento y disminución y sus formas de aparición".

Sin embargo, a criterio de autores como Goppinger, el uso del método estadístico y su consiguiente abuso conduce al gran peligro de que "sólo sea observado y clasificado lo que es relevante en el sentido preestablecido y que por consiguiente se llegue en el fondo a la comprobación de un reflejo del cuestionario".

La estadística criminal es uno de los fundamentos de la política criminal; proporciona datos y conocimientos al Derecho Penal, las que permiten, con mayor precisión, fijar o tomar medidas de política criminal o prevenciones preventivas.

Benjamín Miguel sostiene que la Estadística Criminal reduce a números los fenómenos sociales, "sus cifras dan a conocer las relaciones causales entre los factores endógenos y sobre todo entre los fenómenos físicos y sociales y la criminalidad".[4] En suma los datos estadísticos ayudan a comprender la etiología de la delinuencia.

Para Reyes Echandia, la Estadística Criminal es "el conjunto de datos numéricos sobre los crímenes y criminales extraídos de los registros de organismos oficiales, clasificados, dispuestos y analizados en forma que revelen las relaciones entre categorías y datos y publicadas según plan uniforme".[5]

Las deficiencias de las estadísticas, principalmente la poca fiabilidad de sus datos, no constituyen un obstáculo para acudir a ella, máxime si es el único método que nos acerca con cierta exactitud a apreciar al fenómeno de la criminalidad. Uno de los beneficios de los datos estadísticos es que nos permite correlacionar variables que nos muestren relaciones de causalidad entre dos fenómenos, así por ejemplo: las guerras, el grado de instrucción, etc., con el aumento de la criminalidad, tipos y modalidades de delitos. "Si se tienen en cuenta las limitaciones de este método y se proceden con cierta prudencia, ellas pueden proporcionar muchos conocimientos".[6]

La estadística criminal es, por tanto, un instrumento imprescindible en cualquier estudio criminológico, sus resultados sirven para sacar conclusiones importantes para la prevención del delito, su incidencia en la población, los lugares donde se cometen ocasional o frecuentemente, la clase de delitos comunes a determinadas regiones, el personal que se requiere para el juzgamiento de los delincuentes, las necesidades carcelarias y otros datos de interés en estos campos.

A pesar de las distintas definiciones, en parte exlicadas por las adscripciones ideológicas-penales- a la que pertenece cada autor, para nosotros la estadística criminal será entendida como la ordenación y sistematización de información relativa al delito, delincuente y la pena, generados en el funcionamiento del sistema penal.

1.3.- LA ESTADISTICA CRIMINAL EN LAS NACIONES UNIDAS.

La actividad político criminal de las NN.UU. incluyó el desarrollo de la Estadística Criminal como un instrumento o medio para la formulación de políticas criminales, en los Estados miembros del organismo.

El Primer Congreso de las NN.UU. sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en Ginebra en 1955, vio ya la necesidad de crear institutos regionales encargados de "coordinar, promover y realizar investigaciones, orientadas a la acción, para se usadas en la implementación de políticas criminales, debidamente planificadas".50

En consonancia con esta política, en la región Latinoamericana, las NN.UU. creó el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, (ILANUD), en 1975, con sede en San José, Costa Rica.

El año 1976, el ILANUD, organizó el Primer Simposio sobre Política Criminal en Latinoamérica, en México, evento del cual salió la posición de que "lo primero que debía hacerse para el establecimiento de una política criminal propia, era contar con una estadística criminal científicamente llevada, que nos mostrará la realidad de nuestra delincuencia".51 Su antecedente fue el V Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado de Ginebra,

Suiza, en 1975, que manifestó su "preocupación por la falta de estadísticas criminales adecuadas sobre la delincuencia".

En el Sexto Congreso sobre la materia ya se recomienda que "todos los Estados intensifiquen esfuerzos para mejorar la información, en particular la información cuantitativa relativa a los delitos y a los sectores del sistema del justicia penal".53

En el Séptimo Congreso, las NN.UU. expresaron su preocupación por las falencias en las estadísticas criminales de algunos países y peor aún la ausencia de ella en otros Estados en los que era necesario la elaboración de información estadística y de otro tipo pertinente y fidedigna acerca del fenómeno de la delincuencia y el funcionamiento de los sistemas de justicia. Asimismo reconoció la importancia de la información estadística para las actividades de investigación destinadas a comprender mejor la delincuencia y el funcionamiento de los sistemas de Justicia Penal en los Estados miembros. Se subrayó los posibles beneficios de dicha información, incluido el mejor uso de los recursos, la mayor capacidad para enfrentarse eficazmente con la delincuencia y la mejor posibilidad de administrar justicia de una manera justa y equitativa.

Por resolución 9na. del Séptimo Congreso efectuado en Italia el año 1985, la Subdivisión de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y Justicia Penal publicó en 1986 un manual para la elaboración de estadísticas sobre justicia penal.

El manual fue publicado en Viena en 1986, y en su elaboración participó la Oficina de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Además de fijar pautas y principios que debían ser usados en la implementación y funcionamiento de los sistemas de estadística criminal en cada país, gran parte del manual se dedicó al empleo de tecnología informática en los sistemas de estadísticas sobre justicia penal.

En 1986 el ECOSOC ordenó al Secretario General estudiar los requerimientos técnicos, humanos y de infraestructura para establecer una red mundial de información sobre delincuencia y Justicia penal: el UNCJIN o Red de información de la Naciones Unida sobre Justicia Penal, que empezó a funcionar en 1989 prestando servicios de información estadística, bibliográfica, y actividades desarrolladas por el organismo (seminarios, cursos, etc).

La red recibe apoyo financiero del gobierno de los Estados Unidos, de la Universidad del Estado de New York en Albany. Junto a la Escuela de Justicia Penal Rutgers de la Universidad del Estado de New Jersey (EE.UU.) las NN.UU. participa en el desarrollo de una biblioteca electrónica mundial de justicia penal, que brindará amplia información sobre publicaciones, en materia penal de distintas bibliotecas.

El objetivo a largo plazo de la UNCJIN es la de facilitar a los gobiernos y las organizaciones los datos existentes en otros países, lo que resultaría útil para analizar y formular políticas de Justicia Penal, administrar sistemas de justicia penal y efectuar investigaciones criminológicas.

Asimismo la Red UNCJIN a través de la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal pública anualmente el boletín sobre tendencias delictivas y estudios de represalias.

A la par del trabajo desplegado por las NN.UU., los Estados miembros emprendieron una serie de tareas para mejorar los sistemas estadísticos en particular con el empleo de la tecnología informática. Se organizaron seminarios internacionales de discusión sobre la informatización de la información estadística. En ese sentido el evento mas importante fue el Seminario Europeo sobre Computadorización de la Información en materia de Justicia Penal, celebrando en Polonia, en 1987, donde se analizaron las ventajas y dificultades de dicho proceso. Se recalcó la importancia de informatizar la administración de justicia, y con ello la información estadística criminal, ya que esto permitiría aumentar la calidad, eficacia y eficiencia del proceso.

Los participantes del seminario especializado recomendaron que la informatización tuviera en cuenta las necesidades de información de otros sectores del sistema de justicia penal, para facilitar el empleo de datos agregados y fiables para la investigación y análisis de políticas. "La información relativa a la Justicia penal debería, en conjunto, ser compatible con datos nacionales de otras fuentes, como los de salud, bienestar social y economía con objeto de facilitar la comprensión de la delincuencia".

En el sistema de las NN.UU. se ha iniciado la informatización en el plano regional.

El Instituto de Helsinki de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, (HEUNI), afiliado a las NN.UU., efectuó un estudio sobre la posibilidad de establecer un sistema europeo de información acerca de las tendencias de la delincuencia y la justicia penal.

El Instituto Latinoamericano de las NN.UU. para la Prevención del Delito y el Tratamiento de Delincuentes, (ILANUD), de San José, Costa Rica, ha preparado un diccionario de términos jurídicos que se aplicará en América Latina y un manual para el establecimiento de un Sistema Integrado de Estadística de Criminalidad, (SIEC). El Manual, cuyo autor es Rodrigo Bolaños, experto asociado a ILANUD, es un documento básico y modelo para la investigación estadística de la criminalidad en la región, en diversos aspectos, entre otros: el mejor conocimiento de la causalidad de fenómeno y la ampliación del conocimiento de la condición socio económica del Imputado.

En casi todos los países, sobre todo europeos, se proyectan o planifican la información o el empleo de la tecnología informática en el mejoramiento de los sistemas se estadística criminal y, en el sentido más amplio de las NN.UU., de información en materia de justicia penal.

Se han establecido bancos de datos numéricos, que contienen estadísticas sobre en número de delitos y las actividades de los funcionarlos de servicios de represión, fiscales, tribunales y organismos de represión, en Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Islandla, Suecia, Gran Bretaña, Noruega, Irlanda del Norte, Suecia y los Estados Unidos. Este último posee uno de los mejores sistemas, por la accesibilidad y la calidad de datos cuantitativos que posee.

La importancia de la información, que en el fondo no es más que conocimiento, trasciende a tal grado que las NN.UU. y distintos países europeos, sobre todo, han visto por necesario e imprescindible establecer una red mundial de información sobre justicia penal, que comprende un amplio abanico de tipos de información desde delitos, víctimas, delincuentes, resoluciones judiciales, etc. hasta jurisprudencia, aplicación del derecho penal, bibliografía y estudios criminológicos; superando de este modo el aspecto del sistema internacional de estadísticas criminales, meta que había sido impulsada en un primer momento por las NN.UU., y que tenía por objetivo el estudio del alcance de la criminalidad y facilitar la cooperación internacional en materia de represión.

La informática y el empleo de la tecnología de transmisión electrónica de datos son, quizás, los instrumentos más importantes que permitirán concretar este proyecto, aunque quedarán por superar otros obstáculos de carácter técnico, jurídico, organizativo y humano.

Un primer paso la constituyo la informatización de la administración de Justicia, que tuvo como precedente la informatización en la esfera jurídica con el estudio de los bancos de datos jurídicos, particularmente en los sectores de legislación y jurisprudencia.

Los esfuerzos del organismo mundial por introducir la informatización en la administración de los sistemas de justicia penal continúan y para esto, en el Noveno Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, llevado en el Cairo en mayo de 1995, se realizaron y dictaron seminarios sobre la informatización de los sistemas de justicia penal, sobre todo en la gestión de la misma.

CAPITULO III

APLICACION DE LA ESTADISTICA CRIMINAL EN LA FORMULACION DE UNA POLITICA CRIMINAL

CAPITULO

2.- APLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA CRIMINAL

2.1.- LA FORMULACION Y EVALUACIÓN DE UNA POLÍTICA CRIMINAL

La sociedad vive en permanentes conflictos derivados de varios factores causales. Qué hace el Estado ante estos conflictos? Interviene, fijando políticas de control; diseña y pone en ejecución una serie de políticas con el fin de evitar que los conflictos deriven en cambios y tensiones.

La intervención estatal adquiere distintas formas y grados (no intervención, establecimiento de reglas, conciliación, disuación, etc); el Estado define los niveles y formas de intervención, y respalda su accionar en razones de orden filosófico y teleológico.

El nivel de intervención máxima es aquella donde la solución a los conflictos y tensiones es la violencia: el derecho penal. El Estado poseedor del monopolio punitivo establece políticas de control de los conflictos de este nivel: formula políticas criminales, es decir:

  • determina áreas o sectores de intervención penal estatal (en este proceso intervienen sujetos sociales con capacidad para la toma de decisiones político criminales);
  • establece los Instrumentos o medios para la realización de esos fines político criminales (cárceles, policía, normas, instituciones, tribunales);
  • define las reglas o mecanismos que regularan la vigencia o funcionamiento de los instrumentos o medios político criminales.

El proceso de formulación se apoya en objetivos y fines, y estas determinan, en último caso, un programa político criminal en concreto. Pero, cómo y de qué modo llega a sus objetivos, una política criminal?. Por medio de los instrumentos y reglas que el Estado diseña para llegar a las metas, a esto se le denomina estrategia.

El resultado de una estrategia es el establecimiento de los instrumentos, es decir instituciones, normas, policía, tribunales, prisiones y otros medios o mecanismos que permiten alcanzar los objetivos político-criminales. La estrategia puede ser preventiva o represiva.

Una política criminal se articula a través de múltiples instrumentos o planos institucionales (normativos, policía, medios de comunicación, etc). Es un proceso dinámico en el que intervienen múltiples factores interdependientes.

El proceso de formulación de una política criminal puede ser graficado así:

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Formular significa apreciar o justipreciar, es decir, evaluar lo que existe y cómo funciona, determinar lo que se debe cambiar y las innovaciones que han de introducirse. Evaluar implica, a su vez, establecer o determinar dos aspectos: la política criminal formulada y cómo se desarrolla o concreta en la realidad ésta.

Entonces la evaluación de una política criminal, para formular otra, supone el análisis de la relación dialéctica existente entre su formulación y su configuración. Es preciso, en la evaluación de una política criminal, llegar a ver los grados de distorsión o variación (cultural, político, o de otro tipo) que la misma asume en su configuración. Muchas veces la configuración -vigencia o aplicación- puede ser totalmente distinta a su formulación.

La formulación de una política criminal se sustenta en la evaluación de los distintos elementos que inteivienen en su configuración -instrumentos y reglas-, para determinar las distorsiones patológicas y fisiológicas de la misma. Es un proceso que determina y establece si la estrategia - instrumentos y reglas creadas para cumplir las metas- lleva a los objetivos deseados, o si por el contrario adquiere autonomía propia, en relación a los objetivos político criminales.

La evaluación debe partir del análisis sincrónico -elementos por separado sin tener en cuenta el Uempo- hasta concluir en el análisis diacrònico - en la que el tiempo, y la dinamicidad, se incorporan en el análisis teórico-.

En definitiva la formulación requiere de la evaluación en el contexto en el que se desarrolla una' política criminal. "La evaluación debe ser un proceso de acción- reflexión que nos permita confrontar el grado de coherencia que existe entre nuestras formulaciones teóricas, la metodología usada y las prácticas del sistema penal".

Además la formulación supone una diversidad de etapas, análisis, coordinación y contribución de organismos, sectores sociales y disciplinas que tienen que ver con el problema de la criminalidad y la justicia penal. Deben tenerse en cuenta los aportes del derecho penal, procesal, personal, judicial", penitenciario y otros conexos como la criminología, la penología, etc.

Es primordial que la evaluación y planificación, concretadas después en la formulación, tengan o se lleven en el contexto social, económico, político, cultural y de otra índole, para el que se elabora, y no de teorías penales importadas y sin el suficiente basamento factual o correspondencia con la realidad.

En la formulación deben aprovecharse todo el conocimiento económico, social y técnico acumulado por diversas organizaciones. Institutos de investigación, etc. "La organización del proceso de planeamiento debe mirarse como una manera de incorporar el conocimiento, la experiencia y el trabajo conceptual de distintas organizaciones e individuos al esfuerzo común de hallar las mejores modalidades de justicia penal".

Los resultados y conclusiones de un proceso de evalución deben ser fruto de un proceso participativo de indagación y comprensión, donde confluyan las experiencias de los distintos actores y operadores del sistema de justicia penal.

La tarea de evaluación debe, en opinión de Manuel López Rey y Arrojo, considerar la determinación de los siguientes aspectos:

  • condiciones socio-económicas y culturales de las personas que pasan por el sistema penal (policía, tribunales, prisiones).
  • delitos más frecuentes (clases) por tipo de personas, edad, sexo, y su distribución por sectores sociales.
  • factores que determinan los sobreseimientos, sentencias, absolutorias y las razones que influyen en un bajo porcentaje de aclaración de delitos de parte de la policía.
  • distribución y duración efectivas de las penas privativas de libertad.
  • reincidencias, por tipo de delitos y los términos medios en que se da.
  • determinación de áreas de mayor o menor concentración de criminalidad y su distribución por sexo, edad, ocupación, domicilio.
  • papel de las condiciones prevalentes de trabajo, desempleo, uso de drogas en la criminalidad.
  • la efectividad y costo del sistema de justicia penal. Modalidades más salientes de la criminalidad.
  • papel de las mejores condiciones de vida en el aumento o disminución de la delincuencia.
  • el impacto del progreso técnico y científico en el aumento o disminución del crimen.
  • participación de extranjeros en el crimen.

Y entre los aspectos de carácter no criminal es preciso indagar los siguientes:

  • movimiento poblacional (sexo, edad, ocupación, ingresos, educación, salud, medios de comunicación).
  • la extensión de la corrupción en la administración pública, la efectividad de los servicios públicos.
  • la extensión y modalidades de la negligencia profesional, burocrática, laboral, etc.
  • pautas o modalidades de convivencia social (valores, costumbres, ritos, actitudes, etc.).

Esta enunciación refleja la complejidad de los factores condicionantes de la criminalidad. Sin embargo, cuanto veces más se evalúen estos factores, y muchos otros, más correctas serán las deducciones a fines de política criminal.

Indagadas las bases factuales o aspectos que determinan la realidad criminal la siguiente tarea es la discusión, análisis y determinación de las cuestiones esenciales a la política criminal: su contenido.

Este proceso tiene por objeto definir: la finalidad de la justicia penal, la estructura y funcionamiento de la misma y otras cuestiones que tienden a la realización de la política criminal.

Es importante distinguir que la planificación de la política criminal presenta dos aspectos mayores: la determinación de los elementos esenciales de aquél y otro, la articulación de la administración de Justicia como un todo sistèmico del que es parte el sistema penal. Esto significa que aunque la planificación de la política criminal y de la justicia son dos operaciones estrechamente relacionadas que difieren entre si, una cosa es formular dicha política y otra el sistema que ha de hacerla efectiva.

Las cuestiones más importantes que un proceso de formulación de política criminal debe definir son, según López Rey y Arrojo:

  • La finalidad de la justicia penal. Sirven de marco de referencia los instrumentos normativos elaborados por las NN.UU. (Declaración de los Derechos Humanos, convenios sobre derechos económicos, sociales, civiles, políticos, etc.).
  • Los principios o prácticas penales, procesales, etc., deben basarse en la búsqueda de una justicia socio-política que preserve los derechos más fundamentales dentro de un sistema democrático.
  • El sistema penal. Comprende la estructuración de las instancias, organismos y niveles que pondrán en ejecución de la política criminal : policía, tribunales, fiscales, prisiones, asistencia jurídica, etc.
  • La policía. Organismo que se ocupará del mantenimiento del orden y de la seguridad. La determinación de su naturaleza, organización, fines y alcances, es tarea que compete en ésta esfera de discusión.
  • La Policía Judicial. Misión esencial, la averiguación de los delitos mediante la Investigación policial-judicial, determinar al delincuente, asistir a la víctima, detener al presunto culpable, acumular pruebas, etc.
  • El Ministerio Público. Según la postura u orientación político criminal asumida, ésta se definirá en correspondencia a aquel (estructura, naturaleza, fines).
  • La Función Policial. De carácter socio-político hoy, es menester adoptar un sistema de justicia organizado sistemáticamente como un todo y no a base de una proliferación de organismos.
  • La Asistencia Jurídica. Discutir el papel, alcances y fines de ésta en el sistema de justicia penal, y de acuerdo a su naturaleza, adoptar el idóneo.
  • El tratamiento Penal. Fundada en consideraciones de orden criminológico y de protección a la comunidad, la victima y el propio delincuente.
  • La Criminalidad. Las victimas, los delincuentes, los tipos especiales, la jurisdicciones especiales e inmunildades; las penas no privativas de libertad, etc., son las otras cuestiones que deben analizarse y definirse en el proceso de formulación político-criminal.

2.2.- SISTEMA DE ESTADISTICAS CRIMINALES

La estadística criminal es, siguiendo el enfoque de las NN.UU., la ordenación y sistematización de información relativa al delito, delincuente y la pena, generados

en el funcionamiento del sistema penal, por tanto un sistema de estadísticas criminales tiene por objeto, la obtención sistemática de datos relevantes para la investigación, análisis y decisiones de política criminal.

La organización y funcionamiento de un sistema de estadísticas criminales es planificada, es decir científica, cuando se define de modo claro el objeto, los alcances y los medios empleados en la producción de información estadística.

La estructuración científica de un sistema de estadísticas criminales contempla, entre otras cosas, lo siguiente:

  • la definición clara del objeto de las estadísticas criminales (indicadores comunes que conjuguen las distintas perspectivas e intereses de los organismos que componen el sistema de justicia penal);
  • datos numéricos sujetos a principios de validez, fiabilidad y relevancia;
  • interrelación entre datos;
  • uniformización de metodologías de recolección, procesamiento y evaluación de datos en los distintos organismos del sistema (registros administrativos) ;
  • sistematicidad en la producción de información estadística.

En este sentido la producción de la información estadística en las tres esferas más importantes (judicial, policial, penitenciaría) debe, para preciarse de científica, tener las características siguientes:

  • planificación sistemática que determine el objeto, los alcances y la metodología que se aplicará en las tareas de obtención, elaboración y difusión de información y datos estadísticos.
  • el sistema debe proporcionar un cuerpo coherente de indicadores, índices, tasas y frecuencias precisos y suficientes.
  • el sistema debe interrelacionar los datos entre sus distintos componentes; efectuar el análisis y difusión debidos.
  • el sistema debe ser integral, es decir debe abarcar tanto las necesidades de información concreta de los distintos subsistemas (policía, fiscalía, tribunales, etc), como las necesidades comunes a todo el sistema.

Asimismo un sistema de estadísticas debe estar en condiciones de ofrecer datos numéricos o información cuantitativa sujeta a principios de: validez, relevancia y fiabilidad.

A la vez, la información estadística elaborada debe ser: suficiente y oportuna.

En general, todo sistema o red de estadísticas criminales debe tener en cuenta cuatro elementos principales en su organización, implementación y funcionamiento.

1. Los destinatarios

2. Los recursos

3. La información a producir

4. Los medios (metodología) usados en la elaboración de información estadística (recolección, procesamiento, análisis y evaluación y difusión)

De acuerdo a las Naciones Unidas un sistema de información estadística criminal de un país debe recopilar, almacenar, analizar y difundir información estadística, organizada en categorías concretas, para su uso en tareas como:

  • Ø decidir casos particulares
  • Ø administrar el sistema de justicia penal
  • Ø planificar y adoptar decisiones a largo plazo
  • Ø efectuar análisis e Investigación científica
  • Ø ejercer fiscalización social e impartir educación social y jurídica.
  • Un aspecto importante que determina la eficiencia y calidad de un sistema de estadísticas criminales es la magnitud de integración de los distintos sistemas de información que poseen los subsistemas del sistema penal (policía, penitenciarias, tribunales, fiscalía).

Por esta razón es fundamental la coordinación y compatibilización de los fines, perspectivas y necesidades de los diferentes organismos, de modo que el proceso contribuya al logro de los objetivos de los organismos que conforman el sistema de justicia penal. En la medida en que los componentes de la justicia penal constituyen un sistema, los resultados de una entidad sirven de información a otra. Por ejemplo, los casos presentados por la policía ante el fiscal, serían estadísticas de resultados para la policía y estadísticas de información para el fiscal. Del mismo modo, los casos resueltos por los tribunales serían, a la vez, una estadística de resultados judiciales y una estadística de información para la prisión.

Sin embargo, un enfoque a partir del sistema resulta limitado. Cada componente es independiente en mayor o menor grado. No obstante, la perspectiva del sistema puede resultar útil para definir las necesidades y relaciones estadísticas.

Otro aspecto que debe resaltarse es el hecho de que para facilitar, a los usuarios de los datos, la comparación de las versión policial de los hechos (información estadística) con los cargos efectivamente presentados, las resoluciones de los tribunales y otros antecedentes de ese orden, es importante la aplicación de conceptos y clasificaciones comunes en la definiciones y los procedimientos de registro de datos. Aunque el Código Penal es el punto de partida fundamental, muchos países han considerado útil introducir sistemas de clasificaciones comunes en el que distinguen delitos violentos y no violentos, delitos contra las personas y la propiedad, y delitos

comprendidos en el Código Penal y delitos de otra índole. La policía por lo general registra los casos, a los fines de sus propias actividades y tales casos pueden abarcar más de un suceso criminal, por este motivo es preciso un acuerdo expreso sobre la forma de distinguir y contabilizar los sucesos.

La determinación del significado de las estadísticas criminales es establecido por el sistema jurídico penal de cada país. El sistema jurídico penal es el que define los delitos, y su consecuencia establece quiénes son los delincuentes, de ahí las diferencias entre un país y otro, en lo que se refiere a las definiciones de delito, delincuente, víctima, sospechoso, cargo, declaración de culpabilidad y otros conceptos.

En cuanto al contenido y alcance de un sistema de estadísticas criminales el programa político criminal de las Naciones Unidas ha establecido tres subgrupos de estadísticas:

1.- El Suceso Criminal.

Es la categoría más elemental de cualquier sistema estadístico y comprende, a su vez, tres grandes áreas: el hecho delictivo el autor, y la victima.

Las series estadísticas más importantes están referidas a la frecuencia y gravedad de los delitos (número y tipo de delitos; su clasificación en urbano, rural, por zonas geográficas, tamaño y tipo de lugar); las características de los delincuentes (número de delincuentes acusados, su proporción en relación al resto de la población, clasificación por Upo de delito, sexo, edad, origen nacional, categorías socio-económicas, zonas geográficas, de residencia, tamaño, etc).

La situación del autor de un delito varia según la fuente de datos, así, en los registros policiales figuran los sospechosos y acusados; en los expedientes de los tribunales, los procesados y sentenciados; en los registros carcelarios, los presos o internos.

2.- El sistema de justicia penal,

que incluye los antecedentes, los procesos, los resultados y los recursos.

3.- El contexto demográfico, social y económico

Para la determinación de datos e indicadores más importantes a nivel nacional es preciso efectuar un análisis de las necesidades de los usuarios y del sistema de justicia penal. El resultado de dicho proceso es la estructuración del contenido del sistema de información estadística.

Las categoría más importantes que un sistema de estadísticas criminales debe poseer son:

  • frecuencia de delito (gravedad, tendencia, etc) características de los delincuentes.
  • volumen de trabajo del sistema (delitos, detenciones, expedientes, resoluciones, delincuentes bajo custodia, etc).
  • delincuentes y casos que se desplazan a través del sistema.
  • reincidencia efectiva en cada etapa del sistema penal.
  • características de las víctimas.
  • recursos utilizados (financieros y humanos)
  • correlaciones de delitos (económicos, demográficas, ele), costo económico y social del delito.
  • actitudes e inquietudes de los ciudadanos respecto del delito y la justicia penal, etc.

Un sistema de estadísticas criminales debe responder a. través de los datos que produce, como mínimo las siguientes preguntas.

  • ¿Cuantos delincuentes hay? ¿Cuanta actividad delictiva existe? ¿Qué delitos son cometidos por cuáles delincuentes? ¿Cuáles las características de los delincuentes? (proporción de delincuentes que cometen determinado tipo de delitos)
  • ¿Cuál la participación de determinadas personas (mujeres, menores, profesionales. etc.), en la delincuencia.?
  • ¿Cuáles son los antecedentes familiares, económicos y educativos de los reclusos en la cárcel?
  • ¿ Qué papel juega el alcohol y las drogas y otros factores en la delincuencia y en la vida del delincuente?

Un sistema estadístico con datos suficientes es aquella que, por ejemplo, puede brindar los datos necesarios para responder la siguiente pregunta:

  • ¿Con qué frecuencia se producen detenciones por hurto, declaraciones de culpabilidad por hurto y condenas a la pena de prisión, y cuál es la duración media de la pena y el plazo de cumplimiento efectivo se esta?

En la respuesta de esta interrogante son necesarias, como mínimo, los siguientes datos:

  • datos policiales: incidentes o hechos delictivos, detenciones por robo.
  • datos procesales: declaraciones de culpabilidad sentencias (Upo y duración) por delito.
  • datos penitenciarios: tiempo de cumplimiento de la sentencia por delito.

La relación y análisis de estos datos debería indicar que proporción de los incidentes da lugar a detenciones, que proporción de las declaraciones de culpabilidad da lugar a penas de prisión, la duración de las penas y que parte de éstas fue cumplida como promedio.

Un ejemplo de las series estadísticas que un sistema de estadísticas criminales debe contener es el modelo Alfa, diseñado y desarrollado en Holanda en 1986 y que entró en funcionamiento en 1988.

El modelo describe cuantitativamente el flujo de casos durante un año determinado en los diversos organismos y la duración de los distintos procesos y la cantidad de recursos que disponen los organismos.

El sistema Alfa es usado por los fiscales, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia para coordinar actividades de lucha contra el crimen, con organismos como la policía, los tribunales y las prisiones; asimismo es empleado en tareas de supervisión y diseño de políticas específicas, y para planificar" cambios en la política nacional sobre la delincuencia.

El modelo ALFA se alimenta y combina información de diferentes fuentes: policía, tribunales, prisiones y otras estadísticas, de modo sistemático. Almancena un caudal de información estadística que antes.no podía obtenerse fácilmente.

El modelo básico contiene los siguientes elementos de datos:

Policía

1. Número de delitos registrados.

2. Número de delitos aclarados.

3. Número de varones adultos sospechosos.

4. Número de mujeres adultas sospechosas.

5. Número de varones menores sospechosos.

6. Número de mujeres menores sospechosas.

7. Número total de sospechosos.

Fiscal

8. Número de casos abordados exclusivamente por el fiscal.

9. Número total de casos desistidos.

10. Número total de casos desistidos por razones policiales.

11. Número total de casos agregados oficiosamente a otros expedientes.

12. Número total de casos agregados oficialmente a otros expedientes.

13. Número total de casos agregados a otros expedientes.

14. Número total de multas percibidas directamente por el fiscal.

15. Número total de remisiones a otros fiscales.

16. Número total de otras decisiones definitivas.

Tribunales

17. Número de causas juzgadas por los tribunales.

18. Número de condenas de prisión incondicionales.

19. Número de condenas de prisión parcialmente condicionales.

20. Número de condenas de prisión condicionales.

21. Número de multas incondicionales.

22. Número de multas incondicionales más condenas de prisión condicionales..

23. Número de internaciones en clínicas especiales para delincuentes mentalmente perturbados (indeterminados).

24. Número de condenas de prisión incondicionales más internaciones en clínica.

25. Número de condenas sin sanción.

26. Número de otras sanciones.

Prisiones

27. Número total de condenas de prisión incondicionales.

28. Duración media de las penas de prisión.

29. Variación normal de condenas de prisión.

30. Número de días transcurridos hasta el fallo del juez de policía.

31. Número de días transcurridos hasta el fallo del tribunal penal.

32. Número de días transcurridos hasta el fallo del tribunal de menores.

33. Número de días transcurridos hasta la decisión definitiva del ministerio fiscal.

Por el alcance y objeto, un sistema de información sobre justicia penal no es más que "todo procedimiento utilizado para reunir, almacenar, analizar y difundir información sobre delitos, víctimas, delincuentes, violaciones registradas al derecho penal, circunstancias, procedimientos, decisiones y resoluciones".

En criterio de las Naciones Unidas, un sistema de información sobre Justicia Penal, que abarca un campo más amplio, debe contener las siguientes series de datos básicos:

a) Casos y denuncias de la perpetración de actos prohibidos, o información sobre perpetración de estos enmanada de otras fuentes; fases de instrucción, procedimientos judiciales iniciados, etc.;

b) Actos prohibidos (principalmente, delitos denunciados comprobados en la fase de instrucción; delitos punibles, por ejemplo, según sus características jurídicas);

c) Circunstancias (lugar y forma de perpetración del delito, momento de la perpetración);

d) Delincuentes (descubiertos, aprehendidos, sospechosos (en la acepción procesal del término, esto es, personas acusadas de la perpetración de un delito) detenidos provisionalmente, acusados, juzgados, declarados culpables, condenados (con arreglo a las sanciones penales aplicadas y la medida de esas sanciones penales), presos, en libertad condicional, etc.);

e) Las víctimas y su posible participación en la perpetración del delito;

f) Características criminológicas y jurídicas de los delincuentes y características victimilógicas de los damnificados;

g) Decisiones (en las actuaciones previas a la fase de instrucción, en la fase de instrucción, en el procedimiento judicial y ejecutivo);

h) Costos sociales y económicos del delito y funcionamiento del sistema de justicia penal (entre ellos pérdidas materiales cuantificables y las perturbaciones de la vida social);

i) Personal (profesional y a jornada parcial) del sistema de justicia penal, y sus características;

j) Equipo técnico del sistema de justicia penal (incluido el equipo técnico para cursos de capacitación y talleres en las prisiones);

k) Derecho penal vigente, sentencias de la Corte Suprema (tribunal);

l) Resultados de la investigación empírica sobre el delito y el funcionamiento del sistema de justicia penal;

m) Indices especiales (por ejemplo, estructura demográfica por edad, sexo y consumo de alcohol);

n) Postmódulo nacional electrónico, sistema bancario electrónico, datos técnicos, etc.

A fines de seguimiento, evaluación y atención de los intereses fundamentales de la colectividad en materia de control de la delincuencia, orden y seguridad públicos, las series estadísticas sobre frecuencia y gravedad de los delitos, son las más trascendentales. En este sentido la mayoría de las necesidades se plantean en conocer la medida en que un determinado Upo de delito se encuentra en ciertas comunidades o regiones, las características de los delitos y su gravedad, etc.

Otra cuestión esencial es la referida a la información sobre los delincuentes, su proporción en relación a distintos sectores de la población y durante períodos determinados, características de los delincuentes como tipo de delito cometido, y otros datos como el sexo, edad, origen nacional, categoría, socio-económica, etc. Estos datos de igual modo son utilizado en la evaluación e investigación del compor-tamiento de la criminalidad y sus efectos en la administración de la justicia penal.

Las características de los delincuentes normalmente se obtienen de los antecedentes policiales registrados por las autoridades encargadas de la prevención y segundad pública.

Existe mucho debate aún entorno al uso de las estadísticas oficiales de la policía como medida de conducta delictuosa. Las investigaciones han demostrado

que no todos los delitos tienen la misma posibilidad de llegar a conocimiento de las autoridades policiales, en parte debido a la prioridad que la propia policía asigna a los distintos hechos delictivos y en parte debido a que las víctimas o testigos pongan esos hechos en conocimiento de las autoridades.

Las estadísticas criminales permiten analizar el comportamiento, evolución y "rendimiento" del sistema de justicia penal.

Las estadísticas judiciales brindan datos e indicadores que nos permiten conocer cómo se administra la justicia penal y en base a los resultados formular propuestas para su reforma.

Por otro lado el examen de la distribución de personal en cada sector del sistema de justicia penal (policía, tribunales, prisiones) puede dar una idea de las diferentes, estructuras orgánicas u orientación de cada sistema penal. Por ejemplo, la asignación de un elevado personal en el establecimiento penitenciario puede significar que el sistema de justicia es más punitivo u orientado al tratamiento; una elevada proporción de policías puede expresar que el sistema de justicia penal tiende a aplicar medidas más estrictas de lucha contra la delincuencia.

Las tasas de delincuencia, detenciones, procesamientos y de sanción constituyen indicadores, valiosos de la criminalidad: su proporción, magnitud y evolución en el tiempo. Estas tasas se basan o tienen por base a las fuentes estadísticas de la policía y constituyen la proporción de delincuentes (delitos) en relación a una determinada población (geográfica y cuantitativa).

Los resultados que muestran las tasas de delincuencia suponen de ordinario los cambios en la pautas de conducta, sin embargo no debe ser interpretadas exclusivamente de ese modo, ya que también influyen en ella, los cambios que experimentan las prácticas de registro de delitos o las modificaciones en la legislación, además,

de otros factores como los recursos y nivel de tecnología disponibles, las prioridades o políticas de lucha contra la delincuencia, la situación socio-económica, etc.

Las tasas de delincuencia registradas pueden reflejar no solo la conducta de los ciudadanos sino también el nivel de recursos y de eficiencia de la policía o el grado de confianza del ciudadano en el aparato de represión. Asimismo es un indicador importante del volumen de trabajo del sistema de justicia penal y pueden contribuir a determinar las pautas de actuación de los órganos policiales con las tasas de personas detenidas, sospechosas o procesadas.

A esto debe agregarse que en una situación en la que la administración de justicia representa un considerable gasto en relación a la escasez de recursos, las tasas de criminalidad tienen especial relevancia en este contexto.

En este contexto las estadísticas administrativas, por ejemplo sobre volumen de casos, entradas y salidas de casos y sobre gastos, han cobrado importancia a fines de supervisión de la labor realizada y la planificación estratégica y operacional. Además las estadísticas son esenciales para ayudar en la investigación y análisis de políticas en materia de justicia penal y de otras políticas y planes sociales y globales. Y por último es preciso contar con estadísticas apropiadas sobre justicia penal para entender y tratar de estructurar el desarrollo social.

En definitiva las cifras y datos sobre el delito y la lucha contra la delincuencia tienen un poder considerable: el poder de realizar cambios.

Un sistema se estadísticas criminales y sobre Justicia penal, como elemento de una sociedad democrática, debe desarrollarse en base a las exigencias, necesidades y percepciones que el público o la ciudadanía sostenga, y para esto es preciso que él conozca cómo funciona su sistema de justicia penal y la forma en que los datos relacionados con los delitos reflejan mejor el funcionamiento del sistema.

2.3.- APLICACION DE LA ESTADISTICA CRIMINAL.

Es inevitable que cada uno de los elementos del sistema de justicia penal origine una gran cantidad de legados, pero para que éstos proporcionen información valiosa para la adopción de decisiones de justicia penal es necesario que se transformen todos esos datos sin ordenar, compilándose y organizándose en forma estadística.

En líneas generales, las estadísticas sobre justicia penal se utilizan en tres esferas independientes: administración, planificación e investigación y análisis de políticas.

2.3.1.- Administración.

Toda organización u organismo debería tener capacidad para supervisar sus propias actividades. En general se podría definir la gestión como el proceso de organización de un conjunto de recursos para cumplir metas y objetivos fijados.

Para que la gestión sea eficaz hace falta información a fin de determinar si las metas y objetivos se cumplen de manera oportuna y ordenada (¿Es necesario el servicio y está éste organizado en forma racional de acuerdo con las necesidades?) y si se están utilizando los recursos de manera eficiente y eficaz.

Cuanto más compleja sea la organización, mayor necesidad habrá de información estadística, en particular sobre recursos y asignación y sobre casos y número de casos. Por ejemplo, el funcionario de policía está llamado a cumplir objetivos relacionados con la seguridad pública, las peticiones de asistencia del público, la detención de delincuentes y otros similares. Para cumplir dichos objetivos deberá asignar una variedad de recursos, ya sean de personal, monetarios, métodos de funcionamiento, Instalaciones o equipo. Los informes estadísticos periódicos que integren información sobre la asignación de recursos, asi como sobre la incidencia de peticiones de servicios, tipos de delito, identificación de sospechosos, etc. son cruciales para que el funcionario pueda entender los problemas del organismo de que se trate y estudiar las posibles soluciones.

Del mismo modo, los funcionarios de los organismos encargados de administrar la libertad condicional o vigilada podrán utilizar la información estadística disponible sobre el volumen para determinar, por ejemplo, si el número actual de casos concuerda con la política del organismo y, en caso contrario, qué cambios es necesario introducir.

Las estadísticas proporcionan cierta orientación con respecto a si el personal está respondiendo a las expectativas mínimas y la eficacia con que cumple un organismo sus metas y objetivos establecidos.

La información estadística es crucial para las decisiones en materia de personal y el presupuesto y puede servir para indicar a otras dependencias y organismos si se están cumpliendo los objetivos con arreglo a los procedimientos y políticas establecidos.

En algunos países los organismos de control, el público y los representantes de los intereses públicos, en particular los medios de comunicación y los grupos de intereses especiales, piden cada vez más información sobre la eficiencia y la eficacia. Los informes estadísticos anuales y los estudios estadísticos especiales pueden contribuir en una medida importante a satisfacer esas exigencias.

2.3.2.- Planificación.

La planificación comprende la determinación de métodos alternativos para cumplir alguna meta futura.

Por ejemplo, para el funcionamiento judicial la planificación puede comprender la búsqueda de medios de reducir el tiempo empleado en la tramitación de casos o de desarrollar un método más eficaz de elaborar actas de los juicios. Para el funcionario de prisiones puede comprender el desarrollo de un sistema mejor de clasificación a fin de que se puedan asignar los recursos a las necesidades y objetivos identificados.

El proceso de planificación incluye las siguientes etapas:

a) Comprender la situación de que se trata;

b) Formular en términos claros el objetivo que se debe alcanzar;

c) Identificar otros posibles métodos para alcanzar el objetivo y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos;

d) Establecer criterios para seleccionar el mejor método;

e) Aplicar el método para el logro del objetivo;

f) Establecer un sistema para suministrar información sobre si el plan está cumpliendo sus objetivos de manera eficiente.

Normalmente, cada una de las etapas del proceso de planificación requiere información, incluida la información estadística.

Se podría citar como ejemplo el caso del administrador de la justicia penal que sabe que unas Instalaciones penitenciarias están funcionando a un 95% de su capacidad, mientras que la tendencia histórica en cuanto a ingresos y puestas en libertad indica que en un plazo de dos años ese establecimiento estará funcionando a un 102% de su capacidad. La experiencia con este tipo de establecimientos Indica que la prisión nunca debería funcionar a más de un 95% de su capacidad a fin de permitir un cierto grado de libertad para clasificar y segregar administrativamente a los reclusos y para la instalaciones renovando el edificio, ampliandolo, etc. Si la administración sabe cuál es la población penitenciaria proyectada, podrá estudiar diversas opciones, como, por ejemplo, cambiarlas normas de clasificación/incrementar el número de puestas en libertad mediante suspensión de la ejecución de la sentencia y otros métodos, ampliar las instalaciones existentes y construir otras nuevas. Es decir, que las estadísticas ayudan al administrador a reconocer el problema, determinar sus consecuencias, identificar posibles procedimientos para hacer frente a éstas y reconocer las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

La información estadística ayuda a discernir entre diferentes opciones y a supervisar la aplicación del procedimiento seleccionado.

Cada administrador debe prever posibilidades y poner en práctica planes basados en esas previsiones. Las técnicas de previsión comprenden desde procedimientos cualitativos basados en la experiencia y los conocimientos prácticos (y la hipótesis) hasta técnicas estadísticas muy avanzadas.

Si no enfocan las previsiones en forma sistemática, los administradores de justicia deberán aceptar el futuro tal como se presente y adoptar un tipo de gestión reactivo que en el peor de los casos podrá convertirse en la gestión de una crisis. Independientemente de la técnica empleada, todos los métodos de previsión parten de la hipótesis de que el futuro está en cierta manera relacionado con el pasado. Por lo tanto, las previsiones sobre la delincuencia y distintos aspectos de la administración de justicia requieren, como mínimo, el uso de datos estadísticos.

Series estadísticas necesarias para la planificación

Tipos de organismo que requieren es­tadísticas para las decisiones en materia de planifica­ción

series

Policía

Delitos de los que se da parte a la policía, sospecho­sos de haber cometido un delito. Características de los sospechosos. Delitos de los que se da parte, por zona geográfica y momento del día, mes y año.

Ministerio Público

Expedientes de casos, por delitos y antecedentes pe­nales del delincuente Decisión preliminar y decisión final, por tipo de caso.

Tribunales

Expedientes de casos.

Casos en espera de Juicio y decisión final

Sentencias, por tipo de caso

Prisiones

Delincuentes condenados, por tipo de pena. Ingresos, por categoría de establecimiento peniten­ciario.

Fugas e infracciones disciplinarlas. Puestas en libertad, por categoría.

Programas que no implican confinamiento en estable­cimientos penitenciarios.

Delincuentes condenados a penas que no sean de prisión.

Tipos de Ingreso, por programa y delito.

Infracciones.

Penas cumplidas.

2.3.3.- Investigación de Políticas.

El análisis de políticas guarda relación con los intentos de determinar los efectos de los cambios en materia de políticas, legislación, procedimiento o de medio ambiente y de establecer estrategias a la luz de esos efectos previstos.

Por ejemplo, un analista de políticas tal vez quiera determinar: los efectos de los cambios demográficos, tales como la disminución de la edad media de la población o la migración constante de mano de obra no especializado, sobre la tasa de criminalidad; los efectos de las variaciones en la tasa de criminalidad sobre el volumen de trabajo de la policía, los tribunales y las prisiones; o el efecto de los cambios de política o procedimiento sobre el proceso de justicia penal, como, por ejemplo: ¿que aumento producirá en la capacidad judicial un cambio en los procedimientos para archivar los casos por el que se reduzca el periodo medio caso por caso en un 5%?

El análisis de políticas puede revestir dos formas: el análisis interno, cuyo objeto es determinar los efectos de la política iniciada por un organismo o de los cambios de procedimiento sobre el funcionamiento de dicho organismo, y el análisis externo, cuyo objeto es determinar los efectos sobre un organismo de los cambios de política y procedimiento de otro organismo o de cambios en el medio en que éste opera. Ambos tipos de análisis pueden realizarse antes de que se produzcan los cambios, lo que a menudo se denomina simulación de políticas, y después de los cambios, como evaluación o análisis de los efectos. Esos análisis exigen datos estadísticos.

La investigación y el análisis de políticas se basan por lo general en el criterio de que el delito es relativo, que para entenderlo se debe entender también el vínculo existente entre los cambios que se producen en el fenómeno de la delincuencia y los cambios experimentados en las condiciones sociales que configuran su forma y carácter y generan, mantienen o hacen que disminuya o aumente la tasa de criminalidad. Esto quiere decir que las estadísticas sobre justicia penal sólo proporcionan una visión parcial del delito y su contexto. Además habida cuenta de que, según se dice, la delincuencia es un proceso que a menudo acompaña al desarrollo, la relación entre delincuencia y desarrollo sólo se puede entender y determinar mediante un análisis basado en la información de la relación entre diversos delitos y diversos procesos de desarrollo a diferentes niveles.

Así pues, al igual que otras estadísticas sociales son necesarias para comprender el delito, la justicia penal puede desempeñar un papel importante en la evaluación del cambio social y la formulación de la política social.

En este contexto, las estadísticas sobre justicia penal pueden considerarse parte de un cuerpo más amplio de estadísticas e indicadores sociales que se componen de datos generalizados o acumulados sobre las características más importantes de la sociedad.

Para comprender la relación entre delincuencia y desarrollo social, es decir, para comprender el cambio social, es importante en primer lugar que la construcción y evaluación de las estadísticas sobre Justicia penal se confronten con otros sectores de la estadística y, en segundo lugar, que se establezcan indicadores del delito para registrar los tipos y formas de las actividades delictivas y de las complejas actividades institucionales relacionadas con la lucha contra el delito y la sanción de éste y para analizar la relación que existe entre la delincuencia y los siguientes elementos:

  • conocimientos(educación, capacidad de innovación, otros tipos de conocimientos).
  • cambios demográficos.
  • organización de la sociedad, cultura y cambios culturales, tecnología.
  • cambios en las estructuras políticas y Jurídicas,
  • distintas formas de diferenciación social.

2.4.- IMPORTANCIA DE LA ESTADISTICA CRIMINAL.

El funcionamiento de un sistema de justicia penal genera información el cual es preciso transformar en información ordenada y sistematizada; esto es esencial por cuanto está es la base para la adopción del decisiones de justicia en general y política criminal en particular. .

Un sistema de justicia penal, para su gestión eficaz, eficiente y cualitativamente óptimo, debe contar con un necanismo-sistema-cuantificador de la información que genera en su funcionamiento, el que le permitirá evaluar, analizar e investigar permanentemente su accionar en procura de su perfeccionamiento, modificación o transformación.

Campos como el tratamiento penitenciario, el efecto de nuevas formas de tratamiento, la evaluación de programas de prevención del delito, etc., tropiezan con el problema de carencia de datos confiables que permiten su desarrollo: he ahí la utilidad y trascendencia de la estadística criminal.

Por esta razón la elaboración de estadísticas criminales, fidedignas y completas reviste gran importancia para la formulación, planificación, ejecución y evaluación de políticas criminales. El programa político criminal de las NN.UU. siempre lo entendió de ese modo y, en consecuencia, promovió desde un principio el establecimiento de sistemas de estadísticas sobre la criminalidad, como paso previo para la investigación, planificación y adopción de políticas criminales nacionales.

El desarrollo tecnológico, por otro lado, es un factor que facilita el uso de instrumentos o mecanisnos - como los informáticos- que permiten la cuantificación de información sobre el fenómeno de la criminalidad, en este sentido sería un absurdo no aprovechar la misma en procura de mejorar la eficacia, eficiencia y rendimiento de un sistema de justicia penal.

Una estadística criminal suficiente cualitativa y cualitativamente es aquella que proporciona indicadores que permitan efectuar y fundamentar estudios serios sobre el fenómeno criminal. La ausencia de datos impide la postulación, comprobación y análisis de hipótesis teóricas en materia de Investigación penal y criminológica.

La estadística criminal es, por ende, un valioso instrumento para la investigación, el análisis y formulación de políticas en cuestión de represión y prevención de la delincuencia, en ese sentido, la ausencia de una estadística criminal científica dificulta la formulación de políticas criminales eficaces, por tanto el establecimiento de un sistema de estadísticas criminales permitirá la formulación de políticas crimi-nales efectivas de prevención y represión de la criminalidad.

Una política criminal coherente -planificada- debe estar fundada, en opinion de las NN.UU., en bases factuales, es decir en los conocimientos que brinda la estadística criminal y otras ciencias como la criminología. Por otro lado, la eficacia de un programa político criminal deriva de su planificación previa, es decir de su elaboración a partir de los resultados de investigaciones previas y la determinación de objetivos y fines mediatos. La ineficacia de las políticas de lucha contra la delincuencia puede ser resultado de la carencia de información necesaria para su adecuada formulación y desarrollo.

La eficacia depende, además, de si ésta se adecúa y es producto de la idiosincrasia, historia, cultura y necesidades propias de un país; deja de ser eficaz en tanto se apoya en modelos importados y ajenos a la realidad nacional.

CAPITULO IV

3.- LA ESTADISTICA CRIMINAL Y POLITICA CRIMINAL EN BOLIVIA

3.1.- EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL BOLIVIANO

El término sistema, aquí usado, no se emplea en su acepción orgánica, sino en la de conjunto de cosas que sirven a un objetivo: "el control social punitivo institucionalizado".

Los sistemas penales contemporáneos se originaron con el industrialismo y el surgimiento de una policía de seguridad e Investigación especializado y de los funcionarios judiciales como "poder del estado". Las NN.UU. emplean este término en su programa político criminal, para designar al conjunto de organismos que intervienen en el funcionamiento de la justicia penal.

El sistema de justicia penal boliviano o sistema penal boliviano está conformado por los subsistemas policial, judicial y penitenciario. A su vez cada subsistema lo constituyen distintos organismos y entidades que tienen por función y actividad el ejercicio del poder punitivo estatal en la represión, control y prevención de la criminalidad.

El sistema de justicia penal nacional tiene su fundamento en los siguientes instrumentos normativos: La Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Ministerio Público, La Ley Orgánica de la Policía Nacional, El Código Penal y su procedimiento. La Ley de Ejecución de Penas y Sistema penitenciario, El Código de Tránsito y su reglamento, Ley de Defensa Pública, etc. Estos regulan la constitución y funcionamiento de los organismos que se hallan encargados de: la investigación de hechos delictivos, la aprehensión y remisión de los sospechosos, la organización de diligencias de lá policía judicial, el procesamiento y condena de los delincuentes, la asistencia legal, la ejecución de la sanción y el tratamiento de los reos.

Forman parte del sistema: La Policía Nacional, con sus organismos "operativos" como la Policía Técnica Judicial, Tránsito, la Unidad de Orden y Seguridad (110, Seguridad Física, Patrulla de Auxilio Ciudadano), la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el Ministerio Público, el Poder Judicial con los tribunales de Sustancias Controladas y los juzgados en materia penal, los Juzgados de Vigilancia, el sistema penitenciarlo con los establecimientos carcelarios de cada departamento.

La Policía tiene por objeto la conservación del orden público, la prevención de los delitos y la persecución de los delincuentes para ponerlos a disposición de la justicia penal.

El Ministerio Público, en representación del Estado y la sociedad, vigila la legalidad del accionar de los otros organismos y dirige las diligencias de policía judicial

El sistema judicial procesa y condena a los delincuentes por medio de los tribunales o juzgados penales (instrucción y partido) y de sustancias controladas

El sistema penitenciario se encarga de hacer cumplir las sanciones impuestas a los Infractores de la ley en los distintos penales o centros penitenciarios con los que cuenta, asimismo, es función suya la rehabilitación y tratamiento de los delincuentes.

3.2.- LA ESTADISTICA CRIMINAL BOLIVIANA

3.2.1.- Las estadísticas policiales.

Dentro del sistema de justicia penal boliviano la Policía Nacional es la institución que tiene a su cargo la conservación del orden público la defensa de la sociedad y el cumplimiento de las leyes de acuerdo al art. 215 de la Constitución Política del Estado y los arts. 1,2 y 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

La Policía es el organismo técnico científico que tiene, según La Ley Orgánica de la Policía Nacional, la atribución de:

"Art. 7 " inc.

c) Prevenir los delitos, faltas , contravenciones y otras manifestaciones delictivas.

d) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con sus funciones de Policía Rural, Fronteriza, Aduanera Ferrocarriles, Substancias, peligrosas, Minera, Turismo y otras especialidades.

g) Prevenir las acciones que pongan en riesgo la vida y los bienes de las personas.

h) Investigar los delitos y accidentes de tránsito.

i) Practicar diligencias de Policía Judicial, aprehender a los delincuentes y culpables para ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

k) Juzgar y sancionar las faltas y contravenciones policiales y de tránsito.

i) Proceder a la calificación del vagos y mal entretenidos e imponer medidas de seguridad.

p) Tener a su cargo el resguardo y seguridad tanto de los establecimientos como de la población penal y participar en la rehabilitación de los mismos. "58

La Policía Nacional está organizada, de acuerdo al art.9 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en un Comando General, apoyada por las Direcciones Nacionales de: Personal, Inteligencia, Planeamiento y Operaciones, Administración, Servicios Técnicos Auxiliares, Identificación Personal, Salud y Bienestar Social, instrucción y Enseñanza, Substancias Controladas y la Oficina Nacional de Interpol.

A nivel departamental se reproduce la misma estructura para el cumplimiento y ejecución de las funciones policiales.

La Policía Nacional está conformado por organismos que ejecutan operativamente las funciones y labores policiales:

Ø Unidades de Orden y Seguridad.

Ø Unidades de Criminalística.

Ø Unidades de Tránsito.

Ø Unidad Aduanera.

Ø Unidades de Policía Femenina.

Ø Unidades de Policía Fronteriza, Minera, Provincial y Rural.

Ø Unidades de Control de Substancias Peligrosas.

Ø Los Juzgados Policiales.

A efectos de las estadísticas policiales la dependencia u oficina máxima encargada de elaborar los planes referentes a la aplicación de la política general de la institución, de acuerdo a sus fines y objetivos, es la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones, según el art. 24 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

La oficina encargada, a nivel nacional, de procesar, analizar y publicar la información estadística de la actividad policial, es el Departamento Nacional de Estadística dependiente de la Dirección de Planeamiento. Toda la actividad estadística del Sistema de Estadística de la Policía Nacional, está regulado por el Manual de Organización y Funciones.

A nivel departamental la oficina que cumple esta tarea es el Departamento de Planificación y Operaciones, según el art. 40 de la Ley Orgánica de la Policía. De igual modo, en cada organismo (PTJ, Tránsito, Orden y Seguridad), la oficina que recopila, procesa, analiza e interpreta la información estadística es la oficina de Planeamiento y Operaciones.

Las principales estadísticas en materia policial son la que reflejan la actividad delincuencial (frecuencia, número y tipo).

3.2.1.1.- Estadísticas de la Policía Técnica Judicial.

La Policía Técnica Judicial (P.T.J.), es el organismo operativo de la Policía Nacional que tiene por principal función el organizar las diligencias de Policía Judicial, aprehender a los delincuentes y culpables y ponerlos a disposición de las autoridades competentes, prevenir los delitos, faltas, contravenciones y otras manifestaciones delincuenciales, recuperar los objetos robados y hurtados para restituirlos a sus legítimos propietarios, de acuerdo a los arts. 7 y 43 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, concordantes con los arts. 215 de la Constitución Política del Estado ,91 a 94 de la Ley del Ministerio Público y 112 a 118 del Código de Procedimiento Penal.

La Policía Técnica Judicial reemplaza a las ex- unidades de Criminalística y fue creado por Resolución Ministerial No. 2567/94 de 19 de Abril de 1994 y la Resolución NQ 522/94 del Comando General de la Policía.

La Policía Técnica Judicial está constituida por las unidades de criminalística y por otras unidades operativas de la Policía Nacional.

Estos organismos especializados se dedican a investigar, descubrir, verificar científicamente la comisión de hechos delictivos y sus presuntos responsables y la detención de los mismos; la acumulación y análisis de las pruebas; la elaboración de las diligencias y su respectiva remisión a la justicia penal, y dependen orgánicamente de la Dirección Nacional de la Policía Técnica Judicial y este, a su vez, del Comando General de la Policía Nacional.

Sus funciones y su accionar están reguladas por los Manuales de Organización y Funciones y los Manuales Técnicos de Investigación Criminal, los que fueron promulgados conjuntamente con la R.M. No 2567/94 que crea la RT.J. La actividad estadística de la P.T.J. se halla regulada, también, por la Resolución Ministerial que crea la entidad, los Manuales de Organización y Funciones y los disposiciones del Comando General, a través de la Dirección Nacional de Planeamiento y Operacionales y su Departamento Nacional de Estadística.

De acuerdo a la R.M. NQ 2567/94 la Policia Técnica Judicial tiene por función, además de las inherentes a la actividad policial, el recolectar y procesar la información nacional sobre la actividad delictiva en el territorio nacional.

La oficina encargada producir información estadística es el Departamento Nacional de Análisis Criminal e Investigación, a través de la División de Planeamiento y Operaciones.

Las estadísticas, a nivel nacional, se elaboran tomando como base las actividades desarrolladas por los diferentes Direcciones departamentales, las Direcciones distritales, las Direcciones provinciales y con tonales y las Direcciones fronterizas.

Por tanto las estadísticas reflejan las actividades desarrolladas por las respectivas oficinas operativas: División Delitos contra la Propiedad, División Delitos contra la Familia y Menores, División Delitos contra la Propiedad, División Delitos Económico-Financieros, División contra la Corrupción Pública, División contra el Crimen Organizado y la División Operaciones Especiales.

A nivel departamental, la metodología empleada en la recolección, procesamiento y análisis de las estadísticas generadas en el funcionamiento de la P.T.J. es la siguiente:

Ø cada División u oficina encargada de la investigación policial remite un informe (parte) diario con el detalle estadístico de su actividad a La División de Planeamiento y Operaciones.

Ø asimismo, la Oficina de Denuncias, que recibe las denuncias policiales y las asigna posteriormente a la oficina (División) respectiva, según las clase de delito, eleva informes diarios con la relación de casos recibidos y de detalle de los mismos (Upo de delito, autor, lugar, zona, investigador asignado, etc), a la oficina de Planeamiento y Operaciones.

Ø la oficina de Planeamiento y Operaciones en base a dichos informes o partes diarios procede a la evaluación y procesamiento mensual de dicha información, en cuadros y registros consolidados.

La recolección de datos es hecha en formularios diseñados por el Comando General de la Policía, Dirección de Planeamiento y Operaciones, las que son adaptadas de acuerdo a las necesidades y actividades que desarrollan la P.T.J.,por la División de Planeamiento y Operaciones.

Los informes estadísticos mensuales elaborados por la P.T.J. son enviados, para su procesamiento a nivel nacional, a la Dirección Departamental respectiva la que remite a su vez a la Dirección Nacional de la Policía Técnica Judicial para que la remita al Comando General, Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones.

Recientemente se instaló una red de computadoras que consta de 1 server y 16 terminales para facilitar la tarea de recolección, procesamiento y análisis de la información estadística. El sistema está siendo "cargado" con información estadística generada por la P.T.J. desde 1989. La red unirá P.T.J. de la ciudad de La Paz, El Alto y la zona sur y se estima su funcionamiento a partir de 1997.

Las principales estadísticas producidas por la P.T.J. se refieren principalmente a:

  • casos atendidos por la P.T.J. según tipo de denuncia, lugar de hecho, y naturaleza del hecho.
  • casos desarchivados por mes.
  • remisiones al Ministerio Público y otras entidades en casos son detenido y sin detenido.
  • personas detenidas por sexo, y tipo de personas (comunes y delincuentes) .
  • libertades a Requerimiento Fiscal.
  • suscripciones de Actas (buena conducta, presentación).
  • El informe-Memoria del primer semestre de 1996-de la P.T.J., consigna los siguientes datos estadísticos.
  • Ø Cuadro nacional de delitos con elevada incidencia en su comisión. Contiene datos sobre delitos cometidos (hurto, robo, lesiones,etc.) por departamento (total casos, porcentaje).
  • Ø Cuadro general de casos atendidos por Divisiones (Div. Delitos contra Personas. Div. Delitos contra Menores y Familia, Div. Delitos a la Propiedad etc.) por departamento (total casos).
  • Ø Cuadro Nacional de incidencia de casos y eficiencia investigativa de dell-
  • Ø tos, según Upo de denuncias (denuncia, querella, oficio), casos (urbano, rural), remisiones al Ministerio Público (con detenido, número de personas, sin detenidos), remisiones a otras instituciones (Fiscalía, Onamfa, Juzgados, otros), suscripciones de Actas (buena conducta, garantía de presentación), libertad, personas detenidas (comunes, delincuentes).
  • Ø Cuadro Nacional de casos atendidos por las Divisiones de la P.T.J., según naturaleza del hecho (lesiones, amenazas, difamación, etc). Cuadro total general de casos atendidos por direcciones departamentales según las Divisiones de la P.T.J.
  • Ø Cuadro Nacional de casos atendidos por meses, por las Divisiones de la P.T.J., consignan naturaleza del hecho (lesiones, amenazas, etc), casos por mes y total casos. Cuadro estadístico general de delitos por divisiones según mes.
  • Ø Cuadro Nacional de hechos protagonizados por armas de fuego contiene: naturaleza del hecho (Homicidio, tentativa de homicidio, asesinato, etc.), departamento (total y porcentaje).
  • Ø Cuadro Nacional de hechos de violencia 1992 a 1995 contiene: naturaleza del hecho (homicidio, tentativa de homicidio, asesinato, etc); gestiones (1992 a 1995), total y porcentaje.
  • Ø Cuadro departamental de promedios de casos atendidos (promedio por día, y mes); casos remitidos al Ministerio Público; diligencias con detenidos y sin detenidos; remisiones a Onamfa, Fiscalía y otros; casos desarchivados.
  • Ø Cuadro de bienes, joyas, dinero Incautado y devueltos a sus propietarios (promedio por mes y día).
  • Ø Cuadro estadístico departamental de clase de denuncia, por área, personas detenidas, autoría y victimología por sexo.
  • Ø Casos atendidos por las distintas Divisiones de la P.T.J. Cuadro general de casos e incidencias por Divisiones, clase de denuncia, área geográfica, tipo de personas detenidas, autoría por sexo, victimología por sexo.
  • Ø Cuadro estadístico departamental de remisiones al Ministerio Público, otras instituciones, libertades con requerimiento fiscal, suscripción de actas y estado actúal de casos.
  • Ø Cuadro demostrativo de casos atendidos por meses. Divisiones y Delitos del departamento de La Paz.
  • Ø Cuadro Nacional de hechos de suicidio por departamento, según la naturaleza del hecho (raticida, arma de fuego, asfixia por ahorcamiento, ele).

Las estadísticas producidas por la P.T.J. sirven de acuerdo a la R.M. N" 2567/94 para "elaborar su política, estrategias y planes en el ámbito de sus funciones".

La información estadística es usada en la evaluación, elaboración de planes y ejecución de estrategias que prevengan la delincuencia. Por ejemplo, la información estadística relativa a la incidencia y frecuencia de comisión de delitos en determinados lugares y horas permiten a la P.T.J. desplegar mayores esfuerzos y cuidados en dichos lugares. Por otro lado la incidencia en determinados delitos (contra la propiedad, por ejemplo) obliga a la P.T.J. a buscar se asignen mayores recursos humanos, técnicos y económicos para prevenir y resolver los mismos.

Sin embargo las estadísticas de la P.T.J. obedecen más a una evolución ad-hoc que a una planificación. El alcance y contenido (tipo o clase de información) están determinados más por la iniciativa de los funcionarios de la División Planeamiento y Operaciones, que por un plan o programa de estadística policial.

3.2.1.2.- Estadísticas de Tránsito.

La Unidad Operativa de Tránsito es la segunda entidad en importancia por la actividad policial que cumple y a los fines de las estadísticas policiales.

La Unidad de Tránsito, de acuerdo a la ley Orgánica de la Policía Nacional, art. 44 y 7 inc. g) y h), es la "institución encargada de regular, controlar y resolver los problemas de circulación de vehículos y peatones, prevenir e Investigar accidentes de tránsito mediante actividades técnicas especializadas y de servicio de patrullaje urbano y rural".

Regula la actividad policial de esta entidad el Código de Tránsito (D.L- Np 10135 de 16 de febrero de 1973) y su correspondiente reglamento (R.S. Nº 187444 de 8 de Junio de 1978),

Las estadísticas de Tránsito están a cargo de la División. Planeamiento y Operaciones, sección Estadísticas.

En la recolección y procesamiento estadístico, cada oficina y dependencia operativa envía partes e Informes diarlos de las actividades cumplidas en la prevención e investigación de delitos, accidentes y hechos de tránsito a la oficina de Planeamiento y Operaciones. Esta información es recopilada y procesada por esta instancia de modo semanal, mensual, semestral y anual.

Para la recopilación y procesamiento de los datos estadísticos se cuentan con formularios diseñados por la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones dependiente del Comando General de la Policia.

Los informes mensuales, trimestrales y semestrales son remitidos, para su procesamiento a nivel nacional, al Comando Departamental respectivo, la que a su vez las remite al Comando General.

Las series de datos más importantes que contienen las estadísticas de tránsito se refieren a las actividades de la entidad en sus funciones de prevención e investigación de delitos y accidentes de tránsito.

Al primer semestre de 1996 se tienen los siguientes datos estadísticos:

  • Cuadro estadístico de hechos de tránsito, según clase de accidentes (atropello, vuelcos, incendio, etc.), causa de accidente (ebriedad, imprudencia. cruce peligroso, etc.) y zona accidente(autopista, plaza, zona residencial).
  • Cuadro estadístico de personas y vehículos Involucrados en hechos de tránsito, según conductores (profesionales, particulares, motocicleta, hombres, mujeres, etc.) y vehículos (camiones, bicicletas, motocicletas, automóvil particular, etc.)
  • Cuadro estadístico de personas damnificadas en hechos de tránsito, según clase de damnificados: personas muertas (pasajeros, peatones, ciclistas, conductores profesionales, conductores indocumentados, etc.); heridos graves y leves( conductores profesionales, peatones, pasajeros, motociclistas, etc).
  • Cuadro estadístico de personas accidentadas con y sin daños personales, según clase de accidentes (atropello, colisiones, vuelcos, etc.)
  • Cuadro estadístico de casos de tránsito, según delitos de tránsito (robo de vehículos, robo de accesorios, rapto de vehículos, usar placas alteradas, etc.) infracciones de tránsito (contra la integridad y salud, circulación y conducción , disposiciones reglamentarias, daños a la propiedad, etc.) y casos policiales con fuga (atroplellos, caída de pasajeros, incendio de vehículos, choque a vehículo detenido, etc.).
  • Cuadro estadístico de delitos de tránsito, según robo de vehículos (automóvil, jeep, tractores, etc), robo de accesorios (placas, llantas, baterías, radio, cassette, etc) y robo de herramientas (gatas mecánicas, estuche de herramienta, etc.)
  • Cuadro estadístico de infracciones de tránsito, según clase de infracciones: infracción a la Integridad y la salud (agresiones de pasajero a conductor, fuga y falta de asistencia, realizar maniobra peligrosa, etc) infracciones de circulación y condición (circular con escape libre, circular sin placas, obstruir tráfico, no conservar la derecha, etc), infracciones a disposiciones reglamentarias (cobro indebido de tarifas, exceso de carga y pasajeros, uso indebido de bocina,etc).
  • Cuadro estadístico de infracciones, según clase de infracciones: infracciones de tránsito (negarse a exhibir licencia, no observar señales de tránsito, viajar sin equipo de emergencia, etc), ocasionar daños a la propiedad (daño a bienes, atrepellar trancas, etc).
  • Cuadro estadístico de Registro de Peritaje Etílico según grado de alcoholemia.
  • Cuadro estadístico de casos registrados de estado de ebriedad, según conductores, profesionales, particulares, etc.), vehículos (automóviles servicio público, jeeps, ambulancias, etc) y vías (avenidas, calles, plazas, etc.).

La información estadística es usada para evaluar el trabajo del organismo y efectuar cambios en su política de prevención de accidentes y delitos de tránsito.

En conclusión la información estadística permite mejorar los servicios policiales, planificar sus actividades y contar con información referencial sobre su desempeño.

3.2.2.- Las Estadísticas Judiciales.

El sistema de justicia penal boliviano cuenta de acuerdo a las leyes que rigen esta materia con tribunales y juzgados de instrucción, de partido, las salas penales en las Cortes Superiores de Distrito y las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, la Ley de Organización Judicial, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal la Jurisdicción Penal, es decir la potestad de procesar y condenar a los delincuentes, está en los organismos creados para el efecto: juzgados y tribunales.

El art. 116 de la Constitución Política del Estado dice que el Poder Judicial se ejerce por el Tribunal Constitucional , La Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito, los Tribunales y Jueces que la ley establezca.

El art.2 de la Ley de Organización Judicial N9 1455 de 18 de febrero de 1993, en su art.2, establece que la administración de justicia, en materia penal, sustancias controladas y de contravenciones será ejercida por los tribunales y juzgados establecidos por la Constitución Política del Estado y las leyes (Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Ley 1008, etc.).

La Ley de Organización Judicial determina que el sistema judicial descansa en dos instancias: los Juzgados de instrucción que se hallan encargados de "investigar la verdad acerca de los extremos de la imputación penal, asegurar la presencia del Imputado y su responsabilidad civil"; y los juzgados de partido que en base al juicio plenario establecen la culpabilidad o inculpabilidad del procesado, y la posterior condena o sanción penal, como lo dispone el art. 26 y 37 del Código Penal, 224 del Código de Procedimiento Penal y 136 de la Ley de Organización Judicial.

En materia de narcotráfico, la ley especial 1008 de 19 de julio de 1988 establece que la jurisdicción penal la tienen los tribunales colegiados quienes, enjuicio plenario, condenan o exculpan de culpa a los procesados por delitos de narcotráfico. La instrucción (investigación para acumular las pruebas de cargo), es efectuada por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, (FELCN), bajo la dirección del Fiscal antidroga, de acuerdo al art. de la Ley 1008.

Además, la Ley de Organización Judicial creó los Juzgados de Contravenciones en materia de policía de seguridad y de tránsito en reemplazo de los juzgados policiales y de tránsito, con competencia para procesar y condenar a los infractores de regulaciones de la policía y de tránsito, de acuerdo a los arts. 188, 192, 193 de dicha ley. En la práctica éstos juzgados, por problemas institucionales, de presupuesto y otros, no funcionas aún.

En el aspecto estadístico el Poder Judicial, en su rama penal, no cuenta con un sistema estadístico que recopile, procese y analice la información producida en su funcionamiento.

El art. 203 inc. 5) y 10) de la Ley de Organización Judicial señala que entre las atribuciones de las secretarios y actuarios de los juzgados penales (funcionarios de jerarquía inferior inmediata al juez) están las de; evacuar los informes que se les ordene y elevar trimestralmente a las Cortes, cuadros estadísticos detallados del movimiento general de causas.

Asimismo el art. 205 dispone que para el buen funcionamiento de los juzgados, los secretarios llevarán, entre otros, los siguientes libros o registros computarizados:

  • "Demandas Nuevas", donde se anotan en orden cronológico todas las demandas presentadas para su sorteo al Juzgado respectivo.
  • "Diario" donde se registran los trámites que diariamente pasan al despacho del Juez.
  • "Fiscales", en el que constan la remisión y devolución de expedientes enviados a Ministerio Público.
  • "Copiador" o de "Tomas de Razón" en el que se copian las resoluciones y sentencias definitivas.
  • "Altas y Bajas" donde se hacen constar las remisiones y devoluciones a los superiores e inferiores respectivamente.

También se tienen los libros que poseen la Oficina de Auxiliatura en materia Penal y la Secretaria de las Salas Penales para el registro de sus actividades.

Estos libros o registros constituyen la fuente primaria de los datos que luego de recopilados son enviados, a modo de informes estadísticos, a las Cortes, las que procesan los cuadros estadísticos consolidados a nivel departamental. A este efecto las Cortes Superiores de Distrito, al finalizar la gestión, mediante circular a los juzgados, ordenan elevar un informe detallado consignando datos del movimiento de causas o procesos (expedientes) tramitados en cada juzgado.

La información procesada es luego publicada en los informes de actividades y de inauguración de la gestión siguiente, por las Cortes Superiores de Distrito.

El informe contiene los "movimientos" siguientes:

  • Causas nuevas ingresadas en materia penal y sustancias controladas (juzgados de Partido de Sustancias Controladas; juzgados de Partido en lo Penal y juzgados de Instrucción en lo Penal).
  • Causas resueltas por las salas penales: (recursos de habeas corpus y amparo constitucional, recurso de compulsa y recusación, recursos de nulidad o casación, etc.).
  • Movimiento estadístico en juzgados de partido de sustancias controladas: demandas nuevas; demandas de gestiones anteriores; demandas en trámite; demandas resueltas; autos de procesamiento; sentencias: absolutorias, condenatorias, mixtas y de inocencia; resoluciones de concesión de libertad condicional; otras resoluciones; detenidos varones (con sentencia y sin sentencia) detenidas mujeres (con sentencia y sin sentencia).
  • Movimientos estadísticos de juzgados de partido en lo penal: causas nuevas ingresadas en la gestión 1995 (con detenido, sin detenido); procesos en trámite; demandas resueltas; autos de vista (apelaciones, consultas); sentencias (condenatorias, absolutorias, de inocencia y mixtas); recursos de habeas corpus; otras resoluciones; detenidos varones (con sentencia y sin sentencia); detenidas mujeres (con sentencia y sin sentencia).
  • Movimiento estadístico de juzgados de instrucción en lo penal: causas nuevas ingresadas en la gestión 1995 ( con detenido, sin detenido); por tipo de delitos contra la seguridad del Estado, contra la función pública, delitos contra la fe pública, contra la seguridad común, contra la familia, contra la economía nacional, contra la vida e integridad corporal, etc.); procesos en trámite; demandas resueltas; autos interlocutorios; autos motivados; sentencias; autos Anales sobreseimiento, procesamiento y mixtos); detenidos (varones, mujeres).
  • Movimiento estadístico de la Policía Judicial: madamientos entregados y ejecutados (apremio, comparendo, embargo y lanzamiento).
  • Movimiento estadístico de los juzgados de provincias (instrucción y de partido): demandas en materia penal; sentencias (condenatorias, absolutoria, etc.); detenidos (con sentencia, sin sentencia); autos finales (sobreseimiento, procesamiento, mixtos, etc.).

La información estadística es recopilada a partir de los registros administrativos (libros de juzgados) y luego condensada y presentada en cuadros generales que sirven de base y referencia en la evaluación cuantitativa del trabajo judicial de cada distrito judicial.

La Ley de Organización Judicial Ns 1455 de 18 de febrero de 1993, con el propósito de "jerarquizar la función de la judicatura, la especialización, y la administración técnico científica de la justicia" , creó el Consejo de Asesoramiento Interdisciplinario, para asesorar en el diagnóstico de las necesidades y deficiencias del Poder Judicial en materias como las ciencias jurídicas, médicas informáticas, cibernéticas, etc. El Consejo depende de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo el art. 234, de dicha ley, establece la creación del Departamento de Informática, encargada de efectuar el análisis, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas informáticos que la L.O.J., en su art. 298 autorizó instalar a las distintas dependencias del Poder Judicial para el mejor cumplimiento de sus tareas. Este departamento depende de la Corte Suprema de Justicia y fue concebido para modernizar el funcionamiento del sistema de justicia penal, por cuanto el uso de tecnología permitirá un mejor uso de recursos, la eficiencia en sus labores y una mejora en la administración de justicia.

A nivel nacional la Corte Suprema de Justicia no elabora ni publica informes que contengan información estadística producida a nivel departamental por las Cortes Superiores de Distrito. La Corte Suprema, a la conclusión de cada gestión, publica el denominado " Labores Judiciales" cuyo contenido está referido más a un detalle de las actividades desarrolladas por la Corte Suprema que una relación estadística del "movimiento" de expedientes sucedidos en los juzgados penales de todo el país.

A pesar de ello se brinda una relación del movimiento de causas en la Sala Penal de la Corte Suprema, con el detalle de resoluciones, procedencia (distrito), amparos constitucionales, habeas corpus, etc.

3.2.3.- Las Estadísticas Penitenciarias.

El sistema penitenciarlo boliviano descansa en el Ministerio de Gobierno a través de la Subsecretaría de Régimen Penitenciario, tanto en la parte organizativa y de administración de los centros penitenciarios o prisiones así como en la ejecución de las condenas o penas privativa de libertad (encarcelamiento). Asimismo el Poder Judicial, mediante los jueces de vigilancia, participa ejerciendo el control jurisdiccional y administrativo en la ejecución de las sanciones en las cárceles que posee el régimen penitenciario.

La Ley de Ministerios Ng 1493 de 17 de septiembre de 1993 dispone que entre las atribuciones del Ministerio de Gobierno, se hallan las de:

"art. 14 inc. d) Organizar y administrar el régimen penitenciario y sus servicios asistenciales".

El D.S. N9 23660 que reglamenta la Ley de Ministerios asigna de modo específico la responsabilidad de administrar el régimen penitenciario, al Secretario Nacional de Régimen Interior y Policía, al establecer como funciones del Secretario Nacional de Régimen Inferior y Policía las de:

"art. 21. inc. f) organizar y administrar el régimen penitenciario y sus servicios de asistencia".

El mismo decreto supremo en su art. 22 atribuye la función de administración del régimen penitenciario al Subsecretario de Régimen Penitenciario al establecer que:

"art.22. Las funciones operativas serán ejecutadas por Las siguientes subsecretarios:

inc. c) Secretaria de Régimen Penitenciario: responsable de las administración del régimen carcelario".

La ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario de 19 de septiembre de 1973 regula el cumplimiento de la condena en los centros penitenciarios, la rehabilitación y tratamiento al que se somete a los internos y la modalidad a la que se acude para ello (sistema progresivo), y la infraestructura carcelaria vigente en el país (tipos de prisiones).

El Código Penal, en su art. 57, señala que la ejecución de las penas está regulada por la ley de Ejecución de Penal y Sistema Penitenciario. Dicha ley en sus arts. 115, 116, 117 y 118 fija la estructura de la administración penitenciaria a cuya cabeza se halla la Subsecretaría. La Administración Penitenciaria como organismo técnico y de seguridad tiene por función la ejecución de las sanciones privativas de libertad, según el art 17 del Código Penal

Esta función de ejecución de las penas comprende varias tareas, entre las que están, de acuerdo al art. 118 de la Ley de Ejecución de Penas, la organización y vigilancia de las prisiones o centros carcelarios, la aplicación de programas de tratamiento, la retención y custodia de los detenidos, asistencia a internos, tratamiento post-penitenciario del reo formación y especialización del personal penitenciario, etc.

Un establecimiento penitenciario cuenta en su estructura órganica, con un Director o Gobernador; una Central de Observación y Clasificación; un departamento de asistencia (tratamiento) médico, moral, religioso y social, instrucción educativa y deportes; un departamento de régimen disciplinario, vigilancia, otro departamento técnico jurídico; un departamento de asuntos administrativos y económicos y un departamento de personal.

El sistema penitenciario boliviano adoptó el sistema progresivo como modalidad de ejecución de la pena de reclusión tal como lo establece el art. 50. del Código Penal. La Ley de Ejecución de Penas establece que esta modalidad comprende: la clasificación de un interno para la individualización del tratamiento, la reeducación, readaptación y rehabilitación posterior acudiendo para ello a la asistencia y la instrucción educativa, social, moral y médica, y el trabajo o desarrollo de actividades dirigidas a modificar y modelar su actividad futura frente al medio social.

En cuanto a la infraestructura carcelaria la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario en sus arts. 8, 9, 10 y 11 establece tres tipos de establecimientos penitenciarios: de régimen cerrado, de régimen intermedio y de régimen abierto; asimismo, para el tratamiento penitenciario, se instituyen las Colonias Penales, los Centros Asistenciales (médicos) y las instituciones para menores de 21 años.

Los jueces de vigilancia de acuerdo a la L.O.J. arts. 35, 163 y 166; la Ley de Ejecución en Penas, arts. 127, 128, 129, 130; y el Código Penal, art. 72. son los funcionarios judiciales encargados de controlar y fiscalizar la ejecución de las sanciones Impuestas a los internos de las cárceles. Ellos pueden, además de llevar el Registro de Antecedentes Penales, verificar el estado y funcionamiento de los penales y participar en la rehabilitación de los internos, elevando y solicitando informes sobre la liberación, prolongación y sustitución de las sanciones.

En cuanto al ámbito estadístico, los distintos penales o Centros Penitenciarios están obligados, mediante su Central de Observación y Clasificación, a llevar ficheros de la población penal y los respectivos datos estadísticos según el art. 132 de la Ley de Ejecución de Penas. A nivel Nacional, la dependencia que está obligada a organizar el sistema de estadísticas penitenciarias es la Central de Clasificación y Observación dependiente de la Dirección General de Régimen Penitenciario.

El art 118 de la Ejecución de Penas establece que son atribuciones de la Dirección General de establecimientos Penitenciarios:

"inc. ñ) Organizar y dirigir el sistema de estadística criminal, de identíficación, organización de archivos, kardex y centralización de fichas criminológicas".

Las carencias económicas, falta de personal técnico y otros factores impiden que los distintos centros penales lleven estos registros estadísticos mencionados.

En la practica los directores de las prisiones envían lo que se denomina "parte diario" a la Subsecretaría de Régimen Penitenciario con el detalle de los "más importantes hechos sucedidos" (liberaciones, internaciones, admisiones, etc). La Subsecretaría, en base a estos informes administrativos, mediante su Centro de Estadísticas, elabora las estadísticas que puede.

Cada centro penitenciario (San Pedro, Chonchocoro y Centro de Orientación Femenina) lleva un registro penitencirio-estadístico que consigna, entre otros, los siguientes datos: admisiones de nuevos reos, salidas, internaciones médicas, libertades provisionales, etc.

Por otro lado se tienen, también, los informes semestrales, elevados por los gobernadores de los centros penitenciarios a la Subsecretaría de Régimen Penitenciario, que incluyen estadísticas penitenciarias aisladas.

Los gobernadores de los recintos carcelarios, en cumplimiento del art. 128 de la Ley de Ejecución de Penas, elevan informes semestrales sobre actividades cumplidas en la ejecución y rehabilitación de los internos, estos incluyen generalmente cuadros estadísticos generales relativos al movimiento (salidas y entradas) de la población penal.

En un mediano plazo se tiene previsto implementar un sistema informático que recopile y procese los datos remitidos, en forma de informes administrativos por los gobernadores de todas las prisiones del país.

De modo complementario los jueces de vigilancia, en coordinación con los centros penitenciarios, elaboran informes estadísticos anuales correspondientes a las funciones que les competen.

Así, por ejemplo, el informe de la gestión 1995 contiene los cuadros estadísticos siguientes:

  • Cuadro estadístico según delitos del penal de San Pedro, Chonchocoro y Detalle de número de internos por tipo de delito. Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
  • Cuadro gráfico de internos según el estado de causa.
  • Listado general de internos en los penales de San Pedro, Chonchocoro y Centro de Orientación Femenina. El detalle contiene datos de delito fecha de ingreso, edad, juzgado, -etapa del juicio.
  • Beneficiados con pre-libertad bajo la modalidad de trabajo extra-muro. Beneficiados con libertad condicional.

Toda esta información de carácter estadístico sirve a las autoridades penitenciarias y funcionarlos para evaluar -cuantitativamente- el trabajo desarrollado en una gestión. Más allá de eso, la información estadística debidamente procesada y publicada no existe.

El último intento, en materia estadística, es el Censo Penitenciario de 1992 que el Instituto Nacional de Estadística emprendió con miras a la implementación de un Sistema de Registro Penitenciario que procese y actualize de modo permanente, la información estadística referida a los internos: condiciones sociales, situación jurídica y movimiento carcelario.

3.2.4.- Estadísticas de la Fiscalía.

EL Ministerio Público en el sistema penal boliviano de acuerdo a la C.PE., art. 124 , la Ley de Organización del Poder Judicial, art. 219, y la Ley de Orgánica del Ministerio Público, arts. 1 y 2, es la entidad u organismo que representa al Estado y la sociedad y tiene por función promover la acción de la justicia y defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los Intereses públicos.

El Ministerio Público o Fiscalía en materia penal ejerce la acción penal pública y tiene a su cargo la dirección de la diligencias de policía judicial, así lo dispone el art. 11 inc. a) y 93 de la Ley del Ministerio Público.

Actúa, en algunos casos, en función de Policía Judicial practicando las diligencias necesarias para determinar la existencia , las circunstancias y los autores de un hecho delictivo de acuerdo al art. 19 de la Ley del Ministerio Público.

Los fiscales en materia penal dentro del sistema de Justicia penal boliviano pueden, de acuerdo al art. 46 del Código de Procedimiento Penal, intervenir en todo juicio penal requiriendo enjuiciamiento funcionarlos públicos, vigilando la conecta aplicación de la ley e interponiendo los recursos que la ley establece.

La fiscalía esta constituido, de acuerdo al art. 37 y 38 de la Ley Orgánica del Ministerio Público por:

  • El Fiscal General
  • Los fiscales de la Sala Suprema
  • El Consejo Consultivo General
  • Los fiscales de distrito
  • Los fiscales de Sala Superior
  • El Consejo Consultivo de Distrito
  • Los agentes fiscales de materias (penal y sustancias controladas)
  • Los fiscales (de instrucción en lo penal)
  • Los órganos técnicos

Son parte, asimismo, del Ministerio Público las Comisiones de las cámaras del Congreso de la República, de acuerdo al art. 125 de la C.P.E., art. 219 de la L.O.J. y art. 37 de la Ley del Ministerio Público.

La Fiscalía de Distrito, está compuesta a nivel departamental por el Fiscal de Distrito, el Secretario, los fiscales de materia, los agentes fiscales y el personal administrativo, así como el personal de apoyo en tareas operativas.

En materia estadística la Fiscalía General de la Nación pública, un informe anual de actividades, la que. contiene un informe estadístico de las actividades desarrolladas en cada distrito.

A nivel departamental las secretarias llevan un registro estadístico en base a los informes de los funcionarios (fiscales).

Los datos recopilados y luego procesados son publicados en el informe anual de cada gestión. Estos informes son enviados a la Fiscalía General para su procesamiento a nivel nacional.

La labor de recopilación, procesamiento y publicación de los informes estadísticos, así como el diseño de la metodología y la determinación del tipo de información, está supeditado a la Iniciativa y criterios del secretario de la Fiscalía de Distrito, en coordinación con el Fiscal de Distrito.

En La Paz el responsable de esta labor acudió a un técnico para el diseño de un programa informático que procese y recopile en una base de datos la información estadística generada por los funcionarios de la fiscalía en el desempeño de sus funciones (requerimientos por excelencia).

La información estadística elevada por la Fiscalía está referida, entre otros, principalmente a:

  • demandas nuevas sin detenido, por tipo de delito.
  • demandas nuevas con detenido, según tipo de delito.
  • requerimientos fiscales, según fiscal asignado.
  • requerimientos expedidos por agentes fiscales.

El sistema de justicia penal boliviano (policía, fiscalía, tribunales y penitenciarias) carece de políticas en materia de recopilación, acumulación y evaluación de datos e

Información, debido, en parle, a que no se comprende la utilidad de la información estadística criminal.

3.3.- EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION.

Bolivia como otros países cuenta, desde 1976, con un sistema de información que proporciona información estadística destinada para la planificación del desarrollo económico social.

El sistema fue instituido por Decreto Ley N9 14100 de 5 de noviembre de 1976, durante el gobierno del Gral. Hugo Banzer, como parte de un programa de transformaciones institucionales.

El sistema según el art. 1 del D.L. NQ 14100 tiene por objeto: obtener, analizar, procesar y proporcionar de la manera más eficiente la información estadística para el desarrollo socio-económico del país.

Del sistema, a nivel nacional, sectorial y regional, participan todas las entidades públicas o privadas que producen información estadística o datos que sean de interés al sistema.

Con la promulgación de la Ley de Ministerios N9 1493 de 17 de septiembre de 1993 y el D.S. N9 23660 de 12 de enero de 1993, el sistema esta bajo la tuición y supervisión del Secretario Nacional de Planificación, dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

El sistema nació, de acuerdo al art. 3 de la Ley N9 14100, con el objetivo de:

a) Planificar, integrar, normar, coordinar y racionalizar las actividades estadísticas conforme al Plan de Desarrollo Socio-económico del país.

b) Fomentar el desarrollo de la Estadística y su correcta aplicación.

c) Mejorar y adecuar los métodos estadísticos.

d) Publicar y difundir la información estadística.

e) Crear conciencia estadística en la población.

La Ley del Sistema de Información define a los organismos integrantes: un Consejo Nacional de Estadística, encargada de delinear las políticas de producción de estadística; los Comités Técnicos de Coordinación, que coadyuvan en el desarrollo de normas técnicas a que deben ceñirse la producción de información estadística por los distintos organismos del sistema y, por último, el brazo ejecutivo y técnico del sistema, el Instituto Nacional de Estadística que tiene por misión la dirección, planificación, ejecución, control y coordinación de las actividades del Sistema.

El Instituto Nacional de Estadística es una institución descentralizada con autonomía administrativa y de gestión dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, a través de la Secretaría Nacional de Planificación de acuerdo al art. 103 del D.S. NQ 23660.

El INE como órgano ejecutivo y técnico del Sistema de Información Estadística es la única, entidad oficial autorizada para relevar, clasificar, compilar y difundir los datos estadísticos elaborados en sus distintas áreas: estadísticas económicas estadísticas sociales y Cuentas Nacionales.

El instituto cuenta con direcciones regionales en cada departamento.

El INE, además, controla y coordina las actividades estadísticas que realizan las instituciones integrantes del Sistema (organismos oficiales y entidades privadas).

dictando las normas técnicas a la que deben ceñirse los trabajos estadísticos, a fin de uniformar y evitar la duplicidad de trabajos.

Son parte del Sistema, de acuerdo a los arts. 2,13, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Sistema Nacional de Información, todas las entidades públicas y privadas que realicen actividades estadísticas, o que producen datos e información que interesan al sistema; quienes están obligados a suministrar al INE lo que les sea requerido en materia estadística.

La producción de información estadística y su consignación publicación por entidades e instituciones públicas, descentralizadas, centralizadas, concentradas y desconcentradas, debe contar con la autorización del INE de acuerdo al art. 14 de la Ley del Sistema de información Estadística.

El INE, de acuerdo a su estructura organizacional, cuenta a fin de actualizar la información estadística, con Departamentos que se abocan a diferentes aspectos: el departamento de estadísticas económicas recopila, procesa y elabora Información de sectores de la economía como la industria, minería, hidrocarburos, comercio exterior, energía, precios, etc.; el departamento de estadísticas sociales recopila, procesa y elabora estadísticas en aspectos como la salud, educación, demográfla y vivienda, migraciones, empleo, salarios, etc.; el departamento de Cuentas Nacionales se encarga de elaborar estadísticas de la actividad económica del país, los sectores productivos, los agentes económicos, etc. Toda la información que el INE. elabora se obtiene acudiendo a distintas fuentes: el Censo Nacional, los registros administrativos sectoriales y los encuestas especializadas (encuesta Integrada de hogares, por ejemplo).

Como parte de sus funciones el INE llevó a cabo el último Censo Nacional de Población y Vivienda, en mayo de 1992. De este modo se actualizó la información estadística en materia de salud, empleo, vivienda y educación.

Los problemas económicos, la circunstancias políticas y otros factores han hecho que el INE priorice áreas de actividad estadística: estadísticas económicas y sociales. Otras áreas, consideradas no prioritarias, han quedado relegados a segundo plano. El INE no asume su calidad de ente rector y regulador en materia de producción de información estadística.

Las estadísticas en materia criminal, en sus distintas áreas (policial, judicial y penitenciaria), no son de prioridad en los planes nacionales de información estadística, que el INE ejecuta cada año.

Entidades como la Policía Nacional, el Poder Judicial (las Cortes de Distrito) y la Subsecretaría de Régimen Penitenciario carecen de sistemas de información estadísticas diseñadas o implementadas por el INE. Cada una de estas instituciones proyecta de acuerdo a sus objetivos, prioridades e intereses sus propios "sistemas estadísticos". Tal el caso de la Policía Nacional que, a nivel Nacional es regulado y controlado por la Dirección de Planeamiento y Operaciones, a través de la Dirección de Estadística. Otras entidades, como el Poder Judicial y la Fiscalía carecen de sistemas de recopilación, procesamiento y análisis de información estadística; ellos acuden a la simple acumulación de datos para fines administrativos (saber cuántas demandas se presentaron, por ejemplo).

A pesar de que el INE está obligado a aprobar los sistemas Informáticos y otras modalidades de producción y procesamiento de información estadística en las entidades del sector público, las carencias económicas, de recursos humanos y técnicos para desarrollar la actividad estadística, impiden que esta entidad pueda llevar a cabo sus funciones.

Los esfuerzos del INE en materia de estadística criminal se limitaron a la publicación de estadísticas recopiladas por la Policía Nacional. La primera publicación data de 1995 y se concretó gracias a la Iniciativa de algunos funcionarlos del

INE que vieron por útil procesar y elaborar" las estadísticas policiales que la Policía Nacional produjo en su funcionamiento.

Estas estadísticas presentan los hechos que "más comúnmente se presentan" en la oficinas regionales de la Policía y que son informados a la Policía Nacional, quienes elaboran cuadros consolidados a nivel nacional y departamental. El trabajo fue desglosado en dos áreas: estadísticas policiales y estadísticas de tránsito y consigna datos generados de 1989 a 1994.

Las estadísticas policiales comprenden tres tipos de hechos policiales: disturbios civiles (paros, bloqueos, comunicados, etc). Sindicatos y Capturados (hombres, mujeres, menores, etc.) y casos policiales (delitos).

Las estadísticas de tránsito contemplan cinco acápites: casos registrados en tránsito (delitos de tránsito, hechos de tránsito e infracciones de tránsito); personas renunciadas en hechos de tránsito (conductores, pasajeros, peatones) documentos otorgados de conducción vehicular (profesionales, particulares, etc.); conductores en estado de ebriedad involucrados en hechos de tránsito (profesionales, particulares, motocicletas, etc); vehículos de los conductores en estado de ebriedad involucrados en hechos de tránsito (taxis, camiones, jeeps, etc).

Esta estadísticas fueron elaboradas en base a los registros administrativos que la Policía Nacional lleva en el cumplimiento de sus actividades.

Por otro lado mediante un convenio con el Ministerio de Gobierno, en septiembre de 1992, el INE efectuó el Primer Censo Penitenciario con miras a constituir la base del Subsistema de Información Penitenciaria.

El INE realizó el trabajo técnico desde la recopilación a la emisión de los resultados, la confección de las boletas censales, los manuales y otros documentos destinados a la recolección, control y verificación de la información estadística.

El censo penitenciarlo se realizó del 19 de noviembre de 1992 al 15 de febrero de 1993 para "obtener información básica para disponer las pautas necesarias para realizar un diagnóstico orientado al diseño de políticas acordes a la realidad de la población objeto de estudio.

El Censo permitió obtener información estadística sobre el total de la población recluida a nivel nacional (urbana, rural); Internos que cumplieran sus penas y se hallan aún reducidas; situación socio-pedagógica de los reos (edad, estado civil, sexo, etc).

El babajo tuvo, además, por objeto implementar el Subsistema de Registro Penitenciarlo a nivel nacional, "con actualización permanente y cuyo procesamiento pueda brindar indicadores que permitan la planificación y ejecución de políticas relacionados con la ejecución de penas y sistemas penitenciarios".

El detalle de la información estadística elaborada por el censo contiene, entre otros:

  • aspectos jurídicos: población recluida, según tenencia y tipo de defensa (de oficio, privada, etc..); total de población penal (por sexo, por departamento, etc); situación judicial de la población penal (detención preventiva, detención formal y sentencia ejecutoriada); población penal con detención preventiva, (auto inicial, auto de procesamiento, sobresimiento térmico de pureba y requerimiento de de conclusiones); población penal con detención formal (etapa del debate, auto de procesamiento, recurso de nulidad, sentencia, apelación, alegato, requerimiento en conclusiones y confesoría); población penal con sentencia ejecutoriada (daño civil, cartas al Estado, otras); sistema penal (según conocimiento de las etapas establecidas por la ley); reclusos por celda (según número de reclusos por celda).
  • aspectos sociales: educación (primario, medio, técnico, normal, universitario, analfabeto); estado civil (soltero, casado, divorciado, viudo); tenencia de cedulad de identidad; ocupación actual, alimentación (penitenciarla. particular); situación de los hijos de la población recluida en penitenciarías.

El trabajo presenta asimismo indicadores que permiten conocer la situación en la que se encuentra la población reducida en los recintos penitenciarlos. Estos indicadores permiten establecer relaciones o proporciones de la situación jurídica en la que se encuentra la población penal a la fecha de realización del censo (1993).

El censo permitió establecer los siguientes indicadores;

  • Indice de población penal es decir la población reducida en las cárceles y la población total del país. La Incidencia del comportamiento delictivo en el conjunto de la población boliviana es de 6 por cada 10.000 personas.
  • Indice de delitos o frecuencia con el que un determinado delito se presenta con relación al total de delitos registrados en los diferentes centros penitenciarios : 26% de población penal se indican por delitos de narcotráfico, en primer lugar.
  • Proporción de internos con sentencia ejecutoria, relación de internos con sentencia ejecutoria respecto al total de la población penal: 22 Internos por cada 100 internos cumplen su condena.
  • Proporción de internos con detención formal, es decir la relación de internos con detención formal respecto a la población penal total: Un 44% de internos con detención formal con respectó al total de la población penal.
  • Razón de población penal masculina y femenina, relación del número de varones sobre el número de mujeres detenidas: índice de masculinidad de 7 a 1, es decir cada 7 internos varones existe 1 del sexo femenino.
  • Proporción de internos con detención preventiva, el porcentaje de internos con detención preventiva respecto de total de la población penal: 33% de total de la población penal.
  • Proporción de la población penal de 13 a 19 años, relación porcentual de 13 a 19 años respecto al total de la población penal: 6 personas por cada 100 internos.
  • Proporción de población penal de 60 y más años de edad: 4 personas por cada 100 internos.

Este trabajo censal, por la información estadística producida, es valiosa por cuanto permite su análisis, reflejar la situación del sistema penitenciario; la relación entre delito y la condición socio-económica de la población penal y, finalmente, aspectos relacionados con la infraestructura.

3.4.- LA POLITICA CRIMINAL EN BOLIVIA.

En Bolivia como en casi toda latinoamérica la ciencia político-criminal ha sido poco desarrollada; aunque, el derecho penal, medio de control social más importante, estuvo y está más elaborada, sobre modelos u orientaciones político criminales importados y por ende ajenos a la realidad.

Por el contrario, en el ámbito penal sobre todo, es altamente apreciada el estudio de la dogmáticajurídico penal, a cargo de juristas, que como "contribución teórica" solo reproducen las discusiones o cuestionamientos de otras "realidades criminales", planteadas por alguna escuela penal.

La ciencia penal se sustenta aún hoy en la ideología de la criminología de corte positivista, que da base al primer argumento político-criminal, y el retribucionismo idealista y la tecnocracia jurídica. Ambas ideologías político-criminales (el pellgrosismo y el retribucionismo) fueron instrumentadas, en la década de los sesenta y parte de los setenta, por por las distintas estructuras políticas que dominaron el continente: "la seguridad nacional" y los gobiernos constitucionales con representatividad popular.

Recien a partir de la década de los setenta y debido a los inquietudes de reforma en materia de política penal (sector de la política criminal que se vale de los medios del derecho pensil a través de los límites de un sistema institucional), motivadas en un enfoque crítico de los viejos códigos de corte positivista, que se empieza a discutir la cuestión de una política criminal propia.

Constribuyeron al debate teórico, de modo decisivo, las propuestas de Código Penal Tipo para Latinoamérica de Sao Paulo, en 1971, y los proyectos y códigos de Venezuela (1969), Costa Rica (1970), El Salvador (1973), Guatemala (1973). Bolivia (1973) y Panamá (1970).

En los ochenta la discusión sobre la definición, concepto alcances, perspectivas y orientaciones de la política criminal adquiriere nuevos rumbos: el papel que debería Jugar la política criminal en la consolidación del Estado Derecho y las instituciones democráticas.

A pesar de ello los movimientos modernos de reforma penal y nueva legislación en materia de sistema de reacciones penales han seguido determinados por posturas o concepciones que, en último caso, dan excesiva importancia a las soluciones dogmáticas formuladas fuera de nuestras fronteras; elaboraciones teóricas sin basamento factual o sin correspondencia en nuestra propia realidad.

Un factor importante en el cambio de postura, fue el surgimiento de la criminología crítica que contribuyó a cuestionar el excesivo formalismo del Derecho Penal y, a la vez, impulsar el desarrollo de la política criminal. Esto en razón a que Criminología "lejos de haber permanecido anclada en las oscuras fosas del antropobio- psicológismo y aún de la sociología criminal positivista, se abrió paso hacia nuevas perspectivas".

Las reformas penales emprendidas desde 1970 si bien han permitido alejar, al menos en la teoría, la ideología del positivismo penal decimónico, del pensamiento jurídico latinoamericano, estas no han sido formuladas sobre objetivos y medios político-criminales propios, y producto de la investigación y evaluación de la realidad y contexto en el que se configuran nuestras sociedades. Estas reformas carecen de orientaciones político criminales definidos y, por el contrario, están más preocupadas por los aspectos dogmáticos que "por los medios para alcanzar fines de política criminal.

Los cambios en el sistema penal requieren ser fundados en modelos o concepciones político-criminales elaboradas a partir de las indagaciones factuales y empíricas de la realidad, antes que la pura investigación teórica y sin referentes efectivos.

En este sentido, la política criminal sustentada por la criminología actual debe, utilizando los aportes de la sociología, la historia, la ciencia política y la filosofía, un control social mucho menos represivo, más sofisticado, más preventivo y más concientteador, dejando al derecho penal fuera de su posición dominante en el sistema de control social.

Bolivia por la situación política interna y externa y otros factores acudió, a la hora de reformar su sistema penal, a modelos y programas político-criminales de origen europeo, adecuándolos a "nuestra realidad". El Código Penal de 1972, que obedece a los intereses dominantes en aquella coyuntura política, tiene como referente el Código Italiano de 1942.

El legislador boliviano, a la hora de hacer reformas penales, a acude a modelos político-criminales en los que los medios penales están por encima de los medios no-penales.

Se hace muy poco por desarrollar una política criminal que obedezca a las circunstancias de nuestra realidad. Investigación criminológica y de otro tipo no existe ya sea debido a la falta de interés del Estado en promover esta actividad, o la carencia de recursos humanos y económicos, o. en último caso, por la falta de información básica - como la estadística- para desarrollar procesos de investigación penal.

Las estrategias asumidas para combatir la criminalidad local, casi desde siempre, han radicado en el aparato policial, es decir la represión pura y simple, apoyados en medidas legislativas penales por excelencia. La prevención casi siempre estuvo ausente en la policía criminal nacional.

A nivel teórico la ciencia político-criminal, no tiene la aceptación que debería darséle en virtud a su importancia; existe un menosprecio o actitud desdeñadora en beneficio de la dogmática penal. Son pocos los que en "sus estudios", le dedican espacio suficiente; en contrapartida el ritualismo o formalismo es el aspecto preferido de la discusión jurídico-penal. La teoría del delito, el procedimiento penal y las elaboraciones dogmáticas sobre la cuestión penal abundan en el pensamiento jurídico nacional.

La discusión dogmática, que incluso lleva a actitudes irracionales, es una constante presente en las reformas penales. Y como sostiene Navarro "el problema penal no se define, hoy en día, a través de la imagen del enfrentamiento de policías y ladrones, sino como una cuestión mucho más compleja de política social que debe encararse, ante todo, desde puntos de vista muy distintos.

El derecho penal, como medio de política penal, es objeto de cuestionamiento.

La pena y las medidas de seguridad, por su ineficacia en la solución de conflictos sociales, están siendo desplazadas por el desarrollo de medios no penales (alternativas a la prisión, la desjudicialización, la descriminalización, etc.). Estas nuevas corrientes de pensamiento penal merecen la atención debida y deben incluirse en los programas político criminales nacionales, para su discusión.

En el aspecto legislativo la política criminal boliviana se asienta en el código penal del 2 de abril de 1973 que sigue la postura de la Escuela Técnico-Jurídica, es decir considera el delito y las penas desde una base estrictamente jurídica. La ley de ejecución de Penas y Sistema Penitenciario de 19 de Septiembre de 1973 la Ley 1008 de 19 de Julio de 1988 y el Código de Procedimiento Penal de 1973, son los otros instrumentos legales que canalizan las decisiones político-criminales del Estado boliviano.

En cuanto a la política criminal aplicada, la entidad gubernamental responsable de formular planes, programas o medidas político-criminales es el Ministerio de Gobierno, a través de su Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación Social, de acuerdo al art. 14 de la Ley de Ministerios de 17 de Septiembre de 1993 y los arts. 23 y 25 de los decretos supremos Ns 23660 de 12 de Octubre de 1993 y Nº 23668 de 3 de Noviembre de 1993.

"arts. 25 inc. b) Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación Social: responsable de las acciones referidas a la prevención del delito y la delincuencia y la reinserción social de los rehabilitados".

Al presente por razones políticas e internacionales esta Subsecretaría aboca sus esfuerzos a la prevención en el área de drogas (uso y consumo). El Ministerio de Justicia, entre tanto, asumió un papel rector y protagonista con sus propuestas de reforma legislativa en materia judicial, penal y procesal.

Hacia la segunda mitad de los ochenta el Estado boliviano dio inicio a lo que sería una vasto programa político-criminal contra un problema que rebasaba los límites estrictamente penales: el narcotráfico.

Los EE.UU. y la comunidad internacional habían asumido una postura de lucha frontal contra el narcotráfico, por las derivaciones políticas, sociales que éste había adquirido. Bolivia, presionada por los países consumidores que exigían se combata el fenómeno desde su raíz, adoptó un severo mecanismo penal: la Ley 1008.

El Estado, hasta entonces, no había asumido un papel decisivo en la materia; la represión era tenue y dispersa y la prevención no estaba en los planes de política criminal. Sin embargo este panorama cambia con la Ley 1008: se incorpora el concepto de "prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción", creando los mecanismos operativos e institucionales para el efecto.

La ley 1008 trazó las directrices de lo que hasta hoy es un amplio programa político criminal en la materia. El programa se asienta en tres aspectos fundamentales: La interdicción, el desarrollo alternativo, la erradicación de la coca y la prevención.

En el aspecto penal o de represión e interdicción, la Ley 1008 instituye a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, FELCN, como brazo operativo de la estrategia nacional contra la fabricación, tráfico y comercialización de drogas y precursores; incorpora Incorpora tipos penales abiertos(tráfico, fabricación); suprime el sumario o instrucción penal; crea tribunales colegiados con jurisdicción nacional, establece penas muy severas y estatuye la presunción de culpabilidad.

La prevención -concebida como el mecanismo que evita el aumento del consumo de drogas y complementada con el desarrollo de políticas de rehabilitación y de reinserción social- se ejecuta por el marco institucional estructurado por la Ley 1008, a cuya cabeza se halla el Consejo Nacional contra el Uso Indebido de Tráfico, como órgano rector de la políticas de interdicción, desarrollo alternativo y prevención.

Ya en 1986 se había implementado el concepto de la prevención integral con enfoque epidemiológico por el que el Estado asumía un papel rector en cuestión de desarrollo, ejecución y evaluación de políticas (planes), de prevención, y se institucionalizaba la prevención creando los mecanismos pertinentes: órganos políticos, operativos, directivos y una variedad de Instituciones que trabajan en el área, de modo exclusivo. La Ley 1008 le vino a otorgar el reconocimiento legal a esta estructura Institucional y programática.

Participan del marco institucional, el Consejo Nacional de Prevención Integral del Uso Indebido de Drogas, CONAPRE, organismo estatal, normativo en materia de prevención, que ejecuta sus actividades a través de los Comités de Prevención, COPRE, presentes en cada capital de departamento y El Alto.

El CONAPRE, creado por D.S. N9 21380 de 1986, ya formuló el primer Plan Nacional de Prevención, el año 1988, en base a un previo trabajo de diagnóstico e investigación del problema de consumo de drogas efectuado en colaboración con expertos y técnico de organismos internacionales como la OPS/OMS, UNFDAC, USAID y otros.

Interviene, también, en la ejecución de programas de prevención la Dirección Nacional de Prevención y Reinserción Social, DINAPRE, dependiente de la Secretaria Nacional de Salud, organismo creado mediante de acuerdo al D.S. Nº 23015 de 20 de Diciembre de 1991.

Es parte, asimismo, de la estructura institucional de la prevención la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación Social, dependencia gubernamental que elabora, ejecuta y aplica programas específicos de prevención, rehabilitación y reinserción social, en virtud al art. 25 del D.S. Nº 23660 y Nº 23668.

Alrededor de estas entidades trabajan otras entidades gubernamentales, ONG'S y organismos internacionales en áreas de investigación, diagnóstico y estudio del consumo de drogas, con miras a generar información, científica y real que sirva de base para formular planes de prevención y rehabilitación.

El énfasis con que el Estado boliviano trabaja en esta materia dio sus primeros frutos: se desarrollan procesos de investigación a fin de obtener conocimientos que se sustenten en datos empíricos y se formulan, planifican y ejecutan programas de prevención en él área educativo, de salud y comunicacional.

ONG'S como SEAMOS y CESE, organismos internacionales como UNFDAC y USAID, y la sociedad en sí, son parte de este proceso que tiene como metas alcanzadas la formulación de, al menos, dos Planes Nacionales de Prevención. Estos son: el Plan Nacional de Prevención del Uso Indebido de Drogas de 1990, que adopta las estrategias de la interdisciplinareidad, interseceionalidad y la participación social operativizada por medio de la investigación, coordinación, capacitación y comunicación.

El plan Nacional de Reducción de la Demanda de drogas de 1993 cuya base es el Plan Nacional de Prevención de Drogas elaborado en 1988, busca entre sus objetivos el promover y apoyar los programas y, proyectos existentes y futuros para la prevención del uso Indebido de drogas. Dicho plan, a fin de cumplir sus objetivos, fija estrategias en cinco áreas: investigación multicausal de tendencias de consumo de drogas; educación (desarrollo de sistemas de educación y programas de capacitación y educación preventiva; slud (desarrollo de programación de prevención, diagnóstico y tratamiento); comunicación ( conformar una red nacional de comunicación), (regular la participación de ONG'S y organismos, y reforzar las medidas legales para el control de sustancias psicótropicas).

En 1992 las NN.UU. escogieron a Bolivia para que elaborase el Plan Quinquenal sobre Prevención Integral del Uso Indebido de Drogas, como reconocimiento al trabajo desplegado de esta materia. El plan fue aprobado en 1993 por las NN.UU.

El Desarrollo Alternativo y la Erradicación la coca excedentária, otro de los pilares del programa político-criminal emprendido por el gobierno, están bajo la responsabilidad del Consejo Nacional contra el Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas. CONALID, el Ministerio de Gobierno por medio de las Subsecretarías de Sustancias Controladas y Desarrollo Alternativo, el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo y otras instituciones gubernamentales. La Ley 1008 regula la producción comercialización y consumo de la coca a través de un régimen de la coca; establece el mecanismo de la sustitución de los cultivos de coca y dotación de infraestructura, servicios y bienes a los campesinos productores.

Este conjunto de acciones hicieron que el Estado pase de un papel pasivo a uno activo, en materia de prevención del uso de drogas ilícitas, en correspondencia con la gravedad que había asumido el problema. Este cambio de actitud se articuló en enfoques que superan al mero asistencialismo empírico, vigentes hasta antes de 1970, o al concepto médico sanitario -psiquiátrico, del período previo a 1986.

En el campo de la investigación los planes de prevención adoptados por el Estado contemplan programas de investigación que principalmente permitan poner en evidencia los factores que se constituyen en predisponentes y sustentadores de las dependencias. Conocer estos factores servirá, de acuerdo al programa gubernamental, para realizar acciones de prevención de mayor eficacia, dirigiéndolas a la población en general y a la de alto riesgo en particular.

Uno de los componentes en este programa de investigación, el más importante porque permite medir o estimar el uso de drogas en un momento y espacio determinados, es el Estudio de Prevalencia del Uso Indebido de Drogas.

Los estudios de Prevalencia del Uso Indebido de Drogas, efectuadas periódicamente, son una medida del uso de determinadas sustancias en una población específica, en un lapso dado. Permiten conocer las características sociales, demográficas y familiares de los usuarios, los grupos etareos de mayor riesgo, la edad del inicio y su frecuencia.

El estudio se basa en encuestas realizadas a muestras representativas (estudiantes y universitarios) y acuden a tres parámetros:

  • Prevalencia de vida (uso de alguna droga por lo menos una vez en su vida)
  • Prevalencia durante el último año
  • Prevalencia de uso en los treinta últimos días

Los resultados de estas investigaciones, iniciadas en la segunda mitad de los ochenta, reflejan la magnitud del consumo de drogas en cada uno de los deparlamentos y en los sectores de mayor riesgo; asimismo, permiten conocer los cambios que se producen en el problema del uso de drogas a través del tiempo.

A largo plazo, los estudios de Prevalencia, persiguen:

  • Crear una base de datos comparativa que permita el seguimiento de la evolución, comportamiento, actitudes, tendencias y cambios en el tiempo, del problema del uso Indebido de drogas.
  • Contribuir al diseño de políticas, planes y proyectos en la adopción de medidas en el área de la prevención, comunicación social, información y educación acerca dé abuso de drogas.

Actualmente la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación Social, brazo operativo gubernamental de la políticas preventivas, desarrolla y ejecuta la política preventiva denominada por ellos "Neoprevención".

El enfoque de Neoprevención ve al narcotráfico como un problema que afecta a la gobernabilidad (capacidad del Estado para implementar sus políticas) por los efectos negativos en la sociedad y la estructura institucional. "Para enfrentar eso es necesario una nueva lectura del programa, un nuevo enfoque que se caracteriza por:

  • considerar la investigación como base y soporte real de la acciones preventivo.
  • tener una visión integradora del fenómeno producclón-tráfico-consumo.
  • por superar los conceptos de "hacer para" por el de "hacer con" (participación social OTB's)
  • reconocer que el consumidor es susceptible a ser adicto, traficante y productor,
  • reconocer que la prevención debe respetar las diferencias técnico-culturales.
  • entender el fenómeno en su dimensión multicausal y multifactorial".08

Como consecuencia de ello la política preventiva se ejecuta siguiendo las estrategias de la:

  • prevención social (solución de fenómenos negativos para la sociedad).
  • prevención inespecífica (accionar indirecto de ataque a las causas desencadenantes).
  • prevención regionalizada (acciones regionalizadas)

[1] RIVASGONZALES ,Ernesto.Cursod eEstadística.LaBiblioteca.Caracas1979p.10.

[2] ZUWAYLIF HH.,Fadil.EstadísticaGeneralAplicada.Fond oEducativ oInternaciona lS.A .México1977 .p.2 .

[3] CABALLERO ,Wilfredo.Introducció nala sEstadísticas.OEA .SanJosé .1975p.20 .

[4] Ibidem. p.25.

[5] REYES ECHANDIA, Alfonso, op. cit. p.19.

[6] CAJIAS, Huascnr. op. cit. p.45. ILANUD. op. cit. p.5.

Jiménez de Asúa es partidario de estudiar la historia del Derecho Penal, aunque advierte que en las épocas prehistóricas nos encontraremos con datos que será imposible depurar por fuentes fidedignas. Se nos presentará otro obstáculo al no poder apreciar por el solo examen de la ley su aplicación práctica en tiempos pasados.

Autor: José Luis Mujica Liscano.

CONTENIDO:

1.-       Introducción

2.-       Derecho Penal primitivo

2.1.- El Derecho Penal de los clanes totémicos

2.2.- El Derecho Penal de la ciudad de la antigüedad

2.2.1.- Las leyes de las ciudades

2.2.2.- Clasificación de los delitos

2.2.3.- Los delitos públicos

2.2.4.- Los delitos privados

2.3.- El Derecho Penal de las teocracias, clases y déspotas

2.3.1.- La venganza divina

2.3.2.- La venganza política

3.-       La Edad Antigua: China, Egipto, Israel, Persia, India, Asiria, Grecia, Roma

3.1.- Derecho Penal en el Antiguo Oriente

3.1.1.- Derecho Penal chino

3.1.2.- Derecho Penal persa

3.1.3.- Derecho Penal egipcio

3.1.4.- Derecho Penal hebreo

3.1.5.- Derecho Penal indio

3.1.6.- Derecho Penal asirio

3.1.7.- Derecho Penal en Grecia

3.1.8.- Derecho Penal romano

4.-       La Edad Media. Derecho Penal Canónico y Germánico

4.1.- El Derecho Penal Canónico

4.2.- Derecho Penal Germánico

5.-       El Derecho Penal en la Edad Moderna y Derecho Penal liberal

5.1.- César Beccaria

5.2.- Apostes de César Beccaria: "De los delitos y las penas" (resumen)

5.2.1.- CAPITULO I.- Origen de las penas

5.2.2.- CAPITULO II.-  Derecho de castigar

5.2.3.- CAPITULO III.- Consecuencias

5.2.4.- CAPITULO IV.- Interpretación de las leyes

5.2.5.- CAPITULO V.- Oscuridad de las leyes

5.2.6.- CAPITULO VI.- Proporción entre los delitos y las penas

5.2.7.- CAPITULO VII.- Errores en la graduación de las penas

5.2.8.- CAPITULO VIII.- División de los delitos

5.2.9.- CAPITULO IX.- Del honor

5.2.10.- CAPITULO X.- De los duelos

5.2.11.- CAPITULO XI.- De la tranquilidad pública

5.2.12.- CAPITULO XII.- Fin de las penas

5.2.13.- CAPITULO XIII.- De los testigos

5.2.14.- CAPITULO XIV.- Indicios y formas de juicios

5.2.15.- CAPITULO XV.- Acusaciones secretas

5.2.16.- CAPITULO XVI.- Del tormento

5.2.17.- CAPITULO XVII.- Del espíritu de fisco

5.2.18.- CAPITULO XVIII.- De los juramentos

5.2.19.- CAPITULO XIX.- Prontitud de la pena

5.2.20.- CAPITULO XX.- Violencias

5.2.21.- CAPITULO XXI.- Penas de los nobles

5.2.22.- CAPITULO XXII.- Hurtos

5.2.23.- CAPITULO XXIII.- Infamia

5.2.24.- CAPITULO XXIV

5.2.25.- CAPITULO XXV.- Destierros y confiscaciones

5.2.26.- CAPITULO XXVI.- Del espíritu de familia

5.2.27.- CAPITULO XXVII.- Dulzura de las penas

5.2.28.- CAPITULO XXVIII.- De la pena de muerte

5.2.29.- CAPITULO XXIX.- De la prisión

5.2.30.- CAPITULO XXX.- Procesos y prescripciones

5.2.31.- CAPITULO XXXI.- Delitos de prueba difícil

5.2.32.- CAPITULO XXXII.- Suicidio

5.2.33.- CAPITULO XXXIII.- Contrabandos

5.2.34.- CAPITULO XXXIV.- De los deudores

5.2.35.- CAPITULO XXXV.- Asilos

5.2.36.- CAPITULO XXXVI.- De la talla

5.2.37.- CAPITULO XXXVII.- Atentados, cómplices, impunidad

5.2.38.- CAPITULO XXXVIII.- Interrogaciones sugestivas y deposiciones

5.2.39.- CAPITULO XXXIX.- De un género particular de delitos

5.2.40.- CAPITULO XL.- Falsas ideas de utilidad

5.2.41.- CAPITULO XLI.- Cómo se evitan los delitos

5.2.42.- CAPITULO XLII.- De las ciencias

5.2.43.- CAPITULO XLIII.- Magistrados

5.2.44.- CAPITULO XLIV.- Recompensas

5.2.45.- CAPITULO XLV.- Educación

5.3.- Resumen histórico

5.4.- 2. John Howard

5.5.- El Derecho Penal protector de la sociedad

6.-       La filosofía penal

6.1.- Explicaciones generales

6.2.- Tesis

6.3.- Anti – tesis

6.4.- Síntesis

7.-       Las escuelas penales

7.1.- Escuela Clásica

7.1.1.- Principios

7.1.2.- La pena

7.2.- Escuela Positivista

7.2.1.- Origen de la teoría

7.3.- Escuelas Eclécticas

7.4.- Escuela Humanista

7.5.- Escuela Pragmática

8.-       Historia del Derecho Penal venezolano

8.1.- El Derecho Penal Indígena

8.2.- El Derecho Penal Indiano

8.3.- El Derecho Penal Nacional

8.3.1.- Jerarquía en la aplicación de las leyes

8.4.- Constitución de 1830

8.5.- Las Leyes Especiales

8.6.- La Codificación Penal

8.7.- Conclusiones

Bibliográficas

1.- Introducción

El propósito del análisis del Derecho Penal desde una perspectiva histórica, es fomentar el análisis de los temas de la parte general de esta disciplina para formar profesionales que los apliquen y defiendan desde sus distintas actividades como futuros operadores del derecho, quienes en posiciones de jueces, abogados litigantes, asesores y académicos, entre otros, deberán conocer, dominar y aplicar esta rama del derecho, para lograr así su respeto y el consecuente fortalecimiento del Estado de Derecho y la Democracia venezolanos. En este trabajo de investigación, la primera parte está referida al estudio del origen, evolución histórica y grandes aportes al desarrollo del derecho penal.

Posteriormente, se presenta la manera en que la denominada época de las luces influye en la manera de pensar de hombres como César Beccaria y otros pensadores liberales que lograron transformar esta disciplina. También se analizará la forma en que el derecho venezolano reconoce la teoría de la Escuela Clásica, haciendo referencia a la evolución histórica del Derecho Penal en nuestro país.

2.- Derecho Penal primitivo

No es tan importante el estudio del aspecto histórico del Derecho Penal como lo es en el del Derecho Civil. El autor suizo Augusto Cornaz, al respecto, dice que el Derecho Civil depende del Derecho pretérito, de la historia de un pueblo y, en cambio, “la reforma del Derecho Penal está íntimamente ligada al movimiento general de la civilización. El Derecho Penal es eminentemente moderno, filosófico, independiente del pasado”.

Sin embargo, penalistas tan destacados como Von Hippel y Mezger aconsejan estudiar el desarrollo de la penalidad a lo largo de los tiempos para procurarnos la experiencia que nos haga comprender mejor las instituciones de hoy.

Jiménez de Asúa es también partidario de estudiar la historia del Derecho Penal, aunque advierte que en las épocas prehistóricas nos encontraremos con datos que será imposible depurar por fuentes fidedignas. Se nos presentará otro obstáculo al no poder apreciar por el solo examen de la ley su aplicación práctica en tiempos pasados.

Para explicar el origen del derecho penal, éste se debe buscar en la sociedad primitiva, y para explicar su progreso, seguimos la trayectoria de cuatro períodos que señala el profesor José Rafael Mendoza Troconis:

  1. El Derecho Penal de los clanes totémicos.
  2. El Derecho Penal de la ciudad de la antigüedad.
  3. El Derecho Penal de las teocracias y gobiernos de las clases dominantes y de los déspotas.
  4. El Derecho Penal doctrinario y científico, elaborado por los filósofos y las escuelas.

2.1.- El Derecho Penal de los clanes totémicos

Mendoza Troconis, explica que el grupo primitivo que se encuentra en la iniciación de casi todas las sociedades es el clan, y lo define como: “agrupación de parientes o de individuos que tienen el mismo origen místico, un antepasado que da nombre al grupo y se denomina tótem” (Curso de Derecho Penal Venezolano, Parte General, Tomo I, pág. 59).

Por su parte, Durkheim define el clan “la sociedad jurídica de parientes enlazados entre sí por la comunidad de nombre y de culto y por la reciprocidad de derechos y deberes”. (Cita de Benson, Totemismo, pág. 94).

Sin embargo, y en contraste con los autores citados, Miguel Pérez afirma que “el tótem y el tabú son inspiraciones cuyo sentido verdadero no podemos alcanzar a comprender hoy”. (Derecho Penal, Principios Generales, pág. 62, 1963).

James G. Frazer, narra:

El hombre primitivo tenía una relación muy especial con los animales, que mediante prácticas rituales o ingesta de enteógenos (sustancias vegetales), nuestro ancestro recordaba o experimentaba la vida de un animal o planta, que él mismo había sido. Y que por lo tanto ingerir la carne de su animal totémico era equivalente a comer a un ser de su misma especie, práctica tabú o prohibida en muchas regiones. (La Rama Dorada: La Biblia del Antropólogo, de James George Frazer, resumen de 1922).

En síntesis, en estos grupos primitivos la solidaridad de enlace residía en las creencias religiosas totémicas, de modo que, en estas primeras formas sociales, el totemismo aparece como factor de reglamentación.

Derivados del totemismo surgieron las primeras prohibiciones en el grupo, denominadas tabú; que, en concordancia con la obra “Criminología” de Maurice Parmelee, pág. 19; (1925) son:

Sacrilegio: El tótem era un ser animado, en la mayoría de las veces un animal; los miembros del clan consideraban sagrado este animal, creían que tenían en sí mismos algo del animal. Un miembro del clan de la liebre debía abstenerse de comer carne de liebre y la violación de esta prohibición constituyó un tabú, que era sancionado por la colectividad, porque ofendía un sentimiento religioso común a los miembros.

Incesto: Los individuos del mismo grupo se consideraban hermanos. La mujer transmitía el tótem a sus hijos; en el grupo, la sangre de la mujer, vehículo del tótem, era sagrada; periódicamente, la mujer pierde parte de esta sangre, que se exponía así a los peligros del contacto; por tanto, el contacto sexual de los miembros del clan con una mujer del mismo, estaba absolutamente prohibido, regla tabuada que llegó a constituir la exogamia o prohibición de incesto, tan grave, que su infracción era sancionada con la muerte.

Brujería: El primitivo era esencialmente animista, ignoraba el origen de los fenómenos naturales y creía que todos eran animados por entes espirituales benéficos o maléficos. Así los espíritus que animaban las lluvias y la fertilidad del suelo o contribuían a la destrucción del enemigo, eran buenos, pero aquellos que agotaban las cosechas o atraían al enemigo eran malos.

Había en el grupo individuos llamados magos o brujos, que tenían la virtud de obligar a los entes espirituales a hacer la voluntad del hombre; cuando el mago beneficiaba al grupo con sus prácticas, merecía galardón y respeto supersticioso, pero si usaba su poder contra el clan, entonces injuriaba a sus miembros y su actitud era sancionada como brujería.

Traición: La vida primitiva de los clanes era una continua guerra contra otros grupos, y el guerrero que se negase a combatir o instigase o ayudara al enemigo, atentaba contra la seguridad y permanencia de la colectividad, era sancionado por traición.

Los delitos de caza: Por último, la caza constituía, en aquellas remotas épocas, la forma ordinaria de procurarse alimentación, estaba reglamentada como factor de vivencia en el grupo, las infracciones de las reglas de la caza constituían atentados contra la comunidad.

Mendoza Troconis concluye: “Así puede afirmarse que en el clan totémico, los hechos equivalentes a delitos fueron el sacrilegio, el incesto, la brujería, la traición y las infracciones de caza”. (Curso de Derecho Penal Venezolano, Parte General, pág. 61).

Se observa claramente en la conclusión del autor mencionado, que estos hechos fueron “equivalentes a delitos”, porque en estos grupos no se tenía un verdadero concepto de delito: se sancionaba más bien la acción de dañar.

Mendoza Troconis afirma que “crimen deriva del sánscrito ‘Karman’, que significa hacer; la palabra culpa deriva de ‘calp’, que quiere decir ejecutar; ‘facinus’, raíz de facineroso, viene de ‘facer’. Los delitos de hoy no se castigaban entonces. (Curso de Derecho Penal Venezolano, Parte General, pág. 61).

En efecto, las muertes violentas eran corrientes, por rito religioso, venganza, canibalismo, inutilidad, hazaña guerrera; el infanticidio era impune, porque el matador tenía derecho a disponer del producto de su sangre, el robo se estimaba como una muestra de habilidad y destreza; los hechos sexuales de seducción y violación no se sancionaban: la mujer pertenecía a la comunidad y la unión sexual más frecuente consistía en el robo de mujeres.

Dadas las condiciones que anteceden, surge una interrogante: ¿Quiere decir entonces que los daños ocasionados a las personas y a las propiedades quedaban sin sanción?

Venganza Privada: en respuesta al planteamiento anterior, el ofendido tomaba venganza por su propia mano, y todos los miembros del clan se consideraban ofendidos, porque entre ellos existía un sentimiento de obligaciones y responsabilidad comunes, cada uno era en el grupo responsable de los actos de los demás, y cada cual estaba dispuesto a vengar la ofensa inferida a otro, como hecha a él. Esta fue la primera reacción contra los hechos equivalentes a delitos: la venganza de la sangre. La venganza privada era siempre exagerada, ocasionaba mayores males que el sufrido por el vengador (no existía el principio de proporcionalidad), las venganzas se encadenaban, clanes enteros vivían en perpetua guerra por los homicidios cometidos en las personas de sus miembros.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, Isidro de Miguel Pérez, argumenta: “La tribu pide la eliminación de quien ha delinquido en el interior de la misma, si el delincuente pertenece a otra tribu, viene la venganza de sangre y con ella la guerra entre las dos tribus que, generalmente, termina con la desaparición de una de ellas”.

El mismo autor concluye:

Parece que en los primeros tiempos había cierta contradicción entre las influencias y las prácticas de carácter mágico y religioso. La actuación penal de la época se basaba, según aprecian los autores, en la pena retributiva en este mundo y no en el otro. (Derecho Penal: Principios Generales, pág. 72, 73).

2.2.- El Derecho Penal de la ciudad de la antigüedad

Los clanes eran nómadas en su origen, sin embargo, en una etapa más avanzada los clanes se hacen sedentarios por el influjo de la agricultura. Grupos de clanes ocupan una porción determinada de territorio y forman poblados y aldeas. Los grupos que sobrepasan la fase del clan se sitúan en fracciones de territorio, verdaderos distritos, concejos o marcas. La circunscripción territorial se hizo cada vez más extensa, los grupos locales se reúnen en otra forma de sociedad más amplia, que se denomina tribu, y la tribu se estructura con un poder superior individualizado. Entonces, la sociedad formada por los clanes o familias constituye una ciudad, como las ciudades de Grecia y Roma, y el derecho de castigar se torna público, en el sentido de que se ejerce por el jefe de la ciudad o por el magistrado.

2.2.1.- Las leyes de las ciudades

Como afirmó Mendoza Troconis, a la enumeración de estas prohibiciones o hechos “equivalentes a delitos” dañosos en la vida de esos grupos, siguió, en las ciudades, con la invención de la escritura, el “catálogo de los delitos”, contenidos en leyes escritas, que en la Roma primitiva formaron un cuerpo denominado Leyes duodecim tabula rum: Ley de las XII Tablas.

En casi todas las ciudades de la antigüedad se formaron leyes toscas que contenían leyes reglas penales interesantes, y hoy llaman la atención el Código de Hanmurabi, en Asiria; el Pentateuco, entre los Hebreos; el Código de las Cinco Penas, en China; las Leyes de Minos, en Greta; y las Leyes de Dracón, Solón y Licurgo, en Grecia.

2.2.2.- Clasificación de los delitos

En la mayoría de estas leyes aparecen dos clases de delitos: unos públicos, que ofenden a la colectividad y son castigados con penas públicas; otros, privados, que ofenden a las personas y a la propiedad, y eran sancionados con la propia mano del ofendido.

2.2.3.- Los delitos públicos

Las leyes de las XII Tablas establecían, como delitos públicos:

- el perduellis o traición: era todo atentado contra la ciudad, la guerra mala, la instigación al enemigo.

- El parricidium o muerte de un semejante.

Al lado de estos hechos principales colocaban otros delitos comunes como el robo, los hechizos mágicos usados para destruir las cosechas, los libelos difamatorios y las injurias públicas, el incendio de un edificio, la defraudación del cliente por el patrono, la negativa a declarar como testigo, el testimonio falso, los grupos sediciosos de noche y en la ciudad. Las penas que se imponían por estos delitos eran talionarias o revestían ya rigor o crueldad, la muerte, los suplicios, el sacrificio a los dioses, la precipitación desde la Roca Tarpeya y el fuego.

2.2.4.- Los delitos privados

La pena revestía carácter privado, se traducía en un rescate o arreglo pecuniario que extinguía la acción penal por un simple pacto. Así, contra el que rompía un miembro y no transigía, la pena del talión; por la fractura de un hueso y de un diente a un hombre libre, 300 ases; de un esclavo, 50 ases; por la injuria a otro, 25 ases; por el daño causado injustamente, la reparación; por el hurto, el cuádruple del valor hurtado. Estos delitos privados podían clasificarse en hurto, rapiña, daño en la propiedad ajena e injuria a la persona.

Es evidente entonces, que en la reacción contra los delitos privados intervienen dos limitaciones esenciales a la venganza privada:

- El talio o talión: sólo se permitía infligir al culpable un mal igual al que había ocasionado. Así, las leyes mosaicas decían:

23 pero si ocurre un accidente mortal, entonces tienes que dar alma por alma, 24 ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, 25 marca candente por marca candente, herida por herida, golpe por golpe. 26”Y en caso de que un hombre hiera el ojo de su esclavo o el ojo de su esclava y realmente lo arruine, ha de enviarlo como persona puesta en libertad en compensación por su ojo. 27 Y si es el diente de su esclavo o el diente de su esclava lo que él hace saltar de un golpe, ha de enviarlo como persona puesta en libertad en compensación por su diente”. (Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Éxodo, Cap. 20, versículos 23 – 25).

En la Ley de las XII Tablas también se establecían este tipo de preceptos talionarios.

- Compositio o compensación talionaria: obligación para el ofendido de recibir un precio en dinero por la ofensa, que se consideraba como el rescate de la sangre. En muchas leyes, el ofendido podía escoger entre la venganza o contienda y la composición, pero la autoridad política, adquiriendo poder creciente, logró establecer la composición obligatoria, para evitar que se debilitaran los grupos por la multiplicación de la venganza.

Con referencia a lo anterior, R. Shom, sintetizó la evolución de la legislación penal en Roma de esta forma:

Al fundarse la República Romana, el pueblo reclamó para sí el castigo de los delincuentes que merecían pena de muerte, el juicio se hizo público entonces, los delitos eran creados por leyes especiales, que determinaban también la pena y eran juzgados por jurados, se denominaron Crimina legitima, y las leyes que los instituyeron, Quaestiones. (Instituciones de Derecho Privado Romano, pág. 417).

Mendoza Troconis agrega:

Bajo Sila se establecieron siete delitos: de repetundarum, de ambitus, de magestatis, de sacrilegium, de asesinato, de injurias atroces y de falsum; luego dos; el crimen de vis y el plagium; y, por último, en tiempos de Augusto, los delitos contra el matrimonio y la honestidad y la usura. Durante el imperio surgieron los crímenes extraordinarios, y al lado de los anteriores, se colocaron nuevos delitos, como los robos, y hurtos calificados, el aborto, el encubrimiento, el rapto, el estelionato, la exposición de niños, entre otros. Y para casi todos estos hechos, la pena se infligía por la autoridad, que obtuvo mayor intervención en los castigos y contribuyó a la supresión paulatina de la venganza privada. (Curso de Derecho Penal Venezolano, Parte General, pág. 64).

2.3.- El Derecho Penal de las teocracias, clases y déspotas

Lo mismo en Egipto que en los imperios de Oriente antiguo, en Grecia y Roma, durante el feudalismo y en las monarquías e imperios europeos, o cuando ejercieron los Papas el poder temporal y los soberanos se decían representantes de los dioses en la tierra y gobernaron en nombre de la divinidad, y hubo clases vencedoras y dominantes que oprimieron a las sojuzgadas, en todas estas estructuraciones de los grupos sociales, fundamentadas en gobiernos teocráticos, despóticos y tiránicos, el derecho penal fue un instrumento de la venganza de las majestades y de las divinidades.

Se erigió el laese magestatis crimen, que comprendía desde los actos más fútiles, como la rotura de las estatuas de los reyes, las palabras irrespetuosas, las irreverencias, los sueños, los simples descuidos en el servicio doméstico de los mandatarios y aún los pensamientos alcanzaba hasta los hechos más graves, tales la traición a la patria, rebeliones, conspiraciones, atentados a los príncipes, a la familia real y a los funcionarios y a los privilegios que se reservaron a los emperadores.

Así, la falsificación de moneda era crimen de lesa majestad porque se usurpaba la prerrogativa de fabricarla, exclusiva del monarca; el peculado también, porque se ejecutaba en el tesoro real.

Ante la situación planteada, Maurice Parmelee añade: “cuando una clase determinada lograba ascendencia política y económica, invariablemente legislaba en su propio interés, como en diferentes tiempos y lugares lo han hecho la clase militar, la terrateniente y la capitalista” (“Criminología”, pág. 34).

Así, durante la dominación eclesiástica erigiéndose en delitos la blasfemia, el ateísmo, la herejía, el sacrilegio, la magia, la demonomanía, el sortilegio y cualesquiera actos que denostaren contra las creencias místicas, y se consideraron delincuentes razas y comunidades enteras, como en la vieja España, los judíos, moros y herejes.

2.3.1.- La venganza divina

Fue terrible y cruel, los sacerdotes exigieron, en los pueblos antiguos, sacrificios de mujeres y niños, suicidios, mutilaciones y la prostitución religiosa, para atenuar la cólera de los dioses. Los delitos contra la religión eran castigados con la muerte y la tortura que inventó la Inquisición.

2.3.2.- La venganza política

Los jefes absolutos de los distintos regímenes han considerado a sus súbditos como cosas sometidas a sus caprichos e intereses. Han empleado el castigo de los hechos considerados como delitos todos los suplicios que la crueldad humana ha inventado como expiatorios: cortar la lengua, manos y pies de los condenados; echarlos en una hoguera; estrangular, decapitar, crucificar, descuartizar y arrancar en dos mitades el cuerpo; precipitar a los delincuentes desde lo alto de una Roca; aplastarlos bajo carros cargados; asarlos y ponerlos a hervir en pailas de aceite; matarlos con las muertes lentas y dolorosas de los suplicios chinos, emparedarlos, dejarlos morir de pudrimiento; exponerlos vivos a la rapiña de las aves; enterrarlos hasta el cuello y dejarlos perecer de hambre y de los ardores del sol; lapidarlos; sepultarlos vivos; enrodarlos; ordenar el suicidio; entregarlos a las fieras del circo; marcarlos con señales infamantes.

Todos estos castigos cupieron en el cuadro dominante de la penalidad creada por la legislación penal religiosa, despótica y de clases.

Mendoza Troconis resume así la historia:

En un principio pues, se irritan el hombre o el grupo y toman venganza privada; después se irritan el dios o el jefe, y la venganza es divina o política; en último término, se irrita el Estado y toma venganza en nombre de la sociedad. (Curso de Derecho Penal Venezolano, Parte General, pág. 68).

3.- La Edad Antigua: China, Egipto, Israel, Persia, India, Asiria, Grecia, Roma

En estos Estados primitivos dominó la más variada legislación penal, según las regiones, épocas, política, religiones y economía, esto es, según la vida social peculiar de cada pueblo, porque el Derecho Penal tiene carácter social, acompaña las transformaciones de la vida social.

El signo de estas legislaciones primitivas es la erección en delitos de los hechos contra el soberano y contra el dios y su castigo atroz y cruel. Los hechos contra el individuo eran sancionados por éste o por el grupo clánico.

3.1.- Derecho Penal en el Antiguo Oriente

3.1.1.- Derecho Penal chino

Se clasifica en dos grandes períodos:

Primer período

Durante el primero existió la Ley de las Cinco Penas, que eran:

- Para el homicidio: muerte por decapitación, horca, descuartizamiento o entierro en vida.

- Para el hurto y las heridas: amputación de uno o de ambos pies.

- Para el estupro: castración.

- Estafa: mutilación de la nariz.

- Para los delitos llamados “pequeños”: una marca.

La pena de muerte se ejecutaba públicamente, para que sirviera de ejemplo, y las mutilaciones se hacían para que los demás se dieran cuenta del carácter criminal del mutilado; por tanto, el fundamento del derecho de castigar fue la intimidación.

Segundo período

Es interesante que en esta época se admitieran cinco clases de faltas involuntarias que eximían de castigo, se estudiaban los móviles de los delitos, se favorecía a los delatores de las conjuras y se ordenaba cuidar, después de la ejecución de la pena, a los castigados.

Las faltas involuntarias eran:

  1. por tener miedo uno de un hombre poderoso.
  2. por querer uno vengarse o retribuir un favor.
  3. por verse presionado uno por discursos de mujeres.
  4. por ser aficionado al dinero.
  5. por haberse escuchado promesas lisonjeras.
3.1.2.- Derecho Penal persa

También en el Derecho Penal persa se distinguieron dos épocas históricas: la remota y la que se extiende hasta la recepción del Islamismo.

Primera época

La justicia se administró fundada en la venganza de los delitos y en la equidad del talión.

Segunda época

Se estimó el delito como un atentado contra la autoridad del soberano, y era el soberano mismo quien juzgaba irritado por la venganza. Esto explica que las penas del antiguo derecho penal persa gozaban de la mayor fama de crueldad. Entre las penas figuraba la muerte por apedreamiento, crucifixión, descuartizamiento y decapitación. También las mutilaciones corporales.

También en Persia se dio un paso más: con el tiempo se atenuó la venganza real y las penas se transformaron en cárcel y multa. Se prescindió de las mutilaciones con fin utilitario: para no restar hombres al trabajo.

3.1.3.- Derecho Penal egipcio

Las antiguas leyes egipcias se atribuyen a la revelación que de ellas hizo el dios Hermes al Rey Mnevis; eran, pues, leyes divinas, y los delitos, religiosos, violaciones de las leyes santas, como el de lesión a la santidad de la divinidad, el de muerte de los animales sagrados (Buey Apis y cocodrilos), o el de muerte de los animales tenidos por sagrados, como el ibis, el gato y el halcón.

Los atentados contra los faraones, la complicidad en estos atentados, la desobediencia de las órdenes reales, las ofensas al faraón y sus familiares, el perjuicio y el homicidio, eran estimados delitos de lesa divinidad. Se aplicaba el talión simbólico: as espía, se le cortaba la lengua; al estuprador, los órganos genitales; y a la mujer adúltera, la nariz. El hurto no tenía castigo, había sociedades licitas de ladrones. Como penas para otros delitos existían los trabajos públicos y en las minas y la esclavitud.

3.1.4.- Derecho Penal hebreo

El pueblo hebreo se regía por las leyes que trajo Moisés de la montaña, reveladas por Dios y recopiladas en los cinco libros del Pentateuco; los delitos estaban contenidos en estos libros sagrados y los principales eran hechos religiosos. El castigo se basaba en el talión, en la expiación y en la intimidación.

Con referencia a lo anterior, Tulio Chiossone resalta: “en el Éxodo, en el Levítico o en el Deuteronomio es donde se hallan la mayor parte de los preceptos penales” (Anotaciones, I, pág. 20).

3.1.5.- Derecho Penal indio

Estas leyes estaban contenidas en el Código de Manú, que refunde los preceptos penales en un capítulo consagrado a las penitencias y expiaciones, con una característica particular: la división de castas. Los crímenes contra el bramán eran gravísimos y se castigaban con el destierro a las selvas y el aislamiento en los caminos o el servicio por meses a las vacas.

3.1.6.- Derecho Penal asirio

A este respecto, Buratti comenta:

Una de las leyes más antiguas pero a su vez más adelantadas es el Código de Hammurabi, que se remonta a 2.000 años antes de Cristo. Lo más interesante de esta compilación es su liberación de los principios religiosos. Distingue los hechos ejecutados voluntariamente de los realizados por imprudencia (avance significativo), aleja toda idea de venganza en el castigo, y somete a éste al talión, recordándose preceptos como éstos: “será muerto el hijo del que matare, aún cuando fuere involuntariamente”, “si uno salta a otro un ojo, pierde el suyo”, “si alguno rompe a otro un hueso, rómpasele el suyo”, etc. (Las Leyes de Hammurabi, pág. 190).

3.1.7.- Derecho Penal en Grecia

La civilización helénica se distinguió por la originalidad de su filosofía; por eso, los griegos estudiaron principios referentes al delito y a la pena. El delito se estimó, bajo el punto de vista ético – político, como una ofensa al Estado, que necesitaba la aplicación de un remedio o panacea.

-Sócrates: dividió las leyes en divinas y humanas y consideró el delito como la violación a una ley natural.

-Platón: sostuvo el principio moral de la enmienda del delincuente y consideró la pena como una medicina del alma, que servía tanto para impedir la reiteración (reincidencia) del delito por el autor como su comisión por los demás, así, los delincuentes que demostraran una dolencia de alma incurable debían ser castigados con la muerte.

-Aristóteles: sostuvo que la pena era un remedio, mas no para desempeñar el papel de medicina, a no ser para los efectos de prevención; que el fin principal de la pena era la defensa de la sociedad; que la pena era justa por ser necesaria y debía ser mayor según el delito cometido, la perversidad del delincuente o las circunstancias.

Ferri señala que “las leyes penales de Grecia reprodujeron del derecho primitivo y legendario los institutos de la venganza que se ejecutaba a pesar de que la idea del delito era impuesta por el destino”. (El Derecho Penal de la Antigua Grecia, 1855).

3.1.8.- Derecho Penal romano

Mendoza Troconis divide su estudio en tres aspectos:

a) Filosofía: casi todos los filósofos romanos establecieron el principio de que todos los delitos eran iguales y de que cada individuo tenía el derecho de maltratar su propio cuerpo y de suicidarse.

-Cicerón: estudiaba la pena en relación a la utilidad del Estado, debía aplicarse cualquiera igual al delito, de modo que cada uno sufriera su propio delito.

-Séneca: fundamentaba el derecho de castigar en la intimidación, corrección y eliminación.

-Pellegrino: sostuvo que la pena no servía para eliminar el delito, porque la abstención de cometerlo era cuestión moral del individuo, el que no podría abstenerse de cometerlo demostraba propensión al crimen.

b) La Ley: la Ley de las XII Tablas señaló un número importante de delitos sobre los cuales podía ejercerse venganza privada, limitada por el talión o las composiciones pecuniarias. Estos delitos eran privados a diferencia de los públicos, cuyo castigo se reservó al Estado.

c) Jurisprudencia: tiene su origen en las escuelas jurídicas que surgieron en Roma, las Institutas de Gayo, las Quaestiones de Papiniano; las Disputaciones de Ulpiano y las sentencias de Paulo.

4.- La Edad Media. Derecho Penal Canónico y Germánico

Resulta oportuno señalar que el derecho romano, a la caída del Imperio, permaneció en la mayor oscuridad y confusión por la pérdida de los manuscritos que contenían las codificaciones del emperador Justiniano; pero, hallados éstos, advino el renacimiento del Derecho, que floreció nuevamente con las anotaciones y los comentarios de los jurisconsultos llamados glosadores.

Mendoza Troconis define las glosas como:

Breves notas inteligentes o marginales en los textos romanos y con ellas formose un nuevo Derecho. Los glosadores prepararon con su interpretación la parte científica del derecho que, en época posterior, utilizaron los jurisconsultos prácticos para sistematizarla, formándose un derecho penal científico – práctico. (Curso de Derecho Penal Venezolano, Parte General, pág. 80 – 81).

Un resumen histórico a efectos de secuencia en el desarrollo de la temática, lo hace L. Thot:

En el año 1075, un juez bolonés llamado Pepo, logró dar con los textos latinos de derecho romano, que por entonces y desde mucho tiempo atrás considerábanse perdidos, y comenzó a dar conferencias públicas sobre distintos detalles de la materia, procedimiento éste que luego fue seguido por algunos otros juristas de aquella época. (Las Doctrinas Penales de los Glosadores, 1930, Tomo V, pág. 384).

Cabe agregar que el primer y más célebre glosador fue Irnerius, denominado Iucerna juris – fundador de la Escuela de Bolonia.

Posteriormente Los Prácticos (denominados post glosadores) sistematizaron el derecho penal anotado o glosado por los anteriores jurisconsultos. Reaccionaron contra ellos en el sentido de que los glosadores comentaban inconexamente los pasajes de los manuscritos romanos, mientras que los prácticos empleaban la dialéctica escolástica en la interpretación de aquellos textos con el fin de tratar de aplicar sus principios a los casos prácticos. Se formó un nuevo derecho compuesto de reglas generales conexas jurisprudenciales, que fueron la base de los artículos de los códigos penales modernos. Pueden considerarse como preparadores del sistema dogmático del derecho penal.

4.1.- El Derecho Penal Canónico

La influencia del cristianismo, durante la Edad Media, formó una fuente importante de derecho penal, porque casi toda la justicia estaba dominada por la idea religiosa. Los atentados contra el dogma, las personas y cosas de la Iglesia constituyeron los principales delitos de esa época y todas las leyes estuvieron inspiradas en el espíritu sacerdotal y religioso.

Pero los canonistas establecieron muchos principios que todavía rigen en materia penal como criterios clásicos fundamentales. La Escuela teológica estableció las bases del libre arbitrio; el cristianismo humanizó los castigos; en el sistema de las penas, y se llegó a aceptar el principio de la individualización de la pena.

Isidro de Miguel Pérez destaca la importancia del Derecho Penal Canónico:

“El Derecho Penal de la Iglesia es de relevancia extraordinaria:

Primero: Encarna la norma jurídica romana en l vida social de occidente.

Segundo: Suavizó y civilizó la brutal práctica germánica.

Tercero: Incluyó el elemento subjetivo. Atendía al animus siempre que existieran hechos externos.

Cuarto: Se penaba la tentativa”. (Derecho Penal, Principios Generales, pág. 80).

4.2.- Derecho Penal Germánico

En los primeros tiempos existió la venganza divina y la venganza de sangre. Después de la invasión bárbara se acrecienta el poder del Estado, se limita la venganza de sangre que se extendía antes a la familia y se acepta la composición. La pena, al principio, tenía solo el carácter de venganza y se va convirtiendo hacia el sentido intimidante. La concepción del delito es objetiva. No se piensa en la culpabilidad, sino en el resultado dañoso. No parece existir la tentativa.

Para los germanos el principal elemento en un delito es el daño causado y no la intención de causar dicho daño. El Derecho Germánico Penal descansa sobre la premisa de “quien rompe la paz se coloca él mismo fuera de la paz”, generándose una guerra entre el malhechor y su víctima, o simplemente, se traduce la guerra entre las Sippes de los involucrados.

5.- El Derecho Penal en la Edad Moderna y Derecho Penal liberal

Después de largas evoluciones consigue el poder del Estado acabar con las guerras entre familias. El Estado tiene, entonces, la plena posesión del derecho de penar. Las penas son aflictivas intimidantes y ejemplares. Comienza así el derecho subjetivo del Estado a castigar. Muchos siglos después de proclamado el Derecho Penal Público, la pena sigue siendo durísima expiación del delito. Las naciones europeas actúan en esa forma por mucho tiempo. La Iglesia abre una etapa humanitaria y hay muchas voces ilustres, especialmente en España, que protestan por la pena de muerte y los tormentos. Se prepara así la etapa para la Filosofía y el Derecho Penal Liberal.

5.1.- César Beccaria

Marqués de Beccaria (Milán, 15 de marzo de 1738 - 28 de noviembre de 1794), fue un literato, filósofo, jurista y economista italiano, y padre de Giulia Beccaria, que a su vez fue madre de Alessandro Manzoni.

Ligado a los ambientes ilustrados milaneses, formó parte del círculo de los hermanos Pietro y Alessandro Verri, colaboró con la revista "El Café" y contribuyó a fundar la "Academia de los Puños" (Accademia dei Pugni).

Estimulado por Alessandro Verri, protector de los encarcelados, se interesó por la situación de la justicia. Sus influencias principales fueron de John Locke, Montesquieu, Claude Helvetius y Etienne Condillac.

En 1974, Beccaria publicó un libro: “De los delitos y de las penas”, combatiendo los excesos de la justicia y alegó que las penas debían ser proporcionales a la gravedad de los delitos; que éstos debían ser determinados con certidumbre; que el criminal debía castigarse sin crueldad, sólo con el fin de que no cometiese nuevos hechos. La doctrina de Beccaria fue una revolución en el Derecho Penal.

5.2.- Apostes de César Beccaria: “De los delitos y las penas” (resumen)

5.2.1.- CAPITULO I.- Origen de las penas

Este capítulo afirma que los hombres, cansados de vivir en un continuo estado de guerra, crearon las leyes, buscando mejorar la convivencia.

Pero para que la convivencia mejorara era necesario que TODOS cumplieran las leyes establecidas; por ese motivo se establecieron penas contra los infractores de las leyes.

5.2.2.- CAPITULO II.- Derecho de castigar

En este capítulo se explica que la pena sólo debe existir si se deriva de la absoluta necesidad.

Mientras sea más sagrada e inviolable la seguridad, y mayor la libertad que el soberano conserve a sus súbditos, más justas serán las penas.

La pena es el derecho a castigar al que no cumpliere con las leyes.

La multiplicación del género humano reunió a los primeros salvajes. Estas uniones produjeron la formación de otras para resistirlas, creando guerras.

La necesidad obligó a los hombres a ceder parte de su libertad propia; cada uno trata que esa parte sea lo más pequeña posible. Pero la suma de esas pequeñas partes de libertad forma el DERECHO DE CASTIGAR.

5.2.3.- CAPITULO III.- Consecuencias

El autor en este capítulo explica las tres consecuencias de las penas.

La primera consecuencia es que las penas de los delitos sólo pueden ser decretadas por las leyes; y esta autoridad debe residir UNICAMENTE en el legislador. Ningún magistrado puede decretar a su voluntad penas contra otro habitante de la Nación; como tampoco puede modificarla si la considera injusta.

La segunda consecuencia establece que el soberano puede formar leyes generales que sean obligatorias para todos los habitantes; pero cuando alguna persona no cumpla con alguna de esas leyes, el soberano no puede juzgarlo, le correspondería ese deber a un magistrado cuyas sentencias sean inapelables.

La tercera consecuencia es que si se probase la atrocidad de las penas, sería contraria a la justicia.

5.2.4.- CAPITULO IV.- Interpretación de las leyes

En este capítulo el autor se refiere a la cuarta consecuencia, que explica que los jueces criminales no pueden interpretar las leyes penales, porque no son legisladores.

Los jueces no recibieron las leyes como una tradición, sino como la legítima voluntad de TODOS.

Cesare Beccaria opina que en todo delito debe hacerse un silogismo perfecto.

Hubo muchos casos en donde los mismos delitos fueron castigados con distintas penas debido a la imparcialidad de los jueces, que son los encargados de interpretar las leyes, y dar justicia (dar a cada uno lo suyo).

La justicia no es del todo perfecta; ya que sus intérpretes son humanos. Por ese motivo, los jueces no pueden interpretar la ley en forma perfecta, pero deben hacerlo lo mejor y más imparcialmente posible.

5.2.5.- CAPITULO V.- Oscuridad de las leyes

En este capítulo se explica que es grave que las leyes estén escritas en una lengua extraña al pueblo, ya que pueden cometerse delitos por falta de entendimiento de las leyes.

Cuando más grande sea el número de los que entienden las leyes, menor será la cantidad de delitos cometidos.

5.2.6.- CAPITULO VI.- Proporción entre los delitos y las penas

Este capítulo explica que debe existir una "proporción entre los delitos y las penas". Esa proporción se debe a que no todos los delitos dañan de igual manera a la sociedad; entonces cuanto mayor sea el delito, mayor deberá ser la pena correspondiente.

Existe una escala de delitos, cuyo primer grado consiste en aquellos que destruyen inmediatamente la sociedad, y el último en la más pequeña injusticia posible cometida contra los miembros particulares de ella. Por ese motivo, también debe existir una escala de penas, que deben ser proporcionales a los delitos cometidos.

5.2.7.- CAPITULO VII.- Errores en la graduación de las penas

Beccaria, en este capítulo, explica que la verdadera medida de los delitos es el daño hecho a la nación. Es decir, cuanto más grande daño se halla hecho a la nación, mayor será el delito, y por lo tanto, la pena.

Algunos opinan que la graduación de los delitos debe considerarse según la gravedad del pecado. Eso es un error, ya que la gravedad del pecado depende de la malicia del corazón de cada uno; y ningún ser humano puede saber que siente el corazón de otro. El único ser capaz de tener ese conocimiento es DIOS.

5.2.8.- CAPITULO VIII.- División de los delitos

Según Cesare Beccaria, la verdadera medida de los delitos es el daño hecho a la sociedad.

Hay distintos tipos de delitos. Si se los clasificara en tres grupos, según la gravedad, podríamos decir que los más graves son aquellos que destruyen inmediatamente a la sociedad o a quien la representa.

En el segundo grupo se encontrarían los delitos que ofenden la privada seguridad de un ciudadano en la vida, en los bienes o en el honor.

Y en el tercer grupo estarían las acciones contrarias a lo que cada uno está obligado a hacer o no hacer.

5.2.9.- CAPITULO IX.- Del honor

En este capítulo se explica que hay una diferencia entre las leyes civiles y las de honor.

Las leyes civiles son aquellas que defienden las cosas y bienes de cada ciudadano.

En cambio, las leyes de honor, son aquellas que defienden el mismo honor de las personas. Un claro ejemplo de un delito de honor, es el racismo o discriminación a un individuo por tener otro color de piel, religión, nacionalidad, etcétera.

5.2.10.- CAPITULO X.- De los duelos

En este capítulo se explica que de la necesidad de los sufragios de otros nacieron los duelos privados. Estos tuvieron su origen en la anarquía de las leyes.

5.2.11.- CAPITULO XI.- De la tranquilidad pública

Este capítulo explica que entre los delitos de la tercera especie se encuentran aquellos que turban la tranquilidad pública de los ciudadanos.

La función de los policías es evitar que se turbe la tranquilidad pública; pero los policías no pueden obrar con leyes arbitrarias, ya que si eso sucediera se abriría una puerta a la tiranía.

Se deben manejarse con un código que circule entre las manos de todos los ciudadanos, de modo, que los ciudadanos sepan cuando son culpables, y cuando son inocentes.

5.2.12.- CAPITULO XII.- Fin de las penas

En este capítulo, el autor explica que el fin de las penas no es deshacer un delito ya cometido, ya que eso sería imposible de lograr.

Las penas son las legítimas consecuencias de los delitos. Nadie puede ser penado sin haber cometido un delito.

Entonces, el fin de las penas es lograr que el individuo que cometió un delito, no vuelva a cometerlo, y tratar que los ciudadanos no cometiesen delitos.
Hay diferentes formas de penar al reo; y se buscará la menos dolorosa para el cuerpo del reo, y la que haga una impresión más eficaz y durable sobre los ánimos de los hombres.

5.2.13.- CAPITULO XIII.- De los testigos

En este capítulo se explica que como dice el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior del hecho del proceso". En ese juicio debe comprobarse que el ciudadano cometió el delito por el que se lo juzga. Se comprueba con la presencia de pruebas y testigos que lo afirman.

Cualquier hombre racional puede ser testigo.

Es necesario que siempre haya más de un testigo, porque si uno afirma y otro niega, no hay nada de cierto, y prevalece el concepto que todo hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como establece el aforismo "indubio pro reo".

5.2.14.- CAPITULO XIV.- Indicios y formas de juicios

Este capítulo explica que cuantas más pruebas se traen, es mayor la probabilidad del hecho, ya que la falsedad de una prueba no influye sobre la otra.

Existen dos tipos de pruebas: las perfectas y las imperfectas.

Las pruebas perfectas son aquellas que con la muestra de una sola basta para determinar que el individuo fue culpable.

En cambio, las pruebas imperfectas son aquellas que no demuestran con exactitud que el individuo fue culpable. Es necesario para penar al individuo la suma de pruebas imperfectas que fueran necesarias para lograr una prueba perfecta.

De las pruebas imperfectas que el reo pueda dar alguna explicación y no lo hace, se convierten en pruebas perfectas.

5.2.15.- CAPITULO XV.- Acusaciones secretas

En este capítulo se explica que las acusaciones secretas son desordenes evidentes, y en muchos casos, admitidos como necesarios por la flaqueza de la constitución.

Cualquiera que puede sospechar ver en el otro un delator, ve en el otro un enemigo.

5.2.16.- CAPITULO XVI.- Del tormento

Este capítulo explica que ningún individuo puede ser llamado reo o culpable hasta que lo demuestre la sentencia del juez.

Como lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, "quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes; no está permitido torturar a un reo para saber si cometió más delitos (que no se han probado), ni para saber quienes fueron sus cómplices. Eso debe averiguarse con los testigos y las pruebas.

Por ese motivo, las pruebas en las que el individuo, estando torturado, declare haber cometido un delito, no son válidas.

5.2.17.- CAPITULO XVII.- Del espíritu de fisco

Se explica que anteriormente casi todas las penas eran pecuniarias.

El objeto de las penas era un litigio entre el fisco y el reo; un asunto privado, más que público.

El juez, era más que un protector de las leyes, un abogado del fisco. Y cuando el reo se declaraba culpable, automáticamente se declaraba deudor del fisco.

5.2.18.- CAPITULO XVIII.- De los juramentos

En este capítulo se explica que los juramentos que se le exigen al reo es una contradicción entre las leyes y los sentimientos naturales del hombre.

Se dice que es una contradicción por que se le pide al reo que diga la verdad, cuando si dice la verdad se declara culpable; y su único interés es mentir para tener posibilidades de ser declarado inocente.

Los juramentos obligan a ser mal cristiano al reo que miente.

Son simplemente, formalidades inútiles, ya que los juramentos no hacen declararse culpables a los reos.

5.2.19.- CAPITULO XIX.- Prontitud de la pena

Este capítulo explica que cuanto más pronta y más cercana al delito cometido sea la pena, será mas justa y más útil.

Será más justa porque el reo evita los inútiles y feroces tormentos de la incertidumbre que crecen con el vigor de la imaginación y con el sentimiento de la propia debilidad.

La cárcel sólo debe ser una simple custodia de un ciudadano que espera ser juzgado. Debe durar el menor tiempo posible y ser lo menos dura para el ciudadano. La estrechez de la cárcel no debe ser más que la necesaria que para impedir la fuga, o para que se oculten la prueba de los delitos.

La prontitud de las penas es más útil porque cuanto es menor la distancia del tiempo que pasa entre la pena y el delito, tanto es más fuerte y durable la asociación de estas dos ideas "delito" y "pena".

5.2.20.- CAPITULO XX.- Violencias

En este capítulo se explica que hay dos tipos de atentados: contra la persona, y contra la hacienda.

Los atentados contra las personas deben ser penados con castigos corporales. Los atentados contra la seguridad y libertad de los ciudadanos son uno de los delitos más graves; por ese motivo, el rico no debe poder poner precio a los atentados contra el pobre.

5.2.21.- CAPITULO XXI.- Penas de los nobles

Este capítulo explica que TODOS los nobles que hayan cometido idénticos delitos, deberán ser penados con idénticas penas; sin importar el nivel social o de riqueza de cada ciudadano; sus creencias, religiones, color de piel, etcétera.

5.2.22.- CAPITULO XXII.- Hurtos

Este capítulo explica que los hurtos que no van acompañados de violencia, deberían ser castigados con penas pecuniarias; ya que aquel que intenta enriquecerse con bienes ajenos, debería ser empobrecido de lo propio.

Pero normalmente, los hurtos lo producen individuos que no tienen riqueza, por lo que no pueden ser empobrecidos. Pero tampoco debe dejarse de castigarlos.

Cuando los hurtos van acompañados de violencia, las penas deben ser pecuniarias y corporales.

5.2.23.- CAPITULO XXIII.- Infamia

En este capítulo se explica que la infamia es un signo de la desaprobación pública, que priva al reo de la confianza de la patria y de los votos públicos.

Las penas de infamia no deben ser demasiado frecuentes, porque los efectos reales de las cosas de opinión siendo muy continuos debilitan la fuerza de la opinión misma.

Tampoco las penas de la infamia deben recaer sobre un gran número de personas a un tiempo, porque la infamia de muchos se transformaría en la infamia de ninguno.

5.2.24.- CAPITULO XXIV

Cesare Beccaria, en este capítulo, explica que los gobiernos sabios no permiten el ocio político en medio del trabajo; ya que aquel que turbe la actividad pública y no obedezca las leyes, debe ser excluido de la sociedad.

Ocio político se llama a quien no contribuye a la sociedad ni con el trabajo ni con la riqueza. Es aquel que siempre adquiere y nunca pierde.

No es ocioso aquel que se hizo rico trabajando, ni aquel que goza de la riqueza de sus antepasados.

5.2.25.- CAPITULO XXV.- Destierros y confiscaciones

En este capítulo se explica que todo aquel ciudadano que turbase la tranquilidad pública debe ser proscripto de la sociedad.

Los ciudadanos proscriptos de la sociedad pueden perder sus bienes, o parte de ellos.

Hay casos en los que se impone la perdida de todos o parte de los bienes del individuo, por la gravedad del delito cometido; y hay casos en los que el individuo no puede ser privado de sus bienes.

La pérdida de todos los bienes se produce cuando la proscripción impuesta por la ley anula todas las relaciones que existen entre la sociedad y el individuo delincuente.

5.2.26.- CAPITULO XXVI.- Del espíritu de familia

Este capítulo explica que si una asociación esta hecha por familias, serán hombres los padres de familia, y esclavos la esposa y los hijos.

En cambio, si la asociación es de hombres, serán todos ciudadanos.

5.2.27.- CAPITULO XXVII.- Dulzura de las penas

En este capítulo se explica que el fin de las penas no es torturar al individuo que cometa un delito. Tampoco es deshacer un delito, ya que eso es imposible.

Simplemente, el fin de las penas, es impedir al reo a cometer nuevos delitos, y tratar de que ningún ciudadano cometa esos delitos; por ese motivo son penados.

La forma de penar a un reo debe ser aquella que produzca la impresión más eficaz y duradera sobre los ánimos de los hombres, de modo que no cometan los delitos; no debe ser penado un reo con una tortura.

5.2.28.- CAPITULO XXVIII.- De la pena de muerte

Este capítulo explica que la pena de muerte no es un derecho; sino es como si se tratase de una guerra de la Nación contra el ciudadano penado, ya que se busca su destrucción.

Por lo general, con la pena de muerte se utiliza cuando un ciudadano, aun estando privado de la libertad, tiene todavía tales relaciones y tal poder que podría seguir perjudicando a la Nación.

5.2.29.- CAPITULO XXIX.- De la prisión

En este capítulo, el autor explica que la prisión es una pena que debe estar antes a la declaración del delito, pero sólo la ley determina los casos en que un hombre es merecedor de la pena.

La cárcel es un lugar donde un reo debe cumplir con su pena por haber cometido un delito, pero no puede ser torturado ni castigado ahí dentro, como explica el articulo 18 de nuestra Constitución Nacional: "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de la que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice".

5.2.30.- CAPITULO XXX.- Procesos y prescripciones

En este capítulo se explica que una vez conocidas las pruebas es necesario conceder al reo un tiempo y los medios oportunos para que este se justifique. Pero ese tiempo debe ser breve, de modo que no perjudique a la prontitud de la pena.

Existen dos tipos de delitos: los atroces (en los que debe disminuirse el tiempo de la investigación y aumentarse el tiempo de la prescripción), y los menores (debe aumentarse el tiempo de la investigación y disminuirse el de la prescripción).

5.2.31.- CAPITULO XXXI.- Delitos de prueba difícil

En este capítulo se explica que hay delitos en los que pareciese que las leyes y el juez tuviesen interés en probar el delito.

Hay algunos delitos, que al mismo tiempo son frecuentes en la sociedad, y de prueba difícil; como el adulterio, la pederastia, y el infanticidio.

5.2.32.- CAPITULO XXXII.- Suicidio

Este capítulo explica que el suicidio es un delito que no puede admitir una pena propiamente dicha; ya que si se quisiera castigar a alguien, tendría que penarse o a un inocente o al difunto, algo ilógico.

Sería inútil penar al suicidio, ya que sólo podría penarse al individuo una vez fallecido, y el único capaz de lograr eso es DIOS.

5.2.33.- CAPITULO XXXIII.- Contrabandos

En este capítulo, Beccaria explica que el contrabando es un delito que ofende al soberano y a la Nación; pero su pena no debe ser infamante, ya que no causa infamia en la opinión pública.

El contrabando nace de la ley misma, ya que al aumentar los impuestos aduaneros, aumenta la tentación de realizar el contrabando.

Si los impuestos aduaneros fueran pequeños, seguramente habría menos contrabando, ya que los ciudadanos no se arriesgarían tanto como si los impuestos aduaneros fueran altos.

5.2.34.- CAPITULO XXXIV.- De los deudores

En este capítulo se explica que hay dos tipos de deudores en quiebra: el quebrado doloso, y el quebrado inocente.

El quebrado doloso debe ser castigado con la misma pena que le corresponde a un falsificador de moneda.

En cambio, el quebrado inocente no, ya que no tiene intención de cometer un delito.

5.2.35.- CAPITULO XXXV.- Asilos

Este capítulo trata sobre los asilos.

Las fuerzas de las leyes deben estar pegadas a cada ciudadano; y no debe existir ningún lugar independiente de las leyes dentro de la frontera de un país.

De los asilos salieron grandes revoluciones en los estados y en las opiniones de los hombres. Esto puede deberse a que en los asilos no hay leyes que mandan, por lo que pueden formarse leyes nuevas y opuestas a las comunes.

5.2.36.- CAPITULO XXXVI.- De la talla

Este capítulo trata sobre si es bueno o no recompensar a aquel ciudadano que atrape a un reo.

Si el reo se encuentra en otra Nación, el soberano estimula a los ciudadanos a cometer un delito, ya que se están metiendo en territorio ajeno.

Si el reo se encuentra dentro de la Nación, se demuestra la propia debilidad.

5.2.37.- CAPITULO XXXVII.- Atentados, cómplices, impunidad

Este capítulo explica que si bien las leyes no castigan la intención, los delitos que comienzan con alguna acción que manifiesta la voluntad de hacerlo también merece ser penado; pero este último debe recibir una pena menor que el anterior.

Cuando hay varios cómplices de un delito, el ejecutor sufrirá la mayor pena, y los cómplices serán castigados con una pena menor a la del ejecutor.

5.2.38.- CAPITULO XXXVIII.- Interrogaciones sugestivas y deposiciones

En este capítulo se explica que las interrogaciones sugestivas son aquellas que se le realizan al reo y sugieren una respuesta inmediata.

Estas interrogaciones no deben ir al centro del hecho directamente, sino que deben ser indirectas.

5.2.39.- CAPITULO XXXIX.- De un género particular de delitos

En este capítulo se explica que anteriormente había un género de delitos que cubrió de sangre humana a Europa.

5.2.40.- CAPITULO XL.- Falsas ideas de utilidad

El autor, en este capítulo explica que una fuente de errores y de injusticias son las falsas ideas de utilidad que se forman los legisladores.

Falsa idea de utilidad es aquella que querría dar a una muchedumbre de seres sensibles la simetría y el orden que sufre la materia brutal e inanimada.

5.2.41.- CAPITULO XLI.- Cómo se evitan los delitos

Se explica que el fin de toda buena legislación no es castigar los delitos. Sino, evitarlos y que no hiciera falta castigarlos.

Por cada motivo que lleva a los hombres a cometer un verdadero delito, hay mil que nos llevan a cometer acciones indiferentes que son definidas como delitos por las malas legislaciones.

Un buen método de prevenir los delitos es el de interesar a la corporación de los ejecutores de las leyes más en la observancia de estas que en su corrupción.

Otro método es el de recompensar la virtud, de modo que el ciudadano sienta que no sólo cumple para ser castigado, sino para ser premiado.

El mejor método es el de perfeccionar la educación.

5.2.42.- CAPITULO XLII.- De las ciencias

Este capítulo explica que los progresos en las ciencias, facilitando las comparaciones de los objetos, contraponen muchos sentimientos los unos a los otros.

5.2.43.- CAPITULO XLIII.- Magistrados

En este capítulo se explica que otro buen método de evitar los delitos es interesar al consejo (ejecutor de las leyes) más a su observancia que a su corrupción.

Mientras lo compongan más cantidad de miembros, mejor funcionará. Ya que será más difícil la usurpación sobre las leyes, porque los miembros se controlarán entre ellos.

5.2.44.- CAPITULO XLIV.- Recompensas

El autor, en este capítulo explica que otro medio de evitar los delitos, es recompensando la virtud.

Esa recompensa estimularía a los ciudadanos a dejar de cometer delitos.

5.2.45.- CAPITULO XLV.- Educación

Se explica en este capítulo que otro método de evitar los delitos es perfeccionando la educación.

Este es el método más seguro, pero también el más difícil.

5.3.- Resumen histórico

En medio de tanta sangre y sadismo, siempre se aprecian esfuerzos liberales de la humanidad. A principios del siglo XIX aún no existía el Derecho Penal Liberal, a pesar de que Beccaria y Howard, que pretendían humanizar las penas, llevaban casi cincuenta años propugnando la libertad y la igualdad (garantía legalista) y la fraternidad (dulcificación de los castigos).

Todo el siglo XVIII predominaron las torturas como método inquisitivo. Era la negación absoluta de la libertad. Se quemaban en las hogueras brujas y judaizantes. Este procedimiento era la negación completa de la humanidad.

Las ideas nuevas de Rousseau y las teorías del citado jurista de Italia culminaron en la Revolución Francesa, y a partir de este acontecimiento, como una consecuencia de la declaración de los derechos del hombre, se estableció el principio de que los delitos y las penas no podían quedar al arbitrio de los jueces sino que debían ser determinados de antemano.

Es el principio Nullum crimen, nulia poena sine lege, que había sido denominado por Von Liszt la carta magna de la libertad del ciudadano. Dice Vieites que la sociedad ha formulado un código que no es sino su programa vengativo y que gira alrededor de dos principios: el delito y la pena, la ofensa y la reparación. La justicia social empieza ahora a conocer el delincuente, pero todavía sólo conoce el delito y su castigo.

5.4.- 2. John Howard

Jon Howard quien nace en Inglaterra en un pueblo llamado Hacney (hoy llamado Arrabal Londinense) en el año de 1726 va a ser la figura renovadora del sistema carcelario de los años 1772 y siguientes su preocupación por estos lugares fue de gran trascendencia para la evolución del derecho penal y para la aplicación del mismo mediante un sistema que hoy conocemos como la ejecución penal.

Entiéndase por cárcel lugar donde se encierra una persona y para cualquier fin y prisión es un término relativamente moderno y su significado es preparar a las personas que cometen delitos para volver a integrarse la sociedad. De acuerdo a como avanzaba o evolucionaba la humanidad se fueron estableciendo lugares para la reclusión de los delincuentes ya en el año de 1700 y 1800 A.C Inglaterra establece algunos. Y así sucesivamente en el siglo VII A.C. Grecia se da el concepta de cárcel eran salones subterráneos para cumplir el fin de detención de reos.

Anterior a siglo XVII Y XVIII no existió gran renovación al sistema carcelario o de prisión es a partir de este momento donde se dan la mayor cantidad de pensadores humanitarios y le dan un giro al sistema con lo que logran condiciones de vida, posibilidad de redención y un trato mas racional a los desesperanzados encarcelados para así aliviar un poco su sufrimiento.

Ya en este siglo XVII y XVIII que se puede catalogar como humanización sobre el régimen penal sobre sale el nombre de iglesia católica, y principalmente Beccaria y John Howard.

En su obra "El Estado de la Prisión" destaca la descripción de distintas cárceles que había visitado. En su libro no solo describe el estado de las prisiones sino que también va a refriese a las posibles soluciones de una ejecución de penas más benignas. Así asume el compromiso de comprometerse con una corriente de cambios de modificación que aun 200 años mas tarde aun sigue en desarrollo.

Este libro es no mas que una forma de explicar a los demás seres humanos que aun no han cometido ningún delito que la prisión no es castigo sino un medio para poder reintegrar estas personas a la sociedad, y que las mismas acepten el reto de poder cambiar mediante el tiempo que pierde una de pero auque esto no en todos los casos se logra tenemos que ser concientes y pensar como lo hizo este ilustre del derecho penal. Difícil lograr unificación de criterio por parte de la sociedad de que acepten la prisión como medio de reinserción y no como castigo.

John Howard piensa que los presos necesitan de una formación moral y religiosa para lograr el fin requerido de reinserción a la sociedad.

El trabajo es una medida de ver la aceptación por parte de los presos al proceso de volver ala sociedad sin causar ningún trastorno ala misma.

5.5.- El Derecho Penal protector de la sociedad

El nuevo derecho penal se rebela contra esa fuente antigua y en el código penal ruso contemporáneo se ha establecido este precepto: “Las medidas de defensa social no podrán tener por fin causar sufrimiento físico o humillar la dignidad humana, y no se proponen la retribución o el castigo”. (Código Penal ruso, Art. 9).

El individuo va al crimen por una causa, que es biológica, patológica o social que indica en todos los casos una ceguedad, una irreflexión, una obnubilación, una inclinación humana primitiva o un constreñimiento. En cambio, la pena es el producto reposado de los legisladores, es el resultado de la reflexión, la consecuencia del pensamiento sereno y frío de los jueces. El panorama de la historia de la penalidad es espeluznante. La venganza divina, la política y la venganza social han sido, en todos los tiempos más crueles y reprochables que el delito.

Beccaria, Howard y Marat son tres auténticos revolucionarios del Derecho Penal a quienes se puede considerar como los propulsores del Derecho Penal y Penitenciario Liberal y Científico, aunque ellos en sí no sean penalistas con la acepción que hoy damos a este vocablo.

6.- La filosofía penal

Los siglos XVII y XVIII se caracterizaron por el desarrollo inusitado de las doctrinas filosóficas, como una reacción de pensamiento contra el dogmatismo católico, que se oponía a toda discusión razonadora de los principios establecidos.

La ciencia jurídica se convirtió en Filosofía del Derecho. Partieron los cultivadores de la filosofía jurídica del viejo principio romano del derecho natural, que la naturaleza había enseñado a todos los seres y derivaba de la razón natural. Era el principio contrapuesto al de la revelación; el derecho era absoluto, inmanente, y se obtenía el conocimiento por métodos deductivos, especulativos y abstractos.

Pueden considerarse como precursores de la filosofía penal a Tomás Moro, que escribió Utopía, y a Hobbes, autor del Leviatán. La teoría de los filósofos se destaca en las doctrinas sobre el fundamento del derecho de castigar y sobre el fin de la pena y acerca de estos puntos son importantes los sistemas creados por Bentham, Rousseau, Feuerbach, Kant y Rossi.

6.1.- Explicaciones generales

El objeto de estudiar las teorías de la pena dice relación con lograr determinar ¿Cuál es el significado del acto al que llamamos castigo? ¿Qué sentido tiene para quien padece el castigo (El condenado) como para quien lo impone (La sociedad a través de los órganos correspondientes de justicia)?

Lo anterior nos lleva a dos preguntas ¿Por qué se Pena? Y ¿Para que se Pena? Se ha tratado de responder de dos formas a estas preguntas.

6.2.- Tesis

En toda agrupación social existe un conjunto de normas que regulan tanto el funcionamiento de los órganos colectivos como las relaciones de los miembros del agregado social y los de éstos con los órganos colectivos.

Radbruch y otros autores piensan que los temas de la Filosofía y las Escuelas corresponden a los filósofos y al Derecho Público. La mayoría sin embargo, convienen en que los penalistas deben ocuparse de esta cuestión. Unos tratan de la filosofía penal al principio y otros al estudiar la pena. La sociedad tiene derecho (salvo una minoría de negadores) a reprimir ciertos actos que dañan su existencia. La pena injusta subleva nuestro espíritu de justicia; pero la lenidad también.

En resumen: Tesis: Seria la norma, su vigencia y su respeto por todos

6.3.- Anti – tesis

Los anarquistas puros niegan en forma absoluta el ius puniendi. El Estado no tiene ese derecho a castigar. La vida y sus relaciones han de organizarse sin ninguna autoridad o gobierno. La conciencia de cada persona y la natural solidaridad, espontáneamente ejercida, son las únicas que deben regir nuestros actos.

Celso N. Solano, comunista colombiano, en una interesante tesis doctoral, afirma que la delincuencia desaparecerá con el triunfo de la sociedad comunista.

En resumen: Anti-Tesis: Seria el delito, la negación de la norma.

6.4.- Síntesis

Para buscar la síntesis entre la tesis del castigo absoluto y la antítesis de que no es necesaria la represión penal, se han formulado teorías absolutas, relativas, mixtas.

Teorías Absolutas: fundamentan el derecho del Estado a castigar o penar en la retribución, como consecuencia jurídica del delito.

Teorías Relativas: señalan a la pena un fin independiente con objetivo político y unitario doble: prevención de delitos y función reparadora de los daños causados por el delito.

Teorías Mixtas: asocian la justicia absoluta con el fin socialmente útil.

En resumen: Síntesis: Seria la pena, el único medio para restablecer el derecho por medio de la “Negación de la Negación de la norma”. Por ende acá la retribución de la norma estaría justificada para mantener o preservar la vigencia del ordenamiento jurídico.

7.- Las escuelas penales

Son tantos y tan diversos los problemas que se le plantean al derecho penal que no ha habido un solo instante en la historia de su estudio en que no haya alguien tratando de resolver una cuestión dogmática, o replanteándola o haciendo una nueva propuesta o combatiendo anteriores ideas, alguien en algún lugar, en este momento esta pensando el derecho penal y sus problemas.

Los pensadores penales, se han conformado no en pensamientos idénticos, sino en teorías que tienen rasgos comunes. Se denominan escuelas penales aquellas en que los rasgos comunes del pensamiento jurídico - criminal son los que prevalecen.

7.1.- Escuela Clásica

El resultado de las teorías de los filósofos de los siglos XVII y XVIII fue la formación de una escuela general de derecho penal cuyos principios se concentraron en los códigos penales promulgados después de la Revolución Francesa que, con algunas adiciones y modificaciones, rigen en la actualidad, y forman el Derecho Penal Liberal, surgido así de la denominada “Época de las Luces”.

César Beccaria fue el iniciador de esta escuela, denominada clásica, siendo sus continuadores, en Italia, Rossi y Carrara; en Francia, Ortolán y Chauveau y Helie; y en España, García Goyena y Pacheco.

7.1.1.- Principios

La doctrina de la escuela clásica señala como objeto de la ciencia penal el estudio de los delitos y de las penas, con descuido del delincuente. Considera como delito, únicamente el hecho previsto de antemano por la ley penal; como fundamento del derecho de castigar, el mantenimiento del orden jurídico por el Estado, esto es, la tutela jurídica de los intereses, derechos y libertades de los ciudadanos, fórmula que se puede resumir en el interés común; y como fin de la pena, el ejemplo y el escarmiento.

Delito: Es una entidad jurídica, abstracta, determinada por la colisión entre las acciones humanas y el derecho. Su esencia es la transgresión de una regla jurídica. Consta de dos elementos: uno interno: la voluntad e inteligencia; el otro externo: el hecho material. Es el resultado de dos fuerzas: la fuerza moral, intención libre y la fuerza material, movimiento muscular, acción.

En el delito se distinguen la cualidad, constituida por los caracteres que diferencian un hecho de otro y determinan el delito-tipo; la cantidad, que los hace más o menos graves, y el grado, que torna al delito plenamente o menos plenamente imputable.

La imputabilidad: es la relación del hecho con su autor, siendo éste la causa eficiente del mismo. En la doctrina de esta escuela se clasifica en:

a) Moral: violación de una regla de conducta no incriminada, la falta de caridad.

b) Política: es la que hace responsable al sujeto ante la sociedad.

c) Civil: es la violación de un derecho privativo de los particulares.

d) Física: es la imputación de un hecho involuntario, como un homicidio causal.

e) Legal: es la transgresión de una prohibición de la ley.

La importancia de esta clasificación consiste en que corresponde a los legisladores determinar la imputabilidad política, esto es, los hechos delictuosos, los actos dañosos a la sociedad; y a los jueces determinar las demás, aplicando la ley al conocer de cada caso concreto.

Responsabilidad: exige en el autor del hecho la voluntad de cometerlo, supone el conocimiento suficiente del bien y del mal y el libre arbitrio de escoger este último. La responsabilidad penal deriva de la responsabilidad moral.

El hecho cometido se presume voluntario y sólo se justifica cuando el agente obedece a una autoridad superior, o no puede resistir fuerza insuperable, o no ha podido determinarse libremente a ejecutarlo. Las excepciones mas señaladas son los casos de los menores, de los ebrios y de los locos, distinguiéndose según que los primeros obren con o sin discernimiento, o que la embriaguez sea completa, y la perturbación mental, absoluta o relativa.

7.1.2.- La pena

Es un mal infligido al delincuente, prescrito por la ley y aplicado por el juez. Tiene su fundamento en la necesidad de l ley, o en el deber del Estado de defender los derechos y las libertades de los ciudadanos. Su fin es el restablecimiento del orden externo por medio de la corrección del delincuente, de la confianza que debe inspirarse a los buenos y de la advertencia a los mal intencionados.

Giannitrapani advierte:

Esta idea de pena – castigo evoca los viejos conceptos del talión, de la venganza privada, de la cólera social, gradualmente depurados por la composición obligatoria (de los romanos) por las teorías de la retribución, de la intimidación del derecho natural; cualquiera que sea, su origen es visible: una represión cualitativa del delito. (Vers la synthese du probleme penal, pág. 79).

En resume se tiene pues:

a) El delito es una entidad jurídica que se compone de diversas fuerzas morales y físicas.

b) El derecho de castigar corresponde al Estado a título de tutela jurídica.

c) El fin de la pena es el restablecimiento del orden externo de la sociedad.

d) La pena es un contenido necesario del derecho.

e) La imputabilidad criminal tiene su fundamento moral.

f) El método de investigación en el derecho penal es objetivo.

7.2.- Escuela Positivista

Esta escuela estudia principalmente la persona del delincuente, y se basa en tesis completamente opuestas a las de la escuela clásica.

7.2.1.- Origen de la teoría

Comienza con los estudios de Lombroso sobre el hombre delincuente, en su organismo, su carácter, sus signos distintivos, su estado de ánimo; es, pues, antropología criminal; continúa con Ferri y Garófalo, quienes se basan en la estadística y estudian las causas de los delitos, siendo así sociología criminal; y se aúnan ambas bases de conocimiento para formar una tercera escuela, llamada Escuela Crítica, Escuela Antropo – Social, de positivismo crítico.

Opina la Escuela Positiva, que la ciencia penal debe estudiar todas las condiciones del reo, naturales y de su vida social, y por eso, es investigación antropológica y sociológica, esta última determinada por la indagación de la razón, motivo o móvil que haya tenido el agente en la perpetración del hecho. La sociología criminal tiene un fin preventivo y no represivo y la pena debe ser sustituida por medidas de seguridad.

La responsabilidad del delincuente es una responsabilidad social, y no moral, resulta de un estado psico – físico peculiar, y no de una voluntad libre y determinada. En consecuencia, los actos delictuosos entran en el círculo de una peligrosidad social, esto es, el delincuente es un ser temible, peligroso, que debe ser eliminado o readaptado. Ferri distinguía las dos clases de peligrosidad: social y criminal. La primera: anterior al delito. La segunda: manifestada con el delito.

Según estas teorías, el sistema penal de la escuela debe ser abolido. La pena no debe ser a dosis determinadas, proporcionadas a la culpa del delincuente, sino a la especial categoría del reo y debe ser indeterminada o sustituirse por una medida de defensa contra la personalidad peligrosa.

Se puede resumir su doctrina:

a) El delito es un fenómeno social en cuya génesis encuentra factores individuales, físicos y sociales.

b) El derecho de castigar corresponde al Estado a título de defensa social.

c) El fin de la pena es la prevención y la readaptabilidad del reo.

d) La pena debe sustituirse por medidas de seguridad.

e) La imputabilidad tiene un fundamento social.

f) El método de investigación es subjetivo.

7.3.- Escuelas Eclécticas

Las críticas contra las escuelas clásicas y positivista han dado nacimiento a escuelas eclécticas que mantienen principios de la clásica y toman otros de la positivista, situándose en un término medio, sin incurrir en las exageraciones de esta última y apartándose de muchos postulados arcaicos del dogmatismo.

Estas escuelas se caracterizan por el dualismo de sus concepciones. Diferencian el Derecho Penal, al que asignan un método lógico – abstracto, de la Criminología, Penología y Política Criminal, que siguen una sistematización experimental. El crimen es un fenómeno complejo, producto de factores individuales y de factores exógenos.

La condición del delincuente no debe exagerarse hasta hacer de él un tipo especial, el tipo criminal que señala la escuela positivista pero si debe admitirse una clasificación, la de ocasionales, habituales y anormales.

La pena debe ser afianzada con medidas de seguridad. Y respecto a la responsabilidad se conserva el viejo concepto de libre arbitrio, de responsabilidad moral, pero admitiéndose la peligrosidad, temibilidad o estado dañoso para algunos delincuentes.

Esta tendencia dualista de los penalistas críticos o neoclásicos ha influido en la confección de todos los códigos penales promulgados en lo que va transcurriendo del siglo XX.

7.4.- Escuela Humanista

Según la teoría humanista, se forma en la vida social una conciencia colectiva como producto de la constante relación entre los individuos. Esta conciencia social es moral. Los fenómenos sociales son la forma de esta conciencia moral colectiva. Así, el Estado no es un Estado jurídico, sino moral, sus deberes son morales; y el Derecho tiene su génesis también en la conciencia moral colectiva, surge de la exteriorización consciente de determinada idealidad; es, pues, pura forma, una parte de la idealidad colectiva.

El delito: es un ilícito moral, y por esta circunstancia, todas las acciones contrarias al sentimiento moral deben ser erigidas en delitos y deben ser borrados de los delitos todos los actos prohibidos por el derecho más no por la moral.

La imputabilidad: se prescinde del libre arbitrio y del determinismo y establece que el hombre es imputable porque es educable. La imputabilidad se funda en la educabilidad.

La pena: debe consistir en la educación del criminal, debe ser pena educativa, impuesta por el Estado educador, que debe desenvolver sus actividades educadoras para convertir en un magisterio pedagógico las instituciones del sistema carcelario actual. No se admite la doctrina de la peligrosidad.

7.5.- Escuela Pragmática

El Derecho Penal debe ser eficaz. El sistema penal debe conocerse por sus frutos, por los delincuentes corregidos, intimidados o eliminados. La pena debe ser cierta como idea, eficaz como acción y provechosa por sus resultados, y para lograr estas condiciones, debe buscarse la certeza penal, no según postulados establecidos a priori ni según fines teóricos, sino con un método empírico fundamentado en los resultados de la estadística, en la experiencia de los directores de prisión, esto es, e las investigaciones psicológicas.

En conclusión: Se llama Escuelas Penales al conjunto de postulados o de ideas similares o afines relativos a las ciencias penales. Estas escuelas forman parte de la historia del derecho penal, formando incluso tendencias dogmáticas. Las más importantes por su influencia en las diversas legislaciones penales, son las escuelas Clásica y Positiva.

8.- Historia del Derecho Penal venezolano

En este capítulo dividimos la historia del derecho penal venezolano de acuerdo a los períodos estudiados por Mendoza Troconis:

1. El Derecho Penal Indígena

2. El Derecho Penal Indiano

3. El Derecho Penal Nacional

8.1.- El Derecho Penal Indígena

En el estado – social primitivo de las tribus indígenas venezolanas se desconocía la idea de una justicia colectiva, la justicia era individual, se ejercía por el propio ofendido o por sus parientes.

Los crímenes generales de las tribus venezolanas fueron la antropofagia, el homicidio, la embriaguez y los vicios sexuales.

a) La Antropofagia

Los caribes eran antropófagos, comían carne por costumbre, por venganza o por colaboración de alguna victoria. Las guerras con las otras tribus tenían generalmente por causa la consecución de comida y conservaban los prisioneros con el objeto de engordarlos y tener mayor tiempo fresca la carne humana que, según Cuervo Márquez, “era una de sus mayores delicias”. (Estudios Arqueológicos y Etnológicos, Cap. II, pág. 17).

b) El Homicidio

Los caribes eran crueles y sanguinarios. Muchas tribus cometían homicidios religiosos, sacrificando los niños a sus dioses, y esto siguió sucediendo aún después de adelantada la conquista de los españoles. Generalmente destinaban altas peñas en el monte para sacrificar entre el sol naciente los niños y mancebos, cuya inocente sangre debía aplacar los rigores del dios sol, o lograr la salud de un Cacique, amenazada por grave enfermedad, y la muerte se ocasionaba por medio de la degollación con cuchillos de pedernal.

En la ceremonia para la construcción de templos también existían homicidios, en las cuales, los maderos que servían de columnas se enterraban aplastando los cuerpos vivos de doncellas escogidas.

Existían diversos tipos de homicidios:

Por rito funerario: cuando moría un Cacique se enterraba con él la mujer en quien había tenido más hijos.

Por prejuicios: en la guerra que de ordinario hacían los Caribes, cuando según su cuenta debían de dar el asalto, los que permanecían en el pueblo ponían dos mocetones en penitencia y los sometían al tormento de látigo que sufrían sin quejas hasta morir, porque de su valor y tolerancia dependía que los guerreros pelearan con valentía y obtuvieran el triunfo.

Por adquisición de gloria: algunas tribus exhibían a las empalizadas que rodeaban sus habitaciones los cráneos de sus enemigos, y otras conservaban los pellejos llenos de cenizas colgados en las paredes de sus templos.

c) La embriaguez

Los indígenas eran muy aficionados a la bebida, sus fiestas se reducían a bailes de hombres y mujeres, y por lo común todos eran fúnebres, y en ellos cometían los mayores excesos, originados de la embriaguez, como muertes, heridas, actos sexuales ilícitos, pederastia, etc.

d) Los vicios sexuales y otros delitos

Era corriente en estas tribus la poligamia y especialmente, los jefes y principales tenían cuantas mujeres pudieran mantener, a pesar de que había siempre una favorita, y como estimaban a la mujer como cosa propia, castigaban la infidelidad de la indígena con la muerte, incluyendo el hecho entre los atentados a la propiedad.

Aparte de estos hechos, existía el concepto rudimentario de otros delitos entre las tribus indígenas. Así era el castigo con la muerte para el piache que no curaba a un principal de la tribu, porque estaba en la obligación de dar salud al enfermo.

Otras tribus indígenas practicaban el robo en cuadrila de malhechores para ofrecer parte del botín a sus dioses; más en la mayoría de los casos se castigaba a los ladrones con la muerte.

Resumiendo la exposición precedente, encontramos, pues, que el derecho penal indígena consistía en las costumbres de cada tribu que estimaban ciertos hechos como delitos, principalmente las traiciones, las desobediencias a los mandatos de los jefes, los atentados a la propiedad y a la honestidad y las violaciones religiosas que en muchas tribus el fundamento era la intimidación; y que se castigaba con la muerte a los raptores, incestuosos, adúlteros y pederastas.

8.2.- El Derecho Penal Indiano

Es el Derecho Penal Colonial, se determina peculiarmente por la aplicación de Instituciones jurídicas exóticas, de un país adelantado como España, en lugares de incivilidad.

Los gobernantes de España se vieron obligados a crear otro Derecho, el Derecho Indiano, cúmulo de instituciones que convinieran a los moradores del extenso territorio conquistado, distinto en psicología y ambiente al suelo español, ya sea para proteger a los indígenas, o para acomodar la vida de los españoles.

Estas instituciones se conocen con el nombre de Leyes de Indias, y tenían por objeto adecuar a estas provincias, que exigían un orden jurídico diferente.

Jerónimo Montés explica:

La conquista de América y la gobernación de sus extensos territorios dieron origen a una multitud de Provisiones, Instrucciones, Cedulas, Ordenanzas, Etc. Dictadas en distintos tiempos por los reyes. Antonio Maldonado I Vasco de Puga formaron la primera recopilación ordenada, que comprende todas las disposiciones dadas desde 1525 a 1563, y a la cual siguieron otras en años sucesivos. (Derecho Penal I, 112, pág. 9).

Juicios

La mayoría de los juicios terminaban en cortos días y con escaso expediente, apenas tres semanas de trámites y veinte folios. Los autos y sentencias de los jueces carecían de citas doctrinarias y fundamentos legales; en cambio, aparecían como ordenamientos de la vida y costumbres de los nativos y de los residentes, con disposiciones de orden moral y social.

En los procesos por delitos graves, como homicidios, abigeatos; los jueces coloniales dejaban de aplicar las penas mayores señaladas en las Partidas y en la Recopilación, que eran las leyes más acatadas, para indicar otras menores que conseguían fines distintos del castigo, o amonestaban solamente al reo, y, también, cortaban la causa en providencia, aceptando las proposiciones que hiciera el acusador para armonizar sus relaciones futuras con el acusado y evitar escándalos.

En muchos casos la pena ordinaria de prisión se dejaba incumplida por razones de índole práctica, como desahogar de presos a la cárcel, atender a un trabajo de interés colectivo o aprovechar una oportunidad de remisión de detenidos.

Los estudios del derecho penal indiano señalan, en primer término. La aplicación de la ley en forma diversa según las clases diferenciadas en la sociedad colonial, figurando el español, el mantuano, el guerrero y el sacerdote, como personas privilegiadas, y el indio, el negro y el mulato como dominados. En los procesos recibían distinto tratamiento el sujeto distinguido, según se le titulaba en las actuaciones judiciales, y el miserable, de baja condición, indio pobre o negro esclavo.

No obstante, los indios tenían un Protector, que intervenía en sus causas y leyes que les favorecían, y los pobres gozaban de la representación del Procurador de Pobres; el proceso se desarrollaba ante el fiscal, exigente en el cumplimiento de la ley, y el Protector, Procurador o Defensor insistente en la representación de los nativos.

Instituciones

Se creó en Venezuela la Intendencia de Hacienda y del Real Ejército y el Tribunal consiguiente que entendía de los delitos de comercio ilícito, principalmente en los de contrabando, siendo juez el Intendente o los subdelegados de éste.

Juicio de Residencia: seguía a los capitanes generales, gobernadores y demás funcionarios y se abría tan pronto terminara en sus cargos. Se formaba un Tribunal especial para conocer sus abusos y castigarlos.

Los procesos más comunes de la Colonia se seguían por delitos contra las personas: homicidio, heridas, injuria; o contra la propiedad: hurtos, robos y daños, que eran los más frecuentes.

Por hechos punibles sexuales: concubinato, adulterios, seducciones, violaciones, raptos y sodomía. Las conspiraciones políticas ocupaban el cuarto lugar.

La condena a muerte no se ejecutaba casi nunca.

8.3.- El Derecho Penal Nacional

El tercer período comienza con el trabajo derogatorio de las leyes españolas, inaplicables al reciente orden jurídico creado con la Declaración de la Independencia e inaceptables con la nueva raza venezolana formada durante la época de la Colonia.

La evolución comienza con la dictación de leyes y decretos y con la promulgación del estatuto fundamental, y termina con la codificación.

8.3.1.- Jerarquía en la aplicación de las leyes

El 13 de mayo de 1825 el Congreso dispuso que mientras no se proveía un orden jurídico propio, la jerarquía que debía aplicarse sería la siguiente:

a) Las decretadas y que en lo sucesivo decretara el Poder Legislativo.

b) Las pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos y ordenanzas del gobierno español hasta el 18 de marzo de 1808, que estaban en observancia bajo el mismo gobierno español en el territorio formado por la República.

c) Las Leyes de Recopilación de Indias.

d) Las de la nueva Recopilación de Castilla.

e) Las de las Siete Partidas.

8.4.- Constitución de 1830

Al declararse la independencia pensaron los legisladores primero en confeccionar el estatuto que diera vida al nuevo Estado. Se promulgó en Valencia el 22 de septiembre de 1830 la primera Constitución venezolana que contiene muchas disposiciones que interesan al Derecho Penal.

Se decretó en ella la libertad civil, se estableció la igualdad entre todos los venezolanos, lo que suprimió la diferencia de tratamiento penal y los privilegios. Se organizaron los principios concernientes a la seguridad individual, y en virtud de ellos, en los negocios criminales ninguno podría ser preso ni arrestado sin que precediese información sumaria de haberse cometido un hecho que mereciera pena corporal y fundados indicios de haberlo cometido la persona que se arrestara.

Se prohibió a los carcelarios la incomunicación de los detenidos, y se dictaron penas para los autores de una arbitraria privación de libertad. Quedaron abolidos el tormento, la confiscación de bienes y toda pena cruel. Entre muchos otros aspectos novedosos para la época.

8.5.- Las Leyes Especiales

La legislación especial también se ocupó en gran número de materias comprendidas en el ámbito del Derecho Penal:

a) Los delitos de traición y políticos.

b) La libertad de imprenta.

c) Se abolió la esclavitud.

d) Se trató la extradición.

8.6.- La Codificación Penal

Los trabajos de codificación penal comenzaron a manifestarse desde 1830. Ese año el Congreso nombró una Comisión para redactar un Código Penal, otra para el de procedimiento criminal y una tercera para una Ley de Jurados.

Sin embargo, sólo el ciudadano Pedro Pablo Díaz, miembro de la Comisión encargada de redactar la Ley de Jurados, presentó al Congreso en 1823 un proyecto para el establecimiento del juicio por jurados.

Así, hubo muchos proyectos de Códigos Penales en la evolución legislativas de Venezuela: los de 1904, 1912, 1916 y 1926. Sin embargo, algunos autores han sugerido reformas urgentes al Código Penal vigente que se deben a la evolución misma del Derecho Penal.

8.7.- Conclusiones

El objetivo trazado se ha logrado: que los bachilleres que cursan el segundo año de Derecho conozcan los fundamentos que soportan la teoría del Derecho Penal; que conozcan las normas que los protegen, que sean capaces de integrar y proponer reformas en esta materia al ordenamiento jurídico interno, y que concienticen la importancia de hacerlo ordinariamente. Asimismo, que conozcan la evolución internacional, es decir, en las distintas legislaciones, de esta rama del Derecho, y que estén capacitados para terminar la introducción del Derecho Penal (Concepto e Historia) y adentrarse en el mundo de las Leyes de esta disciplina.

9.- Referencias

Bibliográficas

MENDOZA, Troconis José; Curso de Derecho Penal Venezolano, Parte General, Tomo I.

ISIDRO, Pérez Miguel; Derecho Penal, Parte General. UCV.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Alejandro Alagia y Alejandro Slokar (2005). Ediar Temis (ed.). Manual de Derecho Penal, Parte General, Primera edición edición, Sistemas de Derecho Procesal Penal en Europa, Ramón Maciá Gómez, Cedecs 1995.

DE LA CUESTA AGUADO, Paz M. (1995). Tipicidad e imputación objetiva, Primera edición edición, Tirant Lo Blanch.

Infografías

http://es.wikipedia.org/wiki/Totemismo

http://es.wikipedia.org/wiki/La_rama_dorada

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacrilegio

http://www.watchtower.org/s/biblia/index.htm

http://www.odinismo.com/forum/viewtopic.php?t=963

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal#Derecho_penal_liberal

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http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml

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http://html.rincondelvago.com/john-howard.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_sobre_la_funci%C3%B3n_de_la_pena

Según Roger E. Zavaleta Rodríguez “la motivación de las resoluciones judiciales constituye el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho realizados por el juzgador, en los cuales apoya su decisión. Motivar, en el plano procesal, consiste en fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión. No equivale a la mera explicación o expresión de las causas del fallo, sino a su justificación razonada, es decir, a poner de manifiesto las razones o argumentos que hacen jurídicamente aceptable la decisión”.

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CONTENIDO:

1.-       Definición del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

2.-       Contenido de la motivación de las resoluciones judiciales

3.-       Funciones del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales

4.-       El juez como creador del Derecho

5.-       Los errores in cogitando

5.1.-    Falta de motivación

5.2.-    Defectuosa motivación

5.3.-    Motivación defectuosa aparente

5.3.1.-     Motivación defectuosa insuficiente

5.3.2.-     Motivación defectuosa en sentido estricto

5.3.3.-     Tribunal Constitucional (derecho a la motivación de las resoluciones judiciales).

1.- Definición del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales se encuentra previsto en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución y constituye una de las garantías que forman parte del contenido del derecho al debido proceso; por lo que el Tribunal Constitucional (TC) ha señalado que toda resolución que emita una instancia jurisdiccional (mandato que no se restringe a los órganos del Poder Judicial, sino también a toda entidad que resuelva conflictos, incluido el TC) debe estar debidamente motivada, lo cual significa que debe quedar plenamente establecida a través de sus considerandos, la ratio decidendi por la que se llega a tal o cual conclusión.

Según Roger E. Zavaleta Rodríguezla motivación de las resoluciones judiciales constituye el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho realizados por el juzgador, en los cuales apoya su decisión. Motivar, en el plano procesal, consiste en fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión. No equivale a la mera explicación o expresión de las causas del fallo, sino a su justificación razonada, es decir, a poner de manifiesto las razones o argumentos que hacen jurídicamente aceptable la decisión”.[1]

Asimismo refiere que “la motivación es un deber de los órganos jurisdiccionales y un derecho de los justiciables, y su importancia es de tal magnitud que la doctrina la considera como un elemento del debido proceso, situación que ha coadyuvado para extender su ámbito no solo a las resoluciones judiciales, sino también a las administrativas y a las arbitrales”[2].

En reiteradas sentencias el Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente:

“el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios.

En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.[3]

La motivación de las resoluciones judiciales es una exigencia constitucional, y cuando las decisiones judiciales se refieran a la restricción de derechos de personas, como el derecho a la libertad ambulatoria, las mismas deben ser suficientemente motivadas; en consecuencia, la resolución judicial (auto) que ordena la medida de coerción exige ser fundamentada acorde con la norma constitucional y los requisitos que la ley establece.

En la medida que se ordena la prisión preventiva, el artículo 254 del NCPP exige, bajo sanción de nulidad, que contenga la exposición breve de los hechos, cita de normas transgredidas, la finalidad que se persigue, los elementos de convicción que sustentan la medida, el tiempo de duración y los controles de ejecución.

Alonso R. Peña Cabrera Freyre señala que “el papel del Derecho, radica precisamente que estas restricciones, sin duda necesarias en determinadas ocasiones, responden siempre e inexcusablemente, a principios de justicia, seguridad y certeza de proporcionalidad, desterrando toda arbitrariedad y ligereza. En tal virtud, la legitimación de las medidas de coerción se somete al marco jurídica-constitucional y a la normatividad internacional sobre la materia, por ende, su adopción en el proceso penal sólo puede resultar como consecuencia de un proceso intelección judicial y en la medida de lo estrictamente necesario.”

Asimismo refiere que “Las medidas de coerción deben estar debidamente tipificadas en el ordenamiento procesal, a efectos de legitimar su incidencia en los bienes jurídicos fundamentales del imputado. Para tales efectos, se deberá tomar en cuenta el principio de proporcionalidad, el cual supone correlación entre la medida y la finalidad, esto es, deben ponderarse los intereses jurídicos en juego, tomando en consideración el interés social en la persecución, como una finalidad esencial en el Estado de Derecho. Concretamente, la finalidad que se pretende alcanzar (realización de la justicia) implica el sacrificio legítimo de otros bienes (libertad del imputado), cuando no existen otros medios menos lesivos idóneos para asegurar los fines del procedimiento. Para tal caso, el juzgador deberá evaluar las características y particularidades del caso concreto, a efectos de determinar, la necesidad e idoneidad de la medida, tomando en consideración la gravedad del delito perseguido, la calidad de los autores, los elementos de convicción, las pruebas que pretende recoger, etc.” [4]

2.- Contenido de la motivación de las resoluciones judiciales

Respecto de su contenido se ha señalado en la sentencia recaída en el Exp. N.° 6712-2005-PHC/TC (fundamento 10) que:

“Este derecho implica que cualquier decisión cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de manera tal que los destinatarios, a partir de conocer las razones por las cuales se decidió en un sentido o en otro, estén en la aptitud de realizar los actos necesarios para la defensa de su derecho. El derecho a la motivación es un presupuesto fundamental para el adecuado y constitucional ejercicio del derecho a la tutela procesal efectiva.

Además de considerarla como principio y garantía de la administración de justicia, este Colegiado ha desarrollado su contenido en la sentencia recaída en el Expediente Nº 1230-2002-HC/TC, donde se precisó que lo garantizado por el derecho es que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica. En la sentencia recaída en los Expedientes No 0791-2002-HC/TC y N° 1091-2002-HC/TC, se afirmó, entre otras cosas, que la motivación debe ser tanto suficiente (debe expresar por sí misma las condiciones que sirven para dictarla y mantenerla) como razonada (debe observar la ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos los factores que justifiquen la adopción de esta medida cautelar)”[5].

La doctrina jurisprudencial del TC es reiterada al señalar que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista:

a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas;

b) Congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y,

c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión.[6]

Asimismo el TC también establece que el derecho al debido proceso comprende una serie de derechos fundamentales de orden procesal, cada uno de los cuales cuenta con un contenido constitucionalmente protegido que le es propio. Uno de los derechos que conforman el derecho al debido proceso es el derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales. En efecto, este derecho se constituye en:

una garantía del denunciante del ilícito penal frente a la arbitrariedad fiscal, que garantiza que las resoluciones fiscales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los Magistrados Fiscales, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso”.

Finalmente, este derecho “obliga a los Magistrados Fiscales al resolver la pretensión de la parte denunciante de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate fiscal. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestada la pretensión penal, o el desviar la decisión del marco del debate fiscal generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela procesal efectiva y también del derecho a la motivación de las resoluciones fiscales”.[7]

3.- Funciones del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales

Roger E. Zavaleta Rodríguez refiere que “el examen sobre la motivación es triple, pues involucra como destinatarios de la misma, no solo a las partes y a los órganos jurisdiccionales, sino también a la comunidad en su conjunto, en cuyas manos descansa una supervisión (si se quiere difusa) de la que deriva la legitimidad del control democrático sobre la función jurisdiccional, y que obliga al juez a adoptar parámetros de racionalidad expresa y de conciencia autocritica mucho más exigentes”.[8]

Asimismo considera que “el deber de motivar las resoluciones judiciales constituye una garantía contra la arbitrariedad, pues le suministra a las partes la constancia de que sus pretensiones u oposiciones han sido examinadas racional y razonablemente, y sirve también para que el público en su conjunto vigile si los jueces utilizan en forma abusiva o arbitraria el poder que les ha sido confiado. Tras este control de la motivación radica una razón ulterior, consistente en el hecho que, si bien lo justiciable es inter partes, la decisión que recae en torno a la litis y adquiere la autoridad de la cosa juzgada, se proyecta a todos los ciudadanos. Por lo que, afirma que nuestra judicatura ha señalado como fines de la motivación a los siguientes:

a) Que, el juzgador ponga de manifiesto las razones de su decisión, por el legítimo interés del justiciable y la comunidad en conocerlas;

b) Que, se pueda comprobar que la decisión judicial adoptada responde a una determinada interpretación y aplicación del Derecho;

c) Que, las partes tengan la información necesaria para recurrir, en su caso, la decisión; y,

d) Que los Tribunales de Revisión tengan la información necesaria para vigilar la correcta interpretación y aplicación del Derecho”.[9]

4.- El juez como creador del Derecho

Roger E. Zavaleta Rodríguez sostiene que “el juez no actúa como mero aplicador de la norma, a partir de la cual solo le resta extraer sus consecuencias; antes debe fijar los hechos, elegir la norma jurídica pertinente, interpretarla y, a la luz de ella, calificar el material factico. Las decisiones que tome respecto de cada uno de esos puntos pueden incidir en el resultado final (la sentencia). Debe descartarse, por tanto, la idea que el juez administra justicia con los insumos que le proporciona el legislador, cotejando simplemente el hecho con el supuesto normativo, ya que inclusive ante los casos más simples, el juzgador crea una norma particular para el caso concreto, dada la indeterminación de la ley respecto de aquél”.[10]

5.- Los errores in cogitando

Roger E. Zavaleta Rodríguez afirma que “los errores in cogitando son aquellos vicios del razonamiento derivados de la infracción de los principios y las reglas de la argumentación, relacionados con el defecto o la ausencia de las premisas mayor o menor de la inferencia jurídica. Por su naturaleza, este tipo de errores no se restringen solo al proceso, sino que abarcan todas las áreas del conocimiento humano.

En el plano procesal los errores in cogitando son asimilados a los errores in procedendo, por la violación que aquellos producen al principio de la motivación de las resoluciones judiciales y, más ampliamente, al derecho a un debido proceso. Esto determina la nulidad de los actos procesales en los que se evidencien, por una sencilla razón: si el incumplimiento de las formas procesales puede conllevar a un vicio trascendente que amerita la nulidad de la decisión, la invalidez del acto se impone, con mayor razón, cuando la inobservancia se produce respecto a las normas lógicas que gobiernan el razonamiento no solo del juez, sino del hombre.

La asimilación de los errores in cogitando con los in procedendo acarrea efectos prácticos muy interesantes, pues abre paso a una gama de mecanismos para protección del derecho a un debido proceso, como la nulidad y la casación por vicios procesales”.[11]

5.1.- Falta de motivación

Roger E. Zavaleta Rodríguez señala que “este tipo de error revela una ausencia total de fundamentos, no obstante el deber que les viene impuesto a los jueces de motivar los autos y las sentencias.

La falta total de motivación como característica estructural del fallo, en palabras de Fernando de la Rúa, es casi impensable, no obstante, es el caso de los autos a los que la ley les concede la característica de inimpugnable y que algunos jueces omiten fundamentar. La ausencia de un examen judicial ulterior en esta clase de resoluciones, posiblemente, es una de las principales causas de dicha omisión; reflejo de una lectura distorsionada de algunos jueces que solo ven a la motivación como una forma de justificar su fallo ante el superior jerárquico”.[12]

5.2.- Defectuosa motivación

Roger E. Zavaleta Rodríguez refiere que la doctrina clasifica a la motivación defectuosa en: aparente, insuficiente y defectuosa en sentido estricto.

5.3.- Motivación defectuosa aparente

Las resoluciones afectadas por esta clase de error se caracterizan porque disfrazan o esconden la realidad a través de cosas que no ocurrieron, pruebas que no se aportaron o fórmulas vacías de contenido que se condicen con el proceso y que, finalmente, nada significan por su ambigüedad o vacuidad.

Son casos típicos de esta clase de vicio, las resoluciones que solo se limitan a describir los hechos alegados por las partes, sin analizarlos ni vincularlos con prueba alguna; las que no valoran los medios probatorios esenciales para resolver la controversia, sino que efectúan una vaga alusión a todas las pruebas aportadas al proceso, sin especificar el valor otorgado a los medios probatorios que han motivado su decisión; las que de manera aseverativa expresan que un hecho se encuentra acreditado sin apoyarse en ningún medio probatorio; las que de manera genérica indican que se han cumplido todos los requisitos para encuadrar el sub judice dentro del supuesto de una norma jurídica, sin embargo, no contienen los fundamentos fácticos y jurídicos que conlleven a esa conclusión, luego de un análisis de los medios probatorios; las que se apoyan en pruebas obtenidas en forma ilícita, entre otras.

5.3.1.- Motivación defectuosa insuficiente

El juez yerra de este modo cuando no respeta el principio lógico de razón suficiente, es decir, cuando de las pruebas en las que basa su conclusión sobre los hechos no solo puede inferirse aquella, sino también otras conclusiones.

5.3.2.- Motivación defectuosa en sentido estricto

Se produce cuando el juez viola los principios lógicos o las reglas de la experiencia.

Asimismo citando la Cas. Nº 486-2003-Sultana, refiere que en la expedición de estos fallos, exista una motivación defectuosa entendiéndose a ésta como aquella que vulnera los principios lógicos y las reglas de la experiencia, principalmente al principio de no-contradicción, pues nada puede ser y no ser al mismo tiempo, esto es, no puede afirmarse y negarse al mismo tiempo una misma cosa de un mismo sujeto; cuando ocurre ello, estamos ante una resolución contradictoria, por lo que, en este caso, el juez debe observar estrictamente los principios de la lógica, de la psicología y de la experiencia común.

El colegiado Constitucional, en reiteradas sentencias, ha precisado que: “el contenido del derecho a la debida motivación queda garantizado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente.-está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responden a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento.- La falta de motivación interna del razonamiento (defectos internos de la motivación) se presenta en una doble dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión.

Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas.- El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez (constitucional) por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

(…) El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la  fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente.- Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente.- El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisíva).

Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia  opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también  al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal”.[13]

  1. Motivación del auto de prisión preventiva

Del Rio Labarthe Gonzalo afirma que “la motivación de las resoluciones judiciales tiene un doble fundamento: 1) Permitir el control de la actividad jurisdiccional y 2) Lograr convencer a las partes y a los ciudadanos sobre su corrección y justicia, mostrando una aplicación del derecho vigente libre de arbitrariedades. En la resolución judicial que adopta la prisión preventiva, la exigencia constitucional de motivación debe ser considerada desde una doble perspectiva: la del derecho a la tutela judicial efectiva y la del respeto al derecho a la libertad personal”.[14]

Por esta razón el TC ha entendido que el auto que dispone o mantiene la prisión preventiva debe contener una motivación reforzada:

(…) Tratándose de la detención judicial preventiva, la exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida debe ser más estricta, pues solo de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permite evaluar si es que el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la detención judicial preventiva. (…)[15]

Asimismo Del Rio Labarthe Gonzalo comenta que “acertadamente el TC señala la motivación del auto de prisión preventiva condiciona la validez del principio de proporcionalidad, porque solo puede verificarse su existencia cuando una adecuada motivación de las razones que la justifican confirma la presencia de los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. No basta que la prisión preventiva se sustente en una causal legal específica, es necesario evaluar la pertinencia de la causa que la motiva y esa evaluación solo puede realizarse luego de la exteriorización de las razones que la justifican por el sujeto que la lleva a cabo.

Las circunstancias objetivas que en cada caso permitan afirmar el riesgo procesal que genera la necesidad de adoptar la prisión preventiva no deben quedar en la íntima convicción del que la dispone, sino que el juicio lógico de donde se deduce ese peligro debe materializarse en la resolución que la ordena. La prisión preventiva tampoco puede justificarse en decisiones estereotipadas, ni sustentarse en formulaciones puramente generales o abstractas. Se deben evitar las motivaciones tautológicas, apodícticas o aparentes, incluso la repetición de fórmulas reiterativas de los textos normativos que en ocasiones se reproducen mecánicamente y en términos tan genéricos que se puede adaptar a cualquier situación”.[16]

5.3.3.- Tribunal Constitucional (derecho a la motivación de las resoluciones judiciales).

Por ello el TC establece que:

Dos son, en ese sentido, las características que debe tener la motivación de la detención judicial preventiva: En primer lugar, tiene que ser suficiente, esto es, debe expresar, por sí misma, las condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o mantenerla. En segundo término, debe ser razonada, en el sentido de que en ella se observe la ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos los aspectos que justifican la adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no podría evaluarse si es arbitraria por injustificada. (STC 03784-2008/HC, del 06 de enero, Caso Rodríguez Huamán)

Del Rio Labarthe Gonzalo citando a Sanguiné O. refiere que “no basta el simple encaje de los hechos en dichas normas, porque las razones de la decisión pueden seguir ocultas, hay que precisar por qué encajan. Motivación y fundamentación no son conceptos sinónimos, una resolución puede estar fundada en derecho y no ser motivada, puede citar muchas disposiciones pero no explicar el enlace de esas normas con la realidad concreta que se está apreciando. Viceversa, una resolución puede ser motivada, pero no estar fundada en derecho, que es lo que ocurre cuando un juez justifica su resolución en principios puramente filosóficos, ajenos al ordenamiento jurídico. La motivación, entonces, es la explicación de la fundamentación jurídica de la solución al caso concreto, no basta una mera exposición, debe existir un razonamiento lógico”.[17]

Toda decisión sobre la prisión preventiva, lejos de cualquier automatismo, requiere la ponderación de las circunstancias concurrentes por el Juez. Por ello, las decisiones relativas a la adopción y al mantenimiento de la prisión preventiva deben expresarse en una resolución judicial motivada, adoptada por el Juez.

La motivación del acto limitativo, en el doble sentido de expresión del fundamento de derecho en que se basa la decisión y del razonamiento seguido para llegar a la misma, es un requisito indispensable del acto de limitación del derecho. Esta motivación ha de ser suficiente y razonable, esto es, que se haya realizado la ponderación de los intereses en juego: la libertad de una persona cuya inocencia se presume, por un lado, y la realización de la administración de justicia y la evitación de hechos delictivos, por otro, y que esta ponderación no sea arbitraria, en el sentido que sea acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y muy especialmente, con los fines que justifican la institución de la prisión preventiva. Por tanto, la resolución judicial debe pronunciarse razonadamente sobre la concurrencia de los presupuestos de la medida y del fin constitucionalmente legítimo que se persigue con ella.

En la medida que de los antecedentes del imputado y demás datos o circunstancias, puedan racionalmente inferirse que el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad; el juez puede formar convicción que la sociedad o la potencial víctima está seriamente amenazada de un peligro real de sufrir perjuicio en su persona, y conjurar este peligro puede requerir en las circunstancias del caso concreto medidas no proporcionadas a la gravedad del hecho cometido, pero adecuadas y necesarias en atención a la real peligrosidad del autor y a la prognosis desfavorable en orden a la comisión futura de delitos graves.

En la presente investigación se establece las condiciones que sería conveniente incorporar la figura jurídica del peligro de reiteración delictiva, como presupuesto material del artículo 268 del NCPP, lo cual permitiría al Juez realizar la adecuada ponderación razonable en casos que el imputado sea considerado un riesgo fundado de reiteración delictiva y peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima.

En suma, la resolución judicial debe pronunciarse razonadamente sobre la concurrencia de los presupuestos de la medida de prisión preventiva y del fin constitucionalmente legítimo que se persigue con ella; y la exigencia de motivación es suficiente garantía del derecho a la libertad que garantiza al imputado, sobre la base que la prisión preventiva sólo deberá adoptarse cuando sean insuficientes otras medidas de control judicial para garantizar las necesidades de la investigación, es decir, como ultima ratio.

Por lo que, considero que el Juez debe cumplir a cabalidad su deber de motivar las resoluciones judiciales, especialmente las que disponen la prisión preventiva y cualquier medida de coerción personal, en tanto afecta la libertad de un ciudadano. La libertad por ser un valor supremo debe ser resguardada en sus máximas expresiones, es por ello que no se puede dejar de exponer las razones que existen para limitarla o restringirla. Omitir esta tarea, implica una actuación irresponsable del Juez.


[1] Castillo Alva José Luis; Luján Túpez Manuel; Zavaleta Rodríguez Roger E. (2006). Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales. Lima. Ara Editores.

[2] Ibídem. Pag. 370 y 371

[3] Exp. N° 00728-2008-HC/TC. Lima, 13 de octubre de 2008.

[4] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Págs. 683 y 684

[5] Exp. N° 1396-2008-HC/TC. Lima, 18 de noviembre de 2008.

[6] Exp. N° 2523-2008-HC/TC. Lima, 13 de junio de 2009

[7] Exp. N° 1321-2010-PA/TC. Lima, 20 de agosto de 2010

[8] ZAVALETA RODRÍGUEZ Roger. Ob. Cit. Pág. 372

[9] ZAVALETA RODRÍGUEZ Roger. Ob. Cit. Pág. 373 y 374

[10] ZAVALETA RODRÍGUEZ Roger. Ob. Cit. Pág. 439 y 440

[11] ZAVALETA RODRÍGUEZ Roger. Ob. Cit. Pág. 443

[12] ZAVALETA RODRÍGUEZ Roger. Ob. Cit. Pág. 444

[13] Exp. N° 00728-2008-HC/TC. Lima, 13 de octubre de 2008.

[14] Del Rio Labarthe, Gonzalo. (2008). La Prisión Preventiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Anuario de Derecho Penal 2008. Pág. 119

[15] STC Nº 03784-2008/HC, de 06 de enero (Caso Rodríguez Huamán)

[16] Del Rio Labarthe, Gonzalo. (2008). Ob. Cit. Pág. 120

[17] Del Rio Labarthe, Gonzalo. (2008). Ob. Cit. Pág. 121