Se entenderá pagada una cosa cuando se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consista (pago=cumplimiento); El cumplimiento de la obligación es la realización efectiva de la prestación debida.

By: María Esnaola

Utilidad: Derecho Civil Español, Derecho Civil, Obligaciones en el Derecho de obligaciones.

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CONTENIDO:

1.-       EL CUMPLIMIENTO O PAGO EN GENERAL

1.1.-    Concepto

1.2.-    El pago como acto debido; la denominada naturaleza jurídica del pago

2.-       LOS PROTAGONISTAS O SUJETOS DEL CUMPLIMIENTO

2.1.-    En general

2.2.-    Las reglas de capacidad en relación con el pago

2.3.-    La ejecución de la prestación debida por un extraño a la relación obligatoria; el pago del tercero

2.4.-    La recepción de la prestación: el pago al acreedor aparente y al tercero.

2.4.1.-     Pago al acreedor aparente

2.4.2.-     Pago al tercero

3.-       LOS REQUISITOS DEL CUMPLIMIENTO: LA EXACTITUD DE LA PRESTACION

3.1.-    Identidad de la prestación

3.2.-    Integridad de la prestación

3.3.-    Indivisibilidad de la prestación

4.-       EL MOMENTO TEMPORAL DEL CUMPLIMIENTO

4.1.-    Exigibilidad de las obligaciones puras

4.2.-    Obligaciones sometidas a condición suspensiva o término inicial

4.3.-    Obligaciones sometidas a término esencial

4.4.-    Plazo a voluntad del deudor

4.5.-    El vencimiento anticipado de las obligaciones aplazadas

4.5.1.-     El vencimiento anticipado:

4.5.2.-     La insolvencia sobrevenida del deudor:

4.5.3.-     La falta de constitución de las garantías pactadas:

4.5.4.-     La disminución de las garantías:

4.5.5.-     La desaparición de las garantías:

4.6.-    El cumplimiento anticipado de las obligaciones aplazadas

4.6.1.-     Validez e irrepetibilidad del pago anticipado:

4.6.2.-     El error en el plazo del pago:

5.-       EL LUGAR DEL CUMPLIMIENTO

5.1.-    Reglas particulares y regla general; el art. 1.171 del CC

5.2.-    Regla general: el lugar designado en la obligación

5.3.-    Reglas supletorias de carácter general

 

1.-  EL CUMPLIMIENTO O PAGO EN GENERAL

1.1.-    Concepto

Se entenderá pagada una cosa cuando se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consista (pago=cumplimiento); El cumplimiento de la obligación es la realización efectiva de la prestación debida.

Por eso, el cumplimiento es la causa más normal de extinción de las obligaciones, porque sólo ella se adecúa perfectamente a la dinámica de la obligación, que nace para ser cumplida. Las demás causas de extinción son frustraciones.

Pero hay una diferencia entre los derechos de crédito y los derechos reales:

-              Los derechos de crédito nacen para morir cuando el deudor cumpla su obligación

-              Los derechos reales atienden a intereses tendencialmente permanentes, favoreciendo la estabilidad de determinadas situaciones de señorío sobre las cosas (propiedad, usufructo, servidumbre…).

1.2.-    El pago como acto debido; la denominada naturaleza jurídica del pago

¿El pago es un hecho jurídico, un acto jurídico o un negocio jurídico?

-              Aunque tradicionalmente se ha defendido que es un negocio jurídico, en la actualidad la doctrina se aleja de dicha teoría.

-              Lo que siempre ha estado y está claro es que no se trata de un hecho jurídico

-              Es un acto jurídico, pues depende de la voluntad del obligado.

2.-  LOS PROTAGONISTAS O SUJETOS DEL CUMPLIMIENTO

2.1.-    En general

Toda obligación presupone la existencia de 2 o varias personas, acreedor y deudor. Si bien, atendiendo a la obligación, al acreedor se le suele llamar sujeto activo (porque es el que lo puede reclamar) y al deudor sujeto pasivo (porque es el que lo tiene que padecer), ésta clasificación no es del todo correcta puesto que en el momento del cumplimiento ocurre todo lo contrario, que el deudor es el sujeto activo (porque es el que tiene actuar) y el acreedor el sujeto pasivo (porque es el que se tiene que recibir).

Por ello, podemos usar la siguiente terminología:

-              Solvens; Es quien realiza el pago (Normalmente el deudor)

-              Accipiens; Es quien recibe el pago (Normalmente el acreedor.

Pero es posible que en el momento del pago intervengan, por iniciativa propia, personas extrañas y que estos asuman el papel del deudor (pago del tercero) o el papel del acreedor (pago al tercero). Eso sí, por iniciativa propia, porque si lo hacen como representantes de una de las partes o por una especial relación de subordinación no estaremos ante un caso de intervención de tercero alguno.

 

 

2.2.-    Las reglas de capacidad en relación con el pago

-              Capacidad del solvens:

o   En las obligaciones de dar no será válido el pago hecho por quien no tenga la libre disposición de la cosa debida y capacidad para enajenarla. Sin embargo, si el pago hubiere consistido en una cantidad de dinero o cosa fungible, no habrá repetición contra el acreedor que la hubiese gastado o consumido de buena fe. (La mayoría de la doctrina opina que también se debe exigir al menos una cierta capacidad natural en las obligaciones de hacer y no hacer).

-              Capacidad del accipiens:

o   En principio sólo las personas con capacidad para administrar sus bienes pueden recibir el pago con plena eficacia. Sin embargo, el pago hecho a una persona incapacitada será válido cuando se hubiere convertido en su utilidad (es decir, que el cumplimiento redunda en su beneficio).

2.3.-    La ejecución de la prestación debida por un extraño a la relación obligatoria; el pago del tercero

En principio el cumplimiento de la obligaciones puede ser llevado a efecto por cualquier persona, excepto en los casos de las obligaciones de hacer personalísimas; cuando se han tenido en cuenta la calidad y circunstancias del deudor al establecer la obligación. (ej; si le encargó un cuadro a Dali, no me sirve que me lo pinte su vecino).

En los demás casos, cualquier persona puede llevar a cabo la ejecución de la obligación, con independencia de la situación en la que se encuentre el deudor ante ello (porque lo que importa es satisfacer los intereses del acreedor):

-              que la ignore

-              que, conociéndola, la apruebe

-              que, conociéndola, se oponga a ella

Otra cosa es que una vez satisfecho el interés del acreedor luego tengan que arreglar cuentas entre el solvens y el deudor:

-              Cuando el solvens interviene con la aprobación del deudor, éste se subroga (coloca) en la posición del acreedor. El solvens será el nuevo titular del derecho de crédito en la obligación que existía antes, en las mismas condiciones y con las mismas garantías que antes lo era el acreedor.

-              Cuando el deudor ignora o se ha opuesto, el solvens podrá reclamar al deudor “aquello en que le hubiera sido útil el pago”, pero éste no se subroga en el lugar del antiguo acreedor. Aquella obligación se extinguió y ahora nace una nueva obligación (la acción de reembolso/reintegro)

o   Ej; Mikel le ha contado a su padre que debe a Ane 200 € y que han apalabrado que cada día de retraso devengará un 5 por ciento de intereses, y está preocupado porque no sabe si va a poder pagarle. Llegado el momento habla con Ane y consigue pagarle 50 € por lo que le debe 150 € más los correspondientes intereses hasta que se los abone. Pero, por su parte, aquel día el padre de Mikel se acuerda de aquella conversación que tuvo con su hijo decide hacerle un favor y pagarle a Ane.

§  Si Mikel sabe que su padre está pagando por él (con efecto subrogatorio); Su padre se subrogará en la posición de Ane y ahora tendrá un derecho de crédito frente a su hijo de 150 € más el interés del 5% por cada día de retraso.

§  Si Mikel no lo sabía o le ha pedido que no lo haga (sin efecto subrogatorio); Su padre sólo podrá reclamarle lo que a Mikel le haya sido útil, sin intereses ni nada.

·         Si le pagó 150 € a Ane, le podrá raclamar los 150 € a su hijo

·         Si le pagó 200 € a Ane porque no sabía que su hijo ya le había adelantado 50, sólo le podrá reclamar 150 € a su hijo.

2.4.-    La recepción de la prestación: el pago al acreedor aparente y al tercero.

Normalmente el accipiens será el propio acreedor, la persona en cuyo favor está constituida la obligación, pero éste podrá designar a un representante o podrá habilitar a cualquier otra para recibir el pago.

2.4.1.-   Pago al acreedor aparente

Suele ocurrir que se cumpla la obligación a favor de una persona que aparentemente cuenta con la legitimación para cobrar, auque realmente no la tenga (ej; pagar el café al que está detrás de la barra aunque no sea el camarero de allí).

“El pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del crédito liberará al deudor”, es decir, el deudor quedará liberado si se cumplen los 2 siguientes requisitos;

o   Que el deudor actúa de buna fe, sin saber que se trata de un acreedor aparente.

o   Que el acreedor aparente actúe como el verdadero acreedor

Es cierto que puede que el verdadero acreedor no llegue a recibir la prestación y por tanto no vea satisfechos sus intereses, pero aún así ello liberará al deudor. (Deberá arreglarse con acreedor aparente)

2.4.2.-  Pago al tercero

En principio el pago a un tercero no es un verdadero cumplimiento y no libera al deudor, pero será válido en cuanto se hubiere convertido en utilidad del acreedor, es decir, si el acreedor llega a recibir la prestación. (ej; si debo 20 € en una tienda y aprovechando que mi hermano va allí se los doy a él para que los entregue en mi nombre).

3.-  LOS REQUISITOS DEL CUMPLIMIENTO: LA EXACTITUD DE LA PRESTACION

El cumplimiento consiste en la exacta realización de la prestación o conducta debida, de manera que el acreedor vea satisfechos sus intereses.

3.1.-    Identidad de la prestación

“El deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, aún cunado fuere de igual o mayor valor que la debida. Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido un hecho por otro contra la voluntad del acreedor”. Ello favorece tanto al deudor como al acreedor, puesto que así ambos saben con exactitud qué es lo que deben cumplir o pueden exigir.

En la práctica suele ser muy habitual que el deudor ofrezca otra cosa y que el acreedor la acepte porque ello también satisface sus intereses, convirtiéndose así en una “dación en pago”. Pero si éste no lo quiere, puede resistirse a su recepción y hacer que ello suponga un incumplimiento para el deudor, sin que ello suponga una mora del acreedor

Eso sí, cuando las diferencias entre la prestación debida y la prestación ofrecida no son relevantes o de consideración, el acreedor no debe oponerse al pago

3.2.-    Integridad de la prestación

“No se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía”. Por lo tanto, la prestación no sólo ha de ser la misma, sino que debe ejecutarse de forma total y completa.

En las obligaciones de dar, la entrega se refiere tanto a la cosa adeudada como a sus frutos y accesorios

En las obligaciones pecuniarias que generan intereses, la prestación debe alcanzar al principal adeudado y a los intereses vencidos.

3.3.-    Indivisibilidad de la prestación

La regla general es la indivisibilidad de la prestación, pero con excepciones, a veces por acuerdo entre la spartes y otras veces por así dictarlo la propia Ley. “A menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá compelerse al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación. Sin embargo, cuando la deuda tuviera una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda”.

4.-  EL MOMENTO TEMPORAL DEL CUMPLIMIENTO

Determinar cuándo ha de ejecutarse la prestación es importante porque a partir del mismo puede constituirse la mora:

-              Del deudor, comenzando a generarse intereses y agravándose su responsabilidad

-              Del acreedor, al rechazar el cumplimiento idóneo ofrecido por el deudor injustificadamente

4.1.-    Exigibilidad de las obligaciones puras

La obligación ha de cumplirse en el momento pactado o en su defecto, desde el mismo instante de su nacimiento. El CC dice que será exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o de un suceso pasado que los interesados ignoren. (Ej; la responsabilidad extracontractual).

Sin embargo, el CCom dice que serán exigibles a los 10 días después de contraídas, si sólo produjeren acción ordinaria, y el día inmediato si llevaren aparejada ejecución (ej; una letra de cambio aceptada). En las operaciones comerciales, el plazo será de 30 días a partir de la presentación de la factura o recepción de las mercancías.

4.2.-    Obligaciones sometidas a condición suspensiva o término inicial

En la práctica es muy habitual someter la eficacia del contrato (el nacimiento de las obligaciones) a condición o a término; de esta manera, la obligación no será exigible ni se deberá cumplir hasta que ocurra el suceso contemplado como condición o llegue el día o se agote el plazo señalado como término. Ej; Cuando apruebes la carrera te regalo un coche.

4.3.-    Obligaciones sometidas a término esencial

Se habla de término esencial cuando la fijación de una fecha para el cumplimiento de la obligación ha de considerarse como una circunstancia absolutamente determinante para la ejecución de la prestación. Es decir, es necesario que se cumpla ese día para satisfacer los intereses del acreedor, puesto que no le vale que ocurra antes o después. Ej; La actuación de un payaso en un cumpleaños infantil.

4.4.-    Plazo a voluntad del deudor

Suele haber relaciones en las que la ejecución por parte del deudor quede aplazada, pero sin que se haya fijado el alcance o la extensión temporal de dicho aplazamiento.

Esto ocurrirá en 2 supuestos:

-              Que la duración de plazo haya quedado a voluntad del deudor. Ej; Te presto la moto durante tu estancia en donosti.

-              Que de la naturaleza y circunstancias de la obligación pueda deducirse que el plazo se ha concedido al deudor. Ej; Toma los 300€, ya me pagarás.

En ambos casos, serán los Tribunales los que deban fijar el plazo, puesto que no puede quedar al arbitrio de ninguna de las partes el cumplimiento de la obligación.

Esto no es aplicable a las relaciones comerciales: “no se reconocerán términos de gracia, cortesía u otros que, bajo cualquier denominación, difieran (o retrasen) el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino los que la partes hubieran prefijado en el contrato, o se apoyaren en una disposición terminante de Derecho”.

4.5.-    El vencimiento anticipado de las obligaciones aplazadas

El hecho de que la situación patrimonial o la actitud del deudor haga peligrar la satisfacción del interés del acreedor puede conllevar la anticipación del vencimiento de la obligación aplazada.

Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo en estos 3 casos:

-              Cuando, después de contraída la obligación, resulte insolvente (salvo que garantice la deuda)

-              Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviere comprometido

-              Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieran (a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras)

4.5.1.-  El vencimiento anticipado:

Si el plazo ha quedado a voluntad del acreedor éste podrá reclamar el cumplimiento cuando lo estime conveniente, sin que hablemos de anticipación del vencimiento. Sin embargo, cuando el plazo se ha establecido en beneficio del deudor, es posible que dicho plazo decaiga y el acreedor pueda exigir el cumplimiento inmediatamente. Ello tiene una carga sancionadora contra el deudor que, por unas razones u otras, disminuye las legitimas expectativas de satisfacción del acreedor.

Ej; La nueva Ley Concursal dice que la apertura de la liquidación producirá el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones.

4.5.2.-  La insolvencia sobrevenida del deudor:

Se refiere a la situación patrimonial concreta del deudor comparando con la que tuviera en el momento constitutivo de la relación obligatoria, sin que sea necesario que se encuentre incurso en una situación concursal. Lo difícil es establecer donde está la barrera, pero lo que está claro es que debe ser sobrevenida, no puede asimilase a una mera variación en su situación patrimonial y que no basta con la falta de liquidez (puesto que puede existir un activo patrimonial).

4.5.3.-  La falta de constitución de las garantías pactadas:

Si la obligación está completada con el acuerdo de establecer una garantía (personal o real), en caso de no hacerlo supondría un incumplimiento parcial de la obligación.

¿Pero importa que haya sido por causa imputable al deudor o simplemente haya sido un caso fortuito? Hay diversidad de opiniones, aunque Carlos Lasarte considera preferible que se haga una distinción entre ambos supuestos y que sólo se aplique dicho precepto en el segundo caso, es decir, cuando no se le pueda imputar al deudor.

4.5.4.-  La disminución de las garantías:

Este precepto tiene un claro carácter sancionador, puesto que se asienta en el hecho de que el deterioro o la disminución de la garantía o de su valor se ha producido precisamente por actos propios del deudor. Ej; el deudor que, después de haberse comprometido a responder del pago de determinadas obligaciones con ciertas fincas y sus productos, luego las hipoteca disminuyendo la garantía y ocultando otros gravámenes anteriores.

Tales actos suponen objetivamente una actuación fraudulenta respecto de las legítimas expectativas del acreedor, quien por consiguiente puede reclamar la caducidad del plazo, salvo que el deudor renueve las garantías.

4.5.5.-  La desaparición de las garantías:

Se refiere a la completa y total desaparición de las garantías otorgadas por el deudor, quien responde en tal caso de dicha eventualidad aunque tal desaparición se haya visto originada de manera fortuita.

4.6.-    El cumplimiento anticipado de las obligaciones aplazadas

Aún habiéndose fijado un plazo, es posible que el cumplimiento tenga lugar antes:

-              Por iniciativa del acreedor, quien reclama el pago antes de su vencimiento.

-              Por iniciativa del deudor, quien (aún sabiendo que lo puede cumplir con posterioridad) lo hace voluntariamente antes de tiempo

-              Por acuerdo entre el deudor y el acreedor, previendo en el título constitutivo de la obligación dicha posibilidad (ej, cunado el banco permite al prestatario devolver el dinero prestado de forma anticipada, con el consiguiente descuento de intereses).

Naturalmente, el cumplimiento anticipado es imposible en los casos que exista un término esencial, ya que ello no satisface los intereses del acreedor. Ej; que el payaso haga su actuación el día anterior a la fiesta de cumpleaños.

4.6.1.-  Validez e irrepetibilidad del pago anticipado:

El cumplimiento anticipado es perfectamente válido y extingue la relación obligatoria. “Lo que anticipadamente se hubiese pagado en las obligaciones a plazo no se podrá repetir (solicitar o reclamar su devolución)

4.6.2.-  El error en el plazo del pago:

En el caso de que el solvens en el momento de pagar desconozca por error la existencia del plazo también se aplicará lo dicho anteriormente, y éste no podrá reclamar la devolución del mismo; sin embargo, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiese percibido de la cosa.

-              Contempla sólo el supuesto de error en el solvens, no en el accipiens (Independientemente de que el plazo fuera constituido en beneficio del acreedor, del deudor o de ambos)

-              No le importa si ha sido de buena o mala fe

-              Establece un derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiese percibido de la cosa, peor no la devolución de lo anticipadamente pagado por error (La diferencia que se produce entre el valor nominal del crédito en el momento de cumplir y el valor actual). Los presupuestos son;

 

5.-  EL LUGAR DEL CUMPLIMIENTO

5.1.-    Reglas particulares y regla general; el art. 1.171 del CC

Determinar el lugar exacto en el que hay que cumplir la obligación es tan importante que es aconsejable que las partes lo prevean en el título constitutivo de la obligación, pero para los casos en que no lo hagan, la propia Ley ha establecido cuales serán los lugares de pago en algunas obligaciones en concreto.

Hay un precepto general que dice (con el cual la Jurisprudencia coincide) que “el pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación”, para luego, establecer una regla supletoria y decir que “No habiéndose expresado y tratándose de entregar una cosa determinada, deberá hacerse el pago donde ésta existía en el momento de constituirse la obligación. En cualquier otro caso, el lugar del pago será el del domicilio del deudor”.

(Algunos autores opinan que en la práctica el domicilio del deudor es la pauta más general y aplicada y que la regla supletoria es la de el lugar que hubiese designado la obligación).

5.2.-    Regla general: el lugar designado en la obligación

En principio se deberá cumplir en el lugar de cumplimiento establecido en el título constitutivo de la obligación. Dicha designación puede producirse de forma expresa (estableciéndose de forma clara) o, por el contrario, de forma tácita, debiendo deducirse de la propia naturaleza de la obligación conforme a los usos del tráfico (ej; los coches objeto de reparación no suelen entregarse a domicilio).

Sin embargo, en los supuestos de responsabilidad extracontractual en las que no se haya designado el lugar, la jurisprudencia ha dicho que el lugar de cumplimiento debe coincidir con el lugar en que se ocasionó el daño. Carlos Lasarte no está de acuerdo con el TS, porque ello genera una situación injusta. En su opinión debería atenderse a que la reparación a favor de la víctima (el acreedor) le generara los menores gastos y molestias posibles; acercarse a la idea de que el lugar debería ser el elegido por la víctima o su domicilio habitual.

En la práctica, la mayor parte de las obligaciones pecuniarias se cumplen a través del Banco, entendiéndose que el pago se ha hecho en el lugar donde las cantidades se reciben:

- Mediante ingreso en cuenta o transferencia a favor del acreedor

- Mediante el cargo directo en la cuenta del deudor (pago domiciliado)

5.3.-    Reglas supletorias de carácter general

En el caso de que el título constitutivo no haya determinado el lugar de cumplimiento, existen 2 reglas supletorias:

-              La entrega de dar cosa determinada deberá hacerse en el lugar donde ésta existía en el momento de constituirse la obligación. Este precepto tiene un alcance muy limitado porque conoce muchas excepciones;

o   Pocos serían los que adquiriesen cosas de peso si no se las levaran casa

o   Es inaplicable al caso de responsabilidad extracontractual. Ej; el automovilista madrileño que arrolla en Valladolid a un disminuido físico y le destroza la silla de ruedas n puede pretender decirle que ha encargado una silla idéntica en una fábrica de Algorta, donde la tiene a su disposición.

 

 

-              Las restantes obligaciones deberán cumplirse en el domicilio del deudor, con la intención de favorecer que el deudor cumpla. Sin embargo, dicho precepto no se aplica en el ámbito mercantil y tiene una escasa incidencia en lo civil, pues normalmente el acreedor tendrá un especial interés en que la obligación se cumpla precisamente en su ámbito cotidiano de actuación.

o   Una doctrina jurisprudencial ha entendido que se menciona el domicilio sólo para determinar la población en que se encuentre el lugar donde debe ventilarse el pago, cuando no se hubiera designado en la convención ni se trate de entregar una cosa determinada, y es, por tanto evidente que con dicho precepto lo que se señala es la ciudad, villa, aldea o cualquier otra población en que tenga morada fija y permanente el obligado al pago. Pero ello es criticable, puesto que no determina con exactitud el lugar de pago (Ej; decir que el coche se deberá entregar en Barcelona no es mucho concretar).

o   Por eso, Carlos Lasarte dice que debe interpretarse “el domicilio del deudor” en su sentido técnico

El sistema jurídico azteca comprendía la institución de la esclavitud. Aunque todo género de servidumbre, de menoscabo de la libertad y dignidad humanas resulta insoportable, se afirma que la conocieron los romanos, con la salvedad de los prisioneros de guerra, los que eran irremisiblemente sacrificados, a menos que poseyeran alguna habilidad especial para el servicio doméstico o industrial.

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By Guerrero Mata Luis Andrés

CONTENIDO:

1.-       ORIGEN DEL DERECHO CIVIL

1.1.-    Derecho Romano

1.2.-    Derecho Canónico

1.3.-    Derecho Francés

2.-       EL DERECHO CIVIL MEXICANO

2.1.-    El Derecho Civil Mexicano Prehispánico

2.2.-    Nueva España y Derecho Civil Mexicano.

2.3.-    Época independiente y el Derecho Civil Mexicano.

BIBLIOGRAFÍA

1.- ORIGEN DEL DERECHO CIVIL

1.1.- Derecho Romano

Es importante destacar el concepto de la evolución del concepto de Derecho Civil y debemos remontarnos a Roma. En Roma se distinguía entre Ius Civile e Ius Gentium (o Naturale), el primero se refiere al usado por los romanos, entendido no como una imposición, sino como un privilegio. El segundo se refiere al Derecho común a todos los hombres sin distinción de nacionalidad. Según el profesor Arangio Ruiz el Ius Gentium se refiere a un sistema estrictamente romano para dar tratamiento jurídico a las relaciones entre romanos y extranjeros, sistema que sería producto de la expansión económica y militar del pueblo romano o civitas.

Además otros textos contraponen el Ius Civile al Ius Pretorium (Ius Honorarium), el cual habría sido introducido con el propósito de suplir, ayudar y corregir el Ius Civile. Pero esta contraposición no es real, el Ius Pretorium significa la renovación del Ius Civile provocada por las nuevas necesidades y por los nuevos hechos. Hay que hacer una aclaración y esta es que el Pretor no creaba derecho, sólo declaraba como entendía el derecho y los principios que seguiría en el ejercicio de sus funciones.

El Ius Civile como derecho del cives, del ciudadano romano, no se identifica con el derecho privado. Es cierto que la construcción romana construyó de preferencia las instituciones privadas (persona, familia, propiedad, obligaciones, herencia), pero dentro del Ius Civile hay instituciones que son extrañas al derecho civil (a nuestra concepción de derecho civil), así las de carácter penal, procesal y las administrativas o políticas.

El Ius Civile, en su sentido propio y originario sería el ordenamiento tradicional que habrían adoptado los grupos primitivos romanos reunidos en una comunidad política y estaría constituido por una serie de principios fundamentales establecidos por la jurisprudencia religiosa y luego laica de los prudentes.

Este núcleo de principios tradicionales se va ensanchando a lo largo de la historia del Derecho romano naciendo un Ius Civile Novum, por obra de las leyes, plebiscitos, senadoconsultos y decretos de los príncipes. Al mismo tiempo, el viejo Ius Civile, el de los principios tradicionales experimenta la influencia del Ius Gentium y del Ius Pretorium o Honorarium, y todos estos Derechos van a ser Ius Civile en la compilación de Justiniano, porque con aquel se entroncaron y no se diferenciaron.

1.2.- Derecho Canónico

El derecho canónico las personas en, de acuerdo con la dignidad de la persona humana: todos somos personas, por el hecho de tener la condición humana. Y nuestra dignidad sustancial es la misma, sin que la pueda alterar ninguna condición subjetiva ni ninguna definición jurídica. Esto no va en menoscabo de que el derecho se vea obligado a regular quién es persona, a los solos efectos jurídicos pertinentes. Lo cual, además, no es contrario al derecho natural, incluso si restringe la cualidad jurídica de persona, siempre que de tal restricción no sean previsibles consecuencias contrarias a la dignidad humana, y por lo tanto al derecho natural.

Con unos ejemplos se entiende: todos los ordenamientos jurídicos distinguen entre personas físicas -los seres humanos- y personas jurídicas. Y las personas jurídicas -como una asociación o una fundación- tienen derechos y deberes, siendo evidente que no son personas en el sentido metafísico al que antes se aludía. Por otro lado, es corriente en los ordenamientos civiles, siguiendo tradiciones del derecho romano, que se defina a la persona física como el nacido que viva 24 horas fuera del seno materno. Esto -en sí mismo- no va en detrimento de los derechos ni de la dignidad del nacido vivo en sus primeras horas de vida, ni tampoco de la persona humana no nacida, el concebido y no nacido. Esta norma tiene sentido en el contexto del derecho de familia, del derecho de sucesión y otros. Pero los ordenamientos siempre han protegido la dignidad de los concebidos y no nacidos, y de los nacidos vivos en su primer día de vida, pues son verdaderas personas en sentido metafísico. Aunque desgraciadamente en la actualidad nos vemos obligados a precisar que deberían de protegerlos, porque en los últimos decenios las leyes ignoran los derechos fundamentales de los no nacidos.

Una vez establecidas estas premisas, se puede indicar quiénes son persona en derecho canónico. El canon 96 del vigente Código de Derecho Canónico nos lo dice:

Canon 96: Por el bautismo, el hombre se incorpora a la Iglesia de Cristo y se constituye persona en ella, con los deberes y derechos que son propios de los cristianos, teniendo en cuenta la condición de cada uno, en cuanto estén en la comunión eclesiástica y no lo impida una sanción legítimamente impuesta.

1.3.- Derecho Francés

El Estado monárquico de Francia, al igual que los otros Estados de Europa, se basa en la idea de que es el único a quien se le debe la plenitud del poder en su reino, sobre la diplomacia y sobre la incorporación de territorios periféricos.

  Los reyes y sus gobiernos forjan la unidad del reino, imponen la soberanía del Estado y la autoridad absoluta del Rey. Pero el sistema real, tal como lo imaginaron los reyes de Francia se apoya también en la idea de que representa una excepción en este mundo. Lo que llamamos la excepción francesa, es esa idea según la cual, la monarquía de los Capetos y la nación emergente son diferentes de las otras monarquías y naciones de Europa y superiores a ellas.

Si Dios, la fe y la religión son el fundamento del "Estado político", todo el sistema jurídico está fundado en la justicia, la misión divina por excelencia. Ahora bien, después de los hebreos, son los reyes de Francia quienes mejor han sabido encarnar esta misión de justicia. Así pues, su legislación es la mejor de Europa y del mundo, porque es la legislación de los reyes "los más cristianos" los reyes más católicos. Algunos años más tarde, Luis XIII va más lejos, a través del código de Michel de Marillac, que aunque en principio no ha llegado a estar vigente, indicaba que: "Los reyes, nuestros predecesores, han testificado por las ordenanzas que han hecho publicar en diversos tiempos, el cuidado que han tenido de que la justicia fuera dignamente administrada y por el establecimiento de buenas leyes, dirigido a mantener un buen orden entre sus sujetos en paz como en guerra, por lo cual el estado ha florecido más que todos los otros  lo que ha servido a sus vecinos y extranjeros, para servirse y tomar de esos reglamentos que habían hecho.

2.- EL DERECHO CIVIL MEXICANO

2.1.- El Derecho Civil Mexicano Prehispánico

El sistema jurídico azteca comprendía la institución de la esclavitud. Aunque todo género de servidumbre, de menoscabo de la libertad y dignidad humanas resulta insoportable, se afirma que la conocieron los romanos, con la salvedad de los prisioneros de guerra, los que eran irremisiblemente sacrificados, a menos que poseyeran alguna habilidad especial para el servicio doméstico o industrial.

Entre los aztecas, la esclavitud era un accidente que podía sobrevenir, no algo que naciera con las personas. “En realidad no era sino un género especial de servidumbre que no invalidaba la personalidad jurídica del individuo”.

Se llegaba a la condición de esclavo, por contrato, al ser vendido al individuo por sí mismo o por su padre, por caer prisionero en la guerra, o por haber cometido un delito que tuviera señalada dicha pena (por ejemplo, la morosidad en el pago de las deudas era castigada con la esclavitud temporal, en tanto no quedase saldado el adeudo).

El esclavo podía redimirse de la servidumbre pagando su precio o casándose con su ama, cuando ello era posible; a veces obtenía la libertad por gracia de su dueño, concedía antes de morir éste.

La familia azteca era de carácter patriarcal, estaba sujeta a la autoridad absoluta del padre, quién tenía derecho de vida y muerte sobre sus hijos y resolvía todo lo concerniente al núcleo familiar.

La institución del matrimonio disfrutaba del reconocimiento y de la protección del poder público. Los jóvenes se consideraban aptos para el casamiento cuando alcanzaban la edad de veinte años; y las mujeres, alrededor de los dieciséis. El matrimonio se concentraba por los padre y con la anuencia de los contrayentes, haciéndose la petición de mano de la doncella mediante la intervención de dos ancianas de la tribu, las que entregaban regalos a los progenitores de la muchacha, quienes rechazaban invariablemente la primera petición.

Se corrían por segunda vez los trámites de la petición y se formalizaba el compromiso una vez que se había llegado a un acuerdo sobre la dote correspondiente.

Celebrado el matrimonio con los actos rituales de rigor, se anudaban las vestiduras de los desposados, quienes debían ayunar y hacer penitencia durante cuatro días para poder consumar finalmente su matrimonio.

La respetabilidad del matrimonio no era impedimento para la existencia de la poligamia, la cual era tolerada.

Según expresa Vaillant, “como sucede con frecuencia en las naciones guerreras que sufren merma en sus componentes masculinos, prevalecía la poligamia; sin embargo, la primera mujer tenía prioridad sobre las otras, y sólo sus hijos tenían derecho a heredar. Se permitían las concubinas y existía, también, la prostitución”.

2.2.- Nueva España y Derecho Civil Mexicano.

Desde el comienzo del siglo XVI, dos grandes corrientes se encontraron en México, y se amalgamaron con fuerte influencia de la más adelantada. La primera era una civilización neolítica, en su aspecto jurídico de carácter predominantemente azteca. La segunda, la civilización hispánica, quien fusionó en su derecho restos de 120 postulados romanos, germánicos, normas canónicas, mucha reglamentación jurídica e incluso rasgos arábigos.

En la Nueva España los conquistadores habían definido perfectamente su objetivo mandar a España la materia prima, los bienes, la plata, el oro y otros minerales; en una palabra, la riqueza captada en el territorio descubierto. De inmediato, se organizó un sistema de control de nuestros indígenas, mediante la evangelización, para lo cual se contó con el apoyo de las órdenes religiosas su pretexto de cristianizar a los indígenas, entre 1525 y 1535, introdujeron algunas costumbres, que se contraponían con la organización interna. Más aún, se trajo a la santa inquisición, para castigar a los herejes y controlar los actos ciudadanos, a fin de dominar al indígena. Surgieron las castas producto del encuentro entre españoles e indígenas.

Algunas crónicas sobre la conquista de la nueva España, refieren aspectos positivos sobre la cristianización, en base al ejemplo e intachable conducta de los frailes que se empezaron a hacer cargo de nuestros indígenas. No es tan exacta dicha interpretación, pues algunas cuestiones, verbigracia el concubinato, surgió al unirse españoles (casados en su país) con nuestras indígenas, y lo hacían únicamente por la iglesia, sin tomar en cuenta el orden civil.

La Nueva España recibió las instituciones castellanas, derivadas del Derecho Romano, y plasmadas en el texto de las Siete Partidas. Por otra parte los monarcas se habían auxiliado, para sus decisiones trascendentes, de los letrados, quienes habían estudiado Derecho Romano en las universidades, y en ese contexto, sustentaban y apoyaban los actos de los Reyes.

2.3.- Época independiente y el Derecho Civil Mexicano.

Es importante destacar la labor de algunos Estados de la República Mexicana, que intentaron llevar a cabo los ideales del federalismo, y se dieron al tarea de elaborar proyectos y/o codificaciones locales. Oaxaca promulga su código civil, entre 1827 y 1829; Zacatecas publicó, para su discusión el proyecto de código civil, en 1831, Jalisco publicó la primera parte de su código civil en 1833; Guanajuato sólo llegó a formular la convocatoria de un concurso para premiar al mejor código civil para el estado”

El código civil de Oaxaca es el primero en Iberoamérica, fue expedido separadamente en tres libros sucesivos por el II Congreso constitucional de dicha entidad federativa en las siguientes fechas: el primer libro precedido por el título preliminar, el día 31 de octubre de 1827, el segundo el 2 de septiembre de 1828 y el tercero el 29 de octubre del mismo año, 1828…promulgados por los señores gobernadores don José Ignacio de Morales, don Joaquín Guerrero y don Miguel Ignacio de Iturribarría, el 2 de noviembre de 1827 el inicial, el 4 de septiembre de 1828 el siguiente y el 14 de enero 1829 el último.

Entre las Leyes de Reforma, destacan en materia civil, las siguientes:

  • Ley de Matrimonio Civil, de 23 de julio de 1859.
  • Ley Orgánica del Registro Civil, de 28 de julio de 1859, que contiene la Ley sobre el Estado Civil de las Personas.

BIBLIOGRAFÍA

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http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-54552004002600010&script=sci_arttext

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/719/1.pdf

http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/librosfac/pdf/pub03/01DraCastaneda.pdf

MARGADANT S. Guillermo F. Introducción a la historia del Derecho Mexicano, 18° ed, Ed. Esfinge. México, 2006

La codificación del derecho civil boliviano es la agrupación orgánica, sistemática y completa de normas jurídicas civiles no permitiendo contradicción ni ambigüedad y, teniendo ellas una vida unitaria.

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CONTENIDO:

1.-         ORIGEN DEL DERECHO CIVIL

1.1.-          Derecho Romano y el Derecho Civil

1.2.-          Derecho Canónico y su relación con el derecho Civil

1.3.-          Derecho Francés y el Derecho Civil

2.-         ORIGEN DEL DERECHO CIVIL BOLIVIANO.

2.1.-          PERIODO COLONIAL DEL DERECHO

2.1.1.-      Derecho Castellano

2.1.2.-      Derecho Indiano

2.2.-          PERIODO REVOLUCIONARIO

2.2.1.-      Acta de Independencia de las provincias Altoperuanas

2.2.2.-      Organización provisional del Poder Ejecutivo

2.2.3.-      Primera Constitución de Bolivia (1826

2.3.-          PERIODO DEL CÓDIGO CIVIL

2.3.1.-      Código Civil de 1931

2.3.2.-      Reformas al Código Civil Santa Cruz

2.3.3.-      Código civil de 1976

2.3.4.-      Orientación entre los dos Códigos

1.- ORIGEN DEL DERECHO CIVIL

1.1.- Derecho Romano y el Derecho Civil

Es importante destacar el concepto de la evolución del concepto de Derecho Civil y debemos remontarnos a Roma. En Roma se distinguía entre Ius Civile e Ius Gentium (o Naturale), el primero se refiere al usado por los romanos, entendido no como una imposición, sino como un privilegio. El segundo se refiere al Derecho común a todos los hombres sin distinción de nacionalidad. Según el profesor Arangio Ruiz el Ius Gentium se refiere a un sistema estrictamente romano para dar tratamiento jurídico a las relaciones entre romanos y extranjeros, sistema que sería producto de la expansión económica y militar del pueblo romano o civitas.

Además otros textos contraponen el Ius Civile al Ius Pretorium (Ius Honorarium), el cual habría sido introducido con el propósito de suplir, ayudar y corregir el Ius Civile. Pero esta contraposición no es real, el Ius Pretorium significa la renovación del Ius Civile provocada por las nuevas necesidades y por los nuevos hechos. Hay que hacer una aclaración y esta es que el Pretor no creaba derecho, sólo declaraba como entendía el derecho y los principios que seguiría en el ejercicio de sus funciones.

El Ius Civile como derecho del cives, del ciudadano romano, no se identifica con el derecho privado. Es cierto que la construcción romana construyó de preferencia las instituciones privadas (persona, familia, propiedad, obligaciones, herencia), pero dentro del Ius Civile hay instituciones que son extrañas al derecho civil (a nuestra concepción de derecho civil), así las de carácter penal, procesal y las administrativas o políticas.

El Ius Civile, en su sentido propio y originario sería el ordenamiento tradicional que habrían adoptado los grupos primitivos romanos reunidos en una comunidad política y estaría constituido por una serie de principios fundamentales establecidos por la jurisprudencia religiosa y luego laica de los prudentes.

Este núcleo de principios tradicionales se va ensanchando a lo largo de la historia del Derecho romano naciendo un Ius Civile Novum, por obra de las leyes, plebiscitos, senadoconsultos y decretos de los príncipes. Al mismo tiempo, el viejo Ius Civile, el de los principios tradicionales experimenta la influencia del Ius Gentium y del Ius Pretorium o Honorarium, y todos estos Derechos van a ser Ius Civile en la compilación de Justiniano, porque con aquel se entroncaron y no se diferenciaron.

1.2.- Derecho Canónico y su relación con el derecho Civil

El derecho canónico las personas en, de acuerdo con la dignidad de la persona humana: todos somos personas, por el hecho de tener la condición humana. Y nuestra dignidad sustancial es la misma, sin que la pueda alterar ninguna condición subjetiva ni ninguna definición jurídica. Esto no va en menoscabo de que el derecho se vea obligado a regular quién es persona, a los solos efectos jurídicos pertinentes. Lo cual, además, no es contrario al derecho natural, incluso si restringe la cualidad jurídica de persona, siempre que de tal restricción no sean previsibles consecuencias contrarias a la dignidad humana, y por lo tanto al derecho natural.

Con unos ejemplos se entiende: todos los ordenamientos jurídicos distinguen entre personas físicas -los seres humanos- y personas jurídicas. Y las personas jurídicas -como una asociación o una fundación- tienen derechos y deberes, siendo evidente que no son personas en el sentido metafísico al que antes se aludía. Por otro lado, es corriente en los ordenamientos civiles, siguiendo tradiciones del derecho romano, que se defina a la persona física como el nacido que viva 24 horas fuera del seno materno. Esto -en sí mismo- no va en detrimento de los derechos ni de la dignidad del nacido vivo en sus primeras horas de vida, ni tampoco de la persona humana no nacida, el concebido y no nacido. Esta norma tiene sentido en el contexto del derecho de familia, del derecho de sucesión y otros. Pero los ordenamientos siempre han protegido la dignidad de los concebidos y no nacidos, y de los nacidos vivos en su primer día de vida, pues son verdaderas personas en sentido metafísico. Aunque desgraciadamente en la actualidad nos vemos obligados a precisar que deberían de protegerlos, porque en los últimos decenios las leyes ignoran los derechos fundamentales de los no nacidos.

Una vez establecidas estas premisas, se puede indicar quiénes son persona en derecho canónico. El canon 96 del vigente Código de Derecho Canónico nos lo dice:

Canon 96: Por el bautismo, el hombre se incorpora a la Iglesia de Cristo y se constituye persona en ella, con los deberes y derechos que son propios de los cristianos, teniendo en cuenta la condición de cada uno, en cuanto estén en la comunión eclesiástica y no lo impida una sanción legítimamente impuesta.

1.3.- Derecho Francés y el Derecho Civil

El Estado monárquico de Francia, al igual que los otros Estados de Europa, se basa en la idea de que es el único a quien se le debe la plenitud del poder en su reino, sobre la diplomacia y sobre la incorporación de territorios periféricos.

  Los reyes y sus gobiernos forjan la unidad del reino, imponen la soberanía del Estado y la autoridad absoluta del Rey. Pero el sistema real, tal como lo imaginaron los reyes de Francia se apoya también en la idea de que representa una excepción en este mundo. Lo que llamamos la excepción francesa, es esa idea según la cual, la monarquía de los Capetos y la nación emergente son diferentes de las otras monarquías y naciones de Europa y superiores a ellas.

Si Dios, la fe y la religión son el fundamento del "Estado político", todo el sistema jurídico está fundado en la justicia, la misión divina por excelencia. Ahora bien, después de los hebreos, son los reyes de Francia quienes mejor han sabido encarnar esta misión de justicia. Así pues, su legislación es la mejor de Europa y del mundo, porque es la legislación de los reyes "los más cristianos" los reyes más católicos. Algunos años más tarde, Luis XIII va más lejos, a través del código de Michel de Marillac, que aunque en principio no ha llegado a estar vigente, indicaba que: "Los reyes, nuestros predecesores, han testificado por las ordenanzas que han hecho publicar en diversos tiempos, el cuidado que han tenido de que la justicia fuera dignamente administrada y por el establecimiento de buenas leyes, dirigido a mantener un buen orden entre sus sujetos en paz como en guerra, por lo cual el estado ha florecido más que todos los otros  lo que ha servido a sus vecinos y extranjeros, para servirse y tomar de esos reglamentos que habían hecho.

2.- ORIGEN DEL DERECHO CIVIL BOLIVIANO.

La codificación del derecho civil boliviano es la agrupación orgánica, sistemática y completa de normas jurídicas civiles no permitiendo contradicción ni ambigüedad y, teniendo ellas una vida unitaria.

2.1.- PERIODO COLONIAL DEL DERECHO

Este periodo se rige por: el Derecho Castellano y el Derecho Indiano. El primero se aplico subsidiariamente al último que se aplico exclusivamente en América. Ante lagunas jurídicas de éste se utilizo el primero.

2.1.1.- Derecho Castellano

Vigente en Castilla pero aplicado subsidiariamente al Derecho Indiano en las colonias españolas americanas. Está conformado por:

El Fuero Juzgo, Libro de Jueces o Liber Iudiciorum (654). Tiene normas generales de Derecho. Es la traducción de la Lex Visigothorum promulgado por el rey visigodo Recesvinto. Está conformada por doce libros.

El Fuero Viejo. Durante el reinado de Alfonso III (866910 d.C.), los nobles castellanos solicitaron al monarca la confirmación de sus fueros[1]. Contiene 240 leyes, en cinco libros y 33 títulos, incluye material propio del Derecho Público (el Señorío del Rey, deberes y derechos de los fijosdalgo, Derecho Penal y Judicial) y del Derecho Privado (posesión, compraventa, arrendamientos, donaciones entre cónyuges, herencia, guarda).

El Fuero de Nájera. En 1138, el Rey Alfonso VII El Emperador, aprobó en la ciudad de Nájera el llamado "Fuero de Nájera", que contiene el reconocimiento del monarca de los privilegios de la nobleza castellana. A pesar de su influencia nobiliaria, el mismo sirvió como garantía para el pueblo.

El Fuero Real (1255). Promulgado en 1255 por el Rey Alfonso X El Sabio de Castilla y León. Esta codificación fue conocida como Fuero del Libro de los Consejos de Castilla o como Flores de las Leyes. Se encuentra dividido en 4 libros, 72 títulos, y 550 leyes, que abarcan temas sobre el oficio del rey, la Ley, Derecho Penal, matrimonios y materia judicial. Disminuye los privilegios de los nobles.

Código de Las Siete Partidas (12561265) o Libro del Fuero de las Leyes, código en siete libros o Partidas: de la Iglesia; político, del reino y de la guerra; sobre las cosas, procesal y organización judicial; de familia y relaciones de vasallaje; de obligaciones; de sucesión y penal. Fue promulgado por Alfonso X el sabio rey de

Castilla y León. Su fuente es el Derecho Romano y contaba con 2,208 leyes, divididas en siete partes:

· Primera Partida: Trata sobre las fuentes del Derecho, del Derecho Eclesiástico y del dogma.

· Segunda Partida: Incluye aspectos político-administrativo como la su cesión a la Corona, los funcionarios y otras.

· Tercera Partida: Contiene normas procesales y algunas de Derecho Civil y Mercantil.

· Cuarta Partida: Contiene normas sobre Derecho de Familia (matrimonios, filiación, paternidad, adopción, patria potestad), aspectos sobre las personas y normas sobre la organización social de la España medieval (relaciones entre los vasallos y los feudos).

· Quinta Partida: Dedicado al Derecho de Obligaciones y Contratos, las cuales marcan gran influencia del Derecho Romano.

· Sexta Partida: Contiene normas sobre Derecho Hereditario y sucesiones.

· Séptima Partida: Contiene normas de Derecho Penal y procedimientos en esta materia (Derecho Procesal Penal).

El Ordenamiento De Alcalá (1348), trata acerca casos de jurisprudencia y normas procedimentales de corregidores, funcionarios reales con poder administrativo y judicial en las ciudades. El Ordenamiento de Alcalá supuso la homogeneización normativa al imponerse el derecho de la Corona. Sólo las provincias vascas mantuvieron sus tradiciones jurídicas. Su fin es unificar la legislación existente. Contiene 125 leyes abarcadas en 32 títulos dedicados a diversos temas jurídicos (procedimientos judiciales, leyes penales, bienes, contratos, sucesiones). Se dicta en Alcalá de Henares por Alfonso XI el Justiciero.

Las Leyes De Toro (1505), interpretación autóctona de la justicia romana respecto del derecho privado castellano. Así por ejemplo fija el perfil jurídico del mayorazgo como concesión asociado a la riqueza nobiliaria. Además regula el matrimonio y las sucesiones. Esta obra legislativa consta de 83 leyes.

Leyes de Estilo. Las Leyes de Estilo es una recopilación de la jurisprudencia establecida por los tribunales de Castilla material civil, procesal, penal, mercantil y Derecho Público. Así recoge la jurisprudencia de la época de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV. Las decisiones originadas en el Fuero Real, fueron recogidas con fines didácticos en las 252 llamadas Leyes de Estilo o Declaración de las Leyes del Fuero. Ciertamente el nombre de "Leyes" no le es propio, toda vez que se trata de una colección privada, la cual, empero, tuvo un gran valor doctrinal en la enseñanza y la posterior redacción de la Novísima. Influye en el Código civil de 1931 boliviano.

La Nueva Recopilación (1675), ordenamiento jurídico de toda la legislación en un solo cuerpo. No tuvo orden ni claridad. Consta de 3,391 leyes que se encuentran en nueve libros, divididos en 214 títulos. El tomo agregado, consta de 1,134 leyes. El Rey Felipe II en 1567 puso en vigencia este cuerpo legislativo, que recogió normas del Fuero Real, el Ordenamiento de Alcalá, las Leyes de Toro y algunas más. Este código excluyó aquellas disposiciones que contradecían el espíritu político impuesto por la Casa de Austria, monarquía reinante en España, la cual buscaba centralizar la administración en la Corona. Posteriormente, bajo el reinado de Felipe V de la casa de Borbón, se le agregó en 1732 un tomo de autos o resoluciones del Consejo.

La Novísima Recopilación (1805). Nuevo ordenamiento jurídico de toda la legislación en un solo cuerpo. Tiene claridad pero introduce un defecto: en el ordenamiento se incluye las normas que ya no están vigentes. Esta obra fue ordenada por el Rey CARLOS IV, promulgada en 1805. A pesar de que fue ideada para ordenar el enmarañado sistema legislativo español, no logró su objetivo. Las 4,020 leyes estaban recogidas en doce libros dispuestos de la siguiente forma:

Libro I: De la Santa Iglesia, sus derechos, bienes y rentas; prelados y súbditos; y el Patronato Real.

· Libro II: De la jurisdicción eclesiástica, ordinaria y mixta, y de los tribunales y juzgados en que se ejercen.

· Libro III: Del Rey, su Real Casa y la Corte.

· Libro IV: De la real jurisdicción ordinaria y de su ejercicio en el Supremo Consejo de Castilla.

· Libro V: De las cancillerías y audiencias del reino, sus ministros y oficiales.

· Libro VI: De los vasallos, su distinción en estados y fueros, obligaciones, cargas y contribuciones.

· Libro VII: De los pueblos y su gobierno civil, económico y político.

· Libro VIII: De las ciencias, artes y oficios.

· Libro IX: Del comercio.

· Libro X: De los Contratos, obligaciones, testamentos y herencias.

· Libro XI: De los juicios civiles, ordinarios y ejecutivos.

· Libro XII: De los Delitos y sus penas, y de los juicios criminales.

2.1.2.- Derecho Indiano

Es el “conjunto de normas jurídicas o disposiciones legales que surgen por voluntad de los monarcas españoles o por las autoridades legítimamente constituidas en América, como delegación de los reyes, y que tuvieron como objetivo fijar y regular las relaciones políticas, administrativas, penales, civiles, económicas y sociales entre los pobladores de las Indias Occidentales” (DIAZ LOPEZ, Laurenti no, El Derecho en América en el Período Hispano).

Vigente en América. Dictada por el reino en cuatrocientas mil Cedulas Reales. El Derecho Indiano es casuístico, la disposición legal se aplica a casos especiales y no de manera general.

El Derecho Indiano estaba compuesto de las:

Leyes de Burgos (27 de diciembre de 1512), surgen en razón de la preocupación de la Corona por el constante maltrato a los indígenas, de acuerdo a los informes de los padres dominicos. A tales efectos, Fernando El Católico ordenó la formación de una junta de teólogos y juristas, a fin de encontrar solución al problema. Si bien es cierto que la inclinación de los miembros de la junta, determinaba que los indios eran seres libres y merecían tratamiento de seres humanos, se observaba que este debía estar sometido a la coerción española, a fin de lograr un proceso acelerado de evangelización.

Las Leyes Nuevas (20 de noviembre de 1542), promulgadas en Barcelona por el emperador Carlos V ante la problemática surgida a raíz del sistema de encomiendas. Su aplicación causó grandes conflictos en los virreinatos de Nueva España y del Perú.

Sumarios de la Recopilación General de las Leyes (1596 1628). En 1596 el Rey Felipe II ordenó recopilar las disposiciones que la Corona había dado para los dominios coloniales. Fue la primera recopilación. Incluyó lo concerniente al Consejo de Indias y sus ordenanzas. Se publicaron 1628.

La Recopilación De Las Leyes De Los Reinos De Las Indias Occidentales (16801681), conjunto legislativo promulgado por los reyes de España para ser aplicado en las Indias, es decir, en los territorios americanos bajo su administración colonial. Esta Recopilación se concluyó en 1680 y se publicó en el año 1681 durante el reinado de Carlos II.

Contiene un total de 9 libros y 218 títulos con mas de seis mil leyes, que contenían temas sobre la Fe Católica; de las leyes y la organización de la justicia; el dominio político (Autoridades y milicia); de los descubrimientos y poblamiento; división administrativa; asuntos policivos, penales y penitenciarios; Hacienda Pública; y de la Casa de Contratación.

Ordenanzas de Bilbao. (1737) Estudia el Derecho comercial.

Ordenanzas de Nueva España. (1738) Carlos III incentiva la minería. Ordenanzas de Intendentes. Estudia La Real hacienda.

2.2.- PERIODO REVOLUCIONARIO

También llamado periodo intermedio. El periodo revolucionario boliviano va desde el 25 de mayo de 1809 hasta el 2 de abril de 1931. en este periodo se aplica el derecho común español vigente con la Novísima Recopilación.

En este ínterin se dictan las bases jurídicas para el nuevo Estado de Bolivia. Así:

• El Decreto de convocatoria a Asamblea de Diputados de las Provincias Altoperuanas (1825, febrero 9) promulgado por el Mariscal Antonio José de Sucre para fijar la suerte de las cinco provincias Altoperuanas: La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Santacruz.

• El Acta de Independencia de las provincias Altoperuanas (1825, agosto 6).

• Ley de Organización provisional del Poder Ejecutivo (1826, junio 19).

• La Primera Constitución de Bolivia (1826, noviembre 19).

Decreto de convocatoria a Asamblea de Diputados de las Provincias Altoperuanas

El Decreto de convocatoria a Asamblea de Diputados de las Provincias Altope ruanas (1825, febrero 9) es un documento fundamental del Derecho boliviano que tiene el objetivo de decidir la suerte de las provincias altoperuanas La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Santacruz sancionando un régimen para organizar un gobierno. Fue promulgado por el Mariscal Antonio José de Sucre.

Considera que las provincias citadas no pueden regirse por "leyes militares, ni tampoco puede abandonarlas á la anarquía y el desorden” y para ser elector requería ser vecino con reputación de honradez y buena conducta. "XI. Para ser diputado se necesita, ser mayor de veinticinco años, hijo del departamento, ó vecina de él, con residencia de cuatro años, adicto a la causa de independencia, de concepto público, y moralidad probada.”

2.2.1.- Acta de Independencia de las provincias Altoperuanas

El Acta de Independencia de las provincias Altoperuanas (1825, agosto 6), es un documento de creación del Estado de Bolivia adoptada en la Sesión del 6 de Agosto de 1825 por la Asamblea Deliberante del alto Perú.

En materia de Derecho civil el Acta pone fin a "..., la inseguridad absoluta del honor, de la vida, de las personas y propiedades,.” luego de quince años de guerra y que el sistema inquisitorial español no pudo "apagar en el Alto Perú el fuego sagrado de la libertad,.”.

En el Acta se plasma el anhelo de disfrutar de todas las riquezas naturales "preciosos y útiles para el sustento, recreo e industria del hombre,.”.

En el Acta también se establece el deseo de un cambio radical respecto la "educación bárbara calculada para romper todos los resortes del alma, en una agricultura agonizante guiada por sola rutina, en el monopolio escandaloso del comercio, en el desplome e inutilización de nuestras más poderosas minas, por la barbarie del poder español,”.

El Acta establece la justeza de romper con el poder colonial español. Ya no mas "hijos de del grande Manco Capac. desgraciados, esclavos tan humillados, seres sacrificados a tantas clases de tormentos, ultrajes y penurias.”.

2.2.2.- Organización provisional del Poder Ejecutivo

Ley de Organización provisional del Poder Ejecutivo (1826, junio 19). Contiene 25 artículos. En materia de Derecho civil el Presidente de la Nación debe hacer cumplir los fallos judiciales.

2.2.3.- Primera Constitución de Bolivia (1826

La Primera Constitución de Bolivia (1826, noviembre 19). Busca asegurar la vida, la libertad y la propiedad del individuo. Anula el tributo indigenal aunque mas tarde fue restituido por el Mariscal Antonio José de Sucre.

Si bien esta primera Constitución política de Bolivia trató de conformar un Estado moderno sin discriminación racial, sin explotación del indio, abolir la servidumbre, y de dar a la nueva república una cara liberal, estas pretensiones fracasaron totalmente.

Esta Constitución aun mantiene la esclavitud.

Articulo 11.5. Todos los que hasta el día han sido esclavos; y por lo mismo quedarán, de hecho, libres en el acto de publicarse esta Constitución. Por una ley especial, se determinara la indemnización que se debe hacer a sus antiguos dueños.

Esta Ley se dicto el 10 de diciembre de 1826 estableciendo que los esclavos debían comprar su libertad. ¿De donde sacaría dinero un esclavo? Además tal ley fue abrogada a los tres años de su promulgación por presión de lo hacendados. Así que la esclavitud siguió hasta el gobierno de Isidoro Belzu quien promulgó una nueva Constitución política del Estado el 26 de octubre de 1851 que establecía en su primer articulo "Todo hombre nace libre en Bolivia; todo hombre recupera su libertad al pisar su territorio. La esclavitud no existe ni puede existir en él.”. Solo desde entonces no hay esclavitud en Bolivia. (CRESPO RODAS, Alberto, Esclavos Negros en Bolivia, MOLINA CESPEDES, Tomas, Belzu, ¿Quien lo mató?).

Parecería que deja libres a los siervos

“Artículo 149. La Constitución garantiza a todos los bolivianos su libertad civil,...”

¿Y quienes son los bolivianos?

“Artículo 11. Son bolivianos: [...]

5. Todos los que hasta el día han sido esclavos: y por lo mismo quedarán de derecho libres, en el acto de publicarse la Constitución; pero no podrán abandonar la casa de sus antiguos señores, sino en la forma que la ley especial lo determine.” (Cursiva nuestra)

Pero la ley especial nunca se promulgó, sino hasta 1952, 126 años después. La libertad política (gobernarse a si mismos) los indios lo están consiguiendo en las urnas y no por las armas.

2.3.- PERIODO DEL CÓDIGO CIVIL

El Código civil llamado Santacruz es promulgado el 18 de octubre de 1830 y rige del 2 de abril de 1831 hasta el 2 de abril de 1972.

2.3.1.- Código Civil de 1931

Historia: Luego de un estudio de cuatro meses el código es puesto a disposición del presidente de Bolivia el Mariscal de Zepita Dn. Andrés de Santa Cruz. Por él promulgador el Código Civil de 1931 es conocido también como "Código Civil Santacruz”.

Autor: Casimiro Olañeta, José M. de la Lloza, María José de Antequera, J. M. Urcullo.

Vigencia: 2 de abril de 1931. Con suspensión en el año 1846, tiempo en el cual rigió el Código Ballivián.

Plan:

Parte preliminar

Libro 1° Personas (En el cual estaba incluido el Derecho de Familia)

Libro 2° De los bienes y modificaciones al derecho de propiedad.

Libro 3° Modos de adquisición de la propiedad.

N° de Artículos: 1556 Art.

Método: Sistemático.

Principios: Que se plasmaba en:

• La propiedad privada.

• Autonomía de la Voluntad[2] irrestricta.

• Derecho sucesorio testamentario.

Fuentes: Código Civil francés (90%), Derecho Común español (Siete Partidas,

Novísima Recopilación, las Leyes de Estilo) y Derecho Canónico, (del griego, "kanon”, 'ley' o 'medida'), cuerpo legislativo de diversas Iglesias cristianas que, por regla general, se ocupa de materias fundamentales o disciplinares.

2.3.2.- Reformas al Código Civil Santa Cruz

El 2 de diciembre de 1882 se introduce:

• Investigación de paternidad

• Reintegro de la Legítima (adelanto de la herencia).

• Prescripción adquisitiva treintañal (Luego de 30 años de posesión, ésta puede ser convertida en propiedad).

15 de noviembre de 1887. Durante el Gobierno de Gregorio Pacheco se crea el Registro de Derecho Reales, "oficinas para verificar la inscripción de todos los derecho reales sobre inmuebles”, que da publicidad y oponibilidad contra terceros a la propiedad, derecho de gozar y disponer de un bien, sin otras limitaciones que las establecidas por las leyes.

El 3 de octubre de 1903 aclara: "Un contrato para que sea valido basta que esté en documento privado y no en escritura publica.” Que el término "escriturado” del Código Civil Santa Cruz llevaba a suponer.

19 de enero de 1905. Elimina la prisión por deudas. Pero las excepciones no permiten tal fin.

11 de octubre de 1911. Introduce el Matrimonio civil ante Notario de Fe pública. Desde 1940 será ante Oficial de Registro Civil.

15 de abril de 1932. Introduce el Divorcio absoluto.

El 30 de diciembre de 1938 como se reforma Constitución política del Estado el Código Civil Santa Cruz se adapta. Se introduce:

• La Autonomía De La Voluntad limitada.

• Sucesión Intestada (Ab intestato). Transmisión de todos los derechos y obligaciones del causante a favor de parientes, por el solo mandato de la ley sin que para ello medie la voluntad del difunto.

• Desaparece la "Potestas maritalis”, capacidad de imponer la voluntad del marido sobre el de su esposa.

• Se atenúa la "Patria Potestad”, conjunto de derechos y deberes que al padre y, en su caso a la madre, corresponden en cuanto a las personas y bienes de sus hijos menores de edad y no emancipados. Por ejemplo el poder de fijar el domicilio corresponde a los padres.

• Todos los hijos son iguales ante la ley.

El 30 de diciembre de 1949 introduce la propiedad horizontal, propiedad especial que se constituye sobre pisos o locales susceptibles de aprovechamiento independiente, teniendo su titular un derecho exclusivo sobre ellos y un derecho de copropiedad sobre elementos del inmueble que sean necesarios para el adecuado uso y disfrute de aquéllos, en total contraposición al principio de corte liberal e individualista del Código Civil Santa Cruz. Pero esto ya era necesario por el aumento de la población que llevo al auge de la construcción.

En fecha de 20 de noviembre de 1950 protege al analfabeto. Cualquier contrato realizado en el cual una de las partes es analfabeta, debe intervenir un tercero que firme a ruego y dos testigos.

El 5 de enero de 1961 reprime la usura, interés excesivo. Limita la usura al 4%

2.3.3.- Código civil de 1976

Antecedentes. Víctor Paz Estensoro por Decreto Supremo N° 6038 de 23 de marzo de 1962 forma comisiones para la codificación de los siguientes códigos y leyes: Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Ley de Organización Judicial y Ley de Comercio.

Autor: Los autores de Código civil boliviano fueron Hugo Sandoval y Pastor Ortiz Mattos.

Vigencia: 2 de abril de 1976 por Decreto Ley N° 12760 de 6 de agosto de 1975 durante el gobierno dictatorial del Gral. Hugo Banzer Suárez.

Plan:

Libro I Personas

Libro II Bienes y derechos reales Libro III Obligaciones Libros IV Derecho Sucesorio

Libro V Ejercicio, Protección y Extinción de derechos.

N° de Artículos: 1570 Art. mas cuatro transitorios.

Método: Construcciones jurídicas.

Principios:

• Tutela de los derechos de la personalidad

• Función social de la propiedad privada.

• Autonomía de la Voluntad limitada.

• Prioridad de la sucesión legal hasta el cuarto grado consanguíneo.

Fuentes: Código Civil italiano, Código Civil Santa Cruz, Jurisprudencia y Código Federal de Obligaciones suizo.

2.3.4.- Orientación entre los dos Códigos

Código Civil de 1931

Código Civil de 1976

- Es individualista y liberal.

- Busca la justicia individual.

- Busca le bien de uno mismo.

- Como un texto de doctrina, este código define las instituciones. Caracteriza y estructura y recién establece los efectos.

- Las fuentes de las obligaciones eran los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos.

- Jamás se habla del abuso del derecho.

- Es subjetivista.

- Lo que prima es el factor patrimonial.

- Lo esencial son los bienes. Todos lo libros hablan de los bienes.

- Es social.

- Busca la justicia social.

- Busca el bien de la comunidad.

- No define a un institución, solo excepcionalmente da un concepto. Solo se limita estructurar la esencia de la institución y luego establece los efectos jurídicos.

- Las fuentes de las obligaciones son: todo hecho o acto de la vida enfocado por el Derecho.

- Aunque tenuemente ya habla del abuso del derecho.

- Sigue siendo subjetivista., pero deja un espacio para cambiarla por una responsabilidad civil objetiva.

- Lo que prima es la dignidad humana.

- La base esencial del código es el ser humano.

- Por las lagunas jurídicas que presenta, ya es necesario reformarla totalmente.


[1] Los Fueros: Documentos concedidos por el Rey (Fueros Reales) y posteriormente por la nobleza (Fueros Señoriales) los cuales contenían privilegios, mediante se eximían de tributos, servicios, gravámenes, se regulaban las relaciones de quien los concedía a los habitantes.

[2] Autonomía de la voluntad. Potestad que tienen los individuos para regular sus derechos y

obligaciones mediante el ejercicio de su libre albedrío, representada en convenciones o contratos

que los obliguen como la ley misma y siempre que lo pactando no sea contrario a la ley, a la moral,

al orden publico o a las buenas costumbres. Libre albedrío. Poder o capacidad del individuo para

elegir una línea de acción o tomar una decisión sin estar sujeto a limitaciones impuestas por causas

antecedentes, por la necesidad, o por la predeterminación divina. Un acto libre por entero es en sí

mismo una causa y no un efecto; está fuera de la secuencia causal o de la ley de la causalidad.